UP necesita marcar posición, definir perfil propio y sintonizar, cueste lo que cueste, con las clases trabajadoras y especialmente con los jóvenes.
Historia. Primero se dijo que España había dejado de ser un problema; luego se afirmó con rotundidad que Europa era la solución con mayúsculas; posteriormente, nos dimos cuenta que también la Unión Europea era un inmenso problema y que España entraba en una crisis de régimen. La historia vuelve y se venga; lo que creíamos superado, retorna sin piedad. ¿Qué quisimos olvidar? El tipo de capitalismo que se había ido construyendo en nuestro país, su modo de inserción en la economía global; el papel de las clases trabajadoras, del conflicto social y sus dramáticas relaciones con un bloque de poder hegemonizado por una durísima oligarquía patrimonialista, estrechamente vinculada a la monarquía borbónica.
Esta agenda nunca ha sido superada del todo y se reproduce, en otras circunstancias, con las mismas formas y estilos. La corrupción en la casa de los Borbones es parte de esa historia. La relación de Juan Carlos I con la política tiene mucho que ver con un modo de concebirla que poco o nada tiene que ver con una monarquía parlamentaria normal, a años luz de una democracia constitucional. Que los partidos mayoritarios lo aceptasen y lo protegiesen, no era una anécdota política, sino un modo de organizar el poder que garantizaba el dominio de una trama oligárquica omnipresente y omnipotente. La vieja monarquía borbónica y la actual funcionan como garantes, en última instancia, de un orden socioeconómico que hace posible que los poderes económicos determinen la política sin presentarse a las elecciones. La corrupción ha sido sistémica y estaba en la cabeza del Estado. Insisto, consentida, protegida por los dos grandes partidos y por los aparatos de seguridad del Estado.
Efecto Corinna. Se podría definir así: cada vez que Felipe VI se separa y se distancia de Juan Carlos I, más lo incrimina y más profundiza la crisis de legitimación de la monarquía. El problema no tiene fácil arreglo. La solución sería hacer emerger todos los negocios del rey, sus fuentes de enriquecimiento y las dimensiones reales de su fortuna. Si esto sucediera, el escándalo político sería de grandes dimensiones y difícilmente la monarquía podría continuar. Esto es el efecto y el dilema Corinna que agrava una “crisis de régimen” que ha devenido en “crisis en el régimen”.
La respuesta de las fuerzas del sistema es unánime y especialmente histérica, defendiendo el papel histórico del rey emérito y, sobre todo, el de la monarquía. Unidas Podemos se convierte en el chivo expiatorio favorito de unas derechas políticas y mediáticas que intentan debilitar al Gobierno y desviar la atención de algo más que un escándalo político de grandes dimensiones. El acuerdo entre el PSOE, PP y Vox no debe extrañar. Unen muchas cosas de eso que se llaman cuestiones de Estado: alineamiento con la administración norteamericana; supeditación a la OTAN y a la Unión Europea; aceptación del orden (ordo) neoliberal; sujeción a los intereses estratégicos de una trama oligárquica financiera, corporativa y mediática.
Crisis en el régimen. Hay cierto consenso en que el régimen del 78 se encuentra en crisis. José María Vallés lo analizaba con mucha lucidez hace unos días. Se puede negar o no, pero está ahí poniendo en crisis la democracia española tal como la hemos conocido. Hay también un cierto consenso en que el 15M significó una apertura de esa crisis del régimen. Son más discutibles sus causas de fondo. No es este el momento de entrar en este debate. La pregunta que habría que hacerse es otra: ¿qué pasa cuando los deseos y aspiraciones de un cambio político que regenerara la democracia, garantizara los derechos sociales y eliminara la corrupción son frustradas y neutralizadas por los grandes poderes? Este es el gran problema que vivimos hoy. Las fuerzas del régimen han tenido la capacidad de impedir el cambio político en España, de neutralizarlo. Esto tiene consecuencias y el equilibrio de fuerzas cambia. Las cosas ya no vuelven a la etapa anterior, a la normalidad del régimen. El surgimiento de Vox tiene mucho que ver con esto. Cuando un movimiento democrático es derrotado, la reacción crece, se desarrolla y el sistema gira hacia la derecha.
¿Cuál es el dato más relevante del paso de una crisis de régimen a una crisis en el régimen? La autonomización de los aparatos e instituciones del Estado. España vive una crisis existencial que ha roto las bases sobre las que se apoyó la Transición política y la Constitución del 78. El protagonismo ya no lo tienen las fuerzas de la democratización, la movilización social de los de abajo, los jóvenes que buscan futuro, ni unas clases trabajadoras que demandan derechos sociales para todas y para todos. El protagonismo ahora –como diría Passolini- está en “el Palacio”; es decir, en los poderes fácticos, en los grandes grupos económicos, en las instituciones europeas y en unos aparatos del Estado que se fragmentan y se auto organizan, que definen enemigos y que recomponen en su interior mayorías y alianzas. Vox es el catalizador de estos movimientos, efecto y causa de una crisis de estado y también referente de unas fuerzas del orden que se rearman y actúan. La tendencia es hacia un “doble Estado” en transición a un nuevo régimen sin cambiar formalmente el actual. De ley a ley.
