La expulsión se produjo el pasado 4 de febrero, después que se pudiera paralizar en dos ocasiones; una alquería histórica ocupada (durante más de cinco años) en la zona de L’Horta del barrio de Benimaclet, en Valencia, fue desalojada con la intervención de un notable contingente de la Policía Nacional.
Conocido como La Figona, el espacio estaba afectado por la iniciativa urbanística PAI de Benimaclet (1.345 viviendas), impulsada por Metrovacesa (los accionistas principales de la compañía son el Banco Santander -49%-; FcyC -21%- y el BBVA -20,8%-).
Con presencia en los barrios de Orriols, el Cabanyal, Montolivet y el municipio de Burjassot (40.600 habitantes), el Sindicat d’Habitatge de València (SHV) tiene como objetivos la vivienda universal, gratuita y de calidad para la clase trabajadora.
El Sindicat convocó una de las últimas movilizaciones, el pasado 10 de febrero, en la calle san Juan Bosco del barrio obrero de Orriols; se trataba de detener el desahucio de una mujer -Favour-, víctima de violencia machista y a cargo de cuatro menores de edad; en la fecha citada no contaba con alternativa habitacional.
Favour llevaba residiendo en la vivienda durante una década; en los tres últimos años, ha tenido que afrontar diversos aumentos en el precio del alquiler, sin que el propietario rentista acepte la negociación; se da la circunstancia que, el 7 de enero, los activistas sociales frenaron el primer intento de desahucio.
¿En qué contexto se produce la amenaza? En enero, el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda publicó el Boletín especial Vivienda Social-2024; el parque de viviendas en alquiler social, en el estado español, es del 3,3% respecto a las viviendas principales; la media de la UE (27) se sitúa en el 8%, mientras que cotas mayores se alcanzan en Países Bajos (29%), Austria (24%) o Dinamarca (20%).
En otros términos, el estado español cuenta con 596.693 viviendas en alquiler social, lo que supone 1,3 por cada 100 habitantes; Países Bajos, con 2.012.451, lo que representa 11,5 por cada 100; y en el caso de Austria, 874.790 viviendas (9,8 por cada 100 habitantes).
El SHV informó, el 5 de febrero, que la presión vecinal había logrado el retorno a las viviendas de cinco familias -tras un desahucio ilegal– en el municipio de Rocafort (7.700 habitantes); consiguieron, de hecho, una revocación de la orden judicial del desahucio instado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
El accionista principal de la SAREB es una entidad de derecho público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -FROB- (50,1%); seguido del Banco Santander (22%). CaixaBank (12,2%) y el Banco Sabadell (6%).
El desalojo de las cinco familias tuvo jugar el 23 de enero, “en un procedimiento lleno de irregularidades”, valoró el Sindicat, que además destacó la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas; estas tuvieron menos de 24 horas para abandonar las viviendas.
En el municipio de Chiva (17.200 habitantes) murieron ocho personas por efecto de la gota fría del 29 de octubre, según el Centro de Integración de Datos (CID); y el 4 de febrero, el SHV emitió otra alerta/convocatoria con el fin de detener el desahucio de un vecino, Andrés, de 60 años, y su familia en la calle Doctor Bernat.
“Después de la DANA, la situación de la vivienda en los pueblos afectados es un infierno; mientras los políticos se pasan la pelota, la clase trabajadora sufre las consecuencias”, criticaron los activistas en las redes sociales; señalaron además la inoperancia tanto del actual Ayuntamiento de Chiva, de coalición y con alcaldía del PSOE, como del ejecutivo anterior, con una alcaldesa del PP.
Los casos se repiten en el estado español; la Organización de Vivienda de Tetuán (OVT) convocó el -3 de febrero, en la calle Bravo Murillo de Madrid- una movilización con el fin de parar el desahucio de Alam y su familia (tres menores), quienes residían durante muchos años en la vivienda (Servicios Sociales y las entidades de vivienda pública no ofrecieron una alternativa habitacional a las personas afectadas).
“Frente a la especulación de pequeños y grandes propietarios, nos organizamos con apoyo mutuo”, afirmó la OVT. Se da la circunstancia que una rentista adquirió -en una subasta pública- la casa de Alam en el barrio de Tetuán, “para echarle y especular”.
La rentista había adquirido el domicilio a la SAREB, y se negó a la formalización de un nuevo contrato. La Policía Nacional ejecutó finalmente el desahucio.
Por actuaciones como la citada, 60.000 personas se manifestaron el 9 de febrero en Madrid, convocadas por el movimiento Hábitat 24 que integran 40 colectivos; uno de los puntos especialmente denunciados fue que el Gobierno de Madrid -con mayoría absoluta del PP- no estaba afrontando la situación de emergencia de vivienda en la Comunidad autónoma.
Entre los efectos de esta renuncia, por parte del ejecutivo derechista de Díaz Ayuso, se resaltó el empobrecimiento de las familias (la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad de Madrid se situó, al cierre de 2024, en el 20,9% -cifra INE-).
“Integrar las viviendas de la SAREB en la gestión de la vivienda pública y social”, fue uno de los puntos reivindicados de la manifestación.
En Barcelona destacó, a principios de febrero, la resistencia protagonizada por las vecinas de Casa Orsola contra el fondo buitre Lioness SLU (26 viviendas y cuatro locales comerciales); la empresa especuladora, que había adquirido el inmueble en el distrito de L’Eixample, decidió que no renovaría los contratos a las vecinas.
Entre las entidades que se movilizaron, figuran la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerrra de l’Eixample (XHEE) y el Sindicat de Llogateres i Llogaters; el pasado 3 de febrero consiguieron la suspensión del lanzamiento.
¿Se trata, asimismo, de una cuestión de precios del arrendamiento en las grandes ciudades? El crecimiento acumulado del precio/metro cuadrado de la vivienda de alquiler alcanzó -entre 2015 y 2022 en Valencia- el 50%; en Málaga el 44 %; en Barcelona el 33%; en Madrid y Sevilla el 30%, y el 26% en Zaragoza (El mercado del alquiler de vivienda residencial en España-2024: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo, Banco de España).
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