El pasado 22 de agosto el periódico digital nuevatribuna.es publicaba un artículo de Gustavo Vidal Manzanares bajo el capcioso título: «El pago en bibliotecas… ¿deben los autores cobrar por su trabajo?» (http://www.nuevatribuna.es/opinion/gustavo-vidal-manzanares/pago-bibliotecas-deben-autores-cobrar-trabajo/20140822173503106430.html). Este tipo de preguntas-trampa permite obtener cobertura para colar cualquier cosa. Un ejemplo archiconocido: ¿debemos defender la democracia, y/o los derechos humanos, en […]
El pasado 22 de agosto el periódico digital nuevatribuna.es publicaba un artículo de Gustavo Vidal Manzanares bajo el capcioso título: «El pago en bibliotecas… ¿deben los autores cobrar por su trabajo?» (http://www.nuevatribuna.es/
A continuación, el artículo sigue en la misma línea, lógicamente, ya que el autor aclara que se va a referir «a algo tan obvio como el derecho de los escritores a cobrar por su trabajo y a decidir sobre la propiedad intelectual de la obra que han creado». Curiosamente ese algo tan obvio no lo han comprendido escritores como José Luis Sampedro, Almudena Grandes, Isaac Rosa, Belén Gopegui, Inmaculada Chacón, Andrés Aberasturi, Maruja Torres, Nuria Amat, Luis Mateo Díez, Lucía Etxebarría, Carlo Fabretti, Emilio Lledó, Javier Sádaba, Benjamín Prado, Paul Preston, Darío Fo, José Saramago, Noam Chomsky… todos ellos grandes autores y con importantes premios a su espalda, además de una larguísima lista de autores que desde hace años han apoyado la lucha contra esta medida antisocial. De manera que no parece que estemos ante algo obvio y, por los nombres que cito, tampoco parece que estemos precisamente ante indocumentados que no saben de qué hablan. Por otro lado, un amplísimo sector de profesionales de las bibliotecas, así como de usuarios, rechazan esta medida por el perjuicio que supone para un servicio público gratuito donde, como es lógico, no hay atisbo de lucro por ningún lado.
Nos dice Gustavo Vidal que el escritor tiene derecho a cobrar por su trabajo y a decidir sobre la propiedad intelectual de la obra que ha creado. Vamos a examinar esto más despacio porque no es tan sencillo. En primer lugar, lo que las entidades de gestión pretenden es que los autores les cedan sus derechos para cobrar en su nombre. Pero hay miles de autores que no están afiliados a ninguna entidad ni desean estarlo, e igualmente tampoco desean cobrar por el concepto de préstamo de sus libros en bibliotecas. Es mi caso, sin ir más lejos, que ni mucho menos es excepcional. Soy profesor universitario y, como es lógico, una parte de mi trabajo lleva a escribir artículos y libros. Percibo un sueldo por mi trabajo y tengo la suerte de no necesitar rebañar una cantidad que en todo caso sería ridícula y ni de lejos me proporcionaría un sueldo, ni tan siquiera un complemento medianamente digno. En mi caso, si cobrara 100 euros anuales (tanto por libros que he escrito o coordinado como en concepto de fotocopias de artículos que he podido escribir) ya sería mucho. Se comprenderá que con esto no vive un autor, ¿verdad? Pues bien este es mi caso, pero también el de miles de profesores universitarios (hay más de 100.000 en nuestro país) y de enseñanzas medias (también unas cuantas decenas de miles), que nos sentimos suficientemente retribuidos simplemente con que nos lean colegas, alumnos o ciudadanos interesados, sin necesidad de arañar unos pocos euros que perjudicarán inevitablemente a los miserables presupuestos asignados a las bibliotecas. En un libro que coordiné junto con dos compañeros y que publicamos en 2007 conseguimos que la editorial pusiera esta leyenda en la contraportada: «Los autores de esta obra son contrarios a la aplicación de cualquier gravamen a las bibliotecas por el préstamo de libros y, en consecuencia, se oponen a que ninguna entidad de gestión de derechos de autor recaude cantidad alguna en su nombre». Este es el sentido que miles de autores damos a los derechos de autor reclamando también nuestro derecho a compartir nuestros conocimientos sin que ningún intermediario saque dinero a nuestra costa. Y este es el sentido de las licencias creative commons utilizadas ya por muchos autores que no desean una explotación comercial, y menos de terceros, en la difusión de sus conocimientos. Es un planteamiento con el que incluso están de acuerdo algunos editores.
Cuando hablamos de autores, en el caso de libros, se nos vienen a la mente los nombres de los que tienen indudable éxito, pero esos son una ínfima minoría. La inmensísima mayoría de los autores de este país no pueden vivir de lo que escriben y deben agradecer a las bibliotecas que conserven y promocionen sus libros, que en los mostradores de las librerías desaparecen inmediatamente después de salir al mercado por la feroz competencia. Evidentemente, esta situación no va a cambiar por la introducción de ningún canon, no parece posible que un autor que no se gana la vida escribiendo ahora vaya a hacerlo con la ayuda de una cantidad en concepto de canon por préstamo de sus libros. Conozco a decenas de autores de libros que no viven de esta actividad y que la introducción del canon no cambiaría en nada sus vidas.
