Accionistas, inversores y compañías deben revelar sus estrategias, declarar su dogma de fe en el combate contra la catástrofe climática y exponer las carteras de capital que se dirijan hacia la neutralidad energética, las emisiones cero y los proyectos verdes, según alerta el organismo internacional.
Activistas del movimiento Extinction Rebellion, en una manifestación frente al parlamento regional en la ciudad australiana de Brisbane. E.P./AAP Image/Dan Peled/DPA
El FMI lo avisa sin tapujos: los inversores no están preparados para el cambio climático. A pesar de que, antes de la llegada de la Gran Pandemia, calase en el mercado la idea de que el negocio sostenible sería capaz de aportar 26 billones de dólares a la economía global y que los bancos privados diseñaban instrumental inversor para garantizar la conversión del cambio climático en beneficios al inversor.
O de que, en esta línea, voces relevantes del capital como Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, lograse convertir en viral una carta dirigida a los máximos dirigentes de las empresas más representativas del mundo, en la que les alertaba de que el engagement, el compromiso, la capacidad de influir en las decisiones financieras, pero también en las políticas, pasaba a ser un propósito ineludible de su firma y una exigencia para las empresas en las que invierte BlackRock en todo el mundo, en la que los proyectos verdes tendrían una relevancia determinante a la hora de elegir activos de empresas.
La llamada huella de descarbonización de las firmas también parece estar ligada a decisiones inversoras de fondos como el soberano noruego, que maneja más de 1 billón de dólares de activos, y que invierte sus capitales (enfatizan desde Norges Bank Investment Management) en compañías que se declaren respetuosas con el medio ambiente, vanguardistas en innovación tecnológica y con políticas ambiciosas de Responsabilidad Social Corporativa como las que fomentan la igualdad de género o la excelencia académica. Motivo por el que, en sus carteras de capital se explicita exactamente la reducción de su exposición en empresas con alta «huella de carbono».
También inversores como Chris Hohn, dueño de TCI Fund Management, proclama haber adoptado una agresiva estrategia de inversión a favor de empresas sostenibles, al cimentar sus 8.400 millones de dólares de beneficios del pasado ejercicio en activos verdes. Una revisión de objetivos que le valió el galardón del hedge fund más rentable de 2019. Con evidencias de su estrategia. Como varias cartas oficiales con su puño y letra en las que alertaba a varios presidentes y consejeros delegados de grandes multinacionales de amplios sectores relevantes sobre la necesidad de que adopten medidas corporativas que influyan en la reducción de emisiones de CO2; tanto en sus matrices como en sus subsidiarias. So pena de perder el respaldo inversor.
Un equipo de extinción trata de abrir una barrera para contener el fuego en un incendio forestal en las colinas de Santa Bárbara, en el estado de California (EEUU), en noviembre de 2019. REUTERS/David McNew
Pero estas iniciativas, por loables que puedan ser, parecen haber persuadido al FMI, que alertan de un clima generalizado en el que los inversores globales subestiman los riesgos financieros del cambio climático y la necesidad de que las compañías empiecen a calcular, primero, y a revelar, después, su exposición a los objetivos medioambientales.
La advertencia, en línea con las críticas de los fondos de inversión, surge del poderoso departamento de Tobias Adrian, director del área Monetaria y de Mercados de Capital del FMI, encargado de emitir los informes sobre estabilidad financiera de la institución y añade presión al mercado y al sector privado para que avancen con mayor decisión en las hojas de ruta hacia la neutralidad energética.
En los duros meses de crisis por la Covid-19 y en el periodo en el que deben prepararse para un nuevo ciclo de negocios que aún debe despegar, con dudas sobre el momento de calentamiento de sus motores y la fortaleza de su vuelo, y que, en latitudes como Europa, tendrá un road map ecológico, un Green Deal con, hipotéticamente, exigentes metas de combate contra la catástrofe del clima.
El FMI señala que los daños por desastres naturales podrían costar hasta 1 billón de dólares anuales a partir de 2050
La nueva actualización del informe de Estabilidad Financiera del FMI recoge esta filosofía. Añade que el aumento global de las temperaturas y la severidad de fenómenos climatológicos podrían tener un impacto directo sobre los activos de las empresas en latitudes en las que surjan sequías, riadas, fuegos o tormentas torrenciales.
Y, hasta ahora, las cotizaciones bursátiles de los activos empresariales han fracasado a la hora de reflejar los riesgos de inclemencias meteorológicas de extrema gravedad que podrían llegar a costar hasta 1 billón de dólares anuales desde 2050. Un escenario que ha dejado de ser una entelequia, a juzgar por los daños colaterales ocasionados ya por los efectos del cambio climático, como refleja la agencia Bloomberg.
