Diversas manifestaciones en Latinoamérica ponen de manifiesto la trampa sembrada por el sistema de producción neoliberal de la década del ´90. El próximo fin de semana se realizará una protesta popular junto al puente internacional que une a la ciudad de Fray Bentos, en Uruguay, con su vecina Gualeguaychú, en Argentina, contra de la instalación […]
Diversas manifestaciones en Latinoamérica ponen de manifiesto la trampa sembrada por el sistema de producción neoliberal de la década del ´90.
El próximo fin de semana se realizará una protesta popular junto al puente internacional que une a la ciudad de Fray Bentos, en Uruguay, con su vecina Gualeguaychú, en Argentina, contra de la instalación de dos papeleras sobre las márgenes del río Uruguay. En tanto, el 1 de mayo, en Brasil, comienza el Mayo Rojo, una versión del Abril Rojo que realiza el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), período en el que se intensifican las ocupaciones de predios improductivos y otras movilizaciones. Muchos se preguntarán qué tienen que ver las luchas del MST con la protesta de los vecinos del río Uruguay. La respuesta parece ser «el agronegocio».
Los escenarios de las luchas sociales latinoamericanas están cambiando. El MST de Brasil sostiene que su principal enemigo ya no es el latifundio sino el «agronegocio». El modelo neoliberal, tanto en las áreas rurales como urbanas latinoamericanas, provocó cambios económicos, políticos, sociales y culturales. El dispositivo de dominación es como una trampa y es muy difícil encontrar la forma de desarmarlo.
Por ejemplo, el cultivo de soja en Argentina provocó la emigración de más del 30 por ciento de la población rural, causó una fuerte polarización económica y social con destrucción del patrimonio cultural y natural del país. Pero en Brasil, al igual que en Argentina, el «agronegocio» también es el garante del mayor superávit comercial de la historia. El negocio agropecuario es responsable de la mayor parte de las exportaciones. El alza de los precios internacionales y el aumento de la importación por parte de mercados en expansión, como China, acompañan este proceso.
Pero la exportación de productos agropecuarios por el «agronegocio» obliga a la importación de otros productos, tanto para el consumo popular como para uso industrial y no brinda suficiente empleo, al contrario, lo ha eliminado. En Uruguay, sindicatos, grupos ambientalistas y vecinos de las ciudades donde se instalarán las plantas papeleras han realizado campañas de denuncias sobre los efectos perversos del modelo, sosteniendo que el monocultivo forestal, que también es «agronegocio», es parte sustancial del modelo neoliberal.
Durante los últimos años los cultivos forestales como el eucalipto se extendieron por Uruguay, Brasil y Argentina hasta abarcar millones de hectáreas, incluyendo áreas aptas para la agricultura y la ganadería. Los Estados subsidian los predios forestales con créditos preferenciales blandos, además los productores son exentos de impuestos, y el Estado carga con el costo de mejorar las vías de comunicación y la ampliación de puertos, como lo es la Hidrovía del río Paraná, para comercializar productos primarios.
Peor aún, la forestación ocupa apenas cuatro trabajadores cada 1.000 hectáreas, muy por debajo de la ganadería extensiva, que ocupa seis, y del arroz, con ocho. Gracias al modelo forestal impuesto por las sucesivas políticas neoliberales, la emigración rural se intensificó y muchos pueblos desaparecieron, ya sea por la falta de trabajo o porque las fuentes de agua se secaron.
Hay que recordar que la creación de grandes plantaciones forestales en el mundo son apoyadas por los organismos financieros internacionales. La producción es para ser, fundamentalmente, destinada a la exportación. Como había de esperarse, la oferta creció a tal punto que en los últimos años los precios internacionales cayeron a menos de la mitad. Por eso, ahora hay que instalar plantas procesadoras de papel. Ese es el plan del «agronegocio», máxima rentabilidad con poco rédito para la población. El caso de la papelera finlandesa Botnia es un ejemplo: asegura que invertirá 1.200 millones de dólares, pero la planta será armada en Finlandia y luego trasladada a Uruguay, con lo que la mayor parte del costo de la inversión quedará en el país nórdico. Creará sólo 300 puestos de trabajo fijos, casi en su totalidad especializados, con lo que los trabajadores uruguayos apenas se beneficiarán.
