Asuntos cruciales como el precio de la vivienda, la movilidad, la despoblación o la sostenibilidad han quedado opacados en una campaña electoral tras la que se prevén pocos cambios.
ETA. La palabra está en boca de todos los políticos del Partido Popular, en artículos y editoriales que insisten en su empeño de que el programa político más pragmático es aquel que resucite más alto y mejor el espectro de un terror que acabó hace 12 años. Es más, para la furia de la derecha española ha quedado claro que ETA es Bildu. Y como Bildu es socio de Pedro Sánchez, ETA está en el poder “y habría que intentar su ilegalización”. Esa es la petición expresa de Isabel Díaz Ayuso que, por muy disparatada que parezca, no lo es en absoluto. Se trata de una simple ecuación que tiene atrapada a una parte de la ciudadanía en un círculo vicioso fabricado sobre la ilusión de que la paz y la convivencia son fruto de una claudicación, la del Estado de derecho a una panda de criminales.
Más allá del efectismo electoral de esta patraña, o de que el recuerdo y los honores a los viejos militantes de ETA sigan presentes en las expresiones existenciales de algún sector de EH Bildu, es difícil encontrar almas en Euskadi que, a estas alturas, duden del giro sísmico iniciado hace una década por la coalición abertzale –que “deplora” la violencia y apuesta por la vía política–. Pero la presencia en sus listas de siete exmiembros de ETA que ya cumplieron sus penas por los graves delitos que cometieron ha emponzoñado una campaña que empezó caldeada y que camina hacia un resultado incierto. Pocas cosas hubieran complacido más a los socialistas vascos que haber desactivado esas candidaturas a tiempo porque hasta el PNV ha entrado en el cuerpo a cuerpo. Si la posibilidad de explorar nuevas alianzas en Gipuzkoa y Álava eran escasas, ahora son inexistentes.
Consciente de que la pugna entre las dos formaciones nacionalistas por la hegemonía es cada vez más cerrada, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha lanzado a la yugular de EH Bildu asegurando que una parte de la coalición abertzale “sigue sin ver con buenos ojos este viraje hacia posiciones más colaboradoras con el poder en el Estado” y que la prueba de cargo fue la inclusión de exmiembros de ETA en las candidaturas para “contentar” al sector más radical del partido. “Creo que Pedro Sánchez se está equivocando”, vaticinó hace unos días sobre la posición del presidente del Gobierno en este conflicto. “Ha planteado estas elecciones en clave nacional y quiere evitar el rechazo de Bildu”, añadió el dirigente jeltzale. Aunque pueda sonar a electoralismo agónico, quizá porque las encuestas se aprietan en localidades como Donostia, Ortuzar no acostumbra a desbarrar en este tipo de análisis. A su manera, es de esa clase de personas que nunca dan puntada sin hilo. Sabe a la perfección dónde busca votos EH Bildu y no es en su partido sino en Elkarrekin Podemos, en los jóvenes votantes con un alto compromiso social pero sin excesiva memoria del pasado reciente que ven en la izquierda abertzale la única opción con posibilidades reales de acabar con la hegemonía del PNV, y a los morados como una formación definitivamente menguante.
¿Qué consecuencias tendrá lo ocurrido en el futuro? La pregunta es inmensa y dependerá de muchos factores imprevistos, de la construcción de voluntades, de la correlación de fuerzas y del discurrir de los acontecimientos. Sin embargo, la carta pública en la que los siete candidatos de EH Bildu señalados no solo anunciaban su renuncia a presentarse a las elecciones, sino que se dirigían a las víctimas con el compromiso de no añadir más dolor al existente ha pasado casi inadvertida. Excepto para el PNV, enfrascado en dejar en los huesos al PP de Carlos Iturgaiz, al que le faltó tiempo para calificarla de papel mojado porque la decisión fue tomada “por táctica política y por presión, no por convicción ética”.
De lo que no se habla tanto, quizá por desconocimiento o quizá por interés político, es de que en Euskadi se viene trabajando desde hace tiempo en restañar las profundas heridas que dejó aquella funesta guerra. Con discreción y muchas dificultades, es cierto, pero se habla y a menudo con más respeto hacia las víctimas del que algunos podrían imaginar. El consejo de dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ‘Gogora’, por ejemplo, presentó el pasado mes de octubre un documento-marco al Parlamento vasco para avanzar en la “construcción social de una memoria compartida” sobre la larga noche de violencia que vivió Euskadi. La redacción corrió a cargo de tres jóvenes historiadoras, dos víctimas de ETA –Josu Elespe y María Jauregi– y una del GAL –Axun Lasa– que tras ocho meses de trabajo ininterrumpido alumbraron una hoja de ruta para el diálogo tejido con los mimbres irrebatibles de los principios éticos.
