Lo que en un principio se sabía sólo en los núcleos de activistas, poco a poco se ha ido extendiendo en la sociedad catalana. Los hechos que comenzaron el 4 de febrero de 2006, narrados en el documental «Ciutat Morta», responden a un «montaje» policial, judicial y político cuyas consecuencias se han alargado una década. […]
Lo que en un principio se sabía sólo en los núcleos de activistas, poco a poco se ha ido extendiendo en la sociedad catalana. Los hechos que comenzaron el 4 de febrero de 2006, narrados en el documental «Ciutat Morta», responden a un «montaje» policial, judicial y político cuyas consecuencias se han alargado una década. Detenciones, juicios con penas de prisión, malos tratos policiales y el suicidio de una joven que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sucedieron a la carga de la guardia urbana en el entorno de un antiguo teatro ocupado, en el centro de Barcelona.
Todo ello en medio de un abrumador silencio de los medios de comunicación convencionales, que «Ciutat Morta» ha contribuido a romper con exhibiciones (ha obtenido 11 premios) y sobre todo la emisión del documental en El 33 (segundo canal de la Televisión de Cataluña) el 17 de enero, con una audiencia de 570.000 espectadores y un 20% de cuota de pantalla. «Lo más grave fue la vulneración de la presunción de inocencia», asegura «Txapo» Ortega, director del documental con Xavier Artigas. «El caso del 4-F no se hubiera podido dar sin la complicidad de los políticos», concluye Jesús Rodríguez, guionista de «Ciutat Morta» y periodista de La Directa. Ambos han presentado el filme en la Facultat de Filologia, Traducció y Comunicació de Valencia, en un acto organizado por la Unió de Periodistes Valencians.
-¿Qué tratamiento han dado los medios de comunicación convencionales a los hechos narrados en «Ciutat Morta»?
«Txapo» Ortega: Ha habido un silenciamiento. Después de la emisión del documental en TV3 (enero de 2015), hemos estado más en contacto con periodistas. Es cierto que hay profesionales de la información que se ha interesado mucho por el caso, pero desde las direcciones de los grandes medios de comunicación se ha declarado un silencio, podríamos decir que cómplice. Aunque más llevado por la mediocridad y el clientelismo con el poder, que por una conspiración por querer callar los hechos. Algunos medios, como La Vanguardia o El Periódico de Catalunya, sí han tenido una línea editorial mucho más dada a silenciar el caso, pero otros se han dejado llevar por el silencio, sin más.
Jesús Rodríguez: Ha habido un factor importante. Como se dio una versión oficial muy cerrada y «definitiva» de los hechos, averiguar después qué había pasado y dar voz a las personas presas era como revisar y contradecir el contenido de lo que ya se había publicado. Y este ejercicio de autocrítica política siempre es muy difícil para los grandes medios. Una parte de la censura viene dada, por tanto, por no querer reconocer los errores del pasado. Otra parte tiene que ver con un clientelismo muy específico de algunos medios de Barcelona (El Periódico y La Vanguardia), muy vinculados al Ayuntamiento y a la Guardia Urbana, que practicaron una censura muy meditada y dirigida desde arriba. Pese a que había algunos periodistas que querían romper el silencio, desde la dirección esto se vetaba sistemáticamente.
TO: La Vanguardia está muy vinculada al caso del 4-F porque unos años antes comenzaron una campaña de criminalización contra los movimientos sociales. Es cuando se acuña el término «antisistema» y sobre todo se criminaliza al movimiento okupa, con la intención de aprobar la Ordenanza de Civismo, hoy vigente y aprobada unos días antes del 4-F. Tenían ya una campaña de criminalización y construcción del «enemigo», por lo que en el momento en que se producen los hechos (el 4 de febrero de 2006) sólo hacía falta coger a alguien con «pintas» para acusarlo.
-¿Y en cuanto al papel de los jueces?
TO: El papel de la justicia ha sido bastante determinante. La jueza del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García Martínez, ya mostró desde el primer momento su intención de no querer resolver el caso. De creer sólo en la palabra de la policía, y no admitir en el proceso una serie de pruebas que podían exculpar a los detenidos, como el testimonio del alcalde Joan Clos, de Jordi Hereu, o de responsables policiales. Pero sobre todo, por no investigar los casos de maltrato que sufrieron los detenidos. Tenía además varias versiones de los médicos forenses y creyó sólo la de una parte. Desestimó las versiones de la defensa.
