El genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la Campaña del Desierto (1878-1890) llegó a la Justicia argentina. El 16 de agosto, Ivana Noemí Huenelaf, mujer mapuche-tehuelche, presentó la denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro.
El genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la Campaña del Desierto (1878-1890) llegó a la Justicia argentina. El 16 de agosto, Ivana Noemí Huenelaf, mujer mapuche-tehuelche, presentó la denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro (Ciudad de Buenos Aires). Lo hizo junto a su abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos. “Para que se inicie un Juicio por la Verdad a los fines que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores”, dice el texto de la denuncia, que tiene 80 páginas, a la que accedió Presentes.
Lxs demandantes pidieron que “en ese marco procesal se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo ese proceso como un Genocidio y se dispongan las medidas y actos reparatorios que por derecho correspondan”.
El sorteo de rigor hizo recaer la denuncia en la Fiscalía 7 (González) y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, (a cargo de Daniel Rafecas) de los tribunales federales de Retiro.
“Hay jueces fiscales que nos pueden escuchar”
“Mari, mari”, saluda Huenelaf al salir de los Tribunales de Comodoro Py. “Siento el Newen (fuerza espiritual) porque es muy importante para mi pueblo. Se va tejiendo esto. Hay jueces y fiscales que nos pueden llegar a escuchar, es un gran paso que se gesta con la resistencia. No venimos con rabia sino con dolor para sanar esas heridas, con la sabiduría y el conocimiento de la Mapu (Madre Tierra), con gente que cree en nuestra causa”, dice con calma y sonriente esta mujer indígena. Y aclara: “No es sólo una etnia sino todos en comunidad, con Norita Cortiñas que va a ser testigo de concepto si nos aceptan como querella. Su genocidio fueron 30 mil víctimas, el nuestro fueron 20 mil, van a tener que acostumbrarse a ese número”, agrega Huenelaf.
Tiene 49 años, es madre de seis hijos y abuela de siete nietos. Nació en un paraje al pie de la Cordillera, José de San Martín. Es mapuche y tehuelche, y acompaña las recuperaciones de territorio. Vive en Mallín Ahogado, en un territorio en comunidad llamado Tierra y Dignidad. Trabaja en la feria regional donde vende pan casero y es profesora de judo –primer Dan– de niñeces en Lago Puelo.
En la soleada mañana del martes 16 de agosto, llevaba su vestimenta originaria y un brillante trarilonco (cintillo) de plata sobre el pelo negro azabache. Le trajo problemas. “Ni bien entré (a los tribunales) me demoraron. Hice tres pasos y una policía me agarró para no dejarme ingresar. Con mucha tranquilidad lo tomamos, tenemos medio naturalizado que nos paren y nos discriminen por portación de rostro. Hubo un cruce de palabras entre la policía y mi abogado pero finalmente pasamos a hacer lo que veníamos a hacer”, relata.
Desde la Campaña del desierto hasta Benetton
Ivana estuvo en enero de 2017 entre la decena de personas que acudió solidaria a la Lof en Resistencia de Cushamen cuando sus miembros fueron reprimidos por Gendarmería. Con ferocidad, como durante el operativo de agosto de aquel año, cuando desapareció el tatuador anarquista Santiago Maldonado.
Nunca imaginaron la pesadilla que vivieron después, al ser baleadas, perseguidas y detenidas. Ivana y el grupo fueron tiroteados por policías de Chubut y empleados de Benetton. Ella sacó fotos y logró avisar a una abogada, poco antes de ser golpeada y detenida en la comisaría de El Maitén. Mientras tanto, el fiscal Carlos Díaz Mayer negaba una y otra vez que estuvieran allí. Se habrían quedado mucho tiempo más si no las sacaba el abogado Carlos “Chuzo” González Quintana que andaba por la zona de vacaciones.
“Me tocó vivir un proceso con una estrategia no muy diferente a la de 1879 que comenzó el genocidio que hoy estamos denunciando en Comodoro Py”, dice Huenelaf. El colmo fue que todas estas víctimas terminaron acusadas por el empresario italiano de robo de ganado y posesión de explosivos. Años más tarde quedaron absueltas: les habían plantado las pruebas. Así funcionan algunas cosas en la Patagonia.
“En razón de mi descendencia mapuche tehuelche”
“En razón de mi descendencia mapuche tehuelche, y siendo que los hechos cuya investigación penal se insta han tenido y tienen graves implicancias sobre mi persona y mis hijos, hijas, nietos y nietas. Afectando el reconocimiento de nuestra identidad originaria y a la vida comunitaria en los territorios ancestrales arrebatados» es que Huenelaf pidió ser tenida como querellante.
Qué pide la denuncia por genocidio
Fernando Cabaleiro es un reconocido abogado ambientalista que se cruzó con la lucha de los pueblos originarios. “Pedimos que se investigue la Campaña al Desierto o Conquista del Desierto como un genocidio. Que se establezca la responsabilidad del Estado.
«Que se inicien juicios por la verdad en todos los territorios para poner sobre la mesa el despojo de las tierras”, dijo a Presentes en las escalinatas de los Tribunales Federales de Retiro.
Aspira a que sea un puntapié inicial para iniciar un proceso de reconstrucción histórica a nivel estatal. Y que sirva como apoyo para la recuperación de los territorios.
