El ConflictoEl conflicto del hospital Severo Ochoa continúa, más de dos meses después de los ceses del Coordinador de urgencias, del Director Médico y del Gerente del mismo. Las concentraciones y manifestaciones de profesionales de la sanidad y ciudadan@s tampoco han cesado, y continúan las declaraciones de los responsables sanitarios del Partido Popular en la […]
El Conflicto
El conflicto del hospital Severo Ochoa continúa, más de dos meses después de los ceses del Coordinador de urgencias, del Director Médico y del Gerente del mismo. Las concentraciones y manifestaciones de profesionales de la sanidad y ciudadan@s tampoco han cesado, y continúan las declaraciones de los responsables sanitarios del Partido Popular en la Comunidad de Madrid desacreditando la labor de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, lo que ha sembrado la desconfianza entre muchos de los pacientes que estos días necesitan de la atención urgente en los centros sanitarios. Declaraciones respaldadas por los políticos estatales conservadores y por un trabajo verdaderamente canalla de la prensa amarilla que equipara a los médicos del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa con asesinos. El daño que deliberadamente se ha causado a la Sanidad Pública no tiene precedentes, no es fácil encontrar tamaña desacreditación de unos profesionales de un servicio sanitario p úblico en ningún país de nuestro entorno. Es más, para mayor indefensión de los médicos – acusados por denuncias anónimas y retirados de sus servicios hospitalarios por el Consejero sin pruebas -, ni siquiera el Colegio de Médicos de Madrid ha salido en su defensa ni ha apoyado las movilizaciones. De hecho, en un principio se apresuró a colaborar con la «Comisión de Expertos» constituída «ad hoc» por el equipo de la Consejería de Sanidad para «analizar de forma imparcial» los historiales clínicos, y sólo las protestas de los colegiados de Madrid obligaron a la Presidenta del Colegio a desvincularse de dicha comisión.
La pasada semana esta Comisión dió a conocer su informe sobre la investigación llevada a cabo sobre los 169 historiales de fallecimientos entre septiembre del 2003 a marzo de este año, en el mismo concluye que hubo 73 «sedaciones irregulares» . Dada su composición y procedencia no es sorprendente en lo cualitativo, y en lo cuantitativo se afirma que de los 73 casos 34 «no fueron adecuadas», 35 «no estaban indicadas» y 4 «eran contraindicadas». De acuerdo con las conclusiones de esta comisión el informe admite que «existe una relación directa» entre estos 73 fallecimientos que se produjeron y el «empleo inadecuado de los fármacos» utilizados para aliviar el dolor de los pacientes terminales. Aunque la eutanasia no se mencione explícitamente, es ésa la acusación que planea en todo el contencioso promovido por la Consejería de Sanidad. Y la Comisión de Expertos usa el término «eutanasia activa». Por más que sea evidente que no es el caso, no se puede confundir – ni engañar a los familiares de los enfermos fallecidos- la sedación paliativa con la eutanasia. En la eutanasia -del griego «buen morir»- hay voluntad de morir. En la sedación paliativa, la muerte no es lo que se busca, ya que por definición se aplica a una persona que va a morir en breve plazo, luego sólo en algunos casos sería achacable a los efectos del tratamiento, el cual se aplica para aliviar el sufrimiento. Es precisamente la dignidad de la persona lo que se pretende preservar. ¿ O es que alguna persona quiere ver morir a un familiar alargándole las horas de vida que le quedan entre gritos de dolor cuando el proceso que padece es irreversible y la esperanza de vida de unos pocos días ?. Se trata con sedantes para no sufrir y las dosis dependen de cada paciente y de cada patología. Además, el consentimiento informado implícito-de familiares y enfermo- está perfectamente aceptado, tanto a nivel hospitalario como en la atención primaria que se presta a los pacientes desde los Centros de Salud a cargo de la Medicina de Familia o de los Equipos de Apoyo Domiciliarios.
En un futuro quizá no muy lejano, nuestros legisladores establecerán por fin las normas legales por las que se regulará la eutanasia. Sin duda, las mismas fuerzas que hoy se oponen a la muerte sin dolor se opondrán también a la muerte como expresión de la libertad suprema del individuo sobre su destino. Pero su fantasma ya no podrá ser invocado como hecho archidelictivo, y es por eso que era ahora cuando estas fuerzas ultraconservadoras, católicas y acientíficas tenían que aprovechar la oportunidad. Como era previsible que la fiscalía que analizaba los primeros 13 casos enviados por la Consejería de Sanidad no obtendría datos con indicios de mala praxis que le indujesen a abrir juicio contra los profesionales, la Consejería ha optado por personarse como denunciante eligiendo juez en el juzgado de guardia y presentando como pruebas el informe de la «Comisión de Expertos». Esto no solo obstaculiza la labor de la fiscalía sino que agrava, penaliza y alarga más el conflicto de los profesionales del Hospital Severo Ochoa.