JR: El proceso ha tenido siempre una cierta contaminación de lo que algunos abogados denominaron la «atmósfera», construida alrededor del caso. Una «atmósfera» que estaba relacionada con la búsqueda de culpables, con que se tenía que encontrar al precio que fuera a alguien que pagara por lo ocurrido. Eso condicionó todo el procedimiento judicial. Otro elemento muy importante es que la misma sala de la Audiencia Provincial de Barcelona encargada de la vista oral, era la que resolvía los recursos que se presentaban contra la jueza de instrucción. Era una sala, por tanto, que tenía un prejuicio sobre el caso. Actualmente las salas de las audiencias provinciales no pueden juzgar un caso si han sido las encargadas de resolver los recursos presentados en la primera instancia. Pero hace nueve años eso no ocurría.
-En el documental «Ciutat Morta» se subrayan las cargas de la guardia urbana, las detenciones y los malos tratos posteriores. ¿Continúan hoy vigentes estas prácticas? ¿Son habituales?
TO: Sí lo son. El Ayuntamiento de Barcelona, después de la emisión de la película por TV3, el 17 de enero, ha intentado «lavarse la cara». Hace unos días dieron a conocer un informe de una supuesta investigación interna de la Guardia Urbana, en la que concluían que todo fue correcto. Pero sabemos por otros casos que estos modos de actuar perduran. No se ha tomado ninguna medida desde 2006. Sigue sin haber cámaras en las comisarías, y no hay organismos independientes que investiguen dentro de la guardia urbana los casos de malos tratos. La Guardia Urbana es uno de los cuerpos policiales donde se producen más abusos y denuncias de tortura.
JR: Sobre todo en las UPAS (unidades de antidisturbios de día de la guardia urbana, que se encargan de desalojos, protección de actos oficiales o acordonar edificios públicos) y la UNOC (Unidad Nocturna Operativa Centralizada, que se hace cargo de la aplicación de la ordenanza de civismo en el centro de Barcelona, sobre todo Ciutat Vella y Gràcia). En estas dos unidades se focalizan las denuncias por malos tratos, abusos y denuncias falsas. Ha habido numerosos casos de denuncias contra agentes por acusaciones falsas, falsificación de datos para poner multas o manipulación de atestados. Agentes de la guardia urbana, manteniendo el anonimato y de manera discreta, se han acercado a La Directa para contarnos que hay un sector de la guardia urbana que tiene el poder para tapar estos abusos. Y que no pase nada. Los mandos también lo hacen. Además, se les «mima» y premia con «horas extra», que es el modo con el que se mantiene el control y la fidelidad de los agentes. En muchos casos se trata de los agentes más vinculados a los sindicatos mayoritarios y con más poder.
-¿Hay relación entre las detenciones, los malos tratos y las penas de prisión a Juan Daniel Pintos, Álex Cisternas y Rodrigo Lanza, así como el suicidio durante un permiso penitenciario de Patricia Heras (los hechos narrados en la película), con la construcción de una Barcelona postmoderna y de postal, para turistas y las grandes empresas?
TO: La aprobación de la ordenanza de civismo en el año 2006, actualmente en vigor, caminaba en esa dirección. Es muy ambigua, y da mucho poder a la policía en el momento de decidir si se está cometiendo o no una falta administrativa en la calle, por ejemplo, por el hecho de sentarse en el suelo y beberse una lata de cerveza. En la ordenanza se castiga por igual orinar en una esquina (lo que podría considerarse un acto incívico), que dormir en un cajero o en la calle (algo vinculado a la desigualdad social). Lo que la ordenanza realmente pretende es legislar todo lo que sucede en el espacio público, para convertirlo en un sitio de tránsito y de consumo, sin lugar para la espontaneidad, la disidencia, los actos políticos o manifestaciones.
