Jueces y fiscales vascos llevan décadas denunciando que están desarmados frente a la corrupción. La Ertzaintza poco puede aportar sin una unidad específica para investigar estos delitos. Apenas existen equipos de investigación en los medios de comunicación vascos para contar lo que nadie quiere que se cuente. Además, quienes debieran estar bajo investigación, cuentan con todos los recursos a su disposición para evitarlo.
Jueces y fiscales vascos llevan décadas denunciando que están desarmados en la lucha contra la corrupción. La Ertzaintza poco puede aportar sin una unidad específica para investigar estos delitos. Apenas existen equipos de investigación en los medios de comunicación vascos para contar lo que nadie quiere que se cuente. Ni siquiera los partidos de la oposición, a veces de gobierno en pequeños municipios o diputaciones y con aspiraciones de gobernar, han organizado un grupo de trabajo dirigido a analizar este asunto donde ingenieros, abogados y otros técnicos trabajen juntos con ese fin. Además, quienes debieran estar bajo investigación, cuentan con todos los recursos a su disposición para evitarlo —generalmente, con las mejores asesorías jurídicas y abogados del partido—. Mientras tanto, se dicen víctimas de los juicios mediáticos paralelos y procesos judiciales indebidos o alargados en el tiempo en los medios públicos que también controlan.
En la memoria anterior,
la Fiscalía detectó un incremento “enorme” de las denuncias de
corrupción, aunque “generalmente” se archivan por falta de “soporte
documental”. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de “dotar de
mayores instrumentos a la investigación de los delitos”. Desde la
Fiscalía también se han criticado las dilaciones indebidas en las
investigaciones judiciales y el exceso de sobreseimientos sobre
numerosas denuncias.
Sin herramientas judiciales para atajar la corrupción
El oasis vasco carece de un delegado de Fiscalía Anticorrupción y su nombramiento no está para nada en las reclamaciones prioritarias del PNV al Gobierno español. En 2015, el Consejo Fiscal del Estado y el Fiscal General aprobaron la petición de la Fiscalía vasca y el Parlamento vasco de un delegado en Euskadi de la Fiscalía Anticorrupción. Semanas después, el criterio cambió y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no ampliar las delegaciones especiales en esta materia. Cuatro años más tarde, destinaron a Euskadi un Fiscal Delegado en materia de Delitos Económicos.
La investigación de delitos económicos incluye algunos tipos de corrupción política. La memoria de la Fiscalía vasca de 2020 reconocía que a nivel judicial, y en relación a los asuntos atribuidos a la sección de delitos económicos, se había producido un incremento respecto del año anterior, al encontrarse actualmente en trámite 30 procedimientos penales. A pesar del aumento de estos quebrantamientos de la ley, la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos de la Ertzaintza, según su denominación completa, disponía de 12 agentes en 2012 y solo tras una solicitud de refuerzo, cuenta actualmente con una veintena de personas.
Sus esfuerzos chocan con la cadena de mando nombrada por el “establishment” que ampara la impunidad de las tramas corruptas con “prácticas propias de Sicilia”, como reconoció el entonces fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, durante los juicios del Caso De Miguel: la trama de corrupción más gruesa que ha atravesado al Partido Nacionalista Vasco y sus dirigentes. Es una cadena de mando cuyas órdenes e interferencias en las labores de la Policía Judicial pueden conducir al fracaso de algunas investigaciones o manipulaciones de pruebas. La propia Policía Judicial de la Ertzaintza depende de la Consejería de Seguridad, comandada por cargos políticos del PNV.
Estas deficiencias para atajar la corrupción son tan profundas que puede desanimar al denunciante con más coraje. Es más, la actual fiscal jefe en la Comunidad Autónoma Vasca ha afirmado públicamente que se ve “sola” contra la corrupción. Ya en 2018, jueces y fiscales vascos pidieron más medios para combatirla y denunciaron que no están armados ni formados para ello. En palabras del fiscal Josu Izaguirre, se enfrentan a “elementos extraños” que han “bombardeado por tierra, mar y aire” las investigaciones contra la corrupción.
Limitaciones del periodismo y del activismo
El oasis vasco es un mito creado, al menos en parte, por un espejismo: hay un desierto informativo auspiciado por el reparto de la publicidad institucional, sistema dirigido desde Lakua —sede del Gobierno Vasco— y otros males no endémicos del periodismo como la extensa atención a las declaraciones, las ruedas de prensa o las notas oficiales. El PNV es un partido generoso que sabe que su forma de regar con sus partidas institucionales le sale barato.
