Siete meses después del espectacular giro dado por el gobierno Zapatero en política económica tras la reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 y menos de cuatro meses después de la Huelga General convocada por los sindicatos obreros mayoritarios españoles contra ese giro, esos mismo sindicatos han llegado, tras un mes de negociaciones […]
Siete meses después del espectacular giro dado por el gobierno Zapatero en política económica tras la reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 y menos de cuatro meses después de la Huelga General convocada por los sindicatos obreros mayoritarios españoles contra ese giro, esos mismo sindicatos han llegado, tras un mes de negociaciones aparentemente intensas, a un «Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones» (véase AQUÍ) firmado el pasado 2 de febrero entre el Gobierno, CC OO y UGT, y las patronales CEOE y CEPYME.
Pacto con (contra)reformas
El acuerdo supone un importante recorte de derechos sociales en el sistema de pensiones públicas, pendiente aún de su tramitación legislativa. La ampliación del régimen general de la seguridad social a los trabajadores autónomos, agrarios y empleados del hogar, las compensaciones limitadas en el período de cómputo para los jóvenes en formación y las mujeres por nacimiento o adopción y las previsiones adelantadas para los trabajos mas penosos, insalubres o peligrosos no rompen ni con la lógica de la reforma neoliberal de la seguridad social y su objetivo de contención del gasto público, ni suponen cambios sustanciales en la sostenibilidad del sistema.
De acuerdo con varios y señalados especialistas como Vicenç Navarro, Antonio Antón o Juan Torres (véase AQUí), cuya línea general de análisis compartimos, el problema central de la sostenibilidad del gasto público, de la que la seguridad social es parte fundamental, queda fuera de este acuerdo, porque no puede resolverse sin una importante reforma fiscal progresista que incremente de manera redistributiva los ingresos fiscales.
La afirmación anterior no ignora la existencia de la variable demográfica, que doblará el número de pensionistas en 2040, ni el aumento de la cuantía de las pensiones previstas con relación a la media actual. Lo que declara es que la forma de abordar el problema en la revisión y reforma del sistema de pensiones no debe hacerse a través del recorte de derechos sociales, redistribuyendo las cargas de manera «flexible» entre distintos sectores de trabajadores, a los que se privilegia o penaliza, frente a la pretensión inicial del Gobierno Zapatero de establecer un criterio único de efectos asimétricos con la extensión de la edad de jubilación a los 67 años. Lo que sostiene es la necesidad de romper con esta lógica de gestión del recorte para plantear abiertamente la necesidad de un cambio progresista que incremente el gasto público, y muy especialmente el gasto social, con el todavía ambicioso objetivo de llegar a la media de la eurozona.
Cuando se habla de «cambio progresista» en este contexto, vale la pena subrayarlo, no se hace referencia a dinámicas de transformación substanciales que pongan siquiera en cuestión el horizonte del orden capitalista, sino a un harto más modesto proceso de modernización que nos sitúe en la media del gasto social de la eurozona. Sin eso, no resultan imaginables en el Reino de España ni un aumento sostenido de la productividad ni un cambio de verdad del modelo productivo actualmente en crisis.
La política de austeridad impuesta a nuestro país -y al conjunto de las economías periféricas europeas- por los actuales rectores de la UE se atraviesa en el camino de esas dos cosas. Subordina la recuperación económica y la vitalidad productiva y creativa del país a la devolución de una gigantesca deuda pública y, sobre todo, privada irresponsablemente contraída en los años del «España va bien» con una banca extranjera que se enriqueció con ella y la concedió de modo todavía más irresponsable. «España iba bien» haciéndose dependiente de las importaciones de los países ricos exportadores de Europa; «España iba bien» financiando la demanda de esas importaciones (el déficit comercial resultante), no con aumentos de la producción y con incrementos del salario real, sino con crédito barato de procedencia extranjera e hinchando una gigantesca burbuja inmobiliaria que retroalimentaba el proceso de endeudamiento privado. Cuando ese verdadero esquema económico-financiero piramidal su hundió como un castillo de naipes en 2008 y trajo consigo, entre otras cosas, un increíble volumen de desempleo, los estabilizadores automáticos obligaron a un incremento acelerado de la deuda pública. Una deuda pública cada vez más difícil de financiar y refinanciar en las condiciones actuales del euro (pérdida de la soberanía monetaria) y de la política de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (pérdida de la soberanía fiscal) que convirtió a nuestro país (como a Grecia, Irlanda y Portugal) en presa predilecta de ataques especulativos perpetrados por tiburones rentistas que operan a sus anchas en determinados mercados financieros internacionales tan opacos como desregulados (como, por señalado ejemplo, los mercados swaps de derivados financieros de impagos financieros).
