El negocio de las residencias en Bizkaia: Fondos buitre al acecho

Uno de los sectores en los que se ve de forma más evidente las consecuencias de esta privatización son las residencias de mayores, un ámbito que, como estudiamos en el informe El negocio de las residencias en Bizkaia. Fondos buitre al acecho, publicado por OMAL y Amarantas, se ha ido privatizando progresivamente en los últimos años. A continuación resumimos algunos de los hallazgos de esa investigación.

En primer lugar, para comprender cómo se ha fraguado el negocio de los cuidados en el ámbito de las residencias debemos tener en cuenta que nos encontramos en una situación de creciente demanda, marcado tanto por el envejecimiento demográfico como por la crisis de cuidados, que tensiona el tradicional modelo familiarista y obliga a buscar otras formas de resolver las necesidades de cuidado de las personas mayores dependientes. Salidas a una crisis de cuidados que, ante un Estado ausente, pasan por la inmolación de familiares, la precarización de las trabajadoras de hogar y de cuidados en su gran mayoría migrantes, o su externalización en residencias de mayores.

En relación a las residencias de mayores, el territorio de Bizkaia es un buen ejemplo para ver cómo se ha llegado a tener un sistema casi completamente privatizado. Si bien en un inicio el mapa de actores era bastante diverso, con pequeñas empresas o fundaciones -además de ayuntamientos- repartidas por el territorio, en las últimas décadas este escenario empezó a cambiar. A partir de los 90, empiezan a aparecer grandes empresas capaces de competir en los concursos públicos para gestionar o construir nuevas residencias, como el grupo URBIVA –formado por Urgatzi, Vitalitas y Babesten–, IMQ Igurco, Aita Menni o Gurena.

En concreto, las empresas Urgatzi y Vitalitas, aliadas a veces con Babesten y otras veces con la multinacional Vitalia Home, gestionan 6 residencias de la Diputación Foral de Bizkaia (675 plazas en total) y 4 privadas (con 447 plazas concertadas), a lo que habría que sumar otros contratos por la gestión de Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), centros de día, teleasistencia, etc.

Pero, más recientemente, esta concentración de la gestión de residencias en pocas manos se ha intensificado a través de un proceso de fusiones y compras incentivado por la rentabilidad que ofrece la gestión de las residencias. Así vemos como la empresa francesa DomusVi -el tercer operador más grande de Europa con 36.000 camas repartidas por todo el mundo y primero en el Estado Español- se ha convertido también en la tercera empresa más importante del sector de residencias en Bizkaia. También Colisée -que está en pleno proceso de expansión en Francia, Italia y el Estado español- cuenta con cada vez más residencias en Bizkaia. Además, su proceso de expansión lo ha realizado de la mano de Adriano Care, un vehículo de inversión del fondo buitre Azora.

Expansión de las alianzas público-privadas

La crisis financiera de 2008 supuso un nuevo impulso a las alianzas público-privadas, debido al techo de déficit que impuso la Unión Europea como medida para hacer frente a la crisis de la deuda. Este freno al endeudamiento fue la excusa perfecta para aprobar nuevos Partenariados Público Privados (PPP), que se convirtieron en una herramienta para lograr financiación privada para la construcción de infraestructuras públicas (carreteras, hospitales, residencias…) sin que ello supusiera un aumento del déficit público. En el caso de Bizkaia esta apuesta ha hecho que, a día de hoy, sólo el 8,9% de las plazas en residencias de mayores sean de gestión pública.

Una de las consecuencias de estas alianzas público-privadas es la pérdida de control sobre el servicio público, una falta de control y transparencia que se profundizó durante la pandemia, gracias a los “contratos de emergencia”. La Diputación Foral de Bizkaia, por ejemplo, otorgó sin concurso un contrato de 3 millones de euros a IMQ Igurco, en el que se establece que “la ejecución de los trabajos se ajustará a las prescripciones técnicas particulares ordenadas verbalmente por el responsable del contrato”, por lo que es imposible conocer cuáles fueron estas prescripciones ni hacer un seguimiento posterior sobre su cumplimiento.

A la expansión de las subcontrataciones se le suma, por otra parte, la consolidación del modelo de concertación como vía para poder ofrecer un servicio sin necesidad de asumir todos los costes de inversión y contratación de personal. No hay datos públicos sobre el importe total que dedica la Diputación Foral de Bizkaia para financiar estas plazas concertadas en residencias privadas, pero para conocer un importe aproximado nos podemos basar en la convocatoria pública que se aprobó en julio de 2021, con una duración de 3 años, donde se fija un precio de 95,37 €/día por cada plaza ordinaria. Es decir que la Diputación dedica 34.810,05 € al año por cada plaza gestionada de forma privada y, en total, para un objetivo de 3.125 plazas, la convocatoria estipula un presupuesto de más de 11 millones para 2023.

