Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
La falta de sinceridad del gobierno en las comparaciones internacionales es evidente cuando uno compara la retórica de los políticos para el público interior de Israel con el discurso diplomático en el extranjero.
El gobierno frecuentemente trata de justificar sus proyectos de ley antidemocráticos comparándolos con leyes de Estados democráticos. Por ejemplo, afirma que los proyectos de ley recién propuestos respecto a los procedimientos de nombramientos de jueces del Tribunal Supremo reflejan el proceso usado en los Estados Unidos. Cuando la coalición aprueba legislaciones antiárabes como la ley de la «Nakba», que deja que el Ministro de Finanzas corte los presupuestos de las instituciones públicamente financiadas que conmemoren la Nakba, argumenta que tenemos que defender los valores de Israel como un Estado «judío democrático», citando el principio legal alemán de «democracia militante». El gobierno también ha hecho comparaciones similares para justificar los proyectos de ley que limitarían severamente la financiación extranjera de las organizaciones de derechos humanos locales.
Para los gobiernos es importante compararse con otras naciones. Dado el presente estado de las cosas, quizás sea incluso una buena señal que la coalición de Netanyahu todavía crea que necesita legitimidad internacional para justificar esos proyectos de ley. Sin embargo, cuando una comparación no considera las circunstancias sociales, políticas e históricas de la otra nación, esta puede ser inexacta y engañosa. Es verdad que algunos de los peores crímenes contra la humanidad han sido cometidos por democracias «occidentales»: El «Holocausto», la esclavitud, el apartheid y la segregación Pero en la actualidad, regímenes como los de Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos, cualesquiera que sean sus defectos, están basados en los derechos civiles fundamentales y el respeto de la separación de poderes.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene una larga y distinguida historia de análisis constitucional; ha intervenido en numerosas leyes aprobadas por el Congreso y en decisiones políticas ejecutivas. Hace una década, en el caso Bush contra. Gore, incluso decidió quién sería el presidente, con base en un voto mayoritario de tan solo un juez. Ningún líder político apeló a limitar el poder del tribunal en respuesta a esta decisión, que se implementó plenamente.
Mientras que los ciudadanos de los Estados Unidos eligieron a un presidente afroestadounidense, en Israel la Knesset trata de descalificar a los partidos de la minoría árabe en todas las elecciones porque esos partidos abogan por la plena igualdad e inclusión, «un Estado para todos sus ciudadanos.» Cuando los alemanes emplean el término «democracia militante,» se están refiriendo a defender los derechos de las minorías étnicas de los políticos racistas. Y mientras que los Estados Unidos quieren promover los derechos humanos en el exterior, el gobierno Netanyahu parece tan lejos de comprometerse con esos valores que limita la capacidad de la Unión Europea de promulgarlos en Israel, con sus repetidos intentos de restringir el financiamiento de las ONG.
La falta de sinceridad de las comparaciones internacionales del gobierno es evidente cuando uno compara la retórica de los políticos dirigida a audiencias en el interior de Israel con el discurso diplomático que emplean en el extranjero. En casa, este gobierno critica con dureza al Tribunal Supremo, en el extranjero el Ministro de Exteriores alardea orgullosamente de que Israel tiene el Tribunal Supremo más fuerte del mundo. Mientras que los funcionarios critican las sentencias del anterior presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, respecto a casos palestinos, el Ministro de Exteriores lleva en la mano un folleto a las conferencias en el extranjero enumerando los mismos casos como prueba de que Israel está comprometido con el imperio de la ley y los valores democráticos. Mientras que los legisladores de derechas incitan diariamente contra los miembros árabes de la Knesset, los mandatarios israelíes apoyan sus argumentos de que Israel no es un Estado de apartheid por poner el hecho de la representación árabe en la Knesset.
Un amigo estadounidense me informó, felizmente para mí, de que había oído a un diplomático israelí de la derecha alabar la ONG que dirijo, Adalah: El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, como un ejemplo del compromiso de Israel con los derechos de sus ciudadanos árabes. Lo que mi amigo no sabía es que en casa, el Ministro de Exteriores ataca diariamente a Adalah y a otros grupos de derechos humanos.
En el pasado, nosotros, litigantes de derechos humanos tendíamos a citar sentencias progresistas de los tribunales nacionales de países occidentales cuando argumentábamos ante el tribunal Supremo israelí. Últimamente, hemos descubierto que las comparaciones más efectivas son con las naciones de Occidente durante sus años más oscuros. Incluso durante la segregación y el apartheid los tribunales nacionales de esos países a veces tuvieron éxito en defender los derechos humanos. Por ejemplo, para desafiar las nuevas leyes antiboicot, las cuales prohíben promover públicamente el boicot a instituciones y colonias israelíes, una buena comparación sería con los Estados Unidos durante la segregación, cuando el Tribunal Supremo defendió la libertad de expresión de instituciones negras tales como la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas Negras) cuando boicoteó a compañías racistas blancas y servicios estatales. En la presentación del caso contra la ley de ciudadanía israelí, que prohíbe la unificación familiar en Israel entre ciudadanos palestinos-israelíes y sus conyugues de Cisjordania o Gaza, la mejor comparación es el hito de la decisión de un tribunal sudafricano que abatió la política de la era del apartheid, que prohibía la unificación familiar entre negros en núcleos urbanos. Durante la audiencia del Tribunal Supremo sobre la ley de la Nakba el mes pasado, el Estado argumentó que ningún país permitiría a ninguno de sus ciudadanos conmemorar su Día de la Independencia como un día de luto. Respondimos que no sólo lo hacen muchos nativos en países de colonos como los EE UU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que todavía perciben el Día de la Independencia nacional como una tragedia, sino que además esos Estados han tenido en muchos casos que pedir perdón y reconocer su injusticia histórica e incluso financiar algunos días conmemorativos de las poblaciones nativas.
En cuanto a las leyes de financiación de las organizaciones no gubernamentales, la Sudáfrica del apartheid se comportó de manera completamente diferente a lo que intenta hacer ahora el gobierno de Israel: Allí, el régimen no prohibió a los Estados Unidos ni a los países europeos financiar a las organizaciones de derechos humanos; más bien fueron las organizaciones de derechos humanos quienes amenazaron a los Estados donantes al declarar que dejarían de aceptarles fondos si estos Estados no boicoteaban el régimen del apartheid.
Tal vez es mejor, por lo tanto, cuando comparamos la legislación de este gobierno, hacerlo en el contexto adecuado.
Hassan Jabareen es abogado, fundador y director general de Adalah: El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel.
Fuente: http://www.haaretz.com/print-