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Entrevista a Francisco Báez Baquet sobre Amianto: un genocidio impune (XVI)

«El fenómeno asociativo de las víctimas del amianto, tanto en España como a nivel mundial, responde a una necesidad»

Fuentes: Rebelión

Francisco Báez, ex trabajador de Uralita en Sevilla, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra este industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, reseñó su obra (escrito editado en las […]

Francisco Báez, ex trabajador de Uralita en Sevilla, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra este industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, reseñó su obra (escrito editado en las páginas de Rebelión.org).

***

Estábamos en el apartado 1.4 de su libro: «Subregistro de enfermedades y penetración de organizaciones». Pero si se me permite, antes de proseguir, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre informaciones que han aparecido estas últimas semanas y que usted mismo ha tenido la gentileza de enviarme. ¿Le parece?

Me parece.

Perfecto. Viajo al Sur. Se ha iniciado la andadura de la asociación de víctimas del amianto de Málaga. ¿Qué nos puede decir de esta asociación? ¿Hay muchas similares en España?

Ese grupo de víctimas actualmente está todavía en proceso de constitución; por consiguiente, de momento es prematuro opinar sobre la culminación del proceso y sobre su atinada andadura, que de todo corazón les deseamos desde aquí.

Me sumo a ello.

El fenómeno asociativo de las víctimas del amianto, tanto en España como a nivel mundial, responde a una necesidad, puesto que si bien es cierto que determinados sindicatos concretos sí que se han significado netamente en la lucha contra el amianto y en favor de sus víctimas, no obstante, quizás no quepa generalizar esa apreciación para el conjunto de todos ellos, y en cualquier caso resulta innegable que «los pasivos» (jubilados, pensionistas), en el conjunto del entramado organizativo y en el esquema de prioridades de un sindicato, y posiblemente por razones objetivas, sólo han representado una suerte de apéndice o añadido; una especie de complemento subsidiario respecto de la generalidad de las metas sindicales. Eso, cuando no, incluso, siendo asumido por algunos como una suerte de obstáculo de intereses divergentes, esto es, contraponiendo la viabilidad económica de las empresas, como garantía de estabilidad en el empleo de los actuales asalariados, frente a las indemnizaciones reclamadas en mínimo reparo a las agresiones de salud y de vida, sufridas previamente por esos otros «pasivos». No sería justo generalizar, pero hay posturas para todos los gustos, y por consiguiente, también se incide por algunos en lo antes apuntado.

Así que es lógico que tales asociaciones hayan terminado por surgir, allí donde las circunstancias lo propiciaron: donde el amianto ha sido de abundante uso, y donde determinados bufetes de abogados -no vinculados a los servicios jurídicos de los sindicatos, e incluso a veces emanando de ese origen, pero ya independizados de su tutela-, han venido a amparar, a promover, o a fagocitar, según cada caso, al germen de esas asociaciones.

¿Y qué sindicatos se han significado netamente en la lucha contra el amianto? ¿Podría darnos algunos nombres?

Me remito al contenido de:

Ángel Cárcoba Alonso & Francisco Báez Baquet

CCOO EN LA LUCHA CONTRA EL AMIANTO Y EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS

Más de doscientas anotaciones, para reflexionar

Fundación 1º de Mayo. Colección CUADERNOS, NÚM. 35 – ISSN: 1989-6372

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno35.pdf

Es procedente advertir, que ese trabajo dista mucho de ser exhaustivo, y que el propósito de los autores, y de nuestro colaborador Francisco Jiménez Ortega, ex trabajador de Uralita y ex sindicalista de CC.OO, es poder acometer una reedición del mismo, con una importante ampliación de contenido, a publicar en un próximo futuro.

Perfecto, esperamos ya la nueva publicación. Dice usted: «contraponiendo la viabilidad económica de las empresas, como garantía de estabilidad en el empleo de los actuales asalariados, frente a las indemnizaciones reclamadas en mínimo reparo a las agresiones de salud y de vida, sufridas previamente por esos otros ‘pasivos». ¿Y eso ha ocurrido alguna vez en España? ¿Por qué separar lo que debería ir unido?

