El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a «obstáculos» como el hecho de que sea «prácticamente imposible» acceder a los […]
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a «obstáculos» como el hecho de que sea «prácticamente imposible» acceder a los archivos, especialmente los militares.
En un informe el comisario Nils Muižnieks lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo «limitado» y su aplicación deficiente, debido a la «falta de presupuesto» que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.
«En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977«, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una «cifra oficial» sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una «base de datos centralizada».
Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que «no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación».
Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron «presuntamente» entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. «Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero», añade.
«LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIGUE EL MODELO DE FRANCO»
El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el «Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados».
Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 «siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente».
«El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos», ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.