La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real Decreto publicado la noche del sábado donde por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone, Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre, Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas, pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom, Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en prácticamente todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los servicios sanitarios. Los casos se multiplican exponencialmente, y ya están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que a las personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es lo que les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través de nuestras delegadas y delegados. Cascos compartidos, centros masificados para una actividad no esencial, son constantes, y la actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta situación, podría haber obligado a que las empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de trabajo para que el gobierno rectifique y, de inmediato, cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas. Nos va la salud de ello a todas las personas de este país.