La corrupción urbanística nos inunda. Se trata de una mancha que extiende su huella por toda la geografía española dejando trazas en todos los colores del arco parlamentario, aunque no lo hace por igual, ni de la misma manera. Poco importa que sea Ciempozuelos en Madrid o Marbella en Málaga, todo huele mal. Izquierda Unida […]
La corrupción urbanística nos inunda. Se trata de una mancha que extiende su huella por toda la geografía española dejando trazas en todos los colores del arco parlamentario, aunque no lo hace por igual, ni de la misma manera. Poco importa que sea Ciempozuelos en Madrid o Marbella en Málaga, todo huele mal.
Izquierda Unida tuvo un caso en Camas (Sevilla) que acabó con la expulsión inmediata del imputado. Pero el quehacer diario de IU no se caracteriza por casos como los de Camas, sino por su contrario, el importante número de denuncias que contra la corrupción y los pelotazos urbanísticos hace llegar a la opinión pública (Seseña, Morata, etc).
A pesar de los esfuerzos de cierta prensa, tampoco PSOE y PP son iguales. El PSOE tiene cargos públicos (alcaldes, concejales y hasta diputados) entre las filas de los sobornados. Pero el PP debe sumar a su «cuota» de sobornados, la de los sobornadores. Se ha demostrado que estos últimos tienen conexiones en la inmensa mayoría de casos con el PP (recordemos el Tamayazo en Madrid). Corruptores y corruptos son las dos necesarias caras de esta moneda ladrillista.
Es la derecha el principal foco de generación de la corrupción y sus principales beneficiarios. Como dirían los clásicos: «son los poseedores de los medios de producción». Lo son en lo político, al permitirles la corrupción desprestigiar la gestión y el trabajo institucional de la izquierda. Lo son en lo económico, puesto que las compras de votos y cargos favorece el desarrollo de sus negocios, haciéndoles así, más y más ricos.
El desafuero
En 1998 el Partido Popular transformó en urbanizable todo el suelo y cambió los criterios que regían las expropiaciones forzosas. A partir de esa fecha, los terrenos a expropiar dejaron de pagarse por el precio que tenían, para pasar a tasarse en función del valor que deberían tener en caso de urbanizarse. Esa decisión se dio en un marco en el que ya una parte fundamental, desde el punto de vista del negocio, del suelo era privada. Por lo tanto, la medida reforzó las operaciones de compra de todo tipo de suelo y con ello su concentración en menos manos. Los cambios en la ley abrieron la puerta a inmensos beneficios. Ganar muchísimo dinero se hizo (para algunos) más fácil y posible a condición de saber o de condicionar cuándo, cómo y dónde había y hay que deshacerse de los lotes. Los principales capitales del país, con los bancos y las grandes constructoras a la cabeza, destinan desde entonces crecientes recursos a la adquisición de todo tipo de suelo. Se calcula que el 70% de las grandes fortunas están invertidas en ladrillo.
Tales cambios acentuaron otros, por ejemplo, los de la «necesidad» del soborno. Pensemos por ejemplo que, en este contexto, lograr que el AVE pase por Guadalajara de una manera concreta o de otra equivale a «realizar un beneficio» de miles de millones.
El modelo de crecimiento
El «desarrollo» del último decenio se basa especialmente en la construcción. En nuestro país (44 millones de habitantes) se construye cada año más vivienda que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas (240 millones de habitantes). «Levantar casas» tira del PIB hacia arriba, pero lo hace de una manera determinada y por razones variadas. El modelo empieza ya a dar síntomas de agotamiento, pero sigue siendo la clave para entender el «milagro español», su capacidad de generar empleo y absorber mano de obra inmigrante.
Los puestos de trabajo creados gracias a este modelo se basan en la precariedad de una mano de obra usada de manera muy intensiva y con bajos salarios. No genera I+D, con lo cual no aporta nada en términos de crecimiento productivo, más allá del que surge de gran «gasto humano» en forma de largas jornadas y de sus obligadas consecuencias reflejadas en la escalofriante siniestralidad laboral. Vamos a un promedio de un muerto cada 3 días.
La capacidad de generar (socialmente hablando) riqueza es nula. Más bien, crea pobreza. Este modelo asociado, gracias a las disposiciones fiscales del Ministerio de Economía, a la compra de vivienda, que no a su alquiler, ha hecho que la inmensa mayoría de la sociedad deba «hipotecar» una cantidad superior al 50% de sus ingresos familiares por un periodo cercano al de una vida laboral. O lo que es lo mismo, a reducir su ya corta capacidad de consumo en función de la importante cantidad de dinero corriente que debe destinar a cubrir esta necesidad básica a lo largo de su vida. Pero es que además, muchas personas no llegan a poder acceder a una vivienda. Construir casas y el derecho a vivienda son dos cosas muy distintas.
El ladrillismo es un modelo injusto y muy favorable al capital financiero (bancos) y resto de sectores más parásitos (rentistas) del capitalismo español, poniendo en sus manos un volumen de capital cada vez mayor (la parte fundamental de la riqueza del país ahora y durante 25 años). Un modelo que por su capacidad de depredación y degradación voraz del entorno, del conjunto del espacio, es no ya sólo insostenible, sino ciego en relación a cualquier perspectiva de futuro.