Asimismo, ha sabido pescar, con sus redes clientelares, a informadores y medios de comunicación, en principio, en la oposición. Es el caso de los grupos Prisa y Vocento. Cabe aquí hacer memoria: fue el PNV quien introdujo a Silvio Berlusconi en el negocio televisivo español a través de un convenio con Euskal Telebista, la televisión pública vasca. Más tarde, el magnate italiano tejería alianzas con Telecinco y Mediaset a través de las familias de Neguri que entonces manejaban BBVA.
Los nuevos medios, digitales y alternativos, generalmente no han apostado por formar un equipo de periodistas de investigación. Por orden de algunos partidos, los medios de comunicación convencionales vascos fueron desmontando sus grupos. Por ejemplo, el PNV, tras un pacto de legislatura con el PSE-EE en 1986, dejó de apostar por un equipo de investigación en Deia, que en su momento había destacado informando sobre la guerra sucia.
El diario El Mundo empezó a desmantelar su equipo, con importante incidencia en su edición vasca, con la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno español en 1996. El equipo del diario Egin fue clausurado por orden judicial en 1998, tras ser criminalizado por PNV y PP.
En 2000, la revista Ardi Beltza abrió su redacción a colaboraciones de periodistas madrileños, andaluces, catalanes, gallegos, políticamente incómodos para los partidos que habían presionado para detener algunas líneas de investigación en diversos medios como Interviú, Cambio 16 o La Voz de Galicia. Ardi Beltza, criminalizada por orden de la policía patriótica y las cloacas del periodismo, fue clausurada por orden judicial en 2001.
A ello se une que la oposición política al Gobierno vasco no es capaz de articular un equipo multidisciplinar para hacer frente a la putrefacción en la arcadia feliz del PNV. Cabe recordar que el PNV ha gobernado en el oasis vasco formando alianzas con los Socialistas Vascos (PSE-EE), Euskadiko Ezkerra (EE, que acabó dentro del mismo PSE-EE), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU). Por su parte, los sindicatos cuentan con recursos limitados para hacer frente a redes clientelares que promueven la privatización de servicios públicos y la precarización en el sector privado. En lo que se refiere al tejido social, la asociación contra la corrupción denominada Adi! ha caminado sola contra la corrupción.
A todas estas carencias para investigar la corrupción hay que sumar los rechazos a iniciativas parlamentarias que proponen reforzar el combate contra la corrupción. Los partidos que lideran el Gobierno vasco hacen piña para votar en contra de crear una Fiscalía Vasca Anticorrupción, una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, crear en la Ertzaintza una unidad específica especializada en luchar contra la corrupción, ampliar la plantilla de ertzainas que investiga este tipo de delitos o la tramitación de una ley que proteja a las personas que denuncian la corrupción. Además, PNV y PSE-EE también han rechazado iniciativas para exponer un diagnóstico sobre la corrupción en el Parlamento Vasco, erradicar el clientelismo en las adjudicaciones de contratos públicos y evitar las puertas giratorias.
Falsa tolerancia cero
Abogados afines al PNV de la talla de Javier Beramendi, cuñado del que fuera primero diputado general de Bizkaia y luego presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Luis Bilbao, han ejercido de letrados de buena parte de los imputados en causas de corrupción. Sobre todo en lo que respecta a la gestión municipal en varios Ayuntamientos. En la actualidad, pese a la precariedad para combatir la corrupción, se contabilizan diez exregidores condenados. Asimismo, hay un alcalde condenado, otro investigado, tres exalcaldes imputados y ocho exediles condenados. Todos del PNV y muchos defendidos por primeras espadas de la abogacía.
El presidente del partido Andoni Ortuzar exigió a los ediles electos del partido que tuvieran “tolerancia cero con la corrupción” en 2014. Un año después, en 2015, EH Bildu publicó un mapa sobre las irregularidades en el modelo de gestión municipal del PNV en Bizkaia, apuntando a 28 municipios. En varios de estos municipios algunos grupos opositores como la propia coalición abertzale, Elkarrekin Podemos o coaliciones independientes apostaron decididamente por denunciar las corruptelas del PNV a nivel local. Terminaron desalojando de la alcaldía al PNV en plazas históricas como Lemoa, Karrantza, Durango, Bakio, Arrigorriaga, Galdakao, Igorre, Zalla. Aunque hubo municipios en los que no arrebataron la alcaldía sí lograron más votos que los jeltzales, como sucedió en Alonsotegi.
