El INAI reconoció la ocupación territorial a tres comunidades mapuche en el sur mendocino, tras un largo proceso ajustado a la legislación vigente. La reacción del gobierno de Rodolfo Suárez (UCR) y del sector empresarial es una dura campaña que niega la historia, los derechos indígenas y anticipa una persecución a las comunidades por las tierras concesionadas para la explotación petrolera.
Entre el 19 y 26 de enero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de tres comunidades pertenecientes al pueblo mapuche en el sur de Mendoza. A través de las resoluciones 36/2023, 42/2023 y 47/2023 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dio a conocer los resultados del relevamiento técnico, jurídico y catastral en las comunidades lof El Sosneado (en San Rafael) y las lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe). El gobierno de Mendoza, a cargo de Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), criticó la decisión públicamente, interpuso medidas cautelares y se dispone a denunciar a las familias originarias con un discurso que niega la preexistencia del pueblo mapuche y que reclama esos territorios para la explotación petrolera.
Las resoluciones del INAI reconocen la habitabilidad histórica de familias puesteras en 21.370 hectáreas pertenecientes a una lof en la zona de El Sosneado (límite entre Malargüe y San Rafael), así como también 3584 metros cuadrados —dimensión equivalente a un tercio de hectárea— a los integrantes mapuches del Lof Suyai Levfv en la localidad de Los Molles (Malargüe) y otras 4477 hectáreas a la Lof Limay Kurref, también en Los Molles. Casi al momento de conocerse estas medidas dictadas por el INAI, tanto el gobernador Rodolfo Suárez como el senador nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo se apresuraron a cuestionar esta medida, directamente argumentando que “los mapuches nunca vivieron en Mendoza”.
Fue el puntapié para, en Mendoza, reabrir un debate historiográfico inusitado. Pero lo llamativo es que este reconocimiento de tierras parece esconder otras razones que justifican los movimientos del gobierno provincial. El gobernador Suárez señaló que “el gobierno nacional entregó los pozos de Vaca Muerta a los ‘pseudos mapuches‘”.
Más que un debate étnico, en la provincia gobernada por Cambia Mendoza lo central es la explotación de recursos naturales a costa del derecho a los territorios de las familias campesinas e indígenas. Esta semana, el gobierno de Mendoza confirmó que, en la segunda quincena de febrero, comenzaron las perforaciones de YPF en el área de Vaca Muerta dentro de territorio mendocino.
Un discurso antimapuche sin grietas en Mendoza
La debilidad de los argumentos y la afrenta a la inteligencia histórica poco importan cuando se trata de una provincia en la que los organismos de control, el Poder Judicial y los medios masivos de comunicación mantienen una sólida connivencia con el oficialismo local. Las cámaras empresariales y turísticas alzaron su voz porque, según sostuvieron, “la decisión atenta, lisa y llanamente, contra la propiedad privada”.
La reacción empresarial busca realizar una movilización desde el Valle de Uco hasta Malargüe bajo consignas como “defendemos nuestro territorio” y contra los “falsos mapuches”. La idea la lanzó en redes sociales el empresario y ex titular de la Cámara de Comercio de General Alvear, Andrés Vavrik, con la difusión de los medios locales. El discurso empresario repite lo que quedó avalado por el relato político del gobierno provincial: “Los mapuches nunca estuvieron en Mendoza, no son originarios de acá y encima les están entregando las joyas de la abuela”.
Los intendentes de los departamentos de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza/UCR), y de San Rafael, Emir Félix (Partido Justicialista), coincidieron en negar los derechos indígenas, como suele suceder cuando se trata de defender los intereses de los grupos económicos: las “grietas” tienden a disiparse. Ojeda, que además impulsa la modificación de leyes para desarrollar la minería y el fracking, sostuvo en sus redes sociales que se trató de “una entrega ideologizada disfrazada de pueblos originarios que nunca estuvieron aquí” y citó al ex gobernador Cornejo —precandidato para volver a ocupar el cargo en 2023— respecto de la existencia de pozos petroleros dentro de los territorios reconocidos a las comunidades.
Por su parte, las comunidades del pueblo mapuche recibieron con alegría una decisión por la que trabajan y resisten desde antaño. Este reconocimiento constituye un mojón fundamental para avanzar en la escritura de las tierras que las comunidades habitan hace cinco o seis generaciones en esos territorios rurales. “Este reconocimiento de la Nación a esas tierras delimitadas se va a incluir en las causas judiciales para completar el reclamo y poder escriturar”, sostuvo Gabriel Jofré, werken (vocero) de la Organización Identidad Territorial Malalweche.