Así pues, en estas circunstancias, se levantan para la política económica y social española claras «líneas rojas». El objetivo de las cuales es volver a aminorar el gasto público por debajo del 35% del PIB, reducir la ya baja presión fiscal sobre las rentas del capital y hacer pesar sobre los salarios la recuperación de beneficios y rentas especulativas. En este marco, la revisión quinquenal prevista del Pacto de Toledo ha dado paso a unas «reformas» que no producen instrumentos inmediatos para crear empleo o luchar contra la actual crisis económica, pero que pretenden enviar un sonoro mensaje a los «mercados». Contra lo que ignorantemente se dice en la prensa, esos «mercados» son por naturaleza, además de caprichosos, sordos. Pero no lo son personajes de carne y hueso y de gran peso político, como el señor Botín o Angela Merckel, que han sabido alabar inmediatamente el paso dado, en el que ven la posibilidad de comenzar a alterar profunda, estructuralmente, la correlación de fuerzas entre las clases en un horizonte tan a largo plazo como el dibujado para 2040.
El texto de las 36 páginas del Acuerdo merece una atenta lectura. Los argumentarios distribuidos por los sindicatos (La resolucion de CC OO, en http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/771719.doc. La Gaceta Sindical en http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:115476) subrayan su carácter declarativo y limitan el núcleo funcional del pacto a aquellas materias que posteriormente sean legisladas. Pero, desgraciadamente y más allá de los elementos funcionales del pacto, la firma de CC OO y UGT se ha estampado en un documento, cuya narrativa y cuya lógica explicativa de la crisis y de las medidas necesarias para superarla es de matriz socioliberal. Y aunque esa lógica es ilusoria en lo tocante a la dinámica de las fuerzas económicas y sociales en juego, el matiz expresivo no es del todo irrelevante, políticamente hablando: la importancia que confiere el prólogo al diálogo social como mecanismo de gestión del existente conflicto de clases lo diferencia netamente de los llamamientos de los sectores más neoliberales -como el Grupo de los 100 economistas, la dirección del Banco de España y un sector del propio Gobierno Zapatero-, resumibles en la consigna: «más vale reformas sin pacto, que pacto sin reformas» [1].
Ha habido «pacto con (contra)reformas». Eso invita a comprender el perfil del campo de fuerzas sociales y políticas en que ha tenido lugar la negociación, a conjeturar los escenarios alternativos y a tantear distintas hipótesis sobre la continuación de la resistencia en un conflicto social que, huelga decirlo, no sólo no termina aquí, sino que se agravará y ahondará.
Las limitaciones de la acción sindical y la táctica del mal menor
En su conocida polémica con Bernstein, Rosa Luxemburgo [2] reflexionó bajo la monarquía guillermina sobre las limitaciones estructurales de la acción sindical en su «esfuerzo por regular la explotación capitalista como se haga necesario según la situación momentánea del mercado mundial», especialmente en las fases de crisis cíclica, en las que «se ciñe imperativamente a la simple defensa de las ventajas ya obtenidas, y aun esto ha llegado a ser cada vez más difícil».
De eso hace ahora 112 años. Y se puede recordar que, dos décadas más tarde, a comienzos de los años 30, cuando los sindicatos obreros alemanes eran mucho más fuertes que a comienzos de siglo y pesaban mucho más en una vida política, social y económica ya republicana, no consiguieron imponer el formidable programa de reactivación de la coyuntura económica y de lucha contra el paro redactado por su economista en jefe, el «keynesiano» avant la lettre Wladimir Woytinsky. Un programa que, de haberse impuesto a los miopes economistas ortodoxos de la socialdemocracia alemana (y del Partido Comunista) de la época, habría posiblemente evitado el golpe de Estado financiado por la gran banca y la gran industria que llevó poco después a Hitler al poder poniendo fin a la democracia de Weimar.