En el texto de nueve puntos queda claro que “toda violación de derechos humanos ha sido, es y será injusta” y se apela a “un futuro sin olvido”, la única forma de que la sociedad vasca “pueda mirar al pasado y conocer las graves vulneraciones que se cometieron”. Terrorismo, violencia de motivación política, conculcaciones de derechos y reconocimiento a todas las víctimas, algo que sigue sin ocurrir en la actualidad. El filósofo Daniel Innerarity resumía la semana pasada en un tuit el vacío comparativo que siguen sintiendo algunas víctimas por la falta de reconocimiento del daño que causaron otras violencias: “El sufrimiento y la humillación de las víctimas de ETA al ver en las listas electorales a condenados por terrorismo, algo legal pero no decente, debe de ser similar al que padece la familia de Mikel Zabalza ante el ascenso del general Arturo Espejo (actual jefe del Mando de Apoyo de Madrid de la Guardia Civil), legal pero no decente”. Hay más ejemplos.
Por eso el documento de ‘Gogora’ insiste en la importancia de cerrar estas heridas a partir de “una autocrítica sin excusas de todos los que tuvieron responsabilidades directas e indirectas sobre lo ocurrido” y hacerlo, además, desde posiciones constructivas e inclusivas “porque sólo así podrá asentarse un modelo de convivencia duradero”. Pero los autores son conscientes de que alcanzar consensos en un contexto político conflictivo y polarizado como el actual “es limitado” por lo que reclaman a los responsables de lo ocurrido “esfuerzos para hallar lugares comunes” que favorezcan el entendimiento. Verdad, justicia, reparación y el firme compromiso de no repetición para todas las víctimas. “Pero tal y como ha quedado patente en una campaña donde el debate debería estar centrado en las ideas de ciudad y bienestar autonómico, el camino que queda por recorrer es un campo minado, pleno de potenciales crisis, con momentos álgidos que exigirán a los políticos mucha más cautela de la que el PP, con el uso electoral que siempre hace de este drama, y EH Bildu, banalizando el pasado con la presentación de esas listas, han demostrado”, comenta una víctima de la violencia que prefiere mantenerse en el anonimato. Otras como María Jauregi, Gorka Landaburu, Consuelo Ordoñez, Iñaki García Arrizabalaga o el periodista Pablo Romero ya le han dicho a Isabel Díaz Ayuso que deje de decir barbaridades sobre este delicado asunto.
El levantamiento de piedras es un deporte típico en euskadi pero los vascos están exhaustos de tratarse a pedradas, de que sigan utilizando a ETA como arma arrojadiza en el debate político, de que las víctimas de un periodo atroz sean obligadas a revivir el dolor, una y otra vez, en ocasiones de manera impúdica. Memoria de todos y memoria para todos. En justa dimensión. Una abrumadora mayoría de ciudadanos, de todos los partidos con la excepción de un PP residual, y de esa anomalía política que es Vox en Euskadi, comparte esa esperanza. Y también de que la aportación del Instituto Gogora sirva para impulsar un relato lo más compartido y profundo posible de los años negros de violencia. “Todo esto se podría haber evitado. Y hablo desde un punto de vista exclusivamente político. En mi opinión, Bildu ha cometido un error porque sabía que la derecha iba a utilizarlo para desviar la atención sobre sus propuestas y su gestión allí donde tienen poder. Lo que han hecho con las personas que murieron en las residencias de Madrid durante la pandemia, por ejemplo. Pero en Euskadi también ha desenfocado un debate crucial sobre el precio de la vivienda, la movilidad, la despoblación o la sostenibilidad”, comenta Mariasun Gamboa, una maestra gasteiztarra de mediana edad, que asegura que la calidad de vida en Euskadi ha empeorado y la alianza PNV-PSE que gobierna en las tres poderosas diputaciones responde mejor a los intereses empresariales que a los problemas de la ciudadanía.
Las polémicas que provoca la presidenta madrileña se sienten en Euskadi como un rumor lejano, casi como una pesada broma, aunque los discursos ultraderechistas también hayan llegado. El PP vasco se desangra en todos los frentes desde que ETA detuvo la locomotora de la guerra. Muchos ciudadanos no sabían siquiera hasta hace unos días que Isabel Díaz Ayuso cierra la lista de los populares al Ayuntamiento de Bilbao. “¿Tiene algún familiar que vive aquí?”, es la contrapregunta de Carlos, un vendedor de periódicos bilbaíno que hace pasar un mal trago a un cliente al preguntarle inocentemente por la mujer que ha conquistado el corazón de los medios madrileños con un fervoroso culto a su personalidad. “¿Ayuso?”, interpela, “ese es un ciclista”, añade con convicción. Un posterior intercambio de palabras junto a la oportuna intervención del frutero Ibrahim aclara el panorama. “Tiene usted razón, no es un deportista”, explica el apurado cliente con tono apologético. “Es la presidenta de Madrid”. Las cosas como son: hay más posibilidades de que ardan los polos de que Ayuso reciba una reverencia o algún tipo de prerrogativa especial por parte de la mayoría de los vascos. El interés que suscita es como el color del cielo esta primavera lluviosa, oscuro y atormentado.
