Las noticias funestas con respecto a la gestión de fronteras en Europa y, en particular, en España, en la que participa la Agencia de Control Fronterizo Europeo (Frontex), no hacen más que multiplicarse. Tráfico y trata de personas, deportaciones ilegales (con las que lucran, entre otras, compañías como AirEuropa, Halcón Viajes o Travelplan [1]), naufragios […]
Las noticias funestas con respecto a la gestión de fronteras en Europa y, en particular, en España, en la que participa la Agencia de Control Fronterizo Europeo (Frontex), no hacen más que multiplicarse. Tráfico y trata de personas, deportaciones ilegales (con las que lucran, entre otras, compañías como AirEuropa, Halcón Viajes o Travelplan [1]), naufragios con decenas o cientos de muertos (2), redadas policiales racistas (3), represión en las vallas (4), CIEs (5), entre otros abusos, constituyen vejaciones manifiestas regulares a los derechos humanos de aquellos que los estados europeos juzgan como material desechable. La muerte reciente de 15 inmigrantes, objeto de una actuación policial que sólo cabe calificar de criminal. La muerte regular de personas en situación irregular no es nueva ni mucho menos: forma parte del control represivo de aquellos flujos migratorios que los gobiernos juzgan como «indeseables». Demasiado a menudo se pasa por alto que ese control es efecto de una política migratoria no menos nefasta que ha dado un nuevo giro reaccionario y discriminatorio, restringiendo de forma tendencial las oportunidades de los sujetos migrantes regulares y criminalizando a los que se encuentran en situación irregular.
La enumeración de los crímenes perpetrados tanto por mafias organizadas como por autoridades públicas y empresas privadas colaboradoras no sólo nos instala en la ignominia moral más absoluta: institucionaliza la excepcionalidad como pauta de actuación con respecto a los colectivos más vulnerables, expuestos a una sociodisea tan dramática como evitable. Lo que los massmedia presentan como «trágico» -una suerte de mal inexorable, generado por fuerzas incontrolables-, no es otra cosa que el efecto de una política migratoria que se empecina en resolver por vía policial y militar lo que es un problema político-económico de primer orden, atinente tanto a los desequilibrios entre norte y sur como a las relaciones neocoloniales que Europa mantiene con respecto a las periferias del capitalismo. Es completamente previsible que esa política arroje de forma regular un saldo de «muertos» anónimos, parte habitual de ese paisaje vallado en que han convertido las fronteras.
Repasemos algunas aristas de este drama colectivo que afecta, principalmente, a los migrantes pobres, en contraposición a aquellos otros flujos provenientes del norte y el centro de Europa, de los desplazamientos de grupos de ejecutivos y profesionales de residencia temporal (habitualmente, de EEUU y la propia comunidad europea), inversores orientales o rusos con amplia capacidad adquisitiva. Por contraste, entre estos otros tipos de migración (repudiados por los gobiernos y sobreexplotados de forma habitual en el sector agrícola como mano de obra barata intensiva), las restricciones no cesan de proliferar. No se trata solamente de una política de denegación de derechos de ciudadanía a miles de personas. Lo que estados como el español están obstruyendo de forma activa y deliberada es, lisa y llanamente, el cumplimiento de los derechos humanos; no ya el sujeto como ciudadano, sino en tanto que ser humano.
La ambigüedad de la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, modificada tras la segunda guerra mundial, ha sido señalada en diferentes ocasiones; para el caso, lo relevante es que esos inmigrantes no cuentan ni como ciudadanos ni como humanos. No está en juego solamente el derecho al trabajo, a la seguridad social o a la protección contra el paro forzoso y la enfermedad, entre otros, sino el deber de los estados de conceder a todos por igual y sin distinción una protección legal por medio de tribunales independientes, partiendo de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad. Todo ello, incluso, podría resumirse en el derecho más primario a una vida humana digna, diferenciada de la mera supervivencia.