En junio de 1931, en el preámbulo al documento que los historiadores del pensamiento económico y social consideran ahora una obra maestra como programa político-económico de animación de la coyuntura y decidida lucha contra el desempleo obrero, Woytinsky dejó escrito este testimonio, que ahora reconocemos tan trágico desde una perspectiva histórica como amedrentantemente pertinente para la actual situación:
«Las organizaciones obreras que confían en las fuerzas autocorrectoras del orden económico capitalista se exponen al peligro de desangrarse lentamente. Desde hace tiempo se halla el mundo trabajador en Alemania en una difícil lucha defensiva: cuanto más honda va haciéndose la crisis, tanto más desfavorables son las condiciones de esa lucha. Las organizaciones obreras han perdido la libertad de maniobra, no pueden elegir ni el momento ni la circunstancia de la pugna con el enemigo. Se ven obligadas a emprender la lucha cuando y donde acomoda al otro contendiente. Finalmente, a los sindicatos y a la socialdemocracia no les queda otra táctica que la del mal menor… Y la táctica del mal menor se transforma paulatinamente en la táctica del plazo cada vez más perentorio.
«Hasta ahora les ha sido posible al partido socialdemócrata y a los sindicatos mantener su aparato . Pero ¿qué les espera a ellos y al conjunto de la clase obrera alemana, a todo el pueblo alemán, si siguen moviéndose en idéntica dirección a la que se han movido en los últimos 12 meses, si no pueden presentar una perspectiva cercana de mejoramiento de la situación económica? Nunca como ahora han sido tan necesarias medidas programáticamente conscientes, profundas, de reanimación de la economía . El movimiento obrero necesita un programa político-económico de acción que muestre a los trabajadores y al resto de capas populares que la socialdemocracia y los sindicatos vislumbran una vía de salida del presente marasmo económico. Hasta ahora no tenemos sino una lista de reivindicaciones sociales que tratamos de exigir lo mejor que podemos y sabemos. Tenemos una posición determinada aquí y allí en cuestiones sueltas de política económica. ¡Pero no tenemos un programa!» [3]
Sin programa en este sentido fuerte y concreto reclamado por Woytinsky se halla también la izquierda social y política española (y europea), y por lo pronto, las direcciones sindicales.
Y eso en un contexto social caracterizado por una rápida erosión en los últimos meses de los logros de la Huelga General del 29 de septiembre: escasa participación en -y escaso eco de- la movilización del 15 y el 18 de diciembre, un miedo social profundo y creciente a las consecuencias de la crisis (con un desempleo superior al 20%, un atroz desempleo juvenil superior al 40% y una precariedad laboral del 33%), así como un insuficiente impacto del sindicalismo nacionalista o alternativo fuera de Euskadi, como puso de relieve la convocatoria de su huelga general el pasado 27 de enero. La credibilidad de la amenaza de una nueva huelga general convocada por CC OO y UGT que tuviera unas proporciones semejantes a las del 29-S, era, por decir lo menos, limitada. Las direcciones de ambos sindicatos mayoritarios han intentado abrir la negociación con el Gobierno y con la patronal, presentando su resultado como un logro más o menos modesto dimanante de la Huelga General del 29-S, y manteniendo y extendiendo al mismo tiempo una movilización de sus cuadros dirigida a las empresas y a los sectores públicos mediante la iniciativa legislativa popular contra la reforma laboral.
En el terreno político, el desplome electoral del PSOE, consecuencia directa de su giro neoliberal de mayo, y su crisis de liderazgo -convertida ya en gresca sucesoria interna-, sumados a la falta de una alternativa política real a su izquierda capaz de construir un nuevo proyecto mínimamente creíble y articulado programáticamente, han terminado por hacer del pánico a una victoria electoral del PP en 2012 el sentido común resignado de las clases trabajadoras. CC OO y UGT han ido a esta negociación a contrarrestar la presión de la derecha social y económica, que exigía del Gobierno Zapatero una reforma radical del Pacto de Toledo en el sentido de abrir puertas a un sistema de capitalización y a la privatización de la seguridad social, al orillamiento de los sindicatos como agentes sociales públicamente reconocidos y a la liquidación de cualquier negociación colectiva mínimamente digna de ese nombre.
