El Ministerio de Exteriores mexicano dio ayer vía libre a la petición de extradición de las autoridades españolas para los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte de México, en el que continúan con la huelga de hambre que comenzaron hace 22 días para protestar ante el proceso de extradición. Han perdido entre 11 […]
El Ministerio de Exteriores mexicano dio ayer vía libre a la petición de extradición de las autoridades españolas para los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte de México, en el que continúan con la huelga de hambre que comenzaron hace 22 días para protestar ante el proceso de extradición. Han perdido entre 11 y 15 kilos. La defensa tiene un plazo de 15 días para presentar el recurso de amparo.
El Ministerio de Exteriores mexicano dio ayer vía libre a la petición de extradición de las autoridades españolas para los seis ciudadanos vascos encarceladosen el Reclusorio Norte de México, en el que continúan con la huelga de hambre que comenzaron hace 22 días para protestar ante el proceso de extradición.
Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Joseba Urkijo, Félix García y Ernesto Alberdi, que llevan un año detenidos, han perdido entre 11 y 15 kilos.
La defensa tiene un plazo de 15 días para presentar el recurso de amparo y el proceso se puede alargar en los próximos meses.
Ayuno contra la extradición
El juez segundo de distrito en materia penal, César Flores Rodríguez, consideró procedente la demanda de extradición que el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón cursó contra Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Ernesto Alberdi, Joseba Urkijo y Félix García, encarcelados desde julio de 2003 en el Reclusorio Norte de la capital azteca.
La noticia fue conocida por los seis ciudadanos vascos a las 18.30 (hora de México) del miércoles, según informó a GARA Asier Arronategi, quien explicó que han emprendido una huelga de hambre indefinida después de que por la mañana se sometieran a los pertinentes análisis médicos, con objeto de que se les haga un seguimiento concreto en el transcurso del ayuno.
Conocida ya la resolución del magistrado Flores, la decisión final sobre la extradición de los seis ciudadanos vascos queda ahora en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ente del Gobierno mexicano, que tendrá que posicionarse en un plazo límite de veinte días.
Arronategi informó de que en caso de que Relaciones Exteriores acceda finalmente a la demanda de su extradición, recurrirán a un «juicio de amparo», en el que podrán presentar las alegaciones y pruebas que «hasta el día de hoy, en el transcurso del procedimiento judicial, no hemos podido utilizar en nuestra defensa».
Concretamente, el miércoles, la abogada defensora de los seis presos, Bárbara Zamora, anunció que presentará un recurso jurídico ante el Poder Judicial Federal, denunciando «la violación a una suspensión definitiva y las irregularidades» cometidas dentro del juicio de extradición. Zamora remarcó, en declaraciones al diario «La Jornada», que «el juez Flores Rodríguez es un lacayo de la Procuradoría General de la República (PGR); hizo todo lo que el Ministerio Público Federal le solicitó, incluyendo la no revisión de las excepciones presentadas por esta defensa y en las cuales existen muchas pruebas de que los acusados por el Gobierno español no son, como dicen, colaboradores de ETA ni tampoco sus ‘lavadores’ de dinero».
La abogada criticó la actuación del representante del Poder Judicial, pues aseguró que «en el juicio de extradición existe un cúmulo de irregularidades, que van desde la aceptación de un documento que sólo tenía validez si lo firmaba la embajadora de España en México, pero que fue firmado por un representante comercial de ese Gobierno».
Por su parte, Arronategi dijo que «esperamos recibir las mismas muestras de apoyo que hemos constatado por parte del pueblo de México hasta ahora».
Demandan la libertad
La activista pro derechos humanos Rosario Ibarra, el representante político Cuauhtemoc Cárdenas, el diputado del PRD Inti Muñoz, el ex diputado Gilberto López y Rivas, la actriz Ofelia Medina y el abogado Joseba Agudo, entre otros, comparecieron ayer en la capital azteca para demandar la puesta en libertad de los seis ciudadanos presos en México, que están a la espera de si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) procede o no a la demanda de extradición cursada por Baltasar Garzón.
En el escrito que leyeron, López y Rivas e Ibarra apelaron a la «tradición de asilo» de México y «al respeto de las garantías constitucionales» de Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Félix García, Ernesto Alberdi y Joseba Urkijo, que se encuentran en huelga de hambre indefinida.
«El Gobierno de España los acusa de una serie de delitos supuestamente cometidos en territorio mexicano, sin aportar ninguna prueba de las acusaciones. Además, no se especifica qué delitos se atribuyen a cada uno, ni se señala dónde o cuándo se cometieron. En resumen, se trata de una acusación genérica e infundada», denunciaron.
Recordaron que los tres mexicanos detenidos en el mismo operativo policial Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Caramillo quedaron en libertad sin cargos. «Ante el juez César Flores se acreditó el origen político del conflicto vasco y la persecución que el Gobierno español realiza a los vascos que defienden el derecho de autodeterminación», destacaron.
Para hoy han convocado una concentración ante la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá emitir su dictamen antes del día 27. Durante la movilización, prevista a las 13.00 (hora de México), se entregarán dos cartas avaladas por más de 1.200 firmas.
En una de ellas, se incide en que los tratados de extradición suscritos entre ambos gobiernos son «inconstitucionales y violan la soberanía nacional». «Como en el caso de Lorenzo Llona, estamos ante una persecución por discrepar de la política de Aznar, cuya persecución ha llegado al extremo de censurar actuaciones del músico Fermín Muguruza, al linchamiento mediático del cineasta Julio Medem, a atentar contra la libertad de expresión con el cierre de «Egin» y «Egunkaria», a la ilegalización de organizaciones juveniles y defensoras de los derechos humanos», concluye una de las misivas.
En la segunda, dirigida a la SRE, muestran su «preocupación» por las «irregularidades» cometidas en el proceso de extradición. Además, alertan de que si finalmente son extraditados serán juzgados por «un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público. Ello conllevaría el empeoramiento de su situación actual, ya que podrían ser encarcelados y sufrir torturas por el mero hecho de ser vascos e independentistas», remarcan.
Los 1.200 firmantes exigen que se deniegue la demanda de Garzón, su inmediata puesta en libertad y la derogación del protocolo de extradición.