JR: Puede hacerse una lectura muy «clasista» de la ordenanza cívica de Barcelona, ya que está pensada principalmente para los pobres. De hecho, se le aplica a la gente que no puede pagar por el uso de la vía pública. Pero a todas aquellas empresas que piden autorización para fiestas, anuncios o realización de eventos en las playas, las ramblas o la plaça de Catalunya, se les mima y defiende. Con la aplicación de las ordenanzas se expulsa a los pobres, los marginales y los disidentes; por otro lado, se vende la vía pública al mejor postor. El centro de Barcelona se ha convertido en un gran escaparate donde quien más paga, más consigue. Eso está degenerando en una relación de dependencia mutua entre algunos mandos de la guardia urbana, y grandes empresarios que están volcando el dinero en el centro de la ciudad. Se trata de inversores de todo tipo. Vienen de Qatar, de Ucrania, otros de Estados Unidos y de paraísos fiscales diversos. El puerto de Barcelona está totalmente privatizado, físicamente vallado y además se les impide el acceso a los ciudadanos, mientras en el muelle se pueden observar barcos con la bandera de las islas Caimán.
-¿Se ha roto finalmente el silencio? ¿Qué elementos han contribuido a ello?
TO y JR: Precisamente hace unos días El Periódico de Cataluña publicó una encuesta de una empresa demoscópica (GESOP), que entre las preguntas sobre la intención de voto incluía dos en relación con el 4-F. Un 70% respondía que conocía el caso del 4-F o el documental «Ciutat Morta». La segunda pregunta hacía referencia al posicionamiento en torno a la película: si se creía la versión de los detenidos o, por el contrario, se daba mayor verosimilitud a la guardia urbana. Un 51,8% creía la explicación de los acusados, mientras que un 13% daba por buena la visión de la policía. Pero esto no ha venido sólo por la película. La emisión del documental en TV3 llega en un momento de descrédito de las instituciones públicas, sobre todo de la policía y de los políticos. Viene abonada ya desde el 15-M, con el desalojo de Plaza Cataluña, un desalojo violento de gente que estaba sentada en el suelo con los brazos en alto. También por el caso de Esther Quintana, a quien una bala de goma le arrancó un ojo, mientras vimos al conseller d’Interior, Felip Puig, cómo desmentía que se hubiera disparado una bala de goma desde el Paseo de Gracia, donde se encontraba Esther.
A través de los vídeos se fue contradiciendo la versión del conseller, a quien se le obligó a comparecer tres veces en el Parlament de Catalunya hasta que dejó la Conselleria d’Interior y pasó a otra. Otro caso es el de Juan Andrés Benítez. Mientras que la policía afirmaba que su actuación había sido correcta, vimos en unas imágenes cómo ocho Mossos d’Esquadra apalizaron a Juan Andrés en la calle hasta provocarle la muerte. Todo esto ha causado el descrédito de las versiones oficiales, sobre todo porque siempre cierran filas en torno a los cuerpos de seguridad del estado, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. Se genera un clima de desconfianza, en el que la versión oficial no es creíble.
-¿Estamos ante un ejemplo de aplicación del «Derecho Penal del enemigo», es decir, la utilización de la ley de manera arbitraria contra un colectivo al que previamente se ha criminalizado y calificado como «antisistema»?
TO: Como nos decía el antropólogo Manuel Delgado en una entrevista para el documental, el «enemigo» ya estaba construido antes de los hechos del 4-F. Sólo hacía falta que ocurriese un hecho como que un policía resultara herido en un desalojo, o una pelea en una casa okupada para la detención de alguien que tuviese «pintas». Éste ya sería el culpable, ni siquiera haría falta juzgarle. La opinión pública ya había aceptado esa idea hegemónica de criminalización, que ciertos medios de comunicación habían hecho general.
JR: Hay ciertas unidades de la policía que se han creado, presupuestado y dotado de personal exclusivamente dedicado a buscar ciertos «enemigos». En los Mossos d’Esquadra hay una unidad específica contra los anarquistas dentro de la división de información. En la Guardia Urbana se creó una unidad, el grupo de información y documentación, que se ha dedicado durante 20 años a hacer archivos de militantes políticos, sobre todo vinculados al movimiento okupa, pero después también al 15-M. Se han hecho archivos de casas, centros sociales, ateneos, casals y se ha hecho una persecución prácticamente individual de las personas que estaban en estos movimientos sociales. Por otro lado, ellos mismos, en sus revistas de la guardia urbana, explican que uno de los objetivos principales de la unidad es la persecución del movimiento okupa. Los Mossos d’Esquadra han organizado conferencias y cursos de formación de agentes titulados «El movimiento anarquista hoy», es decir, se trata de la persecución del anarquismo incluso como ideología.