Por lo demás, la hostilidad estatal hacia la inmigración irregular (aunque no solamente) no ha cesado de incrementarse en los últimos años, justificado por sus ejecutores por razones de seguridad y soberanía territorial. Incluso si aceptamos la necesidad de una «política de fronteras» determinada, el actual maltrato y abandono de estos grupos de seres humanos tiene como razón fundamental infundir pánico entre los que sueñan con acceder a territorio europeo, a menudo engañados por las mafias locales a cambio de unos miles de euros. Puesto que esos grupos son inmediatamente confinados en Centros de Internamiento y mayoritariamente deportados a sus países de origen, la brutalidad de la actual gestión de los controles fronterizos, en última instancia, sólo puede tener como objetivo el amedrentamiento de esa masa indigente de personas que vagan a la espera de una oportunidad siempre postergada, así como obtener el apoyo de una parte de la población, no siempre identificada de forma explícita con la derecha. Desde luego, no se trata meramente de un «exceso policial», sino de una práctica institucionalizada que cuenta tanto con el respaldo del gobierno español como con la aquiescencia de las autoridades europeas, a pesar de algunas protestas tibias en sentido contrario por parte de la comisaria europea del interior.
Tras esa constatación diaria, otra vez una constatación más amplia: el estigma de los cuerpos negros va enlazado al estigma de los cuerpos pobres o, para decirlo en otros términos, «raza» y «clase» quedan soldados como parte de la experiencia colectiva del rechazo: racismo y clasismo se articulan en una política de estado que estigmatiza categorías enteras de seres humanos, un mercado capitalista mundializado que se desentiende de aquellos que quedan excluidos o marginados del consumo y, una aprobación tácita y vergonzante de algunos sectores y grupos nacionales que no cabe subestimar, incluso cuando no disponemos de estadísticas al respecto (7).
En este contexto, ¿qué queda de la retórica multiculturalista de la «tolerancia»? ¿qué expectativas razonables podemos formarnos con respecto a la necesaria reversión de esa situación histórica a la que están sometidos aquellos que Fannon llamó alguna vez «condenados de la tierra»? ¿Qué hipocresía eurocéntrica podría mantener todavía el papel de Europa como guía moral y política de la humanidad, invocando una superioridad desmentida de forma persistente por este tipo de prácticas? ¿En nombre de qué política de seguridad puede sostenerse este abuso sistemático del que son objeto estas masas indigentes? ¿Qué anquilosamiento moral se ciñe sobre las poblaciones locales ante semejantes crímenes de estado? Y, lo que no es menos grave, ¿a qué peligroso umbral histórico nos estamos aproximando, allí donde la vida de los otros resulta cada vez más indiferente?
Notas:
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Remito a «Las deportaciones en vuelos especiales», Eduardo Romero, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178761.
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Al respecto, puede consultarse «Las políticas migratorias siguen arrojando cadáveres al mar», Pablo ‘Pampa’ Sainz Rodríguez, en https://www.diagonalperiodico.net/global/20098-politicas-migratorias-siguen-arrojando-cadaveres-al-mar.html
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Ver «No es redada racista, es prevención de la delincuencia», Ana Álvarez, en https://www.diagonalperiodico.net/global/no-es-redada-racista-es-prevencion-la-delincuencia.html
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La entrevista «En la frontera la violencia estatal española y marroquí alcanza niveles intolerables» a José Palazón (presidente de la organización de derechos humanos Prodein) es elocuente al respecto. Puede consultarse en https://www.diagonalperiodico.net/global/la-frontera-la-violencia-estatal-espanola-y-marroqui-alcanza-niveles-intolerables.html
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He abordado la problemática de los CIE en «Pequeños holocaustos cotidianos. Las consecuencias previsibles de los CIE», disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142052 y en «Acerca de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La política del encierro», disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131848.
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Sobre este punto he reflexionado en «Operación «borrado». ¿Quién da cuenta del racismo y la xenofobia en España?», en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133119
Blog del autor: http://arturoborra.blogspot.
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