El Fondo Monetario Internacional publicó el pasado 2 de agosto su informe anual -en inglés- sobre España (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13244.pdf). Medio sepultada entre las archisabidas recetas ultraliberales para recortar más aún los gastos sociales y flexibilizar aún más el mercado de trabajo, el lector diligente encontrará una joyita intitulada «La reestructuración del sistema bancario español: balance del […]
El Fondo Monetario Internacional publicó el pasado 2 de agosto su informe anual -en inglés- sobre España (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13244.pdf). Medio sepultada entre las archisabidas recetas ultraliberales para recortar más aún los gastos sociales y flexibilizar aún más el mercado de trabajo, el lector diligente encontrará una joyita intitulada «La reestructuración del sistema bancario español: balance del contribuyente». Se trata de una tabla en mitad de la página 17, con el tipo de letra más pequeño de todo el informe; diríase que el anónimo autor que se ha jugado el puesto mostrando esos cálculos hubiera querido disimularlos a la jerarquía que debía darle el visto bueno. Es cierto que su osadía no ha llegado hasta el final: en dicho balance del contribuyente figuran el debe y el haber, pero no se expresa el saldo resultante. Nosotros supliremos ipso facto esa mínima carencia. Cojan lápiz y papel.
En el lado de la «asistencia prestada», el debe, se hace la distinción entre el efectivo inyectado directamente en el sistema bancario (63.558 millones de euros hasta mayo de 2013) y la «ayuda contingente», que son los avales y garantías depositados. Estos ascienden a 133.320 millones de euros, de los que 104.654 corresponden a la garantía del Estado sobre la deuda emitida por los bancos, tanto el SAREB o «banco malo» con 50.781 millones como los bancos que caritativamente daremos en llamar «buenos» o «menos malos» con un saldo pendiente de 53.873 millones.
El lado del haber, las «utilidades resultantes», también está separado en dos columnas. En la de «ayuda recuperada» sólo figuran los 977 millones devueltos en abril por Banca Cívica (se especifica que se pagaron el capital y los intereses, quizá para animar mediante el ejemplo al creciente número de españoles cuyas hipotecas van entrando en mora). La otra columna es la participación estatal en el accionariado de determinados bancos, valorada en 10.284 millones.
Sumamos, restamos… y el resultado es de 185.617 millones de euros. Esa es la cifra que estaba implícita en el informe del FMI, tal vez por ser demasiado escandalosa para explicitarla. Esa es la cifra que tendría que haber ocupado los titulares de todos los informativos, la cifra que todos los españoles tendrían que saberse de memoria. Luego volveremos a esa cifra vertiginosa e intentaremos comprender lo que significa.
Pero antes detengámonos un instante en otro informe del FMI, el que publicaron el 7 de agosto sobre Islandia (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13256.pdf). Empieza con un pequeño gráfico muy ilustrativo. En él se ve claramente cómo Islandia, que dejó quebrar sus bancos en lugar de rescatarlos, sufrió el primer embate de la crisis en octubre de 2008 de manera mucho más violenta que España: a finales de 2009, la caída del PIB más que triplicaba la nuestra con un 12%, la inflación se disparaba hasta el 18% y el paro alcanzaba su máximo histórico. Una verdadera catástrofe. Tras tocar fondo, emprendieron una recuperación que no ha estado exenta de altibajos, mientras nosotros continuábamos con nuestro progresivo deslizamiento. Actualmente ya nos han superado y, aunque todavía no han alcanzado los niveles anteriores a la crisis, sí se sitúan en una trayectoria decididamente ascendente. Nosotros, en cambio, seguimos sin saber hasta dónde vamos a caer…
Pero, si el gráfico es impactante, los comentarios del FMI que lo acompañan son para quedarse de piedra. «La actuación decidida e integrada de las autoridades ante la crisis de 2008-2009 ha puesto a la economía islandesa en la senda de la recuperación» (The authorities’ decisive and comprehensive response to the 2008-09 crisis has put the Icelandic economy on a path to recovery). «Sus políticas se caracterizaron por una dirección firme y estuvieron apoyadas por un acuerdo stand-by con el FMI. Las políticas clave fueron: …» (Their policies were characterized by strong ownership and were supported by a Stand-By Arrangement with the Fund. The key policies were: …). «Reconstruir el sistema bancario y apoyar la restructuración de la deuda privada, limitando la absorción por el sector público de los costes de la crisis bancaria» (Rebuild the banking system and support private debt restructuring, while limiting the public sector’s absorption of bank crisis costs). Voy a repetir esto último, que me consuela oírlo: limiting the public sector’s absorption of bank crisis costs …
A ver si lo entendemos: el Fondo Monetario Internacional (no el Socorro Rojo, no; el FMI en persona) está felicitando al gobierno islandés (sí, felicitando es la palabra) por no haber asumido los costes del rescate bancario. Si Islandia ya no está en crisis sino en recuperación es porque dejó que sus bancos quebraran. Recordemos, eso sí, que el Estado cubrió los depósitos de los ahorradores islandeses. Quienes aprendieron por una vez que el concepto de riesgo es, en su venerado sistema capitalista, algo más que una palabra hueca, fueron los inversores ingleses y holandeses (en el caso español habrían sido los bancos alemanes quienes hubieran palmado).