En la Plaza Nueva de Bilbao, en el casco antiguo de la capital vizcaína, el ambiente electoral que se respiraba el jueves 18 de mayo, era prácticamente nulo: turistas despistados y grupos de jóvenes bebían abrigados en las mesas hasta que el ritmo de un grupo de músicos ucranianos logró conquistar su atención con una alegre marcha cosaca. La música puede cambiar el mundo. Andoni, un joven economista que pasaba por allí, no sabía bien qué responder a las preguntas sobre lo que hay en juego en los comicios del 28 de mayo y de sus preferencias. Miró al periodista, se encogió de hombros y dijo: “Pues que todo seguirá igual. Seguirán gobernando los mismos”. Dio dos pasos y se perdió por las calles.
Carmen Zárraga, una enérgica jubilada de Getxo, pronostica casi el fin del mundo. Sostiene que el único ganador en una situación política tan tensionada es la derecha. “Al PNV no lo considero de derecha. Bastante hace por este país. Yo votaré al PNV”, añade, aunque admite que le gustaría que su partido explorara alianzas más allá del PSE. “Sí me gustaría que se entendiera con Bildu”, concluye.
Un jubilado barbudo y septuagenario, que leía la crónica de la última derrota del Athletic en un diario local, adopta una postura casi poética cuando se le cuestiona de qué manera puede afectar a su vida de pensionista el resultado de las elecciones del 28 de mayo y cuál es su grado de satisfacción con la gestión política que se ha venido desarrollando en un municipio de 80.000 habitantes como Getxo y desde la Diputación de Bizkaia en estos últimos cuatro años. El hombre abandona su papel de lector de prensa, calla a su perro con un grito y se arregla el bigote como buscando inspiración: “Mira, hijo, a mi edad desconfío completamente de los partidos políticos en unas elecciones”.
Es difícil saber el efecto que tendrá esa “desconfianza” que muestra ese jubilado cuando se abran las urnas. De momento, las encuestas auguran pocos cambios de color en los gobiernos locales y territoriales, cruciales en una administración tan escrupulosamente descentralizada como la vasca. Cada una de las tres diputaciones dirige áreas tan críticas en la articulación social como la recaudación de impuestos, la administración de todas las infraestructuras de carreteras o las políticas de bienestar social. Los comicios son importantes, eso nadie lo discute, pero hay poca euforia. Los vascos están justificadamente curtidos en el escepticismo electoral porque “hagan lo que hagan, siempre ganan los mismos”, sentencia el jubilado enfurruñado con el devenir del Athletic.
“Esperaré y veré”, dice Gorka Calvo, un cocinero en prácticas que confiesa estar tan preocupado por los precios de la vivienda, el problema social más apremiante de largo en Euskadi, como por la tentación de la derecha de ilegalizar a EH Bildu. “Es que la oportunidad de comprarme un piso, o simplemente de alquilarlo, es inexistente. Una persona como yo, que gana 1.200 euros al mes, no puede aspirar a vivir en esta ciudad donde el precio medio del alquiler es de 900 euros. ¿Qué opciones me dejan? Irme fuera y regresar cada día a trabajar. Creo que el ayuntamiento, todos los de Euskadi, pueden hacer mucho por mejorar este problema”, afirma.
Acceder a una vivienda es, de hecho, un lujo asiático en algunos municipios, sobre todo, en Donostia, donde el valor tasado de las viviendas ha aumentado un 4,45% desde el pinchazo inmobiliario de 2007. Ha pasado de 3.930 euros por metro cuadrado a 4.105 euros, el más alto de España, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La capital donostiarra tampoco sale bien parada en el precio de los alquileres. Según el informe estadístico que elabora el Mercado del Alquiler (EMAL) del Gobierno Vasco, el arrendamiento medio alcanza los 924,5 euros, un 1,1% más que en 2021. Es la ciudad con las tarifas más elevadas de Euskadi. En Vitoria-Gasteiz, el alquiler medio es de 690 euros al mes y en Bilbao de 778. Estos datos ratifican la percepción de ciudadanos y entidades sociales de que el acceso a una vivienda en Euskadi no solo sigue siendo una dificultad extrema, sino que además va en aumento. Especialmente para los colectivos más desfavorecidos.
Iñigo Maguregi, un abogado que colaboró en la legislación de vivienda protegida en Euskadi entre 2001 y 2003 con Ezker Batua, afirma que “el mercado no se autorregula y hay que plantearse ya el intervencionismo sobre el parque de viviendas y combinarlo con otras medidas de choque, como el cumplimiento de la ley de vivienda en los topes máximos de reserva de VPO o social, fomentar un alquiler satisfactorio y tomarse mucho más en serio la inspección de los pisos turísticos en localidades como Donostia, que carece de suelo y no tiene barrios obreros”. ¿Qué cosas no se han hecho? “Muchas. La administración tiene herramientas para contrarrestar los efectos del mercado, pero lo han metido en un cajón. En general, los ayuntamientos podrían hacer más de lo que hacen. Ahora se ha aprobado una ley de vivienda en el Congreso que me parece muy positiva. Es una oportunidad pero ya veremos cómo la utilizan”, sentencia Maguregi. Veremos. Es una palabra recurrente en muchas de las conversaciones que se escuchan en la calle. No conviene olvidar que esto, a fin de cuentas, es Euskadi, donde los imprevistos suelen aparecer a la vuelta de la esquina.