Los cubanos continúan esperando que las modificaciones aplicadas al sector agropecuario se traduzcan en alimentos más baratos, mientras el gobierno ajusta su presupuesto para una factura que por ese concepto podría superar este año los 1.600 millones de dólares previstos. En entrevista con IPS, Blanca Rosa Pampín, experta en temas agrícolas y consultora de negocios […]
Los cubanos continúan esperando que las modificaciones aplicadas al sector agropecuario se traduzcan en alimentos más baratos, mientras el gobierno ajusta su presupuesto para una factura que por ese concepto podría superar este año los 1.600 millones de dólares previstos.
En entrevista con IPS, Blanca Rosa Pampín, experta en temas agrícolas y consultora de negocios de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC), reclamó en primer lugar no olvidar que este país no puede escapar al impacto del alza de los precios en el mercado internacional, tanto de los alimentos como de los insumos necesarios para producirlos.
Según sus datos, una tonelada de alimentos básicos, como arroz, soja y fríjoles, aumentó su costo de 2010 a 2011 en 47 por ciento, mientras que el precio de las semillas creció 67 por ciento, el de los fertilizantes 90 por ciento y el de los plaguicidas 50 por ciento en el mismo lapso.
«Por tanto, producir alimentos cuesta ahora mucho más caro que años atrás», recalcó.
Pampín precisó también que la situación se complica aun más por el «bloqueo impuesto por Estados Unidos, que incrementa el gasto en fletes por nuestras compras en mercados lejanos o por el uso de formas de pago más costosas como las letras de cambio». Las prohibiciones de Washington al comercio con esta isla son una variable que impacta sobre toda la economía, afirmó.
A pesar de tales consideraciones, muchas personas en Cuba sienten impaciencia porque «los cambios estructurales y de conceptos» prometidos, y en buena medida aplicados por el presidente Raúl Castro para aumentar las producciones agropecuarias, aún no se traducen en mejores precios al consumidor.
Se calcula que entre 60 y 80 por ciento de los ingresos de una familia promedio en Cuba se gastan en alimentos.
«Yo creo que los mercados agrícolas están bien abastecidos, lo que nos falta ahora es más dinero para comprarlos», comentó a IPS Mercedes López, una profesora de escuela primaria, casada y con dos hijos aún estudiantes.
Al respecto, Pampín consideró que los precios bajarán cuando la producción aumente hasta desbordar los puestos de venta, tanto en carnes como en vegetales, viandas (tubérculos) y frutas. Este comercio minorista en moneda nacional es paralelo a la red de establecimientos en divisas, a los que tiene acceso de una u otra forma alrededor de 60 por ciento de la población de la isla.
El mercado normado o por cartilla de racionamiento asegura a las familias cubanas una canasta básica a muy bajo costo, pero que desde hace años no satisface las necesidades alimenticias.
«Aun así, por esa libreta que tanto criticamos y que al menos garantiza una parte de lo que nos hace falta, pagamos solo 12 por ciento, el resto lo subsidia el Estado», aseguró la especialista.
La economista concordó con quienes consideran lento el ritmo de los cambios en el sector agropecuario, que incluyen la entrega de tierras ociosas en usufructo mediante el decreto 259 de 2008.
Un informe divulgado el sábado 29 de octubre situó en más de 1,2 millones el total de hectáreas cedidas hasta el momento en arrendamiento a personas individuales o cooperativas según esa legislación.
El director general del gubernamental Centro Nacional de Control de la Tierra, Pedro Olivera, indicó al diario oficial Granma que 79,2 por ciento de esas tierras entregadas ya están en explotación y se encuentran «fundamentalmente» a cargo de casi 147.000 usufructuarios individuales, un tercio de los cuales son jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.
A juicio de expertos, esa incorporación juvenil, además de las mujeres que ya suman más de 13.000 según Olivera, implica el reto adicional de facilitar capacitación y mayores posibilidades de acceso al crédito, entre otras herramientas de apoyo, pues se puede prever que la mayoría son personas que comienzan de «cero» en la actividad agrícola.
La economista Pampín admitió que el proceso de entrega de tierras fue en sus orígenes «burocrático y con mucho papeleo» causante de demoras innecesarias. «También había falta de insumos para cultivar la tierra, luego los hubo en tiendas especialmente creadas para su venta, pero a precios muy altos, que últimamente se decidió rebajar», añadió.
Ante una consulta de IPS, Rubén Torres, un campesino de la central ciudad de Santa Clara, confirmó que el surtido de esas tiendas resulta insuficiente y poco variado. Entre los implementos deficitarios mencionó el equipamiento para riego, fertilizantes y fungicidas. «El problema es que la agricultura no espera a mañana», afirmó.
El decreto 259 está sujeto a estudio para eventuales modificaciones. Entre los temas de análisis figura extender el tiempo de usufructo, que por ahora es de 10 años prorrogables. También se analiza el problema de la vivienda en los predios arrendados, factor decisivo para asegurar la permanencia de los nuevos arrendatarios en el campo.
Economistas y expertos barajan además distintas opciones para la comercialización, que por ahora se realiza a través de las empresas estatales de acopio. «Creo que podrían crearse para esas tareas cooperativas similares a las que existen en producción y servicios», dijo Pampín.
Si bien se considera la más importante, el arrendamiento de tierras ociosas a quien quiera trabajarlas no es la única medida adoptada en los últimos tres años para revitalizar el sector agrícola con producciones suficientes para asegurar la alimentación de la población de 11,2 millones de personas y sustituir importaciones.
Castro también se ocupó de que a los campesinos se les pagasen adeudos atrasados, se elevaran los precios de la leche y se pusieran en práctica nuevas formas de distribución. A la vez, se decidió descentralizar la toma de decisiones, dando mayores potestades a los delegados municipales de agricultura.
No obstante, el propio mandatario cubano, para quien la producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional, reconoció en agosto ante el parlamento que «persisten incumplimientos» en la agricultura (entre otros sectores) «a causa de errores en la planificación y falta de integralidad en la dirección».
El primer semestre de este año finalizó con un crecimiento de siete por ciento en la agricultura y de cuatro por ciento en la ganadería, comparados con igual período del año anterior. No obstante, hubo descensos en la producción de renglones fundamentales como leche y carne vacuna. También quedaron por debajo de las necesidades la carne de ave y otros productos de alta demanda.
En un artículo sobre el tema al que IPS tuvo acceso, el economista Armando Nova prevé que al finalizar el año el crecimiento del sector agropecuario puede situarse entre dos y cinco por ciento, mientras que las importaciones de alimentos, ante el alza de los precios internacionales y la insuficiente producción doméstica, oscilarían entre 1.700 y 1.750 millones de dólares.