Si los muros infranqueables nos los topamos en el interior de los despachos, es evidente que eso no puede trascender al exterior de ellos, más que a través de la inferencia indirecta que cabe hacer, a partir de la constatación objetiva de la «no acción»; esto es, a partir de la ausencia de reacciones o de pronunciamientos que no se producen.

Cambio de tema. Usted también me recomendó un artículo publicado por Paco Puche en Rebelión.org, en el mes de julio si no recuerdo mal. ¿Qué representa para usted Paco Puche? Escribía usted: «Os recomiendo encarecidamente su esclarecedora lectura.» ¡No se corta ni un pelo en elogios!

Siendo el editor de mi libro, podría inferirse que esa circunstancia probablemente ha de formar parte de la explicación, como mínimo, pero lo cierto es que mi admiración por su labor no se reparte uniformemente en toda la amplitud de la misma, sino que se centra, con mucho énfasis, en aquellos de sus trabajos que representan los enfoques más novedosos e inesperados, los que han precisado de un mayor esfuerzo de «cocina» por su parte; los que, en suma, suponen sus aportaciones más originales, aquello con lo que nadie antes contó, ese aspecto o cuestión, en la que los demás no llegamos a reparar, o que no lo hicimos con el necesario ahínco.

Me muevo de nuevo. Ha escrito usted también sobre Navarra, la comunidad autónoma «en la que el margen de divergencia entre realidad, y su registro, parece ser más estrecho». ¿Es así? ¿Por qué en su opinión?

Sobre las causas, no tengo opinión; me faltan, para ello, elementos de juicio. Meramente constato una situación. Parece como si allí no se mintiera, o que se hiciera menos que en el resto de España. Como si las instituciones funcionasen mejor, o como si los comportamientos condujeran «espontáneamente» a que, por ejemplo, las mentiras por omisión no se produjeran, o al menos estuvieran atenuadas, respecto a lo que resulta usual, por desgracia, en el resto de «la piel de toro».

¿Y por qué se miente más o mucho en el resto de España?

Porque, a nivel de todo el conjunto del país, las estadísticas oficiales de afectación y, sobre todo, de mortalidad, son una completa farsa, como ya ha sido denunciado en la literatura médica extrajera; digamos eso, por poner un ejemplo, pero podríamos igualmente aducir otros diversos.

En otro correo me hablaba usted de batallar «porque el cuadro español de patologías laborales asociadas al amianto refleje aquellas que otras legislaciones foráneas tienen incluidas, como es el caso, por ejemplo, del cáncer de laringe, el cáncer de ovarios, el mesotelioma pericárdico, la fibrosis retroperitoneal, etc». ¿El cuadro español no refleja esas patologías? ¿Por qué?

Hay costumbre de sobrevalorar los trabajos originados aquí, en detrimento de la debida consideración a todos los demás. Hay, además, por parte de no pocos de nuestros autores, una tendencia, más o menos clarificada, a no dar por buenos más que aquellos resultados que vienen a concordar con las características mórbidas de los casos registrados en la propia casuística de cada cual. Hay, además, una prudencia, quizás mal entendida, a esperar a ver qué es lo que hacen los demás; a ser los últimos (y en todo caso, nunca los primeros) en recoger en los textos oficiales, aquello que la literatura médica ya asumió, con un generalizado respaldo de consenso. Se mira poco, o casi nada, a lo que se ha hecho ya, o a lo que se está haciendo, fuera de nuestras fronteras. Unamos a todo ello, que, puestos ya propiamente a innovar -no a hacer mero seguimiento de lo que los demás ya sí hacen-, el panorama tampoco mejora. Por consiguiente, el cuadro español de enfermedades profesionales, y al menos por lo que respecta a las del amianto, no es más que un espejo en que se refleja la postración científica y social nuestra. El caldo social de cultivo, no es propicio al surgimiento de «novatores» de hogaño.

Pero en su caso, por ejemplo, ese «se mira poco, o casi nada, a lo que se ha hecho ya, o a lo que se está haciendo, fuera de nuestras fronteras» no cuadra en absoluto. La negación de la afirmación es el enunciado verdadero.

