El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido negar el voto a los vecinos de los pueblos para decidir si aceptan o no el fracking, esa técnica de fractura hidráulica para extraer gas del subsuelo que afecta seriamente a los acuíferos, provoca terremotos y modifica el medio natural. Entre las anodinas resoluciones del primer Consejo de […]
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido negar el voto a los vecinos de los pueblos para decidir si aceptan o no el fracking, esa técnica de fractura hidráulica para extraer gas del subsuelo que afecta seriamente a los acuíferos, provoca terremotos y modifica el medio natural. Entre las anodinas resoluciones del primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, el Ejecutivo ha dejado sentado que el fracking es una «competencia exclusiva» suya, de modo que los vecinos podrán hablar del asunto como discuten de fútbol, pero no tienen nada que decidir.
Para dejar sentado ese precepto, el Gobierno ha aprovechado la petición del Ayuntamiento de Kuartango (Álava) de celebrar una consulta vinculante sobre las prospecciones y extracciones de gas planeadas en su término municipal por la Empresa de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima (SHESA). Punto uno: el Gobierno no autoriza la consulta popular -les ha dicho- porque «no es un asunto de competencia municipal«. Y punto dos: el Gobierno no autoriza la consulta porque afecta a las «competencias exclusivas del Estado en materia energética«. Y para que a los 375 vecinos, incluido el alcalde Iñaki Guillerna, les quede claro -como diría el ministro Cristóbal Montoro, a cuyo negociado se dirigieron-, han de tener en cuenta que por encima del localismo rural está «el interés general«.
Con esta resolución el Ejecutivo del PP madruga y se apresura a cercenar las iniciativas similares que puedan surgir en otros municipios de Castilla y León, Cantabria y La Rioja. El interés general, tal como lo interpreta el Ejecutivo central, viene a coincidir con la rentabilidad de las fracturas del subsuelo para extraer el gas de las rocas pizarrosas mediante inyecciones de agua con productos complejos e innombrables por sus efectos venenosos.
Los siete corporativos de Kuantango en este caso -tres del PNV, tres de Bildu y uno del PP- creían por unanimidad que en su pueblo mandaban los vecinos, que la modificación del plan de ordenación urbana con los terrenos para autorizar o denegar el fracking lo decidía la mayoría del vecindario, pero según el Consejo de Ministros, ellos y los demás afectados por las 270 solicitudes de exploración y explotación de empresas gasísticas nacionales y multinacionales son simples sujetos pasivos, espectadores o, si lo prefieren, miradores de vallas.
Los de Kuartango, como los de otros municipios afectados por las fracturas hidráulicas, parece que tenían, además, una idea equivocada del «interés general», pues pensaban que residía en la preservación de una capa freática de gran importancia como es el acuífero de Subijana y que la cercanía de los pozos proyectados a las captaciones de agua para la red de abastecimiento y al río Baias constituía una seria amenaza al medio ambiente y a su modo de vida. Ahora que el Consejo de Ministros les ha enseñado que los hidrocarburos son más beneficiosos que el agua, los pastos, los huertos y sus derivados, quizá descubran por qué un litro de gas vale tres veces más que uno de leche.