Más allá de la retórica de Ortuzar, lo cierto es que el PNV no permite ni una línea de disenso interna. Fernando Urruticoechea, interventor municipal en Galdakao, denunció las irregularidades en la administración del PNV. Poco después fue declarado persona “non grata” en el oasis vasco. Este hecho contrastaba con que la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria le concediera el Premio Urogallo por su “lucha profesional contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales”. También la Unió de Periodistes Valencians le galardonó por su lucha a favor de la libertad de expresión. Pocos años después, Urruticoechea aseguró que cientos de funcionarios públicos sufren presiones por parte de auténticas “organizaciones mafiosas”.
Lo que no tolera el PNV son las voces críticas internas, fulminadas de inmediato. El último caso conocido ha sido el del ya exalcalde de Mundaka. Intentó poner freno al clientelismo local del partido y por ello fue objeto de una moción de censura promovida por compañeros, entre ellos el hermano del diputado general de Bizkaia.
Buenos abogados y mejores medios
En este desigual combate, en ocasiones se vence por KO técnico. En 2013, la Fiscalía Superior del País Vasco reconoció que “personas poderosas afectadas” por corrupción tienen “buenos abogados y más medios”. La considerada derecha ejemplar en algunos círculos del progresismo estatal ha puesto a sus mejores picapleitos al servicio de muchas personas pilladas con las manos en la masa.
Uno de los letrados de Alfredo De Miguel, exresponsable de una importante empresa propiedad del PNV y exteniente del diputado general de Araba, era Eneko Goenaga Egibar, sobrino de Joseba Egibar, quien ahora compagina la asesoría jurídica al Gobierno vasco y la todopoderosa constructora Amenabar. En diciembre de 2019, tras nueve años de investigaciones, se dictó sentencia en torno al, en palabras del CGPJ, “mayor caso de corrupción de Euskadi”: el Caso De Miguel.
En esta trama, donde fueron condenados varios exaltos cargos del Gobierno vasco, se pedían comisiones ilegales “desde correos oficiales” a cambio de contratos públicos. La trama estaba ligada a las obras para una nueva sede del PNV en Gasteiz. Fueron condenadas 15 personas, entre ellas tres miembros de la ejecutiva del partido, con penas que van de seis a 13 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad en documento mercantil.
Presiones del PNV contra jueces y fiscales
Uno de los máximos responsables de la ejecutiva del PNV —burukide— Alfredo De Miguel había compartido responsabilidades en el Araba Buru Batzar con Emilio Olabarria, exmiembro del CGPJ. El propio Olabarria, que fue diputado en las Cortes Generales de España, firmó una carta enviada al órgano de gobierno del Poder Judicial para presionar en torno al caso cuyo compañero de partido daba nombre. El PNV solicitó la intervención del CGPJ por el uso “rastrero” de las causas de corrupción. El mismo CGPJ no reforzó el juzgado que llevaba cinco años investigando el Caso De Miguel, que contaba con escasa dotación de personal. En 2015, la entonces recién creada Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción del CGPJ reforzó con dos únicos efectivos la Audiencia de Araba debido a la “carga de trabajo” de la instrucción.
El PNV puso en su diana a los investigadores del caso. Se produjo un repetido ataque contra el juez instructor y el fiscal del caso fue reprobado por el Parlamento vasco, por el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi (TSJPV) y por la Junta de Fiscales vascos. El Parlamento vasco también reprobó al portavoz del PNV, Joseba Egibar, por haber acompañado a Alfredo De Miguel a la comisión de investigación política, en cuyos pasillos protagonizaron un polémico abrazo. Esto mismo sucedía en el oasis vasco poco después del SMS de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas: “Luis, sé fuerte”.
La sentencia condenatoria del Caso De Miguel no es un caso aislado. A esa trama hay que añadir un exsenador condenado por corrupción (Caso Bravo), un exdirector de Innovación del departamento de Agricultura del Gobierno vasco condenado (Caso Purines, en Karrantza), dos exaltos cargos de Osakidetza (Caso Margüello), un exvicelehendakari (Caso Kutxabank), un antiguo diputado general de Bizkaia en los papeles de Panamá, un exdiputado de Bizkaia condenado por corrupción que luego indultado por el PP y un hermano del mismísimo “Bárcenas del PNV” ligado también al escándalo de los ‘Panama Papers’ a través de un testaferro de Silvio Berlusconi. Este puñado de casos sigue siendo solo la cara visible de toda una ristra de tramas y subtramas que se acumulan a la sombra alargada de Sabin Etxea, cuyo edificio se impone sobre la sede del máximo órgano de la Justicia Vasca, a diez pasos de distancia en los Jardines de Albia de Bilbao.