Bueno, pero una golondrina no hace bandada. Personalmente, mi impresión es la de tener menos influencia que «el paje Elgorriaga». Por otra parte, tampoco es que me considere el único en estar atento a lo que se publica fuera de nuestras fronteras, siendo, al propio tiempo, coherente con los contenidos de eso que se publica, cuando se lo considera procedente; digamos que, simplemente, ni somos todos los que debiéramos, ni somos quienes evidencian mayor influencia, a la hora de conseguir modificar los comportamientos de nuestras autoridades, o de nuestra sociedad española, en su conjunto. En eso estamos.

Me hablaba también del amparo legislativo a las víctimas no ocupacionales «permitiéndome señalar, a tal efecto, el precedente del recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que representa el litigio gestionado por el abogado Ezio Bonanni…. Es de destacar, que en España jamás se ha acudido a dicha instancia a nivel europeo, en relación al amianto». ¿Y eso por qué? ¿A qué esperamos entonces?

Aquí, la experiencia acumulada, en litigios que nada tuvieron que ver con el amianto, ha consistido en poder constatar cómo resoluciones favorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final se han quedado en «papel mojado», por falta de cauces preestablecidos para que nuestro Tribunal Supremo pueda acatar esas resoluciones, llevándolas a su efectivo cumplimiento. Para recurrir, obviamente, ha de contarse con el consenso del propio demandante. Por consiguiente, si a éste no puede garantizársele un mínimo de esperanza en una resolución favorable con efectos tangibles y reales, es lógico el desistimiento. Unas elevadas tasas judiciales, son el complemento perfecto para abocarnos igualmente a un mismo final abortivo.

Y entonces, en su opinión, ¿ese camino está vedado por el momento?

Actualmente, en los medios de comunicación, se manifiesta que nuestro gobierno se dispone a remediar esa situación.

Hablaba usted también de promover el abordaje de estudios epidemiológicos que despejen incógnitas «como la posible relación etiológica del amianto con cuestiones que se vislumbran o incluso que se desprenden con claridad, de la toma en consideración de determinados trabajos ya publicados, como sería el caso de la incidencia de abortos, de partos prematuros, de muerte súbita en bebés, de malformaciones congénitas, la presencia de asbesto en las placentas, etc.» ¿No se han realizado nunca estos estudios en nuestro país?

Ni por equivocación, cabría decir, pero en eso no somos peor que los demás: los estudios clínicos o experimentales que señalan indicios que apuntan en esa dirección, no han tenido una lógica continuidad en unos estudios epidemiológicos que vinieran a corroborar o a descartar esos posibles riesgos adicionales del amianto. O no se obtienen las necesarias autorizaciones y financiaciones, o nadie se arriesga a proponerlo, o ambas cosas a la vez.

Pero en España-Sefarad, yo mismo tengo amigos que se dedican a investigaciones epidemiológicas, hay científicos naturales y sociales que están más que abiertos a este tipo de temáticas, siempre desde una perspectiva crítica y no servil. ¿Se ha intentado alguna vez? ¿Se ha hablado con ellos en alguna ocasión?

No; que yo sepa, eso no se ha intentado todavía, al menos en España. Por eso precisamente pugno por publicar todo lo que tengo escrito sobre todas estas cuestiones; a ver si alguno se anima, a ver si lo dejan, y a ver si obtiene la imprescindible financiación, en una coyuntura temporal tan desfavorable.

En otro correo me hablaba del FOSGAM (Foro Social Gallego del Amianto), creado el 20 de diciembre de 2013, a iniciativa de dos entidades predecesoras: AGAVIDA y el «Colectivo de Investigación Social y Participación Activa» (CIAP Galicia). Me comentaba usted que «han configurado un ambicioso «proyecto FOSGAM 2014-2030», incluyendo el llamado «PLAN ESTRATÉGICO GALLEGO DE CONCIENCIACIÓN Y GESTIÓN SOBRE EL AMIANTO», en el que se enmarcan iniciativas tales como, por ejemplo, «Galicia Amianto Cero»». ¿Nos explicas un poco las actividades de FOSGAM?

