El Gobierno de Pedro Sánchez pasa por alto el motivo por el que se deportan inmigrantes marroquíes al Sáhara Occidental y no contesta a una pregunta referente a si por esta vía se pretende que España reconozca la autoridad marroquí sobre el territorio saharaui.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre los motivos por los que son deportados inmigrantes marroquíes al territorio del Sáhara Occidental y qué significado tiene esta medida.
Además, ha obviado, una vez más, el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, en contra de la posición que mantuvieron los anteriores gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP.
Lo ha hecho en una escueta respuesta escrita a varias preguntas formuladas por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu García, quien, citando informaciones periodísticas, señalaba que “los vuelos de deportación de inmigrantes de España a Marruecos tienen como destino final El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a donde están llegando actualmente cuatro por semana con veinte inmigrantes por cada avión”.
Sobre estos vuelos de deportación con destino en El Aaiún el corresponsal de la Agencia EFE en Rabat apuntó el 3 de marzo que “al imponer la ruta Gran Canaria-El Aaiún, Marruecos sigue dando pasos para conseguir, aunque sea indirectamente, que España reconozca la autoridad marroquí sobre el territorio saharaui, en un momento en el que la cuestión se ha convertido en objeto de discrepancia entre Rabat y Madrid”.
El diputado vasco preguntó al Gobierno el 11 de marzo sobre quien había decidido la ruta de Gran Canaria a El Aaiún, si las autoridades españolas habían solicitado permiso a las autoridades del Sáhara Occidental y si, por esta vía lo que se pretende es que España reconozca la autoridad marroquí sobre el territorio saharaui.
La respuesta escrita del Gobierno, con fecha 19 de abril, no responde a estas preguntas del parlamentario Jon Iñarritu, ni a otras sobre el número de inmigrantes deportados y vuelos realizados.
El Gobierno dice en su contestación que “la postura oficial española respecto a la cuestión del Sáhara Occidental es constante”: “España defiende una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable tal y como establecen las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”.
Para finalizar, añade que “la actuación del Gobierno español es coherente con esta postura”.
Pero la postura española sobre la solución del conflicto del Sáhara Occidental no fue anteriormente sólo en esos términos: tanto los gobiernos del PSOE como los del PP incluyeron siempre junto a las palabras “justa, duradera y mutuamente aceptable” una referencia expresa a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Hasta el propio presidente Pedro Sánchez lo dijo ante la Asamblea General de NNUU en septiembre de 2018: “España defiende la centralidad de las Naciones Unidas y desea contribuir a los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su Enviado Personal para alcanzar una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
Pero en la siguiente Asamblea General de NNUU, en septiembre de 2019, ya no mencionó el derecho de los saharauis a la autodeterminación, y acabó con lo que había sido una constante posición de la política exterior española y del partido socialista.