Si bien el INAI lo que hace es un relevamiento de tierras, no se trata de un otorgamiento de nuevos terrenos. Lo sucedido en Mendoza tiene su correlato en todo el país, amparado en la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Según Luis Pilquimán —vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas— existen unas 900 comunidades relevadas desde el 2006 y la tarea del INAI es atender a la demanda de las comunidades con vistas a poder asegurar su tenencia territorial.
No son los mapuches, son los intereses privados
La reforma de la Constitución Nacional en 1994 jerarquizó el derecho indígena a partir del reconocimiento expreso de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” en el artículo 75 inciso 17. Anteriormente, en marzo de 1992, el Congreso argentino aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, que fue ratificado por la Argentina en el año 2000 mediante la Ley 24.071. Las razones normativas que le asisten al pueblo mapuche, incluso ajustándose a la legalidad estatal aún siendo comunidades ancestrales, no hacen otra cosa que evidenciar la legítima ocupación del territorio que habitan desde hace, al menos, cien años.
El gobernador Suárez es el mismo que, en 2021, asignó gratuitamente 12.351 hectáreas del denominado «Campo Potreros de Cordillera» en el departamento de Malargüe a la empresa EL Azufre S.A. El mandatario provincial eludió toda la normativa nacional y provincial, en un acto de extrema irregularidad, pero ahora anuncia un contraataque contra las familias puesteras, el desconocimiento de las acciones del INAI y alienta discursos patoteros como el del diputado nacional de PRO Omar De Marchi —con quien los radicales mantienen diferencias de disputa electoral— pero que amenazó a las comunidad de Los Molles: “Ni un metro cuadrado de Mendoza dejará de ser suelo patrio”.
La estrategia del gobierno de Mendoza, a través de su Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, ha transitado dos carriles: por un lado deslegitimar la procedencia étnica de las comunidades campesinas e indígenas, así como asociar estas definiciones con una estrategia de desestabilización por parte del kirchnerismo y, más recientemente, argumentar que el territorio en cuestión es parte de la formación geológica conocida como Vaca Muerta.
Este argumento ha resistido pocos análisis, como lo demuestra el periodista Pablo Icardi: “No es que ‘queda’ dentro. Vaca Muerta es una formación a 2000 metros de profundidad, no un yacimiento. Cubre casi todo Neuquén y Malargüe. Para explotarlo hacen falta gestión, infraestructura y generar oportunidades, que en Mendoza no existen. Y no es culpa de los mapuches”.
El Director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi, intervino en la disputa planteada por el gobierno mendocino. El funcionario sostuvo que en el territorio en cuestión hay 61 pozos de la industria petrolera. Pero, según publicó el diario Los Andes el martes pasado, desde la Dirección de Hidrocarburos se cruzaron datos con las petroleras para conocer la posible afectación entre las tierras otorgadas a comunidades mapuches y se relevaron “ocho concesiones petroleras que caen en zonas mapuches”. Entre esos pozos, Schilardi aclaró: “No afecta la zona de Vaca Muerta, pero hay zonas cedidas en explotación”.
Para las familias campesinas e indígenas resulta cuanto menos ofensivo que sean Suárez y su ministro Ibáñez los que hablen de las comunidades como apropiadores de terreno nacional, un año después del donativo a los propietarios de El Azufre. Para no perderse el protagonismo de esta coyuntura negacionista, el intendente de Malargüe bautizó una las jornadas del Festival del Chivo —el festejo local “en honor a las familias crianceras del lugar”— como “Malargüe es el Azufre”.
Lo llamativo es que, en ese espacio de pastoreo campesino-indígena, la empresa Sominar (Sociedad Minera Argentina) ocupa 430.000 hectáreas, siendo uno de los dos holdings que mejor ubicación ha ganado en los últimos años. Sominar detenta la naciente de los ríos Diamante y Atuel, territorios estratégicos en medio del secano sureño. Sucede algo similar con el consorcio del grupo Walbrook, conformado con capitales malayos, ingleses y argentinos que en el año 2003 (bajo la titularidad de la empresa Nieves de Mendoza) adquirió las acciones de IRSA y pasó a controlar el 97 por ciento del centro de esquí Las Leñas.