Por qué la denuncia en estos tribunales
¿Por qué vinieron a la ciudad Capital?. “Las leyes y decretos fueron dictados en Buenos Aires. Además, está la Isla Martín García que funcionó como un campo de concentración; los actos políticos iniciales fueron la ley 947, entre otros, en los gobiernos del presidente Nicolás Avellaneda y su ministro de Guerra, Julio Argentino Roca. El asiento del Poder Ejecutivo es la Ciudad de Buenos Aires”, responde el abogado.
Qué puede ocurrir si prospera
En caso de que prospere esta ambiciosa denuncia, los hechos serán investigados en cada jurisdicción. Pero la acusación engloba todos los episodios dentro de un plan sistemático. Los fundamentos históricos surgen de los trabajos de investigadores del Conicet. “El Estado financia las investigaciones que demuestran que hubo un genocidio, y no se hace nada, queda todo en el repositorio. Por eso llevamos el repositorio a la justicia con la configuración del genocidio”, apunta Cabaleiro.
Antecedente: juicio por la Masacre de Napalpí
Para esta presentación, el antecedente clave es el juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, finalizado en mayo de este año. Allí se registraron entre 400 y 500 víctimas indígenas y campesinas por crímenes perpetrados por el Estado en 1924 en el entonces territorio nacional del Chaco. Se declaró como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino. La sentencia declaró también que la Masacre de Napalpí, «son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.” La magistrada actuante entendió que se trató de “un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”.
Por qué fue un genocidio
La presentación refiere que entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Mediante la Ley 24.584, Argentina aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La denuncia plantea que el genocidio cometido por el Estado Argentino fue “contra los pueblos preexistentes Mapuche, Tehuelche, Ranquel y Pampa en la Pampa y el norte de la Patagonia dentro de un plan sistemático, premeditado, pensado y organizado minuciosamente, ejecutado por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890″.
Éste «incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental. También «reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral».
Además, a ello le siguió inmediatamente la repartición del territorio ancestral del cual esos pueblos fueron arrebatados y despojados. “Pasó a conformar parte del Estado Argentino y distribuido entre miembros del Ejército Argentino con altos cargos y los grandes hacendados conglobados en la Sociedad Rural Argentina, principales aportantes para el financiamiento de la campaña sistemática de violencia contra los pueblos indígenas de la Pampa y el norte de la Patagonia”.
Investigar, reparar y transformar
Según explica el sociólogo Daniel Feierstein, entender las prácticas sociales genocidas y llevar sus consecuencias a lo jurídico tiene efectos en el plano de victimarios, víctimas, cómplices y beneficiarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de crímenes de lesa humanidad los Estados tienen un deber reforzado de investigación y esclarecimiento de los hechos. En situaciones de discriminación estructural – como la que existe sobre los pueblos originarios en la Argentina – “las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación. Que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también correctivo”
Algunas cifras del exterminio
La Campaña Conquista del Desierto implicó la falta de reconocimiento de «tierras habitadas» por comunidades indígenas, y su motivación –plasmada en cartas entre funcionarios de alto rango del Estado Argentino–, da cuenta que tuvo como fin la aniquilación y el destierro decenas de miles- Según el presidente Nicolás Avellaneda fueron 20 mil las personas indígenas habitantes en su territorio ancestral, Puelmapu.
“Hasta nuestro propio decoro, como pueblo viril, nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República“, dijo Avellaneda en los fundamentos de la ley 947 que impulsó la Campaña al Desierto.
Terminado el plan genocida, Estanislao Zeballos expresó: “La barbarie está maldita y no quedarán en La Pampa ni los vestigios de sus huesos”, a poco de asumir como presidente de la Sociedad Rural. Sus asociados fueron los principales beneficiados de la repartición de los territorios ancestrales pertenecientes a las comunidades indígenas desterradas y sometidas.
El propio Roca especificó los números de las expediciones “contra el enemigo”: 5 caciques soberanos prisioneros y uno muerto, 1271 Indios de Lanza prisioneros, 1313 Indios de Lanza muertos, 10539 Indios de Chusma (mujeres y niños) prisioneros y 1049 Indios reducidos. “Lo que da por resultado la cantidad de 14.172 indios suprimidos de la pampa. Sin incluir el número considerable de indios muertos en las persecuciones y por hambre en el desierto”, anotó.
Masacres, campos de concentración y reducción a servidumbre
Dijo Huenelaf en el texto de Cabaleiro que “se trata de un delito que como acción sistemática reconoce su ejecución en simultáneo y consecutivamente en varios puntos del país, atento a la conformación de campos de concentración y confinamiento, disciplinamiento y sometimiento de personas humanas en los que se ejecutaron dicho delitos”.
Acaso los capítulos menos conocidos de esta historia sean los referidos a “los niños tomados prisioneros durante las campañas militares de ocupación del territorio indígena de la Pampa y la Patagonia y repartidos como virtuales esclavos durante la consolidación del estado liberal moderno en Argentina”, consigna la denuncia.
Derecho a conocer la verdad
Si bien los autores intelectuales y materiales han fallecido, lxs denunciantes conciben “hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa. La que recrudece inevitablemente al no haber existido un reconocimiento estatal explícito del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar el texto constitucional”. En tal sentido, este proceso se enmarca como un Juicio por la Verdad, sin pretensión punitiva contra imputado alguno.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó en el año 2006 que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación.