La «objetividad» y el «rigor» de las ciencias sociales no son, con demasiada frecuencia, sino formas de ideología al servicio de los intereses creados en sociedades que, además de desiguales, poseen democracias de baja intensidad (algo común en las democracias representativas) y están insertadas en posiciones de privilegio en el escenario internacional. La ciencia política, […]
La «objetividad» y el «rigor» de las ciencias sociales no son, con demasiada frecuencia, sino formas de ideología al servicio de los intereses creados en sociedades que, además de desiguales, poseen democracias de baja intensidad (algo común en las democracias representativas) y están insertadas en posiciones de privilegio en el escenario internacional. La ciencia política, especialmente la que insiste públicamente en su cientificidad -forma elegante de buscar el debilitamiento de las críticas-, a menudo da el salto y asume directamente posiciones ya no propias de democracias débiles o delegativas, sino directamente golpistas. Son momentos extremos, poco mesurados, que asustan más que convencen y que son bien contrarias al uso de la razón que parece propio del discurrir académico.
Pero una de las pocas virtudes de las crisis es que clarifican. Cavada una trinchera, cada cual escoge dónde situarse. Es igualmente una obligación de virtud republicana denunciar cualquier intento de socavar la democracia. De ahí que nos preguntemos: ¿debe la democracia española financiar con dinero público instituciones al servicio del irrespeto a la democracia? Con el golpe de Estado en Honduras, instituciones prestigiosas y que pasan por progresistas, como el diario El país, la Fundación Elcano y el Instituto Iberoamericano de Salamanca (en este caso bajo la dirección de Manuel Alcántara), han hecho su elección: al lado de los golpistas. Si callar en determinadas circunstancias ya es una toma de decisión, hablar para hacer más digerible un golpe de Estado posiciona de manera inequívoca.
El Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca) ha publicado recientemente (agosto de 2009) un «Boletín especial de datos de opinión dedicado a la crisis de Honduras». Su publicación coincide, por las razones que sean, con la fase final del golpe contra Manuel Zelaya -nótese que el Boletín no utiliza esta expresión sino que habla de «crisis»- y el fin de los plazos dados por la Comunidad Internacional a los golpistas. Se trata de una investigación que lleva funcionando más de una década, la «serie de boletines de opinión sobre el Proyecto ÉLITES PARLAMENTARIAS LATINOAMERICANAS (PELA)». El estudio en concreto lleva el título: «Un intento de explicación de la crisis de Honduras 2009 desde la mirada de sus legisladores» (disponible en: http://www.oir.org.es/Elites ).
Veamos siete grandes problemas de la argumentación del Instituto salmantino.
Para ellos no hay en su análisis golpe sino «instrucciones imprecisas» (lo que justificaría, por su «imprecisión», entrar disparando a la casa presidencial y secuestrar al Presidente constitucional). Esas instrucciones emanan de una decisión de la Asamblea Legislativa tomada «por una abrumadora mayoría, que contó con la unanimidad». El resultado es la elección de «un nuevo Presidente» (a Presidente depuesto, Presidente puesto). Además, argumento central, esa decisión fue ratificada por los diputados de los dos grandes partidos, de manera que el bipartidismo, expresado parlamentariamente, aparece como convertido en un nuevo sentido común científico. Las razones que explican por qué un Instituto financiado con dinero público creen en España en el bipartidismo, queda en el terreno de la especulación.
De pasada se recuerda que la consulta de la llamada cuarta urna era de «claro carácter inconstitucional» (pobre histórica Facultad de Derecho de Salamanca. Con la Constitución hondureña en la mano, no es posible señalar inconstitucionalidad alguna respecto del hecho de hacer una consulta no vinculante. La pregunta acerca de la instalación de una cuarta urna que interrogase de manera consultiva acerca de la voluntad popular de cambiar la Constitución no era ni un plebiscito ni un referéndum, lo que habría generado inconstitucionalidad. ¿Ignoran los redactores del Boletín que la Constitución hondureña, legado, por cierto, por la Dictadura militar, no establece en ningún lado la inconstitucionalidad de hacer una consulta no vinculante? El Instituto Iberoamericano hace suyos, sin el menor análisis, los argumentos de los golpistas. Se entiende en el Gobierno ilegítimo de Micheletti. ¿Tiene justificación en un centro universitario español? Sin olvidar que hace falta mucha ingenuidad política para pensar que a alguien le dan un golpe de Estado por hacer una consulta popular.
Por último, se insiste en la imprudencia del Presidente depuesto. El golpe, al parecer, venía siendo anunciado, correspondiéndole a Zelaya la responsabilidad por no haberlo entendido y haber cesado en sus provocaciones.
Dicen textualmente los latinoamericanistas oficiales en su «científico» boletín:
«La crisis política hondureña larvada a lo largo de un año de enfrentamientos entre el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa tuvo su momento álgido el pasado 28 de junio. Entonces, un grupo de militares siguiendo instrucciones imprecisas de los poderes Legislativo y Judicial sacó por la fuerza del país al Presidente Manuel «Mel» Zelaya abortando la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular de claro carácter inconstitucional para reformar la Carta Magna. Inmediatamente, la Asamblea Legislativa por una abrumadora mayoría, que contó con la unanimidad de los diputados de los dos grandes partidos, procedió a nombrar a su presidente, Roberto Micheletti, nuevo Presidente de Honduras»
2. Enseñó Marx -y nunca lo desmintió Weber- que los análisis parciales, los propios de la ciencia positivista, por definición mienten, pues dejan fuera de foco partes relevantes de los elementos causales que determinan el hecho final. La cientificidad del Boletín sobre Honduras tiene la elegancia de la ausencia de conflicto. La ciencia política, como el dinero de Vespasiano, non olet. De ahí que para el Instituto Iberoamericano nunca existió una masacre en Centroamérica ni una posición cerrada antiizquierdista y antipopular de los militares entrenados en la Escuela de las Américas. Se olvidan de que Estados Unidos es el único país del mundo condenado por Naciones Unidas por terrorismo internacional, precisamente por su labor en Nicaragua (la principal guerra de Reagan dirigida desde Honduras por el Embajador John Negroponte, alguien que, al parecer, tampoco merece ser nombrado). Qué inútiles los 50.000 muertos en Nicaragua (Chomsky calculó que se corresponderían con la muerte de 2,5 millones de estadounidenses muertos, algo que quizá sí mereciera un comentario). Qué inútiles los asesinados por los escuadrones de la muerte, por el ejército, por paramilitares. Qué inútiles todas las víctimas del enfrentamiento. Para los responsables del Boletín se solventa todo esto afirmando que los militares hondureños fueron simplemente «sostén de la política contrainsurgente centroamericana de Washington en la década de 1980». Es decir, había una insurgencia y ellos, simplemente, pararon los pies a los insurgentes. Contrainsurgencia. Luchadores por la libertad, como los llamaba Reagan. Categoría que difícilmente puede ser asumida como objetiva y, por ende, científica
3. La democracia, en el fino análisis propuesto, no es una cuestión de poder constituyente, de economía política, de soberanía nacional, de voluntad popular, de redistribución de la renta, de medios de comunicación plurales, de libertad política, de igualdad de condiciones, de manejo de la riqueza nacional, de lucha de clases, sino de diseños electorales e institucionales, marcados a menudo por la recurrencia histórica (lo que, debe suponerse, le quita relevancia al ser un hecho repetido). Es la reconducción de la democracia a fórmulas matemáticas, a reglas que transformen los votos en escaños, a estadísticas, a la construcción de un sujeto virtual superior al poder constituyente, esto es, la opinión pública, expresada en encuestas, proyecciones, muestras y ponderaciones, a leyes y reglamentos que reducen el conflicto social a un marco institucional que en modo alguno cuestiona las bases del sistema que son, precisamente, las que generan el conflicto. El bipartidismo político tiene su correlato en la discusión acerca del presidencialismo y el parlamentarismo (al cual le prestó tanta atención Juan José Linz, precisamente el que brindó los argumentos para diferenciar entre dictaduras de derecha buenas -autoritarismo- y dictaduras de izquierda malas -totalitarismo-, justificando el franquismo y dando razones a la dictadura. Reducir la democracia a una cuestión técnica era una de las principales exigencias de la Trilateral, bajo el argumento de que existía una sobrecarga del Estado y un exceso de democracia (en expresiones de Samuel Huntington). ¿Cuál es el objetivo de seguir usando categorías de la guerra fría para analizar el conflicto en Honduras en 2009:
«Las crisis presidenciales que han dado paso a la terminación abrupta del mandato del Presidente es un fenómeno muy relevante que acontece en América Latina desde principios de la década de 1990. Esta es una evidencia que, sin entrar en la discusión teórica que confronta al presidencialismo con el parlamentarismo, señala que el diseño institucional de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puede ser un factor de potencial inestabilidad».