Es notorio el movimiento coordinado de todo el oficialismo mendocino, en todas las vertientes que componen la alianza “Cambia Mendoza” en la que el radicalismo y el PRO llevan la voz cantante. Todo parece indicar que la discusión de la “indianidad” ha sido la mejor forma de dejar en claro los intereses económicos que movilizan a las corporaciones económicas y políticas de Mendoza. En solo ocho años la entrega de territorios naturales y grandes hectáreas a manos privadas (nacionales y extranjeras) ha conformado una virtual privatización de la provincia.
Las resoluciones del INAI, que reconocen la ocupación ancestral, dan cuenta de un trabajo cartográfico georreferenciado, jurídico y antropológico de más de una década, amparado en la Ley 26.160. Esa ley —a la que el mismo Cornejo votó en épocas en las que mantenía otra alianza electoral— declara la “emergencia” en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y su última prórroga llega hasta el 2025.
De la negación del pueblo mapuche al poncho de San Martín
Si algo ha llamado la atención en estos días de acalorado debate etnográfico en Mendoza es la rapidez con que algunos intelectuales y académicos se han apresurado a decretar que las comunidades mapuches “no tienen derecho sobre nuestro territorio, porque nunca lo habitaron”. Además de las imprecisiones teóricas lo sugerente es que buena parte de esos discursos, herederos del positivismo liberal del siglo XIX, han sido asumidos por la dirigencia política a gusto y conveniencia.
Ni políticos oficialistas ni opositores, como así tampoco los medios hegemónicos de comunicación, han elevado la voz frente a la entrega de tierras a un grupo selecto en sur provincial, como tampoco lo han hecho cuando el gobernador “Rody” Suarez donó —vía decreto— un terreno en zona de alta montaña que pertenecía a la Dirección General de Escuelas de la provincia a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. En tiempos en los que la Jefatura del Comando Sur de los Estados Unidos hace públicas las intenciones sobre los recursos estratégicos de la región, vale la pena prestar atención al laboratorio de privatizaciones que en Mendoza se está llevando a cabo.
Los pueblos indígenas representan cerca del cinco por ciento de la población mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) precisa que son 370 millones de personas, agrupadas en más de 5000 comunidades, en unos 90 países. En Argentina el censo nacional de 2010 relevó un total de 955.032 personas auto-identificadas como descendientes o pertenecientes a pueblos indígenas sobre un total de 45 millones de habitantes. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable. El INAI ha relevado 1653 comunidades indígenas, entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), y de los registros provinciales.
La región de Cuyo es un importante escenario para comprender el despliegue invasor y la conflictividad de frontera que emerge, producto de la avanzada territorial de los conquistadores. La «frontera sur» que abarca al actual departamento de Malargüe, al sur del Diamante, incluyendo allí también el territorio de San Rafael, fue un espacio codiciado por sus recursos naturales, condiciones climáticas y la templanza de sus valles.
A fines del siglo XIX la “Conquista del Desierto” avanzó sobre los grupos indígenas del sur. Rufino Ortega condujo la IV División Expedicionaria al Desierto y se convirtió en uno de los responsables de tanto daño. Como premio a ello, en 1874, la legislación mendocina le otorgó la concesión de tierras en Malargüe para su ocupación gratis y usufructo pleno, en reconocimiento a la cantidad de asesinatos y vejaciones que le propinó las poblaciones indígenas.
Pese a ello, las prácticas culturales se han mantenido. Negarlo es menos un recurso histórico que un atajo ideológico; si hasta el poncho que usó el General San Martín da cuenta del legado mapuche en Cuyo. Fue a principios de los 2000, en continuidad con un proceso de la década anterior, que varios grupos rurales y urbanos proclamaron su identidad mapuche, mapuche-pehuenche y pehuenche en el sur. Se trata de familias que crían sus animales desde varias generaciones atrás en esos campos. Su reclamo es por el acceso a la tierra amparados en el Estado de Derecho. Es notorio que el gobierno provincial ahora criminaliza y niega a las comunidades mapuche-pehuenche, pero hace solo cuatro años reivindicaba su tarea «pionera» en consultar a las comunidades por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Las cartas están sobre la mesa y en poco tiempo se sabrá hasta dónde llega la otra reemergencia: la política colonial que políticos y empresarios mendocinos han reiniciado.