De esta forma, se ha ido consolidado un sistema en su gran mayoría privatizado, pero con un fuerte papel del Estado, que no solo financia las plazas y garantiza la rentabilidad en las nuevas construcciones, sino que ha favorecido un modelo de negocio muy rentable para el capital financiero internacional. Como explican en la investigación Caring for profit, este crecimiento de grandes grupos también “coincide con el deseo de la Comisión Europea de crear campeones europeos capaces de competir con las mayores empresas del mundo”. Una forma de apoyar su expansión es a través de créditos del Banco Europeo de Inversiones, con unas condiciones muy favorables para la empresa, como el que obtuvo Vitalia Home para construir 19 residencias en el Estado español en 2019, que sumó 57,5 millones de euros.

Especulación y llegada de fondos buitre

Como decíamos, el sector de las residencias es un sector en auge que va a seguir creciendo debido al envejecimiento de la población. Además, genera ingresos regulares respaldados por las administraciones públicas, lo que lo convierte en un ámbito muy atractivo para los fondos de inversión, que utilizan las residencias como activos con los que jugar en los mercados financieros internacionales. Como explican desde Infolibre, estos fondos “buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías”.

Por tanto, la mayor parte de los beneficios de estos grandes grupos no viene de la simple gestión de las residencias, sino que se da en las operaciones especulativas, lo que tensiona enormemente el día a día de las residencias. Por un lado, obliga a adaptar su gestión a intereses puramente mercantilistas para que puedan ser un activo atractivo para los fondos de inversión. Por otro lado, el endeudamiento que asumen las empresas para poder financiar su expansión se acaba pagando con los márgenes de beneficio que dan las residencias, por lo que hay una doble presión para minimizar los costes y ampliar los márgenes. Además, en un contexto de inflación y subida de tipos de interés, este tipo de operaciones especulativas que necesitan financiación fácil y barata para poder funcionar se ponen en riesgo, suponiendo una amenaza para el sector que puede llevar a más ajustes en un futuro.

Así mismo, como se trata de no dejar ningún ámbito sin exprimir, también se especula con los edificios en los que se ubican las residencias. Un ejemplo de estos negocios especulativos es el caso de Healthcare Activos, una SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) que cerró el año 2020 con más de 500 millones de euros en activos –entre ellos los edificios de la residencia Colisée en Bilbao, la residencia de CLECE en Barakaldo y otras 4 en la CAV– y negocia la venta de sus activos a un fondo de Emiratos Árabes denominado Mubadala. Su forma jurídica (SOCIMI) es en si mismo un un mecanismo hecho a medida de los inversores inmobiliarios que les permite ahorrarse el impuesto de sociedades.

Como vemos en las infografías –realizada a partir del análisis de los datos obtenidos de la web de la Diputación Foral de Bizkaia, así como con datos de Infolibre y Investigate Europe–, hay 10 empresas operando en el sector de las residencias en Bizkaia que tienen vínculos con fondos de inversión internacionales. Además, todas ellas tienen contratos con la Diputación, ya sean Alianzas Público Privadas o plazas concertadas. Por lo que podemos decir que este modelo de gestión privatizada está facilitando que una gran cantidad de dinero público termine al servicio de los mercados financieros internacionales.

Evasión fiscal de los beneficios obtenidos

El modelo de negocio de las grandes empresas del sector de las residencias también basa su rentabilidad en la utilización de paraísos fiscales. Un ejemplo lo encontramos en el caso de DomusVi que, cómo han podido demostrar desde Infolibre, desvía parte de sus fondos al paraíso fiscal de Jersey.

Otro ejemplo, es el caso de la empresa Vitalia Home, controlada por un fondo ubicado en Luxemburgo, un país europeo que es considerado un paraíso fiscal ya que facilita el secreto financiero y el abuso del impuesto de sociedades. Aunque, como afirma Manuel Rico: “los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey”. Este caso es relevante ya que ha sido la alianza de las empresas vascas Urgatzi y Vitalitas con la multinacional Vitalia Home –para la gestión de las residencias de Ermua (foral), Santa Teresa en Barakaldo y Vitalitas Sarriko– la que ha abierto el control de 380 plazas públicas y concertadas a este gran grupo transnacional.

Más concretamente, el esquema utilizado para la evasión de impuestos funciona a través de estrategias para “esconder” los beneficios obtenidos en las residencias. Por ejemplo, una de las prácticas que utilizan consiste en generar deudas entre la empresa matriz (con sede en un paraíso fiscal) y sus filiales en países europeos, imponiendo altos tipos de interés a la filial para que sus cuentas queden en negativo. De esta forma, a través del pago de deudas a la matriz se acaban transfiriendo, libres de tasas, los beneficios generados gracias a la gestión de las residencias.