El 28 de marzo pasado, en Minas Gerais, se rompió un depósito de productos químicos de la fábrica de papel «Industria Cataguazes». La fábrica está sobre el río Pomba, en el cual se derramaron millones de litros de soda cáustica, cloro, y otros productos tóxicos utilizados en la elaboración de papel.
El río Pomba desagua a su vez en el río principal del estado de Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, que como consecuencia también fue afectado por la contaminación. Una gran mancha cubrió toda la extensión de este río a la altura del municipio de São João da Barra, y se trasladó hasta alcanzar el océano, contaminando a su paso las playas de Atafona, Grussaí e Iquipari.
Se trató tal vez del mayor desastre ecológico ocurrido en el país. El derrame afectó a aproximadamente un millón de personas, implicó que más de medio millón de residentes de ocho municipios quedaran sin abastecimiento de agua durante varios días, y que por 90 días se prohibiera la pesca en los dos ríos contaminados.
¿Podría suceder en Fray Bentos?
Un grupo importante de residentes de la región uruguayo-argentina del litoral del río Uruguay viene hace años movilizándose contra la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos.
La industria de la celulosa y del papel es una de las más contaminantes del mundo. Los ejemplos en este sentido abundan. La empresa española que planea instalar una de las procesadoras ha tenido que enfrentar juicios en su país de origen debido a graves procesos de contaminación provocados por sus plantas industriales. Su junta directiva fue condenada por la justicia. Sin embargo, al igual que la finlandesa, afirman que su actividad no genera riesgos, ni para la salud de la gente ni para el medio ambiente. Esto no es nuevo, todas las empresas dicen tener buenos propósitos ambientales. El peligro es real y el reciente desastre en el vecino Brasil lo atestigua.
Lo que empareja el caso uruguayo con el brasileño y el argentino (que también tiene papeleras, y muy contaminantes), es que el modelo neoliberal de «agronegocios» supone ahora enfrentarse con el grueso de los movimientos sociales, tanto urbanos como rurales.
Un reciente documento del MST sostiene que «estamos siendo reprimidos por el agronegocio», la expansión de la soja, el negocio de la madera y la producción en gran escala del sector de frutas. Es una forma de reprimir porque quita al pueblo el derecho de decidir lo que quiere plantar y lo que quiere comer. La elite mundial del «agronegocio» se cree con el derecho de decir a los pueblos del mundo lo que deben comer o no. Y allí nos tenemos que organizar para resistir. La reforma agraria no sólo en Brasil sino en cualquier país del mundo sólo será posible si probamos a la sociedad que «el agronegocio es un mal negocio». Sólo será posible si la sociedad descubre que detrás del negocio de la agricultura en gran escala existe el interés de las 500 mayores empresas norteamericanas y del mundo en dominar inclusive el gusto de nuestros alimentos.
El MST propone, no un programa social para dar tierra a los pobres, sino, «un proyecto estratégico de desarrollo que genere trabajo, producción de alimentos» y un fuerte mercado interno.
La gran marcha, tradicional de las manifestaciones del MST en abril, se postergó para mayo. Partirá de Goiania, capital del céntrico estado de Goiás, luego del acto del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, con miles personas que recorrerán más de 200 kilómetros para arribar a Brasilia el 17 de ese mes.
El sábado 30 de Abril a las 14 horas, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú junto a instituciones y vecinos, se movilizarán al Puente Internacional General San Martín, manifestando su oposición a la instalación de las plantas procesadoras de celulosa que se planean instalar en la costa oriental del río Uruguay.
* Fernando Glenza desde La Plata, Argentina. APM – Agencia Periodística del MERCOSUR