Es una constante de las dictaduras que cuando están a punto de hundirse intentan sellar su impunidad mediante leyes de amnistía impuestas bajo amenaza militar. Asi ocurrió con la dictadura de Franco, y con otras como las de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay o Brasil. Unas leyes esgrimidas como pretexto para no investigar desapariciones forzadas, fusilamientos, […]
Es una constante de las dictaduras que cuando están a punto de hundirse intentan sellar su impunidad mediante leyes de amnistía impuestas bajo amenaza militar. Asi ocurrió con la dictadura de Franco, y con otras como las de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay o Brasil.
Unas leyes esgrimidas como pretexto para no investigar desapariciones forzadas, fusilamientos, secuestros, torturas, niños robados, y otros crímenes contra la humanidad, y que han levantado un vergonzoso Muro de Impunidad, a pesar de las reiteradas denuncias de organismos internacionales.
El tesón de las victimas, y la movilización social contra estas leyes, consiguió hace quince años que el dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres, por orden de un juez español, en base al principio de Justicia Universal. Desde entonces se han multiplicado las denuncias, investigaciones, y juicios contra violadores de derechos humanos en todo el planeta, pero también las presiones de potencias mundiales, como las de EEUU, denunciados por asesinatos, o torturas como las de Guantánamo
Hoy sabemos, por las filtraciones de Wikileaks, que estas presiones estuvieron detrás del pacto que PSOE-PP firmaron hace cuatro años para limitar el alcance del principio de Jurisdicción Universal, que permite que ciertos crímenes dudan ser perseguidos en cualquier país, al margen de la nacionalidad del criminal, o del lugar del crimen. Como dice Galeano: «el poder es un cíclope. Tiene un solo ojo: ve lo que le conviene, es ciego a todo lo demás. Contempla en éxtasis la globalización del dinero, pero no puede ni ver la globalización de los derechos humanos».
En nuestro país la Ley de Amnistía de 1977 perdonaba a autoridades, funcionarios y agentes de orden público que hubieran violado derechos humanos pero, siendo una ley preconstitucional, contraria al Derecho Internacional, y que no contempla el genocidio y la tortura, es preocupante que los tribunales españoles hayan recurrido a ella constantemente, junto a la prescripción y la muerte, para amparar la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad. Todas las denuncias presentadas por victimas de la dictadura y la Guerra Civil en España han sido archivadas o duermen el sueño de los justos.
Esta actitud sólo puede explicarse porque la llamada «transición democrática» dejo intactas las estructuras de poder franquistas y respaldó la legalidad fascista. El poder económico, forjado mediante leyes criminales y la represión sistemática del movimiento obrero, el poder judicial, las fuerzas armadas, o los cuerpos policiales, no fueron depurados. Su influencia llega hasta nuestros días y aclara por qué las instituciones españolas ni investigan ni cooperan, como denuncia Amnistía Internacional. No es casualidad que uno de los querellados, Martín Villa, ministro franquista cuando la policía asesinó a cinco trabajadores en Vitoria, apodado la porra de la Transición, haya sido asesor de grandes empresas y ahora consejero del «Banco Malo» creado para sanear la banca privada con fondos públicos.
El Estado español es el segundo país del mundo en número de víctimas por desapariciones forzadas, mas de 114.000 denunciadas, cuyos restos ocupan cunetas y fosas comunes sin haber sido recuperados e identificados. Añadamos condenas y ejecuciones, torturas, asesinatos, y aceptemos que hay un conflicto que la decepcionante Ley de Memoria Histórica no ha resuelto porque la impunidad de violaciones graves de los derechos humanos es incompatible con la justicia y con la verdad.
Cita Waris Dirie, en su discurso contra la mutilación genital femenina, «El último camello de la fila, camina tan de prisa como el primero». La lucha de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina llegó hasta nuestro país y abrió la puerta para que hoy más de 300 asociaciones, memorialistas y de víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil española, puedan declarar ante un juzgado argentino contra responsables de genocidio y torturas en nuestro país.
Entre ellas la Plataforma Vasca para la Querella Contra los Crímenes del Franquismo, de la que forma parte la Asociación de Víctimas del 3 de marzo de 1976, que ha presentado mas de cien denuncias, y lleva años trabajando para que sea aquí donde acabemos con la vergüenza histórica que supone que el único enjuiciado por los crímenes del franquismo sea precisamente el juez que los quiso investigar.
Combatir contra la impunidad hoy es hacerlo contra quienes la amparan y la defienden que son los mismos que aplican políticas reaccionarias y restrictivas de derechos laborales, sociales y ciudadanos, que castigan a la inmensa mayoría de la sociedad que somos los trabajadores y nuestras familias.
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