Exteriores critica la iniciativa de Aguirre de mandar a sus cachorros a alimentar la oposición a Castro. Exige a los conservadores madrileños la «máxima cautela» en sus críticas al Gobierno cubano
Hace días que no se escucha ni se lee declaración alguna de miembros del PP de Madrid sobre la situación de Ángel Carromero, y hace ya poco más de un mes de su accidente en Cuba, cuando en el coche en el que él conducía murieron dos personalidades decisivas de la disidencia de la isla, Oswaldo Payá y Harold Cepero. La fecha del juicio al vicesecretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Madrid por homicidio imprudente y para el que la Fiscalía pide siete años, podría ser el 31 de agosto, aunque no ha podido ser confirmada oficialmente. Lo más tarde, apuntan fuentes diplomáticas, el mes de septiembre. Pero nadie se atreve a asegurar nada.
El Gobierno español ha puesto a disposición de la defensa de Carromero «todo lo que se puede poner», lo cual en sus circunstancias, admite el mismo entorno de forma no oficial, «no es mucho»: el cónsul en contacto permanente con Carromero; prestigiosos abogados expertos en presos internacionales en Cuba (dos como mínimo) del Barrio de Miramar de La Habana y el internamiento en el centro del Ministerio del Interior cubano ‘100 y Aldabó’. Allí, Carromero comparte un apartamento (salón, televisión y cocina) con otro retenido. No tiene relación con otros reclusos ni siquiera para comer, pues funcionarios cubanos le llevan lo necesario.
Además, como confirmó el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, hace unos días su departamento trabaja discreta y constantemente para traerse a Carromero a España, ya sea en condición de expulsado de Cuba (no tendría que cumplir pena alguna) o para ingresar en alguna prisión de nuestro país a cumplir la pena si se lograse un convenio bilateral. Esto sería posible si la de Carromero fuese realmente la detención de un turista por cuya supuesta imprudencia murieron dos cubanos anónimos. Pero el potencial político del asunto ensombrece su resolución y la carga de incertidumbre.
Un entorno en contra
El círculo de Carromero en Madrid, su afiliación, sus contactos y sus tutores políticos (Pablo Casado -a su vez pupilo y asesor en FAES de José María Aznar- y Esperanza Aguirre) son todas cartas en su contra para el juicio. Además ha sido confirmado que financió (llevaba 4.000 euros a Payá) y respaldó a la disidencia cubana en el momento del accidente. Lo ha dicho Jens Aron Modig, dirigente de la Juventud Cristiano Demócrata de Suecia (KDU) que viajaba con Carromero, Payá y Cepero cuando se salieron de la carretera, pero resultó herido leve y pudo salir del país en pocos días.
Las incursiones de los miembros más jóvenes del PP de Madrid en Cuba para apoyar a la disidencia son un secreto a voces, aquí y en la isla, un flujo constante. Casado, hoy diputado en el Congreso y presidente de NNGG del PP de Madrid, hizo ese viaje y alardeaba de ello, al menos, hasta ahora. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido a la formación que lidera la presidenta de la Comunidad de Madrid la «máxima cautela» con sus declaraciones sobre Carromero, pero también sobre el Gobierno de los hermanos Castro. Bastante tienen ya, sostiene un diplomático del Ministerio, con «tragar con el sapo castrista» por la innegable actividad clandestina de Carromero y el aliento de los dirigentes de éste a esas «misiones salvadoras en manos de aficionados».
Recuerdan que hace siete años y medio, se produjo viaje con vuelta inmediata de Jorge Moragas a La Habana, cuando las autoridades no le dejaron entrar en Cuba junto a dos parlamentarios holandeses por conocer la estrecha colaboración del PP con la oposición a los Castro. Moragas, sin embargo, era entonces responsable de Relaciones Internacionales del PP -hoy es el director de Gabinete del presidente Rajoy- y suficientemente conocido por el Gobierno cubano para no dejarle pasar del aeropuerto internacional José Martí, a pesar de viajar con visado de turista.
«Esto no es un paseo»
A Carromero no lo conocía nadie, como a tantos otros que, según se desprende de las declaraciones de sus propias filas, entran con la misma acreditación de Moragas para idéntica función. Por eso no tuvo problemas. El PP de Madrid decidió hace tiempo enviar a sus cachorros de misión opositora a Cuba amparándose en su anonimato, confirman fuentes conservadoras de este ámbito. «Pero esto no es un paseo, es una actividad en la que arriesgas y haces arriesgar mucho». Y ahora que gobierna el PP, «un auténtico despropósito» para la diplomacia española en el Ejecutivo.
De momento, la Fiscalía acusa a Carromero del homicidio imprudente de dos personas y pide tres años y medio de cárcel por cada muerte. Además, y en el peor de los casos, según opositores cubanos, el número dos de las NNGG del PP madrileño podría ser acusado de vulnerar el artículo 124 del Código Penal cubano, que condena a penas de hasta 20 años de cárcel por cooperación con la disidencia, explican desde Cuba. Sin embargo, el punto 2. del Art. 124 de la Ley 62 (Código Penal) se refiere a «grupos armados» y dice literalmente: «2. El que de abrigo, preste ayuda o suministre provisiones a los grupos o elementos descritos en el apartado anterior [grupos armados] o favorezca de cualquier otro modo sus operaciones, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años»
Este extremo es el que pesa sobre el Gobierno español y el que ha obligado al PP de Madrid -y a todo el partido, en general, que se limita a pagar la defensa de su dirigente- a mantener silencio y a pedirlo a sus contactos en la isla sobre la situación de Carromero y la posición del Gobierno castrista al respecto, para que dejen trabajar al Ejecutivo en la situación real del asunto. A la espera del juicio y la sentencia para Carromero, hasta el perfil de Twitter del vicesecretario general de NNGG ha sido borrado.