Sobre esta cuestión, nuestro común amigo Paco Puche nos podría informar de primera mano, ya que precisamente en estos días les ha estado visitando, para intercambiar información, colaborar, etc. A propósito de esta circunstancia actual, con él tengo comprometida una contribución, relativa a los efectos de las dosis mínimas, débiles, puntuales, esporádicas o únicas, en relación con el mesotelioma, que es la patología asociada al amianto, que se evidencia presente, en relación con tales niveles mínimos de exposición. El amigo Paco Puche, como le tengo informado, es uno de los promotores de «Málaga Amianto Cero», una iniciativa similar.

Porque usted tal vez piense que esas dosis «mínimas, débiles, puntuales, esporádicas o únicas» nunca son inocuas completamente.

Es lo que fundamenta la necesidad de universalizar una prohibición del uso industrial del amianto. La selección de texto y bibliografía, que sobre el tema de las exposiciones débiles me ha demandado nuestro común amigo Paco Puche, tiene una extensión de doce folios; así que, efectivamente, mi respuesta a esta pregunta suya, es rotundamente afirmativa.

En otro correo me hablaba de que la fiscalía se disponía a proceder también contra la empresa Uralita. Me daba esta referencia: http://www.rtvcyl.es/Noticia/593C9164-D849-FE1D-477BEB479CF8C0D3/20140721/fiscalia/insiste/uralita/cometio/delito/salud/medio/ambiente/ ¿Cómo está la situación en estos momentos?

Sobre esta cuestión se ha publicado ya otra información, cuyo enlace de acceso es el siguiente: http://www.20minutos.es/noticia/2217043/0/director-suelo-reyal-urbis-declara-3-septiembre-valladolid-como-imputado-por-caso-uralita/

En cualquier caso, está por ver en qué terminará todo esto.

Le copio otra de sus observaciones: «El diario «El Mundo» del día de hoy inserta una noticia con el siguiente titular: «Bellavista tendrá una segunda estación de cercanías para el verano de 2015». En el texto correspondiente, se afirma que el tren pasará entre las calles Dionisio y Zeus, en proximidad a los bloques «Jardines de Hércules», edificados sobre los terrenos de la antigua fábrica de amianto-cemento de la empresa Uralita. Es en esa zona donde se edificará la nueva estación, irónicamente denominada «La Salud». Al igual que ha ocurrido con los terrenos de la vecina barriada «Fuente del Rey», que Uralita utilizó como vertedero improvisado de sus desechos de producción (determinando, después, alguna que otra muerte por mesotelioma), la propia Bellavista también ha sido afectada por «contaminación colateral». ¿No exagera? ¿Esto es así y se proyecta la construcción de esta segunda estación?

La posible exageración, en todo caso, habría que constatarla, una vez que las comprobaciones pertinentes hubieran sido hechas, si es que se considera que las mismas son procedentes. Es una cuestión sobre la que me he permitido llamar la atención de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y acerca de cuya toma en consideración y de sus conclusiones supongo que seré informado, en el momento oportuno. Ojalá y no hubiera motivo real de alarma.

Me hablaba en otra ocasión de los trabajos del abogado Chris Meisenkothen, que usted consideraba «lo suficientemente importantes como para que se hiciera una traducción al español». ¿Dónde se ubica su importancia?

Es muy esclarecedor sobre los habituales subterfugios que las empresas demandadas están utilizando, para zafarse de sus responsabilidades por la exposición al amianto, de sus trabajadores, de los familiares de los mismos, de los vecinos del entorno de los focos industriales de contaminación, o los usuarios de sus productos, cuando han resultados afectados. Como quiera que el citado autor aporta la bibliografía, los razonamientos y los resultados científicos que invalidan tales alegatos espurios, su conocimiento considero que resulta imprescindible para quienes puedan quedar concernidos por esta cuestión, ya sean los abogados que han de ejercer una acusación, ya sean los jueces que hayan de juzgar, ya sean las asociaciones de víctimas o del activismo ecologista, etc.

¿Y su obra, sus libros y artículos, se han traducido al castellano o algún otro idioma peninsular? ¿Es conocido y reconocido entre los activistas?

