El Ejecutivo no convoca el Consejo de Participación de la Mujer desde 2014 a pesar de que la norma le obliga a hacerlo al menos dos veces al año
Las vocalías no han sido renovadas aunque acabaron su mandato el año pasado y nunca se ha redactado la memoria prevista en el decreto que lo creó.
Se podría haber convertido en un puente entre la Administración y lo que ocurre en el día a día en la lucha por la igualdad. Ese fue el objetivo con el que teóricamente se creó el Consejo de Participación de la Mujer, concebido como un cauce de participación para los colectivos feministas. Sin embargo, el Gobierno lo ha dejado reducido a un órgano inactivo sin apenas recorrido. El Ministerio de Igualdad lleva más de tres años sin convocarlo pese a que la ley establece que debe hacerlo «al menos» dos veces al año.
Este consejo fue creado mediante un decreto de 2009, reformado en 2010, que obedecía el mandato del artículo 78 de la Ley de Igualdad de 2007. Con todo, no se constituyó hasta 2011.
Aunque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -cuya titular ejerce la presidencia de dicho órgano-, declinó responder a este medio sobre cuándo había sido la última convocatoria de pleno, de la que debe encargarse la ministra, el Gobierno ha tenido que responder una pregunta escrita planteada por Ciudadanos. En ella, fechada el pasado 7 de julio, reconoce que la última sesión plenaria se celebró el 22 de enero de 2014, cuando era ministra Ana Mato. Fue sustituida por Alfonso Alonso, que nunca lo convocó.
La formación naranja también planteaba el Ejecutivo si tiene previsto convocarla y cuándo, a lo que ha respondido con un escueto: «Cabe señalar que se tiene previsto convocar nuevamente el Consejo de Participación de la Mujer», sin añadir ningún detalle más. El órgano tampoco ha renovado las vocalías de las 20 organizaciones de mujeres que forman el Consejo, a pesar de que finalizaron el año pasado.
El Gobierno respondía así al mismo tiempo que la subcomisión de violencia machista del Congreso trabajaba en el pacto de Estado aprobado el pasado día 28 de julio. En esa misma semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba ante la Audiencia Nacional y, acto seguido, intervino en un acto de partido donde presumió de luchar contra la violencia de género. Una secuencia criticada por el resto de partidos políticos y colectivos, que lo vieron como una forma de colgarse la medalla del documento.
No fue informado de la reforma del aborto
Este foro está pensado como instrumento asesor y consultivo para el Gobierno sobre proyectos o iniciativas en materia de igualdad, pero ni siquiera ha elaborado la memoria que el decreto obliga a presentar cada año.
«Hay una evidente falta de voluntad política que denota una desconsideración con lo que podría ser un interlocutor válido y un instrumento útil para conocer de primera mano qué es lo que falla, lo que no funciona o lo que se debe cambiar», explica Concepción Torres Díaz, profesora de la Universidad de Alicante y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, una de las organizaciones que forman parte del Consejo.
Ni siquiera el órgano fue informado de la reforma de la ley del aborto que preparaba Alberto Ruiz Gallardón y que suponía un retroceso de 30 años, lo que motivó que algunos colectivos presentaran un manifiesto en la última reunión del pleno de principios de 2014. «No se ha dado traslado a determinadas propuestas durante estos años para su evaluación por parte del Consejo a pesar de que afectan directamente a la igualdad», prosigue Torres Díaz.
El Consejo que nació «viciado»
Para Begoña San José, integrante del Forum de Política Feminista y otras tantas plataformas en defensa de los derechos de las mujeres, el Consejo de Participación de la Mujer tiene «un problema estructural» porque «está viciado de gubernamentalidad». Es decir, q ue «cada vez que el Consejo quiere hacer algo, está muy influenciado por el poder del Gobierno».
Algo que, en su opinión, «se da porque en España tenemos mucha menos tradición de participación de las ONG y porque, en general, el defecto de este tipo de consejos es que es el Gobierno el que los preside y dirige su actividad».
El Consejo está compuesto de la presidencia y vicepresidencia, que son cargos del Gobierno, la secretaría, que es la directora del Instituto de la Mujer y 40 vocalías -13 en representación de la Administración, 20 organizaciones feministas, cuatro organizaciones sindicales y empresariales y tres personas de reconocida trayectoria en materia de igualdad.
San José hace hincapié en que «muchos de los colectivos que participan en este órgano son de la línea del PP y PSOE porque pactaron cuáles serían sus votos para entrar, de manera que su composición no es realmente representativa del movimiento feminista», asegura la histórica feminista, que estuvo presente en la elección de las vocalías.
Ya cuando se creó el órgano, ella y otras muchas feministas elaboraron un manifiesto en el que denunciaban lo tardío de esta decisión frente a la participación que ya se había concedido a través de órganos similares a otros movimientos sociales. Además, pide que la composición refleje «el pluralismo territorial, social, ideológico y político del movimiento de mujeres» y que funcione de manera democrática «en que todos los cargos y todas las decisiones se adopten por votación de abajo arriba» y no haya «tutelas ni injerencias de los poderes públicos».