4. Pero lo que ha ocurrido en Honduras es, afirma el profesor Alcántara, responsabilidad del Presidente depuesto. La culpa es de Zelaya por ir más allá de la verdad incuestionable que dicta el eje marcado por la encuesta elaborada por el equipo de la Universidad de Salamanca. Desviación, nos recuerdan, que no transita a sitios amables, sino que se deja llevar de manera irracional («abraza» dicen) por «veleidades» (esto es, por un carácter o comportamiento caprichoso o voluble), no de cualquier tipo, sino, atención al adjetivo, «bolivarianas», dando por sentado que el uso de tal calificativo debiera explicar por sí mismo la irracionalidad, el capricho y, en última instancia, el mismo golpe. Repiten así esa matriz de opinión que sitúa a los países del ALBA, impulsado inicialmente por Venezuela, en el eje del mal, eje político más perverso, al parecer, que los que construye la politología. Con esas posiciones, parecen decir los colegas salmantinos, ¿cómo esperar que no tenga lugar un golpe de Estado?:
«la posición en el eje que confronta a los partidarios de una economía en la que rija un papel central del estado frente a los que estiman que la centralidad debe descansar en el mercado era bastante extrema a favor de este último en 1997. A partir de entonces los legisladores han ido suavizando sus posturas en las dos legislaturas siguientes. Sin embargo, esta posición media sigue quedando lejos de cualquier veleidad hacia el bolivarianismo que empezó a abrazar el presidente Zelaya a partir de agosto de 2008 y es una fuente posible de explicación del repudio del Congreso Nacional a los pasos dados por Zelaya»
5. La opinión pública, especialmente para los que trabajan midiendo la opinión pública, es sinónimo de voluntad popular. Suele ser común que los científicos sociales pensemos que nuestro objeto de estudio -sea el que fuere- es la variable más relevante para explicar cualquier situación social. No escapa el Instituto Iberoamericano de esta limitación, con el agravante de que la realidad, en su caso, no deja de ser una entelequia inventada por ellos mismos a través de su metodología más ideológica que científica. Continúan afirmando que Micheletti (no un golpista, sino un nuevo Presidente) estaba, según las encuestas de esa casa de estudio, mejor situada para representar al país real que el depuesto Zelaya (ya un simple ciudadano):
«(…) mientras que Micheletti se situaba en un espacio equidistante entre los valores medios de liberales y de nacionales, Zelaya se apartaba (mínimamente) del intermedio definido por sendos valores medios. Tratándose de una medición llevada a cabo en 2006 no puede determinar plenamente el escenario que se daría tres años más tarde, pero puede contribuir a su plausible explicación».
6. La metodología utilizada por el Instituto Iberoamericano se basa en consultar a los miembros de las asambleas legislativas. Es decir, se trata de la elaboración de datos dentro de una ciencia política referenciada en exclusiva en la institucionalidad constituida. Por eso, pese a presentarse como «objetiva» lleva el sello de su parcialidad en su propia definición. De ahí que, necesariamente conduzca a donde pareciera desde un principio que debía conducir (justificar la tarea de los Parlamentos y de los diputados y diputadas). Pura ideología, insistimos, presentada como ciencia. Reflejo, bien cierto, de esa concepción de la universidad como un aparato reproductor de sociedades poco democráticas. ¿Qué van a decir los diputados y diputadas respecto de su actividad política? Al final, la democracia representativa es el punto de partida y el punto final para solventar la «crisis» hondureña. Una vez más, cualquier intento de superar las formas del liberalismo político queda fuera del marco político, del marco científico y, de paso, de marco moral.