La pregunta se impone, no es posible evitarla: ¿qué hubiera pasado con la banca española si el Estado no hubiera intervenido para impedir una crisis sistémica? Pues hubiera pasado lo mismo que en Islandia: una crisis brutal de la que ya estaríamos saliendo y que sin duda es preferible a esta interminable agonía. Porque no pensemos ni por un momento que los bancos españoles están sanos. Lo que se ha hecho es ponerles unos parches… Parches inmensos, porque inmenso era el agujero; pero parches al fin y al cabo.
Hallamos la prueba, o al menos un indicio, en la tabla de la página 17, que ya les dije que era una joya. Allí aprendemos que el Estado posee el 71% de Bankia-BFA, cuyo valor total de mercado es de 8.725 millones de euros. Al ver que previamente se le han concedido 22.424 millones en efectivo y 34.768 millones en garantías, hay que plantearse si realmente valía la pena gastar (¿malgastar?) 57.192 millones en algo que al final resulta que vale seis o siete veces menos. ¿No hubiera sido preferible dejarlo caer desde un principio? Y lo mismo o peor podría decirse de Catalunya Banc: valor final de mercado, 2.359 millones; ayudas enterradas, 12.052 millones en efectivo y 10.756 en garantías. Etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo peor de todo es lo que no se ve. Si de verdad se obligara a los bancos españoles a contablizar los activos inmobiliarios en sus balances de acuerdo con los más elementales criterios de prudencia valorativa, se vería que todos ellos sin excepción estaban en quiebra. Tal vez se salvara alguna entidad pequeña, pero desde luego ninguno de los grandes. Hablo, naturalmente, de sus operaciones en España y no del balance de grupo que integraría las filiales nostramericanas, suficientemente rentables como para sacar el conjunto a flote.
Esta es, por otra parte, la razón por la que se resisten a poner a la venta, si no es con cuentagotas, las viviendas que mantienen en cartera: para no tener que reconocer y asumir más pérdidas. Que con ello estén retrasando indefinidamente el saneamiento del mercado inmobiliario (que es a su vez una condición previa para la recuperación de la actividad económica) no es algo que parezca quitarles el sueño.
En resumen, el rescate bancario no nos ha librado de la crisis. Lo único que ha hecho ha sido ralentizarla, y ello a costa de convertirla en algo mucho peor. Intentemos ver cuánto.
Decíamos que, según el FMI, el «balance del contribuyente» resultante del rescate bancario asciende a 185.617 millones de euros. ¿Cómo poner esa cifra en perspectiva? El método per cápita (cada español, niños incluidos, le ha dado a los banqueros más de cuatro mil euros) no nos permite en puridad darnos cuenta de la amplitud de la tragedia. Más útil parece la referencia propuesta por otros comentaristas: los recortes sin precedentes aplicados en 2012 al gasto en sanidad (unos 7.000 millones) y educación (unos 3.000 millones). Cojan los recortes en sanidad y educación del año pasado y multiplíquenlos por dieciocho y medio. ¿Así lo ven? Un niño que empiece ahora su escolaridad terminará la universidad con una formación deficiente. Un niño que nazca hoy entrará en la edad adulta con una salud precaria, o en todo caso peor de lo que habría sido si el dinero que se hubiera podido dedicar a gasto sanitario no hubiese desaparecido en el agujero negro bancario. Hay una generación entera de españoles a quienes les han robado el futuro.
Y aquí viene la mala noticia: nada de lo que hagamos ahora nos sacará de este hoyo; no al menos hasta que haya pasado mucho tiempo y aún más sufrimiento. Los políticos que nos digan lo contrario nos están engañando, quién sabe si con buena intención. Los economistas, en este momento, no tenemos ninguna recomendación que hacer. A Aznar sí podríamos haberle dicho que no hinchara la burbuja inmobiliaria, aun a sabiendas de que el pretendido éxito de su gestión económica no tenía otra explicación que esa. A Zapatero le habríamos dicho que la pinchara en su primer mandato, que en tal caso hubiera sido también el último, pero Zapatero prefirió mentirle al electorado para mantenerse otros cuatro años. A Rajoy ya no tenemos nada que decirle.
Lo que cuesta entender, al menos a primera vista, es por qué los grandes partidos son tan unánimes en su apoyo a la banca, aunque estas medidas nos hagan sino sumirnos todavía más en la crisis. ¿Acaso no tenían delante el ejemplo de Islandia? Es bien cierto que si los políticos islandeses no rescataron sus bancos fue porque no podían y no porque no quisieran, pero el hecho, en cualquier caso, es que no lo hicieron. ¿No podían haber obrado igual los políticos españoles? ¿Haber dejado que los bancos irresponsables cayeran por su propio peso para luego «reconstruir el sistema bancario», todo ello «limitando la absorción por el sector público de los costes de la crisis bancaria»?
En la segunda parte de este artículo, que todavía está sin escribir, intentaremos explicar la manera en que nuestro sistema constitucional fue diseñado para garantizar que cualquier partido «con opciones de gobierno» anteponga siempre los intereses de la banca a los del pueblo. Y propondremos, tal como anuncia el título, una salida. Pero no de esta crisis económica, que como ya hemos dicho no va a tenerla fácil, sino de la otra crisis mucho mayor que la precede, la engloba y la explica: la crisis democrática. Hasta aquí hemos hablado mayormente de economía; de aquí en adelante habrá que hablar de política. No de partidos, ojo: de política.
Arturo Íñiguez es economista y funcionario europeo
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