El Gobierno decidió el martes disolver el Ayuntamiento de Marbella durante la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, después del ingreso en prisión de la alcaldesa y otros miembros de la corporación dentro de una operación policial contra la corrupción. De la Vega destacó que esta es la primera ocasión en la historia democrática […]
El Gobierno decidió el martes disolver el Ayuntamiento de Marbella durante la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, después del ingreso en prisión de la alcaldesa y otros miembros de la corporación dentro de una operación policial contra la corrupción. De la Vega destacó que esta es la primera ocasión en la historia democrática española en la que se procede a la disolución de una corporación municipal y elogió la celeridad del proceso.
El Ejecutivo ha decidido asimismo solicitar un informe con carácter de urgencia al Consejo de Estado interrogándole sobre si, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Electoral General, es posible o no convocar comicios parciales anticipadas en el municipio. Durante la rueda de prensa, De la Vega defendió que a juicio del Ejecutivo «no cabe convocar elecciones porque la Ley lo impide».
La decisión adoptada por el Ejecutivo inicia los trámites para proceder a la disolución del Consistorio marbellí después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo reclamase ayer por la mañana. Como explicó la vicepresidenta, con esta iniciativa el Gobierno solicita formalmente los informes del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local.
Informe del senado
La Junta de portavoces de la Cámara Alta ha decidido incluir la aprobación de este informe preceptivo como el último punto del día de su sesión plenaria del miércoles, tras lo que la reunión ordinaria del Consejo de Ministros del próximo viernes procederá formalmente a la disolución del Ayuntamiento de la localidad, como anunció De la Vega.
La también ministra de la Presidencia rechazó asimismo la convocatoria de elecciones parciales anticipadas ya que, según explicó, todos los estudios elaborados por el Ejecutivo establecen que no es posible cumpliendo con los plazos establecidos por la Ley. Sin embargo, anunció que «para evitar cualquier tipo de duda o interpretación» el Ejecutivo ha acordado solicitar un informe con carácter de urgencia al Consejo de Estado sobre esta cuestión.
De la Vega insistió en que «esta es la primera vez en nuestra corta democracia» en la que se toma esta determinación y «se deja sin efecto la voluntad popular», por lo que pidió que, «dada la seriedad del asunto», no se hagan «interpretaciones partidistas».»El Gobierno quiere actuar de manera impoluta e irreprochable», subrayó.
Afiliación de los sustituidos
En caso de que el Consejo de Estado confirme el supuesto de que no sea posible la convocatoria de elecciones anticipadas, la Diputación Provincial de Málaga deberá constituir una comisión gestora para dirigir el consistorio. Según explicó De la Vega, la comisión deberá estar formada «siempre que sea posible por personas de la afiliación política de los concejales sustituidos».
En este sentido, anunció que «se va a buscar un acuerdo político» para «restituir la normalidad democrática cuanto antes». Según establece la Ley, los vocales miembros de esta comisión gestora deberán además ser «personas empadronadas en el municipio, con suficiente arraigo e idoneidad y no incursas en causas de inteligibilidad e incompatibilidad».
De la Vega recordó que la investigación policial y judicial «sigue su curso» y destacó que la medida del Gobierno tiene el objetivo de «garantizar el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía» debido a que «se estaba ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales».
Gestión «dañosa»
La Junta de Andalucía solicitó el inicio del procedimiento de disolución por considerar que existía una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales» que quedó al descubierto en la «Operación Malaya».
Este fin de semana, el juez que investiga el caso de presunta corrupción en este Ayuntamiento decretó el ingreso en prisión de la alcaldesa, la teniente de alcalde, el asesor de urbanismo y el edil de Transportes.
La ley del Régimen Local permite al Consejo de Ministros disolver un ayuntamiento a iniciativa propia o del consejo de Gobierno de la autonomía implicada si cuenta con el apoyo del Senado, en caso de gestión «gravemente dañosa».
Por su parte, el Partido Popular solicitaba que se convoquen elecciones de inmediato, aunque la vicepresidenta aseguró que esto no era posible, ya que la Ley Electoral General establece que un año antes de las elecciones no se pueden llevar a cabo comicios.
El número de detenidos por la ‘Operación Malaya’ asciende a 24
La «Operación Malaya» comenzó el miércoles pasado en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva y Cádiz. Ayer se procedió al arresto de un industrial en la localidad malagueña de Torremolinos, lo que hizo ascender a 24 el número de detenidos, según informó el martes un portavoz policial.
Rafael Ll. fue arrestado por la tarde en Torremolinos por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, que lleva el caso, acusado de un delito de cohecho.
Hasta el momento sólo 11 de los detenidos han ingresado en prisión tras declarar ante el juez Miguel Ángel Torres.
Entre ellos se encuentra la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, y otros empresarios y abogados.
Los bienes incautados se han valorado hasta el momento en más de 2.400 millones de euros. Habiéndose intervenido casi 300 obras de arte, armas de fuego, 103 caballos de pura raza, 14 vehículos de lujo e incluso un helicóptero.