¿Se está agotando el impulso del cambio? Del confinamiento, el Gobierno salió reforzado. Se habló del fracaso de un golpe de Estado de las derechas; de elementos que apuntaban a una ruptura que llevaría al fin del Gobierno de coalición social-comunista y a unas elecciones generales. La autonomización de aparatos e instituciones apareció con fuerza. Sin embargo, el Gobierno recobró la iniciativa. Las medidas sociales y el acuerdo del Consejo Europeo dieron un nuevo aliento a una coalición que, por momentos, parecía que se resquebrajaba. El mensaje que se mandó era que el plan de reformas del Gobierno, contaba con la aprobación de la UE, con su apoyo e impulso. Todos keynesianos; adiós a los hombres de negro. Este discurso ha durado meses pero ya empieza a diluirse.
La pandemia no cesa y los temores oscurecen el futuro. De Europa no están llegando fondos y se teme que cuando se reciban sea demasiado tarde. Las dimensiones sociales de la crisis económica, el creciente endeudamiento del Estado y la posibilidad de una crisis financiera, preocupan y mucho. Ahora se ve que el tipo de ayuda que la UE ofrece está fuertemente condicionada, depende de procedimientos nada rápidos y de requisitos muy exigentes y, lo peor, está desconectada de las imperiosas necesidades del presente. Lo fondos llegarán tarde y es bastante posible que sean insuficientes. Alemania está dispuesta a compartir riesgos futuros solo en las condiciones que ella decida y bajo su control. Nada es gratis en las relaciones internacionales y los intereses priman.
El llamado «escudo social» ha jugado un papel importante en la estrategia del Gobierno y, especialmente, de UP. Sin embargo, empieza a haber señales de que el Ingreso Mínimo Vital tiene problemas de diseño, aplicación y gestión. La reforma de las administraciones públicas sigue pendiente, como siempre. Ahora parecería que están colapsando. Entre las promesas y las realidades se perciben desajustes importantes y crece el desaliento. UP necesita marcar posición, definir perfil propio y sintonizar, cueste lo que cueste, con las clases trabajadoras y especialmente con los jóvenes.
Sánchez y Abascal han movido ficha y están obligando a los demás actores a resituarse. Los ataques sistemáticos contra UP fortalecen la decisión del PSOE de volver a ocupar la centralidad del tablero; la búsqueda de acuerdos con Ciudadanos pretende ampliar su margen de maniobra ante un futuro marcado por el debate presupuestario. Vox se polariza con el Gobierno social-comunista, sabiendo que va a perder, con el objetivo claro de disputar la hegemonía en el bloque de las derechas. El relevo de Cayetana Álvarez de Toledo, más allá de la retórica, tiene que ver con la enorme dificultad que tiene Casado para posicionarse entre un PSOE que intenta, de nuevo, convertirse en el partido del régimen y un Abascal que quiere construir una amplia alianza de las derechas bajo su dirección.
La sistemática agresión contra UP tiene como objetivo central romper el Gobierno de coalición pero, colateralmente, debilitar su posición negociadora en un momento crucial y favorece los acuerdos del PSOE con Ciudadanos. La idea de que estamos llegando a un límite no parece exagerada. La negociación presupuestaria ve a ser muy dura. UP ya ha adelantado que buscará un acuerdo con la mayoría parlamentaria que hizo posible el Gobierno de coalición y que se opondría a un acuerdo con Ciudadanos. No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que el acoso y derribo contra Pablo Iglesias se acentúa en el momento oportuno y cuando está en juego, en gran medida, lo que podríamos llamar una salida democrática y social a la gravísima crisis sanitaria y económica.
Contra el pesimismo. No hay que extrañarse de los conflictos. Este Gobierno no nació de una movilización social que propiciara un programa común y una amplia alianza de las izquierdas. Hubo, eso sí, una coyuntura adecuada y un Pablo Iglesias que se impuso la tarea de gobernar. Los acuerdos fueron programáticamente débiles y su concreción estuvo relacionada con la recuperación de derechos laborales, sindicales y sociales perdidos. Se hizo hincapié en un sistema fiscal más justo y se propuso defender a unas mayorías sociales que habían sido las grandes perdedoras en las políticas de austeridad. Las otras grandes cuestiones (política internacional, política militar, UE, Justicia, cuestión territorial) se aparcaron en lo fundamental y merecieron excelentes declaraciones de principios. El coronavirus puso fin a estos acuerdos de gobierno y se ha entrado en una definición programática día a día, proyecto a proyecto, solucionando los conflictos con acuerdos personales entre Sánchez e Iglesias.
Hay una cosa clara: el acuerdo presupuestario será difícil y llevará al Gobierno a momentos de ruptura. Los presupuestos no pueden ser un instrumento para resolver los problemas en el interior del Gobierno, sino la definición de una política a corto y medio plazo que se plantee en serio la colocación de España en la división del trabajo que se está imponiendo aceleradamente en la UE; que transforme sustancialmente nuestro modelo de acumulación y de producción; que fortalezca el papel de las clases trabajadoras y que construya futuro para las nuevas generaciones que ya han sufrido dos crisis consecutivas.
El “Palacio” es el poder pero no toda la política. UP sigue teniendo un peso electoral significativo. No está escrito en parte alguna que la movilización social, las demandas de derechos y la exigencia de medidas reales contra la crisis no puedan convertirse en respuesta organizada y en programa político. La disponibilidad existe, falta la decisión política y resolver bien la cuestión del Gobierno. Está llegando el momento de definir campos, entre, lo que podríamos llamar, el gobierno como compatibilidad con lo existente o como trasformación de la realidad. A más unidad, más autonomía, mayor capacidad de diferenciarse desde un proyecto alternativo. La clave, como siempre, es la iniciativa política; superar la lógica institucional-electoral y definir un proyecto de país que fomente la ilusión, la esperanza y el compromiso político. Insisto, el “Palacio” es el poder pero no agota la política ni el conflicto social.