Lo que CC OO y UGT han conseguido a través del Acuerdo es reafirmar ante todo su propio papel como representantes de los trabajadores y mitigar moderadamente el impacto del recorte de las pensiones y de la extensión de la edad de jubilación hasta los 67 años, compensando parcialmente su devastador efecto (también simbólico) en algunos sectores de trabajadores especialmente perjudicados, manteniendo las ayudas a los parados sin subsidios y estableciendo ciertas líneas rojas (momentáneas: que nadie se engañe) en el proceso de socavamiento de la negociación colectiva por la vía de evitar la desarticulación completa del actual modelo de convenios sectoriales generales a favor de la negociación de empresa o individual, como ocurre ya en buena parte de la UE. Eso y sólo eso explica el apoyo del grueso de los cuadros sindicales medios a sus direcciones, prácticamente unánime en el caso de UGT y holgadamente mayoritario en el de CC OO.
Dos cosas son, sin embargo, cristalinamente claras.
Primero : nada de lo acordado pone mínimamente en cuestión el tramposo esquema conceptual desde el que las elites neoliberales afrontan la «reforma» del sistema de pensiones públicas.
Segundo : aunque es humanamente comprensible, lo cierto es que las direcciones sindicales mayoritarias no han logrado presentar el Acuerdo Social conseguido como aquello que, en el mejor y más halagüeño de los casos, podría tal vez considerarse: un pequeño alto en el camino, una pausa reponedora de fuerzas; es decir, un acuerdo de circunstancias forzado por una dinámica política, económica y social poco o nada favorable, pero un acuerdo, al fin y al cabo, que pudiera servir para acumular más fuerza, para cargarse de más razones, para ganar y hacer ganar consciencia de la situación, para ilustrar a la población trabajadora, para estimular el crecimiento y la capilaridad de la movilización social, y en definitiva, para aprestarse mejor a una lucha que -nadie puede ya llamarse a engaño a estas alturas- será larga y en la que, a todas luces, y hoy por hoy, vamos más perdiendo que ganando.
Y esas dos cosas cristalinamente claras explican las reticencias y las críticas más o menos educadas del entero arco de la izquierda política real, incluida la parlamentaria -IU, ICV, ERC y BNG-, así como las de los sindicatos nacionalistas, los cuales consideran, entre otras cosas, que sólo en un marco de relaciones laborales propio pueden asumir plenamente su papel de representación de los trabajadores de sus respectivas realidades nacionales.
Si el lúcido socialdemócrata Woytinsky advirtió, como hubo ocasión de ver, contra la autodestructiva «táctica del mal menor», el lúcido comunista Gramsci dejó dicho lo mismo por la misma época y en circunstancias regresivas análogas a las presentes:
«El concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que el que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor aunque sea mayor que el que antes era menor. Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y así hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento regresivo, cuya evolución está dirigida por una fuerza eficiente, mientras que la fuerza antitética está resuelta a capitular progresivamente, a trechos cortos, y no de golpe, lo que contribuiría, por efecto psicológico condensado, a dar a luz a una fuerza contracorriente activa o, si ésta ya existiese, a reforzarla.»
¿Balón de oxígeno para el gobierno Zapatero?
A nadie se le oculta que para el gobierno Zapatero, y a despecho de la enconada resistencia del sector neoliberal más extremista del mismo, la firma de los Acuerdos tiene un valor táctico nada despreciable: el de ganar tiempo para tratar de recuperar su maltrecha base social blandiendo el miedo al PP con la nueva credibilidad que pretendidamente le ofrecería la fotogénica escenificación de un «diálogo social» a pesar de todo compatible con la sumisión a los «mercados», a las instancias rectoras neoliberales de la UE y a los pesos pesados de la derecha económica española. En suma: el de evitar in extremis la consumación de su suicidio político sin dejar de poner empeño en las contrarreformas neoliberales exigidas. El «balón de oxígeno» que le suponen los Acuerdos es un efecto colateral independiente, según el secretario confederal de CC OO; pero responde también, según las encuestas, a la propia percepción de la situación política por la mayoría de los trabajadores y a las circunstancias de su limitada movilización.