7. Como conclusión, en el análisis que propone el Instituto de Iberoamérica de Salamanca en este estudio dirigido por Manuel Alcántara, no hay una Constitución heredada de la dictadura y que blindó el cambio constitucional con el fin de dejarlo todo «atado y bien atado»; no hay golpe de Estado, sino apenas «una situación de fuerza»; no aparecen los Estados Unidos en la zona como potencia regional que no ha dudado históricamente en apoyar y fomentar golpes de Estado; no hay una nueva situación regional marcada por el ALBA como alternativa al ALCA; no hay oligarquías ni globalización neoliberal y, mucho menos, se considera como una nueva variable los vientos de cambio que estén atravesando el continente latinoamericano (y que en otros, aquí con coherencia, consideran pasajeros, pese a llevar el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez diez años en el poder). Todo es, supuestamente, inodoro, incoloro e insípido. Muy propio de una academia que confunde objetividad y neutralidad (y que no es ninguna de las dos cosas). Los muertos, en Honduras, obviamente los ponen otros. Las cuentas, como decía Jesús Ibañez, molestan menos que los cuentos.
En conclusión, y pese a la dureza de esta afirmación, tenemos que con sus silencios, sus eufemismos, su valoración de Zelaya y de Micheletti y sus conclusiones basadas en las encuestas a los diputados y diputadas (precisamente las opiniones de los que rompieron con la legalidad vigente) los colegas de Salamanca, de facto, apoyan el golpe de Estado de Honduras.
Debemos pensar que sus razones tendrán. ¿O es que no saben lo que dicen? ¿Perdió Salamanca el respeto por el castellano? ¿Quizá es que se expresaron mal? ¿O es que la ciencia política, así considerada, lleva a un camino ciego que impide analizar más allá? La nueva administración norteamericana ha entendido que el papel de policía malo y policía tonto de la etapa Bush jr. No resultaba muy rentable. La smart politics del tándem Obama-Clinton ha optado por el más funcional reparto de «policía bueno y policía malo». En ese contexto, las rupturas de la legalidad se condenan pero se avalan. El golpe en Honduras, el bombardeo colombiano en Ecuador en el que murió el Comandante de las FARC Raúl Reyes, las presiones a Paraguay y Bolivia, el freno a la integración de Venezuela en el Mercosur, las acusaciones de narcotráfico, la apertura o intensificación del uso por parte de EEUU de siete bases militares en Colombia, son algunos casos que no dejan espacio para ingenuidades. No en un continente tan acostumbrado a la injerencia internacional y al financiamiento externo de golpes de Estado.
¿Qué hubiera escrito la politología española en caso de un golpe de Estado en, pongamos por caso, Italia, Alemania, Francia o Rumanía? ¿Harían una encuesta de opinión a los diputados que nombraran Presidente al jefe de los golpistas? ¿Echarían la culpa al Presidente depuesto? ¿Dedicarían tiempo, esfuerzos y dinero a presentar un trabajo científicamente validado cuya conclusión es que, golpe incluido, las cosas no están tan mal en la nueva situación política? La responsabilidad de los intelectuales democráticos es otra. Y en el entorno del bicentenario de la independencia latinoamericana, cuando los países hermanos vuelven a mirar hacia la península intentando encontrar fórmulas de reencuentro, el Instituto Iberoamericano de Salamanca debiera, aunque sólo fuera por las formas, intentar hacer análisis más comprometidos con la democracia.
Juan Carlos Monedero es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y dirige en esa universidad la Escuela Latinoamericana de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía. Entre sus trabajos recientes destacan Disfraces del Leviatán. El papel del Estado en la globalización neoliberal, Universidad de Puebla, Puebla, 2009, y El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión, FCE, México, 2009.