La izquierda falla
Todo el mundo señala que si bien la victoria de Zapatero significó ciertos cambios en la política española, dónde menos se modificó ésta fue precisamente en el campo de la economía. No sólo el Ministro del ramo es un confeso defensor de los postulados más socialiberales, sino que las palancas fundamentales del crecimiento español siguieron residenciadas en ladrillo y turismo.
Probablemente, gobernar y tener el poder nunca fueron bajo la burguesía exactamente la misma cosa. Hoy esa sensación es, si cabe, más clara. El ladrillo con los bancos y las constructoras a la cabeza maneja una cantidad de capital presente y futuro que transforma a sus principales accionistas en una de las facciones más poderosas del capitalismo español. Avanza la idea de que nosotros votamos pero que son ellos quienes mandan. En la globalización, la capacidad de las grandes empresas y fortunas de domeñar la política y a los gobiernos se ha hecho proverbial, máxime por la reducción sin fondo del lugar del Estado y del sector público en todo el mundo.
No separarse del modelo, seguir haciendo de la edificación o de la venta de suelo público la base de muchas cosas, inclusive el enjuague del déficit de las administraciones locales, es caer de cuatro patas en el meollo del problema. Sin romper con un modelo que expande y protege la corrupción, el del ladrillo, no podremos reducir la corrupción de una manera significativa, ni avanzar serias políticas de izquierda.
Ejemplos como el de Ciempozuelos ilustran de manera paradigmática esa falta de separación a la que hacíamos referencia y lo chato de la política social del PSOE local. El plan en este pueblo madrileño de cerca de 15 mil habitantes fue redactado bajo mayoría del PP y a través de la empresa del cesado Director General de vivienda, Enrique Porto, también del PP. Llegaron las elecciones municipales y ganó el PSOE, que hizo suyo el objetivo urbanístico. Continuismo en los planes de futuro sobre la localidad y en su forma de desarrollo. Mejoró algo en la parte social y de servicios, pero el fondo era del PP y con él, la obligada «coima». Ahora, lógicamente, los populares esperan cerrar el círculo y volver a controlar el consistorio tras la forzosa renuncia del alcalde del PSOE sobornado.
La incapacidad manifestada por la izquierda a la hora de levantar un modelo alternativo de crecimiento se refuerza por una desarmante corrupción que la acaba afectando a toda en su conjunto, no sólo a la más derechista. Recordemos que el PP logró sacarle rédito de gobierno a aquello que «sus» constructores le habían organizado. Tamayo y Saéz vendieron su voto a cambio de dinero forzando unas elecciones anticipadas y extraordinarias que dieron paso al gobierno más ladrillista y reaccionario de toda la historia autonómica. IU mantuvo sus resultados, pero no capitalizó la pérdida del PSOE.
Las finanzas municipales
Otra de las causas fundamentales que explican los fuertes asideros del ladrillo se halla en la dura realidad local. Los ayuntamientos que en su inmensa mayoría tienen presupuestos más pequeños que las cuentas de resultados de más de una constructora, deben «rendirse o enfrentarse» a las embestidas de los grandes propietarios de tierra amparados en la reaccionaria ley del suelo. Si deciden lo segundo, la falta de verdaderos instrumentos legales que se lo permitan dificulta sobremanera el esfuerzo.
Pero además, los consistorios deben hacer frente a un montón de gastos «impropios»que, en un principio, corresponden a otras instituciones estatales. Por ejemplo: ciertas prestaciones sociales, vivienda, promoción y orientación en el empleo, asistencia a la inmigración. Gastos que representan alrededor del 37% de sus dispendios y que hay que sumar a los propios de la hacienda local. El dinero para todo ello no existiría si se contara solamente con los fondos que los consistorios reciben del Estado. Fondos que dentro de la estructura de gasto público representan únicamente el 13% del total de la misma.
Medido en gasto público, el conjunto de servicios que presentan los municipios se eleva a más del 35% del total de dicho gasto. Para llenar la diferencia de más de 22 puntos que existe, los ayuntamientos deben «buscarse la vida». Vender suelo es la forma más concreta y generalizada de estabilizar las finanzas municipales. Simplemente añadir que para vender suelo hace falta el beneplácito de todas las Administraciones. Sin ese resto de instancias, nada podría venderse. Así los ayuntamientos se vuelven víctimas y agentes de una burbuja que los coloca, en caso de querer hacer una política social, contra las cuerdas.
La obligada descentralización de servicios y cercanía de su prestador al ciudadano, elementos básicos de cualquier democracia, se han transformado bajo la égida globalizadora que impregna toda la política, en una vuelta de tuerca a favor de los postulados más neoliberales. Así, se transfieren o reconocen competencias, pero no se pasa a la par el dinero que las debe hacer posibles.
¿Cómo escapar del laberinto?