Las direcciones de CC OO y UGT han oscilado en la apreciación del carácter táctico de los Acuerdos. En cualquier caso, no han dejado de declarar abiertamente que el conflicto sobre la reforma laboral sigue abierto y que pretenden continuar robusteciendo la propia posición a través de la movilización y de la campaña por la iniciativa legislativa popular.
Más les vale. Más nos vale a todos. Porque las líneas rojas que han conseguido trazar en materia de negociación colectiva, o incluso en la mitigación de los efectos de la extensión de la edad de jubilación a los 67, andan muy lejos de ser indelebles. Ni cabe engañarse -ya quedó dicho- con la ilusoria retórica de los «mercados calmables»: no es imposible, sino todo lo contrario, que en unos meses, o en unas semanas, regresen los ataques especulativos contra la deuda soberana española, lo que redundará en nuevas presiones de la UE y de la derecha económica y de sus «expertos» académicos y mediáticos para seguir «avanzando» por la senda del recorte de derechos sociales. Ni está lejos de ser imposible, sino todo lo contrario, que el PP reabra todos los frentes conflictivos en caso de obtener una amplia mayoría o aun una mayoría absoluta en las elecciones del 2012.
Una condición necesaria, que no suficiente, de que los cambios estructurales propiciados por el desarrollo de la crisis económica no degeneren en alteraciones substanciales de la relación de fuerzas sociales y se traduzcan en ataques políticos profundos y exitosos contra los derechos sociales y laborales conquistados es la explicación realista y veraz, no propagandística ni ilusoria, del alcance de los Acuerdos y de su circunstancia. Sin engaño ni autoengaño. Y una resuelta voluntad de duradera movilización de los trabajadores, de fortalecimiento de sus estructuras sindicales, de articulación programática y de entendimiento fecundo con toda izquierda social y política, y señaladamente con la que goza de presencia en las instituciones legislativas democráticas.
Por volver a las viejas pero no envejecidas enseñanzas de Rosa Luxemburgo: la cabal comprensión de los límites de la acción sindical, en especial en fases de crisis cíclicas, no puede implicar resignación autojustificativa en la lucha por la regulación política de la explotación capitalista. Al contrario: la única forma de superar esos límites es extender la lucha de clases del ámbito sindical al político, construyendo a través de la resistencia y de la movilización una alternativa a la catastrófica salida de la crisis gestionada por las elites rectoras y de sus peritos en legitimación. La ausencia de esa alternativa política de izquierda programáticamente articulada es el problema central en toda la UE, como pone de relieve cualquier balance de las múltiples movilizaciones de resistencia popular que han tenido lugar en la inmensa mayoría de los países europeos desde 2007.
El resultado de los Acuerdos hace más urgente aún si cabe recordar esa vieja lección. Porque los sindicatos no serán capaces de ofrecer verdadera resistencia, con la mera acción sindical, a la avalancha de contrarreformas neoliberales que se nos viene encima.
Notas:
(1) En este sentido ver Javier Andrés, Samuel Bentolila, Juan José Dolado y Luis Garicano «Ante el pacto social: mejor reformas sin pacto que pacto sin reformas» (EP 21/01/2011), http://www.elpais.com/articulo/espana/pacto/social/mejor/reformas/pacto/pacto/reformas/elpepiesp/20110121elpepinac_4/Tes.
(2) Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución, en especial el capítulo III «la progresión al socialismo a través de las reformas sociales». http://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf
(3) El programa redactado por Wladimir Woytinsky en junio de 1931 -¡cinco años antes de la publicación de la Teoría General de Keynes!- puede verse en internet: «Aktive Konjunkturpolitik» in der Weltwirtschaftskrise. Ya en el exilio -tras una escala en Ginebra como economista funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, terminó en EEUU, como estadístico en jefe del New Deal de Roosevelt- dejó escrita en 1935 este lapidaria juicio social el final de la República de Weimar: «Una sociedad que no logra generar posibilidades de trabajo para una gran mayoría de sus miembros destruye su derecho a existir, y aun si consiguiera mantener ese derecho, perdería la capacidad para defenderse de las fuerzas disgregadoras internas y externas.» (Citado por Gabriele Liebig, » Wladimir Woytinsky: Der Ökonom, der aus der Kälte kam», en Freitag, 13 marzo, 2009.)
Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventos son miembros del Consejo de Redacción de SinPermiso.