Presiones contra denunciantes y denunciados premiados
Una empresaria, hija de un simpatizante del PNV, declaró durante el juicio por el Caso De Miguel sobre la “alegría y facilidad” con la que la que le presionaron para que “pasara por caja”. Este modus operandi le hacía temer que ella no fue “la única” persona a la que se le reclamaba el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Tras denunciar la trama a responsables de la administración, le apartaron de las licitaciones de contratos públicos.
Mientras se desataba una tormenta contra la denunciante del Caso De Miguel, el PNV abrió su “paraguas” para que excargos públicos condenados por corrupción sigan trabajando en entidades públicas. De hecho, al menos tres condenados por la trama siguen en la actualidad pendientes del recurso ante el Tribunal Supremo, trabajando en entidades públicas, entre ellos, el propio Alfredo De Miguel. ¿Se imaginan a Rodrigo Rato, Francisco Camps y Carlos Fabra condenados y trabajando para entidades públicas?
Varios denunciantes de las irregularidades en la OPE de Osakidetza han abandonado sus trabajos debido a las presiones que sufrieron, en cambio, algunos imputados por corrupción fueron ascendidos. El exalcalde de Alonsotegi entre 1999 y 2003, Gabino Martínez de Arenaza, denunciado por la trama de corrupción en el consistorio, pasó a ser nombrado director de Turismo en Bizkaia. Este excargo público, ya imputado, fue recolocado en una entidad pública de la Diputación y, a punto de ser juzgado, trabaja en la agencia que diseñó el logo del PNV.
Otros denunciados por irregularidades han contado con el apoyo de la Comisión de Ética del Gobierno vasco para practicar el ejercicio de las puertas giratorias. Jon Darpón, el exconsejero de Salud del Gobierno vasco que abandonó su cargo tras el escándalo de la OPE de 2019, saltó, junto a dos miembros de la cúpula de Osakidetza, a dirigir el grupo sanitario privado Keralty. Se trata de un grupo que lidera el exvicelehendakari y exconsejero de Sanidad Jon Azua. Todo en orden para la comisión que, por cierto, preside el vicelehendakari Josu Erkoreka.
El dosier del PP sobre la financiación del PNV
Xabier Arzalluz dijo en una ocasión: “Logré más de Aznar que del PSOE”. Con Arzalluz en sus horas más bajas en el partido, el Gobierno de Mariano Rajoy pidió al Lehendakari que dejase a un lado el debate de la corrupción en las negociaciones del cupo vasco y los presupuestos del Gobierno español. El PNV declaró públicamente que abogaba por no mezclar la corrupción con los presupuestos del Estado. A cambio, el Gobierno español terminó desbloqueando las partidas destinadas al TAV en Euskadi. Un ejemplo más de los beneficios que ha sacado el PNV de sus apoyos al bipartidismo español, como cuando arrancó a José María Aznar el nacimiento de la operadora Euskaltel a cambio de su apoyo a aquel primer Gobierno en minoría del PP. Años antes, el apoyo del PNV al PSOE evitó una comparecencia de Felipe González para dar explicaciones sobre la guerra sucia. A cambio, los socialistas vetaron una investigación política sobre el Caso Tragaperras en Euskadi.
El PP, conocedor del modus operandi en la financiación del PNV, tenía preparado un dosier sobre la contabilidad del partido nacionalista con datos recabados en el Tribunal de Cuentas español. El PP pudo saber que el PNV fue el partido que más donaciones anónimas recibió entre 1987 y 2007, prohibidas en 2009: 27,5 millones de euros, más del 25% del total declarado por todos los partidos. Además, el PP estaba dispuesto a solicitar la comparecencia de los tesoreros del PNV en la Comisión sobre la Financiación de los Partidos Políticos y preparó una batería de preguntas sobre la condonación de deudas bancarias para su posible utilización en la comparecencia en el Senado de los responsables de Kutxabank.
El PNV ha llegado a tener una deuda de 28 millones con los bancos, 11 millones en créditos con Kutxabank. Un extesorero del PNV, Xabier Sagredo, que preside ahora la BBK, es el máximo accionista de Kutxabank.
Mariano Rajoy insistía en que ningún partido podía enarbolar una superior autoridad moral sobre los otros y enumeraba casos de corrupción del PNV, partido al que el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 un expediente sancionador por irregularidades en sus cuentas y cuyo resultado no se ha hecho público. De esas fechas son frases como las de “si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano” que espetó a Mariano Rajoy el jelkide Aitor Esteban, a lo que respondió el gallego con “si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor”.