El PP afirma que todo es un problema del PSOE. En el propio PSOE y en la propia derecha diversos sectores levantan voces a favor de reducir las competencias que en este campo tienen los municipios al ser, dicen, los únicos «focos de la corrupción». Oficialmente el PSOE e IU piden, desde ópticas diferentes pero no contrarias, pactos contra la corrupción que incluyan, de una u otra manera, dentro del problema las causas que permiten los «pelotazos», el impulso para la acción de los corruptores.
Cualquier salida que aborde el problema con la radicalidad que se merece debe concluir que la única forma segura de salir del pozo que genera la corrupción es deshacerse del capitalismo. Al capitalismo le son consustanciales el ventajismo, el dinero negro y la corrupción. Un sistema que necesita paraísos fiscales para funcionar con «normalidad», como pueden ser Andorra o Gibraltar, demuestra que la limpieza no es lo suyo.
«Romper la lógica del ladrillo» exige, por lo menos, medidas en tres campos: en el de la propia corrupción, en el de la política de vivienda y en el de las finanzas municipales.
La corrupción para actuar necesita oscuridad, poca transparencia, ciudadanía desorganizada y con pocos derechos. La obligatoriedad de defender la participación y un dictamen forzoso a la par que vinculante de los vecinos y de sus entidades (sindicales, vecinales y asociativas) sería un paso importante contra la tiniebla. Nada impide hoy que un ayuntamiento organice un proceso así para aprobar sus planes urbanísticos.
Paralelamente, la definición de una carta de «derechos de ciudadanía» que estableciese las garantías mínimas de todos los ciudadanos por el hecho de estar empadronados, incluyendo en ello la sostenibilidad, forzaría cambios en la construcción. Garantizaría servicios, vivienda en alquiler en cantidad suficiente, perseguiría la vivienda vacía, obligaría a buenas dotaciones y coadyuvaría a favor de criterios más sociales.
La izquierda, sobre todo la más transformadora, necesita para vivir a una ciudadanía organizada. La organización sistemática desde los equipos municipales de elementos de democracia participativa, empezando por el debate de los propios presupuestos municipales y el consiguiente destino de sus partidas y montos, sería no sólo una escuela, sino el mejor camino contra la corrupción. Limpieza y ética son básicas, pero lo más honrado para la izquierda es reconocer que necesita potentes organizaciones sociales para poder avanzar en sus propuestas. La derecha no necesita la organización de la gente modesta, de la población trabajadora. Sus grandes conglomerados empresariales son su organización. Con ellos dirige la sociedad e intenta dominar toda la política. Nosotros sólo tenemos por capital nuestra capacidad de organizar. No usarla a fondo nos debilita y nos deja más a merced de los poderosos.
La acción de cualquier gobierno municipal será más útil cuanto más sirva para organizar y dar voz potente a los que la tenemos capitidisminuida, los trabajadores y resto de sectores oprimidos. El otro gran y falaz asidero de la corrupción es la necesidad de vivienda. Demostrado ya por la fuerza de las cosas que construcción, por muy grande que sea el volumen de su negocio, no es lo mismo que el derecho a la vivienda, los poderes públicos, apoyados en la población deben defender medidas serias contra las más de, por ejemplo 300 mil viviendas desocupadas que hay en Madrid. Empezando por el IBI y siguiendo por medidas contundentes a favor del alquiler. Sólo garantizando el acceso de todos a la vivienda garantizamos el derecho a la misma.
Para empezar, tal y como reclamó la asamblea del encuentro de movimientos sociales de Madrid celebrada esta primavera, deberían paralizarse todos los planes de urbanismo y revisarse a fondo. Seguidamente, deberían cumplirse las medidas autonómicas que formalmente obligan a reservar un 50% de la vivienda a vivienda social.
Por último, la declaración y protección del suelo como bien público, por encima de su propiedad, impediría en gran medida su mal uso actual a favor de la especulación salvaje y en contra de otros empleos productivos asociados, por ejemplo, al tejido industrial y social. Ahora bien, sin duda, nada de ello será posible si no echamos atrás la ley del suelo del PP, amparo de primer orden para el pelotazo especulativo ladrillista.
Es obligada una mención sobre el ahogo presupuestario que sufren los ayuntamientos y que exige no quietarles autonomía, sino reforzarlos como elementos clave para la ciudadanía. Evidentemente, hay que cambiar la ley de Régimen Local y dotar de recursos a los ayuntamientos. Sin tantos problemas presupuestarios, los consistorios serían más fuertes ante el ladrillo. Pero ese hecho no impide que hoy, a pesar de todos los límites, se pueda usar la «fuerza municipal» para reforzar esa soberanía y autonomía locales a través de animar, amparar y organizar a la ciudadanía. Potenciar su participación.
Las dificultades que en muchos casos encuentra la izquierda para mantener limpios y éticamente aceptables los usos municipales ante la voracidad del capital, hace que ésta se olvide con demasiada frecuencia en su gestión que la mejor garantía de limpieza y ética es una ciudadanía organizada.
* Carlos Girbau es miembro de la Junta Directiva de Paz Con Dignidad y actual Coordinador del Foro Social Madrid.