Los objetivos reales del PP
No se puede olvidar el objetivo real del PP en la CM: la privatización de la Sanidad Pública. El conflicto actual nace para escarmentar a unos determinados profesionales de un hospital público concreto. Lo que no preveía el Consejero fue la respuesta de los vecinos de Leganés en defensa de su hospital. Por lo que la insistencia en llevar al juzgado las conclusiones del informe de los «expertos» es debido a que no se resiste a continuar con la ofensiva contra la sanidad pública ni contra unos profesionales que han recibido el apoyo de la población madrileña. Y, de paso, aparece Sr. Lamela como el único defensor de la salud de los madrileños.Todo esto mientras se aceleran las licencias para la construcciones de los 8 hospitales privados. Se continúa con la externalización de servicios, como la atención de los cuidados paliativos a enfermos del Hospital Severo Ochoa que preveían conceder a una empresa privada. O la derivación a los enfermos a hospitales privados concertados, como se está realizando con los pacientes de las listas de espera. Los conciertos con centros privados no son algo nuevo, de hecho desde la época de los gobiernos del PSOE fue algo habitual – en lugar de realizar inversiones en infraestructuras públicas y recursos humanos-.
Lo que sí es nuevo y marca un punto de inflexión en la progresiva privatización del dispositivo asistencial público es la escala a la que se pretende implementar esa política en la CM. Los 8 hospitales que ha decidido construir el PP totalizarán unas 1000 camas privadas con una gestión completamente en manos de sociedades anónimas, bajo cuyas órdenes estarán los trabajadores, sanitarios y no sanitarios,. Por mucho que difundan los sindicatos mayoritarios – actualmente en vergonzosa alianza con la administración conservadora – que los profesionales sanitarios dependerán de la Consejería de Sanidad, en la práctica estarán trabajando en una empresa privada cuyos intereses son la rentabilización de la inversión realizada en esos hospitales. Para que la atención sanitaria de los madrileños siga siendo «gratuita» en éstos centros, la CM tendrá que pagar un canon – extraído de los presupuestos sanitarios – que en muchas ocasiones superará la cantidad que se hubiera necesitado para l a construcción de la obra. Por otra parte, se oculta a la opinión pública que, de manera paralela a la construcción de esas infraestructuras hospitalarias, se han puesto en marcha los Planes Directores de los hospitales antiguos, una reorganización que determinará la destrucción de unas 1000 camas públicas. Y es que para hacer rentable la inversión privada tiene que haber escasez de camas públicas, o de lo contrario no hay negocio.
La Encrucijada
Las próximas elecciones autonómicas de la CM son una partida que el PP no puede perder. La apuesta es muy fuerte, y más aún ahora que las sombras planean sobre las expectativas de Fraga en Galicia. En este juego vale todo y a ello está entregado el Consejero de Sanidad el Sr Lamela. La organización de l@s profesionales sanitarios y de l@s ciudadanos es débil, y la batalla no se ha inclinado todavía a favor de l@s defensor@s de la sanidad pública.
Debido a esto es más necesario que nunca que los profesionales sanitarios del HSO comprendan que en esta situación no se puede ganar si no hay un compromiso del conjunto de tod@s l@s trabajador@s sanitari@s por una parte y, de otra, una alianza con l@s ciudadan@s en defensa del sistema público sanitario. No es ninguna garantía que los sindicatos que firmaron hace un año la paz social – en la práctica, un vergonzoso cheque en blanco – con el gobierno del PP en Madrid y acordaron el cierre del hospital público Puerta de Hierro convoquen las movilizaciones o las ruedas de prensa para anunciar que han formado una plataforma en defensa de la sanidad pública.
Es urgente por esto que el frente en Defensa de la Sanidad Pública consiga no sólo la dimisión del Consejero y la reincorporación del coordinador de urgencias del HSO, sino poner en marcha un Foro en defensa de la Sanidad Pública que reagrupe a todas las fuerzas que rechazan la política sanitaria del PP, el cual diseñe una estrategia mantenida para dejar sin efecto todas las denuncias que se ciernen sobre los trabajadores del Hospital, así como, conseguir la paralización de los 8 hospitales privados con ánimo de lucro que proyecta el PP. Pues de lo contrario el reingreso de los profesionales se conseguirá ante la inexistencia de mala praxis, pero no se frenará la privatización del Servicio Madrileño de Salud.