El señor Meisenkothen es un abogado, y sus publicaciones no son numerosas, aunque sí importantes. Si yo abogo por la publicación de algunas de ellas, traducidas a nuestro idioma, es evidente que lo hago porque, que yo sepa, eso todavía no se ha producido, y tratándose de textos relativamente recientes, de plena actualidad y, según mi criterio, de remarcada relevancia, considero que esa aportación puede ser importante para la situación de la defensa de las víctimas del asbesto, en nuestro país, y eventualmente, también en los demás de habla española.

La penúltima: ¿qué avances está teniendo la lucha contra la industria del amianto en Colombia?

Bueno, existe un incipiente movimiento de oposición, y al propio tiempo se van dando pasos tan previos y básicos, como el que la asbestosis y el mesotelioma ya sean oficialmente considerados como padecimientos de índole profesional, en quienes han trabajado con amianto. Por algo se empieza.

La última, no abuso más. Tomo pie de nuevo en una nota suya: «El 21 de febrero de 2014, los tribunales condenaban a la empresa Bayer a una indemnización a la familia de un trabajador que había fallecido de mesotelioma, a causa de su exposición al asbesto. Sin embargo, su director, que actuaba como testigo, declaró que «la factoría Bayer no estaba inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, por la sencilla razón de que nunca había existido tal riesgo y nunca se había importado amianto», pero entre los hechos probados de la sentencia, quedó acreditado que entre los años 1970 y 1985, Bayer Hispania lo había importado.» ¿Y no pasa nada? ¿El director miente descaradamente y la lluvia en Sevilla sigue siendo una maravilla?

Pues, al parecer, así es. Esto se complementa, en la generalidad de otros litigios, con los alegatos aportados por «expertos», que fuera de la sede judicial jamás se atreverían a sostener parecidos o iguales criterios a los ahí expresados, porque ello les supondría un «suicidio» profesional, un desprestigio académico absoluto. Verbo volant, scripta manent.

Algunos de tales «expertos», generosamente remunerados (de alguno, de nuestro personal conocimiento, nos consta el montante de sus abultados emolumentos por esa tarea «extra»), son auténticos profesionales del asunto, hasta el punto de que, en nuestro país, las asociaciones de víctimas, que los tienen perfectamente censados e identificados, actualmente estudian la viabilidad de formular algún tipo de protesta ante los correspondientes comités deontológicos de los colegios profesionales concernidos (de Neumólogos, de Radiólogos, de Oncólogos, etc.).

Esta cuestión tiene otras diversas facetas; por ejemplo: cuando se demuestra en un litigio, que en una determinada empresa se estuvo expuesto al amianto, sin que no obstante haya mediado la pertinente inscripción en el obligatorio registro RERA, y sin embargo, habitualmente esa inscripción, con posterioridad, no queda efectuada de oficio; ni los juzgadores la reclaman, ni la administración pública competente lo realiza por propia iniciativa; tampoco lo llega a demandar la representación legal de los demandantes.

Si tenemos presente, que hay jueces españoles (no pocos), para los que esa inscripción es decisiva para considerar que realmente ha habido exposición laboral, no prosperando más demandas que aquellas que implican esa inscripción («lo que no se registra, no existe»), y sobre la que el trabajador afectado carece del más mínimo margen de posibilidad de actuación, de todo ello resulta la paradoja de que son las empresas que incumplieron esa obligación legal de inscribirse en el RERA, las que a la postre resultan favorecidas, siendo mucho menos probable que resulten condenadas.

¿Esta sangrante paradoja que me explica no ha sido denunciada nunca? ¿A qué espera la justicia española para ponerse manos a la obra?

Los sindicatos, en general, o al menos Comisiones Obreras, en particular, sí que lo tienen denunciado en los medios de comunicación. Lo que quizás no se ha producido, que yo sepa, ha sido una demanda directa y específica ante el poder judicial. Eso sería algo, que, de llegar a producirse, lo lógico sería que también estuviera referido a otras cuestiones igualmente nefastas, en relación con el tratamiento judicial que en España asume todo lo relativo a las secuelas del asbesto. De motu proprio, no creo que la justicia española llegue a dictaminar nada al respecto.

Le pregunto sobre el apartado 1.4. de su libro

Cuando quiera.

Nota:

[*] Las anteriores entrevistas sobre el libro han sido publicadas también por Rebelión.org.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.