Las consecuencias de estas prácticas son evidentes: mientras las residencias están infrafinanciadas, con menos recursos y personal de los que necesitarían, una parte importante de los fondos públicos destinados a financiarlas acaba en los centros “offshore” de los grandes grupos transnacionales, que hacen negocio con dinero público y, encima, se ahorran los impuestos.

Consecuencias: malos cuidados y malas condiciones laborales

Como explica Zelaieta, en el libro Residencias S.A. (publicado por Txalaparta), desde el año 2014 hasta 2020, se han registrado 116 sanciones a residencias de Bizkaia. “Es la cuarta mayor cifra de sanciones impuestas en las comunidades del Estado, por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Seguramente tal cantidad de sanciones tenga que ver con que las multas en la CAV sean las más bajas del Estado”. Y, estos incumplimientos seguramente aumentarán en un contexto de inserción de las residencias dentro de los flujos del capital financiero global. De hecho, las propias trabajadoras de las residencias han notado un cambio desde la llegada de las multinacionales:

«Una gran diferencia que había con la empresa anterior era que teníamos reuniones con el equipo de gestión y una de ellas era la dueña de la empresa, estaba ahí, te escuchaba […] A día de hoy pides algo y tienen que enviar a la central en Barcelona, tarda mucho y queda todo en el aire. Hay una cadena de incomunicación y distancia entre nosotras las que estamos en primera línea y la gente que tiene el poder de toma de decisión en la residencia». (Trabajadora de DomusVi entrevistada)

Las principales quejas de las trabajadoras de residencias y de las asociaciones de familiares de usuarios son, en primer lugar, la existencia de unas ratios demasiado bajas y los constantes incumplimientos. En palabras de las propias trabajadoras: “Hasta que esta empresa entró, cuando nos íbamos de vacaciones se cubría cualquier puesto (recepcionistas, cocina, mantenimiento, gerocultoras…), pero a partir de que entró Vitalia Home no se cubre nada, ni vacaciones, ni bajas”.

En segundo lugar, la falta de tiempo para poder ofrecer unos cuidados humanizados. Las trabajadoras de DomusVi lo cuentan así: «Para dar de comer a 15 personas sola con este nivel de dependencia y con el tiempo que tenemos es imposible hacerlo bien, eso y todas las demás tareas son así, a lo bruto, todo rápido. Cuando llegas al final del día lo que sientes es que no has hecho bien tu trabajo y eso es muy triste».

En tercer lugar, las constantes vulneraciones de derechos laborales. Por ejemplo, explican que a menudo tienen conflictos con las mutuas (que muchas veces son del mismo grupo empresarial) para que se reconozcan las enfermedades laborales. También cuentan que en Vitalia Home se están aprovechando de la situación de vulnerabilidad de mujeres migrantes, “les hacen contratos de 33% de jornada, aunque trabajen el 100%, no les pagan las horas extra, les dicen que ya las recuperarán”.

Por último, las trabajadoras comparten que faltan materiales para llevar a cabo sus tareas y para que las personas usuarias estén bien atendidas, faltan insumos desde los más básicos (cuchillas, cremas hidratantes, guantes, pañales, absorbentes) hasta uniformes y cosas más estructurales que están obsoletas o en malas condiciones.

Ante estas situaciones las trabajadoras entrevistadas demandan contar con tiempo suficiente para poder cuidar con humanidad: “Yo no hago tornillos, cuido personas, y todos los días no son iguales. Por la mañana solo tengo 6 minutos para atender al anciano, que puede ser que esa noche haya dormido mal y quiera quedarse en la cama, pero tengo que a la fuerza levantarlo”.

Por otra parte, también expresan la necesidad de mejorar las condiciones laborales, equiparándolas a las de las auxiliares de enfermería, que desempeñan un trabajo similar, y a las condiciones de las residencias públicas. Así como la necesidad de reconocimiento, especialmente para un sector que ha sufrido tanto durante la pandemia y que sigue teniendo unas condiciones laborales muy precarias. Como nos cuenta una trabajadora: “como la mayoría de trabajadoras somos mujeres, parece que no importamos, por ejemplo, ha habido una huelga del metal y el Gobierno Vasco ha mediado para que eso se arregle ¿Por qué es más importante la lucha de unos hombres, que la lucha de unas mujeres?”.

Por último, desde Babestu, apuestan por un cambio integral de modelo, demandan que el sector de los cuidados de personas mayores deje de ser un negocio privado financiado con dinero público y sea un servicio público donde todas las personas tengan derecho a un cuidado digno. Además, piden que se hagan auditorías públicas de las empresas privadas que gestionan las residencias.

Júlia Martí forma parte de la redacción web de viento sur.

Fuente: https://vientosur.info/el-negocio-de-las-residencias-fondos-buitre-al-acecho-2/