-¿Qué apoyos y barreras habéis encontrado estos años para realizar el trabajo de investigación y denuncia?
TO: El del grupo de apoyo «Desmontaje 4-F», que desde hace nueve años viene luchando por dar voz al caso. El periódico La Directa, que ha llevado la investigación desde el primer día, y es además desde donde hemos sacado toda la información. También mucha gente a nivel personal se ha implicado y nos ha echado una mano. A la contra no hemos tenido directamente ningún obstáculo, salvo el silencio mediático o la negativa de TV3 a emitir la película durante un año y medio. Al final les ha salido muy caro. Si en el primer momento lo hubieran emitido, seguramente habría tenido muy escasa repercusión. Pero después del recorrido por festivales, todos los premios obtenidos (11), y principalmente el clima de expectación generado, se logró en TV3 un récord de audiencia.
JR: Ha habido algunas dificultades a la hora de obtener información. Dificultades que no se dan en otro tipo de trabajo periodístico. Expedientes, actas y documentos, por ejemplo del distrito de Ciutat Vella, que no se encuentran, a los que no se da facilidades de acceso o directamente desaparecen. A diferencia de lo que ocurre muchas veces, que las instituciones públicas se vuelcan en que los medios de comunicación les vayan a hacer reportajes, en estos casos ha habido silencio, oscurantismo y ocultación de la información. El alcalde de Barcelona y otras instituciones han calificado el documental como «de parte», pero se les dio la oportunidad de participar y no accedieron.
Además, en la proyección de «Ciutat Morta» que hizo TV3 se censuraron cinco minutos, porque una de las personas que aparece en el documental, el jefe de la Unidad de Información de la Guardia Urbana de Barcelona, presentó una denuncia en el juzgado por supuesto agravio a su honor en unas imágenes. El juzgado ordenó la retirada de cinco minutos como medida cautelar hasta la celebración del juicio. A ello hemos de añadir pequeñas dificultades cotidianas, como amenazas de algún agente de la guardia urbana durante las protestas por el 4-F.
-Por último, ¿Qué lección general puede extraerse del documental y de los hechos?
TO: El caso del 4-F es modélico, porque responde a una manera de actuar tanto de los cuerpos de seguridad del estado, como de los jueces y de los políticos. Los casos de abusos y tortura se dan sistemáticamente en todos los cuerpos de seguridad del estado. Muy pocas veces los jueces admiten esos abusos como denuncia. Las pocas veces que se admiten, en pocas ocasiones terminan en condena, y cuando las hay, prácticamente todas concluyen en indulto para los policías. No se admite, por tanto, la existencia de la tortura.
JR: Es un problema estructural, de dotación de recursos materiales y humanos para que dentro de la policía pasen estas cosas. Los políticos saben que esto ocurre y lo permiten. Pero hay también una lección positiva. La gente organizándose, con buenos materiales, redes y complicidades puede darle la vuelta a la situación. Durante un mes éste ha sido el tema de debate en casi todos los medios de comunicación catalanes. En un momento político muy específico de descrédito de las instituciones, la censura que se ejecutaba hace 30 años a través de los grandes medios de comunicación, hoy es mucho más difícil.
TO: A pesar de que la fiscalía, el poder judicial y el ayuntamiento se han negado a la reapertura del caso, lo más interesante es lo que está ocurriendo desde abajo. En el Hospital del Mar (donde fue detenida Patricia Heras), los trabajadores se están reuniendo en asambleas para establecer protocolos con el fin de que esto no vuelva a ocurrir. La gente, como trabajadores del sector sanitario, se ha sentido responsables. En las facultades de Comunicación y Derecho se está debatiendo mucho sobre el caso. Además de charlas y debates, hay asignaturas en el que se está tratando del contenido de «Ciutat Morta», como paradigma de lo que no puede volver a suceder.
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