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El paraíso fiscal español

Fuentes: Rebelión

Por mucho que el gobierno se empeñe en proclamar que esta ha sido la legislatura de las conquistas sociales, lo cierto es que España sigue a la cola de la UE-15 en gasto social por habitante y la distancia con nuestros vecinos no va camino de disminuir. Y eso a pesar de que nuestra economía […]

Por mucho que el gobierno se empeñe en proclamar que esta ha sido la legislatura de las conquistas sociales, lo cierto es que España sigue a la cola de la UE-15 en gasto social por habitante y la distancia con nuestros vecinos no va camino de disminuir. Y eso a pesar de que nuestra economía lleva años creciendo por encima de la media europea y se cuenta ya entre las ocho mayores del mundo. Con las actuales cifras macroeconómicas, España podría financiar un nivel de gasto social adecuado a su posición internacional si se decidiera a incrementar la presión fiscal hasta situarnos al nivel europeo: la recaudación total de impuestos supone en nuestro país un 34,8% del PIB, frente al 41% de la UE-15.

¿Qué está haciendo, en cambio, el gobierno en materia fiscal? En términos generales, bajar los impuestos o incluso suprimirlos, como ocurre con el de patrimonio. El argumento principal que esgrimen los partidarios de suprimir el impuesto de patrimonio (IP) es que hace ya tiempo que quedó desfasado, y que no grava las rentas más altas, sino las medias y, en particular, el principal activo de las familias españolas: su casa. Sin embargo, los datos muestran que en 2005 sólo declararon patrimonio un total de 920.000 ciudadanos, y que el 70% de lo recaudado procede de bienes distintos de la vivienda (cuentas bancarias, acciones, planes de pensiones, fondos de inversión…). Por otro lado, que un impuesto se haya quedado desfasado no parece razón para defender su eliminación, sino para emprender su reforma y actualización.

Los adversarios del IP sostienen también que apenas grava a los ricos más ricos, que suelen gestionar sus fortunas e ingresos a través de sociedades, como la célebre Famaztella, de la familia Aznar-Botella. De nuevo, el razonamiento no tiene porqué conducir a la supresión del IP, sino hacia una reforma fiscal en profundidad. Durante años, los gobiernos del PSOE y del PP han asistido impasibles a las constantes innovaciones en ingeniería fiscal. No se trata sólo de falta de inspecciones o de la sonrojante debilidad de la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero. Las distintas administraciones se han negado de forma sistemática a reformar los impuestos para que graven lo que deben gravar, devolviéndoles su función redistributiva original. Un ejemplo sangrante es el de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que las rentas más altas emplean para gestionar sus fortunas. Las Sicav se presentan como instituciones de inversión colectiva para, así, cotizar sólo el 1% de sus beneficios, en lugar del 30% del Impuesto de Sociedades. Las empresas españolas llevan años acumulando cifras récord de beneficio y repartiendo ingentes dividendos, mientras los sueldos de sus principales ejecutivos crecen de media un 33%, sin que ese incremento parezca repercutir en la hacienda pública. Como recordaba recientemente Daniel Raventós, si nos tuviéramos que fiar de las declaraciones de la renta, un catedrático de universidad catalán que cobra un sueldo bruto anual de 47.500 euros se encontraría entre el 5% más rico de Cataluña.

Pero lo más grave es que la distancia entre ricos y pobres se ha incrementado en los últimos cinco años sin que la estructura impositiva haya hecho nada por remediar esa creciente polarización. España presenta una de las tasas de desigualdad más altas de la UE-15, así como uno de los porcentajes más altos de riesgo de pobreza después de las transferencias sociales. Los datos son testarudos: el peso de los salarios en el total de la riqueza nacional se ha reducido 3 puntos entre 2000 y 2006, alcanzando su mínimo histórico: un 46,6% del PIB. Es decir, a pesar de que el número de asalariados crece cada año, la parte de la riqueza nacional que corresponde a los sueldos disminuye de forma radical -3 puntos en un indicador de este tipo, que tiende a permanecer estable, es una cantidad muy significativa-, mientras se incrementa la parte de la riqueza que corresponde a beneficios empresariales, rendimientos mobiliarios e inmobiliarios, ganancias patrimoniales, etc. Sin embargo, del total de impuestos directos recaudados en 2005, la mayor parte no procede de las empresas, sino de la renta sobre las personas físicas, que supone un 61,3% del total. Y si de este total excluimos dividendos, intereses bancarios, fondos de inversión, capital inmobiliario, ganancias patrimoniales y demás, descubrimos que el 90,15% de lo recaudado procede de los salarios. Es decir, que aunque los trabajadores se quedan con una parte cada vez menor del pastel, siguen siendo los que más aportan, y con muchísima diferencia, a las arcas públicas. En definitiva, no es sólo el IP el que está desfasado. Toda la estructura fiscal hace aguas.

En este paisaje de creciente desigualdad, el gobierno presentó el pasado año una reforma fiscal que, aunque beneficia en algunos aspectos a las rentas más bajas, también disminuye el impuesto de sociedades del 35% al 30%, reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 43% y fija un tipo único para ganancias no salariales -es decir, dividendos, intereses y plusvalías- en el 18%, bastante por debajo del 24% que constituye el tipo mínimo para las rentas del trabajo, y al que se espera que tributen más de la mitad de los contribuyentes.

Ahora, además de la supresión del IP, el gobierno anuncia una nueva rebaja fiscal para 2008 de 2.300 millones que, según dicen, beneficiará a las rentas más bajas. Pero la cifra esconde una trampa: de esos 2.300 millones, 1.000 están dedicados a financiar el llamado cheque bebé (una ayuda regresiva, es decir, independiente de la renta, que beneficia por igual a Ana Patricia Botín y a su asistenta); otros 950 millones será lo que el Estado deje de ingresar por haber elevado un 2% los mínimos personales y familiares, así como la deducción por trabajo, para ajustarlos a la inflación prevista. Los 350 millones restantes son para la nueva deducción por alquiler de vivienda para el inquilino con rentas bajas, una menudencia cuando se compara con la cantidad que anualmente se devuelve en concepto de deducciones por compra de vivienda (estimada en 4.000 millones de euros para 2007), otro sistema enormemente regresivo, ya que beneficia a todo el que puede acceder a una vivienda en propiedad, con independencia de sus ingresos o rentas.

En definitiva, aunque el discurso público del gobierno insista en que sus presupuestos parten del consenso socialdemócrata favorable a la redistribución de la riqueza a través del sistema fiscal, lo cierto es que el ala liberal del PSOE, dominante en materia económica, ha impuesto la ortodoxia neoliberal que sostiene que los recortes de impuestos dinamizan la economía y acaban teniendo un efecto positivo en la recaudación y en la riqueza general de la población. Un auténtico dogma de fe que ha causado ya inconmensurables daños por todo el mundo, y que se mantiene sorprendentemente inmune a la tozudez con la que los datos económicos lo desmienten una y otra vez.