El estado español recibió 167.366 solicitudes de protección internacional en 2024, lo que le sitúa como segundo país de la UE tras Alemania; se mantiene, en consecuencia, la tendencia creciente respecto a las solicitudes de asilo durante la última década (2.588 presentadas en 2012), revela el informe Las personas refugiadas en España y Europa-2025, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); por países de procedencia en las peticiones, destacan Venezuela y Colombia.
Una vertiente significativa de las políticas migratorias es el control y la represión fronteriza; la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) es una entidad estatal integrada en el sistema de Cooperación Española; esta institución, gestionada por el Gobierno de España, ha promovido la construcción de dos centros de detención de personas migrantes en la República Islámica de Mauritania, informaron Pablo Fernández y José Bautista, de la Fundación porCausa, en un artículo publicado en El Salto el 5 de noviembre.
El texto señala que, desde el 17 de octubre, Mauritania cuenta con estos dos centros; uno está emplazado en la capital, Nuakchot, y el segundo en la ciudad de Nuadibú.
“Estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias y admiten que, a diferencia de España, privarán de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe”, explican Pablo Fernández y José Bautista en El Salto.
Los dos CATE de Canarias que se han tomado como referencia son los de la isla de El Hierro, punto clave en la ruta migratoria, y el de Las Palmas de Gran Canaria; los dos centros, en los que dispondrá de un espacio la Media Luna Roja mauritana, fueron visitados por autoridades de la República Islámica de Mauritania.
El pasado 10 de octubre, la página Web de la FIAP informó sobre la finalización del proyecto denominado Asociación Operativa Conjunta (POC, siglas en francés)-Mauritania, desarrollado durante cuatro años; en la iniciativa han participado expertos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional españoles; la policía mauritana, además de autoridades y organizaciones del país norteafricano; asimismo entidades internacionales implicadas en la llamada gestión de las migraciones.
En cuanto a la financiación del proyecto POC, ha contado con 4,5 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. El objetivo de la iniciativa es, en terminología oficial, la lucha contra el tráfico de migrantes, la llamada migración irregular y la trata de personas en Mauritania.
En este contexto se han puesto en marcha los dos centros de detención en Mauritania, destinados a personas migrantes que desembarquen en la aguas de este país; el proyecto detalla que se les realizará una entrevista previa para determinar su situación, y podrán permanecer en el CATE durante un máximo de 72 horas.
La FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español, hace mención, de manera literal, a “un espacio de concertación entre autoridades mauritanas, actores humanitarios y organismos de protección”.
“El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania con cunas para menores. Además de sostener abiertos los CIE aquí y negar la regularización a miles de personas migrantes que viven en España. Marca PSOE para contentar fachas!”, difundió en la red X la campaña Regularización Ya, de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas.
Los dos ATE financiados por la UE tienen un aforo previsto para 118 personas, la mayoría en el de Nuakchot (73); las obras fueron licitadas por una suma de 500.000 euros. ¿De qué modo se organizan estos centros de detención? Dormitorios separados por sexo, cocinas, zonas de higiene, otras para la práctica deportiva y lugares de reunión; “hasta ahora no existían en Mauritania espacios para esta gestión migratoria”, apunta el proyecto europeo.
El llamado Equipo Operativo Conjunto (POC)-Mauritania trabaja, según el discurso oficial, “en la mejora de las capacidades de gestión de la inmigración irregular mediante el apoyo a las fuerzas de seguridad mauritanas y la mejora de las capacidades estructurales y operativas del sistema de gestión de la inmigración irregular del país”.
El equipo del POC está integrado por 4 policías del estado español y otros 33 de Mauritania; la metodología de estos equipos operativos está desarrollándose, asimismo, en otros proyectos de la UE en Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gambia y Malí, entre otros países.
A mediados de julio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, mantuvieron una reunión en Nuakchot, en la que -además de firmar cuatro acuerdos en diversas materias- se anunció el fortalecimiento de la colaboración en asuntos como seguridad y migraciones.
La declaración conjunta de los dos mandatarios valoraba la cooperación de España y Mauritania “en la lucha contra la inmigración irregular y en el refuerzo de la seguridad y la estabilidad en la región”, entre otros aspectos.
Además, en 2008, los Estados español y de Mauritania firmaron un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, que entró en vigor en septiembre de 2024; el Tratado señala, en el Artículo 7, que se considera la migración en todos sus aspectos, “incluidos la inmigración regular y la clandestina”; también el control de las fronteras marítimas, con los medios técnicos y humanos adecuados.
El pasado 27 de agosto Human Right Watch (HRW) hizo público el informe “Me acusaron de intentar ir a Europa”. Abusos en el control migratorio y externalización de la UE en Mauritania; la ONG da cuenta de las violaciones de los derechos humanos cometidos, entre 2020 y 2025, por las fuerzas del orden mauritanas contra personas migrantes y demandantes de asilo.
Entre las vulneraciones, el documento menciona torturas; acoso sexual y violaciones; extorsiones, detenciones injustificadas, trato racista, condiciones de arresto inhumanas, además de expulsiones sumarias y colectivas.
La represión y los quebrantamientos, concluye HRW, “se vieron agravados por la continua externalización, por parte de la UE y España, de forma bilateral, de la gestión migratoria a Mauritania, incluso a través de años de apoyo a las autoridades mauritanas de control fronterizo y migratorio”.
Asimismo, el Informe sobre los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) destacó, en abril de 2024, que en Mauritania continúan produciéndose distintas formas de esclavitud en algunas zonas del país; basándose en informaciones de Naciones Unidas, AI subraya que esta exclusión económica, social y política afecta tanto a las personas esclavizadas como a sus descendientes.
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