Argentina es el primer país del mundo en comer panificados transgénicos. La empresa Bioceres-Indear comunicó que el trigo modificado genéticamente ya se mezcla en 25 molinos con el trigo convencional. Sin etiquetado de alimentos transgénicos, ya está en las mesas del país y es imposible identificarlo. Se cultiva con el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio. Los riesgos en la salud y el ambiente.
La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta «inocuidad» del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. «Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública», denunció en un carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La noticia se conoció
mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una
trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente
(llamado «HB4») llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas,
empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no
tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos
o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM).
Desde el Instituto de Salud Socioambiental
(InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y
publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en
la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban
en base a «estudios» de las propias empresas y que esos informes son
secretos.
El InSSA, que ha confirmado con una publicación
científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor
del trigo transgénico: «Va acompañado con el herbicida glufosinato de
amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en
numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se
degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados».
Los investigadores instan a los «decisores de
políticas públicas» que atiendan a las evidencias científicas que dan
cuenta de los peligros de ese cultivo. «Consideramos urgente que las
autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las
harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la
alimentación humana», remarcan.
En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades
públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de
agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales,
causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los
problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo
confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de
estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue
tenido en cuenta por las autoridades estatales.
Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo
transgénico. Se presenta como una «empresa nacional», con accionistas
como el denominado «rey de la soja» Gustavo Grobocopatel y el
multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y
políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su
referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las
consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.
Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo
durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores
del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de
Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación
(principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus
platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez
(entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear
(la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).
«La responsabilidad del Gobierno es total.
Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos
negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan
como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio»,
denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y
remarcó la gravedad de este trigo: «No solo se contaminará al trigo convencional
sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos,
al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el
mediano y largo plazo. Es criminal».
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de
Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en
la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es
«mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos
teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos».
La Multisectorial, que forma parte de la campaña
«Con nuestro pan no» (que reúne a decenas de organizaciones de todo
el país) alertó el efecto en los productores: «No es posible la
coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación
genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos
quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente
trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública». Y
advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley
General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras
normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra
del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan:
«La salud no se negocia».
«Corrupción transgénica»
La Multisectorial Paren de Fumigarnos denunció la complicidad de los organismos que debieran regular los transgénicos: la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Un hecho fundamental en la autorización del trigo sucedió en 2018, cuando al Comisión Nacional de Biotencología (Conabia) dio su visto bueno. Las organizaciones sociales denuncian tres hechos claves: la Conabia está integrada en su gran mayoría por integrantes de las propias empresas que venden esos productos (y académicos que tienen conflictos de intereses), no realiza estudios propios (solo valida los de las compañías) y todos sus informes son confidenciales. Es tan grosera el accionar favorable a las empresas que la ONG europea GMWatch (de referencia en el estudio global de transgénicos), la tituló una referencia mundial de «la corrupción transgénica».
Artículo publicado el 24 de abril de 2023 en el diario Página12.
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