Activos que no valoran los riesgos climáticos
«La valoración de las acciones en 2019 no reflejaban los cambios predictivos de las amenazas de desastres naturales, de los distintos riesgos físicos, englobados en distintos horizontes sobre los que vislumbrar el futuro a corto, medio y largo plazo» de las firmas corporativas, escriben los investigadores del Fondo en el informe, el primer diagnóstico posterior al de la publicación de la pasada cumbre de primavera del FMI, en abril y que revisa las plazas bursátiles de 68 países industrializados y emergentes durante los 50 últimos años. Sus expertos también llaman a unas acciones más contundentes y efectivas de gobiernos y mercados para abordar con garantías las metas que persiguen las economías neutras en carbono.
Con los cálculos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que estiman un aumento de la temperatura global de 1,1 grados Celsius en la actualidad respecto a los niveles de la era preindustrial, y con su predicción oficial de un incremento de 3 grados con las actuales emisiones de gases de efecto invernadero a finales de siglo, el repunte de desastres naturales «es irreversible» y convertir áreas del planeta en «inhabitables».
En los últimos veinte años, el número de inclemencias meteorológicas de primer orden ha saltado a 200 fenómenos de media por año y sus costes asociados se han disparado por encima de los 120.000 millones de dólares, lejos de los 22.000 de la década de los ochenta y se espera que supongan el 0,2% del PIB del planeta en las próximas tres décadas. El Fondo admite que el impacto de la catástrofe climática sobre el valor de las acciones bursátiles es aún modesto, pero alerta de que, en el futuro, los riesgos potenciales aumentarán de forma exponencial.
Las inversiones con valoración de riesgos climáticos reduciría la especulación, cambiaría reglas y protocolos y daría certeza al mercado
«Los inversores deberían demandar dividendos adicionales por mantener sus activos expuestos a los riegos generados por el cambio climático», llega a decir el informe. Pese a que una reacción masiva en esta dirección, en la de «percibir y asumir futuros riesgos climatológicos pueda llegar a propiciar un descenso en el valor de los activos y generar un efecto dominó sobre las carteras de inversión y los activos de las instituciones financieras».
«Los inversores deberían demandar dividendos adicionales por mantener sus activos expuestos a los riegos generados por el cambio climático», llega a decir el informe. Pese a que una reacción masiva en esta dirección, en la de «percibir y asumir futuros riesgos climatológicos pueda llegar a propiciar un descenso en el valor de los activos y generar un efecto dominó sobre las carteras de inversión y los activos de las instituciones financieras».
Pero su puesta en práctica traería una triple consecuencia beneficiosa. Por un lado, a los inversores cortoplacistas, especulativos, les obligaría a enfrentarse a «la ardua tarea» de adquirir información precisa y reducir sus opciones de compraventa inmediatas, lo que les induciría, inexorablemente, a plantearse opciones a más largo plazo en sus tomas de decisiones en los mercados. Un segundo componente sería una ola de cambios regulatorios y de protocolos, métodos y estándares con los que funcionan las firmas privadas, las corporaciones empresariales y financieras, para abordar las amenazas climáticas en según qué países en los que tienen intereses e inversiones. Y, finalmente, aceleraría el uso al que se están acostumbrando los mercados de bonos y sus intervinientes para poner precio a los riesgos medioambientales. Por ejemplo, algunos de los municipios estadounidenses con peligros más altos de inundaciones, lluvias torrenciales o llegada a su territorio de huracanes, a la hora de colocar sus emisiones de deuda.
La Covid-19 como estímulo a inversiones verdes
Gilles Moëc, economista jefe de AXA, la multinacional aseguradora alemana, hace hincapié en la necesidad de que la Gran Pandemia «no sirva de escusa para sacrificar el desafío ecológico», como tratan de aprovechar negacionistas e inversores de corte tradicional «sino que, más bien al contrario, debe impulsar la descarbonización de las economías».
Moëc se declara defensor de las acciones gubernamentales. «Deben poner la neutralidad energética y los proyectos verdes en el frontispicio de sus estrategias de prosperidad». Sin que ello lleve implícito «la búsqueda de fórmulas que reactiven el dinamismo».
No es incompatible, explica. «Es factible encontrar vías de concordia entre ambos objetivos”. Enfoques de generación de riqueza y respetuosas con el medio ambiente y las emisiones netas cero «Y la Covid-19 nos revela esta alternativa» como única para ganar en sostenibilidad y agrandar los ciclos de negocios.
A pesar de que pudieran surgir una serie de fuerzas retroactivas. La urgencia de los mercados por recuperar las pérdidas de los últimos meses, «podrían relegar a un segundo plano las políticas verdes«, lo que llevaría décadas si se pone como baremo restablecer los niveles de riqueza previos a la epidemia.
Plantas térmicas ‘Neurath New’ y ‘Neurath Old’, de la energética alemana RWE, en Neurath, al noroeste de Colonia. REUTERS / Wolfgang Rattay
A este respecto, también menciona la posible demonización del comercio mundial y la globalización y la adopción de modelos económico restrictivos y proteccionistas en los que no tendrían cabida precisamente medidas de neutralidad energética.