Afortunadamente, la biblioteca todavía se mantiene fuera de las leyes del mercado y el argumento de que un libro adquirido en una biblioteca es un libro que se deja de comprar también está lejos de ser evidente. Puede ser que yo tome un libro prestado de una biblioteca y ya no lo compre para mí, pero si me ha gustado lo suficiente es posible que lo compre para regalar, por ejemplo; incluso es posible que su lectura me anime a comprar otros libros del mismo autor o sobre la misma materia. Tampoco está nada claro que la implantación de una biblioteca en un barrio o en una pequeña ciudad suponga un descenso de ventas, es un poco raro que si una sociedad es más culta gracias a sus bibliotecas, sus ciudadanos vayan a consumir menos productos culturales, como es el caso de los libros. ¿Que se venderán menos libros en época de crisis? Es posible, pero precisamente la función social de la biblioteca está en poner al alcance de la población más desfavorecida económicamente el acceso a la cultura y a la información.
De lo que no cabe duda es de que la retribución económicamente simbólica que pudiera recibir uno de estos pequeños autores no le va a suponer ningún cambio económico en su vida; pero cuando esta cantidad simbólica la multiplicamos por muchas decenas de miles (número de autores) o por millones (número de préstamos o número de ejemplares disponibles en bibliotecas públicas), es evidente que obtenemos una cantidad más que respetable. Y aquí es donde está la madre del cordero, en el suculento negocio que en nombre de los autores pretenden unas entidades privadas cuya voracidad se va haciendo cada vez más insufrible para la sociedad. Esto es lo que hay detrás del falso argumento invocado por estas entidades de que los autores tienen derecho a vivir de sus obras.
Distinto es el caso de autores de gran éxito, autores que venden cientos de miles o incluso millones de ejemplares y cuya retribución depende de esas ventas y el porcentaje que perciben de ellas, de acuerdo con sus negociaciones con las editoriales. No se trata de que el autor tenga o no derecho a vivir de su obra; está claro que si la editorial vende decenas de miles de ejemplares, podrá vivir de ella; pero si las ventas son unos pocos cientos, tendrá que asegurarse la vida de otra manera, como millones y millones de ciudadanos. Sabemos de escritores que incluso teniendo éxito tienen su trabajo en la administración o en empresas privadas.
Otra cuestión de interés es que una gran cantidad de las obras más prestadas en bibliotecas públicas son best-sellers de autores extranjeros. Me resulta difícil creer que nuestras entidades de gestión estén retribuyendo a estos autores. Igualmente, ¿qué pasa con los miles de autores fallecidos? También me resulta difícil creer que estén retribuyendo a los herederos… y no digamos ya sin son clásicos de hace más de un siglo.
Uno de los argumentos utilizados por Gustavo Vidal dice que el esfuerzo y tiempo que ha utilizado el autor para proporcionarnos satisfacción y solaz debe retribuirse. Estamos de acuerdo, la cuestión es cómo. Si yo tengo un cuadro en mi casa, lo habré pagado al adquirirlo, no me parece normal que cada vez que lo contemplo o que lo contempla una persona que viene a mi casa haya que pagar una cantidad al autor. Igualmente, el arquitecto que diseña un edificio o un puente cobra por su trabajo en su momento, no puede pretender cobrar cada vez que alguien entra al edificio o pasa por el puente.
De lo que se trata aquí, en mi opinión, es de que la propiedad intelectual es uno de los caballos de batalla del actual capitalismo, un capitalismo que uno de sus más destacados estudiosos, David Harvey, define en su actual estadio con la expresión acumulación por desposesión. Un tipo de acumulación que va contra los bienes comunes y espacios y servicios públicos que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Se trata de crear escasez artificialmente y asignar un valor a algo que era de dominio público anteriormente, es decir, un bien común. Este es el caso de la biblioteca y de otras instituciones culturales como los museos, que no es que sean gratuitas, sino que las pagamos entre todos con nuestros impuestos, un pago que cubre tanto la implantación como el mantenimiento. Como es el caso de la educación y la sanidad, por hablar de otros servicios públicos imprescindibles para que la población tenga una vida digna. Una dignidad que no tiene precio pero que se lo asignan artificialmente entidades que viven de despojar a los pueblos de sus derechos (léase derecho a la información y a la cultura, derecho a la salud, derecho al agua, etc., etc.). En estas misma línea van desarrollos abusivos como el modelo actual de patentes (conocimiento científico-técnico) y otras modalidades de propiedad intelectual (cobro por fotocopias, CD y DVD ,etc.). La biblioteca pública, como servicio y espacio público, se ha mantenido hasta ahora fuera de la lógica del mercado y somos millones los usuarios, profesionales y autores que estamos dispuestos a seguir defendiendo esta situación. El mercado debe quedar fuera de la biblioteca, que es un espacio de ciudadanos, no de «clientes».
Pedro López López es profesor de la Universidad Complutense y miembro de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas
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