A pesar de que la parálisis productiva vaya a reducir un 6% las emisiones de CO2 este año, lo que ha vuelto a situar como factible el esfuerzo adicional, otro recorte de otro 13%, que devuelva al planeta a la senda marcada por los Acuerdos de París para lograr los objetivos de su protocolo: mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados para finales del siglo XXI.
Moëc pone en valor las grandes cifras del Green Deal europeo. La Comisión cifra la transición verde en recursos inversores equivalentes al 2% ó 3% del PIB anual de la UE. «Si bien muchas de estos recursos de reconversión no mostrarán una rentabilidad inmediata, debe tenerse muy en cuenta los costes del calentamiento, además de las ventajas de que el próximo ciclo de negocios se asiente sobre parámetros internacionales y ecológicos».
Puede resultar «comprensible» para ciertos dirigentes políticos, económico y empresariales que las preocupaciones climáticas vayan a pasar a un segundo orden de prioridades coyunturales. Pero sería del todo punto irracional que los esfuerzos de los gobiernos por adoptar salvaguardias a hogares, empresas y trabajadores cayeran en saco roto con otra fase de crecimiento sin objetivos claro de combate contra la lacra del calentamiento atmosférico. «Cualquier crisis medioambiental futura acarreará más costes y mayores perjuicios de no afrontar ahora los riesgos», enfatiza.
Un hombre junto al lema de la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid en diciembre de 2019 . E.P./Clara Margais/dpa
También desde servicios de estudios como el de Bank of America (BofA) se destaca que los criterios ESG (Environmental, Social & Governance), que están reorientando las estrategias corporativas, son factores informativos cada vez más demandados y considerados por accionistas, inversores y consumidores globales. Del mismo modo que se han erigido en parámetros esenciales para influir en los acervos normativos y en sus desarrollos reglamentarios.
Desde 2013, el número de estos requerimientos no financieros se ha incrementado en un 72%, lo que se ha traducido en más de 4.000 nuevas normas de obligado cumplimiento empresarial. Una tendencia al alza entre los sectores privados de las potencias industrializadas, que han servido, además, para implantar planes estratégicos con mayores niveles de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza corporativa, que también se está trasladando a las empresas de mercados emergentes.
El banco de inversión estadounidense, sin embargo, admite que aún queda mucho camino por recorrer. Por obstáculos en la adopción de factores ESG comunes como la falta de estandarización de los datos, la dificultad de establecer objetivos y garantizar la rendición de cuentas, la falta todavía de apoyos de directivos y empleados y la diversidad de normas, según las jurisdicciones.
Aun así, BofA relaciona, sin género de dudas, los mayores rendimientos en el mercado con la asunción de criterios ESG. En especial, y a medio plazo, en las economías emergentes. Su puntuación será cada vez más determinante entre inversores, accionistas y consumidores, explican.
También desde Goldman Sachs se admite haber activado una estrategia de inversión clara en las áreas emergentes. En especial, en América Latina, a donde dicen haber destinado cientos de millones de dólares de sus carteras de capital en empresas y mercados de la región.
Antes de la llegada de la Covid-19. Bank of America había activado fondos de inversión de 500 millones de dólares en las semanas que precedieron a la declaración del coronavirus como pandemia global en el Hemisferio Sur americano. Pese a que sus portfolios, en 2019, retrocedieron en un 7% a nivel global en 2019, hasta los 4.000 millones de dólares, respecto al año precedente.
Aunque un 15% por encima del promedio del último lustro, constata Coalition, una firma de business intelligence que aporta análisis económico al mercado. De igual forma, en América Latina empezaban a contratarse bonos verdes «como helados» según decían voces inversoras antes de la crisis del coronavirus.
Al menos cinco gobiernos y decenas de firmas de la región estaban negociando reconversiones en emisiones de sus deudas hacia proyectos de plena catalogación ecológica. El pasado fue un ejercicio de especial dinamismo en la decisión de acometer emisiones de deuda en bonos verdes. Con México, Perú, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana como pioneros, según Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative, una entidad sin ánimo de lucro que promociona el uso de las denominaciones de deuda en este tipo de instrumentos financieros. «La munición inversora estaba lista para actuar», reconocía Kidney a Business Insider desde Bogotá, a mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia en Europa. «La demanda está en sus parqués y tanto inversores como fondos de pensiones son plenamente conscientes de que los bonos verdes son un bocado suculento de un helado en un día caluroso», explicaba de forma gráfica.
El mercado de bonos ecológicos movilizó 205.000 millones de dólares el pasado año, pero las inversiones en América Latina apenas habían logrado representar el 2% de la cuota total, según Bloomberg. Kidney venía signo de cambio. Porque en sus previsiones hablaba de un potencial negocio de 6.000 millones de dólares en 2020.