Las importaciones de la UE suponen el 16% de la deforestación asociada al comercio internacional. El nuevo reglamento deberá negociarse ahora entre el Parlamento, Consejo y Comisión europeas. España ha mantenido hasta ahora una posición conservadora.
Con datos sobre la mesa como el hecho de que el 90% de la deforestación está impulsada por la agroindustria, como ha repetido en numerosas ocasiones la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que la Unión Europea es el segundo importador mundial de productos que provocan la deforestación de los trópicos —lo que supone que es responsable del 16% de la deforestación asociada al comercio internacional global—, la votación de hoy en el Parlamento Europeo era clave. Y esta vez el tanto anotado por las posiciones más defensoras del planeta y el medio ambiente ha sido importante.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy su posición ante el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y a la deflagración forestal. Con 453 votos a favor, 57 en contra y 123 abstenciones, la Cámara ha apoyado poner fin, con una perspectiva ambiciosa, a la deforestación que genera lo que consume la población europea vía importación, que supone, según los datos que manejan las organizaciones ecologistas, la pérdida de 203.000 hectáreas y la emisión de 116 millones de toneladas de CO2 anuales.
El camino de la nueva normativa, sin embargo, aún es largo. “Yo no llamaría victoria a lo de hoy”, señala Tom Kucharz, cocoordinador de la campaña Los Rostros de la Soja de Ecologistas en Acción. “Estamos todavía a mitad y lo más difícil va a ser la negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, pues muchas veces la posición del Europarlamento suele ir por debajo de la de los Estados miembros”.
La posición de España, de hecho, ha sido hasta ahora conservadora. En un documento confidencial de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea al que El Salto ha tenido acceso, se puede ver que los representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se alinean con las posiciones más conservadoras. “España se abre a incluir el caucho y a mejorar los derechos humanos, pero solo si no afecta a las normas de libre comercio. Del resto de cosas que plantea el Parlamento, nada”, lamenta Kucharz.
Presiones de la industria
Una vez quede aprobado definitivamente, y de seguir la línea marcada hoy por los eurodiputados, con la nueva ley la carne de cerdo, oveja y cabra; las aves de corral, el maíz, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso quedan bajo la aplicación del nuevo reglamento. Esto es una clara mejora para las organizaciones ecologistas, que llevan meses batallando contra las presiones de las industrias implicadas.
En un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo aplauden que los europarlamentarios “no han cedido a las presiones de la industria y hayan incluido el cuero, el producto de mayor deforestación por valor importado de la UE”.
Una investigación de Rainforest Norway y Ecologistas en Acción ya señaló a los grupos automovilísticos Volkswagen, BMW, Daimler, PSA y Renault como responsables de la deforestación de millones de hectáreas. Brasil, con la mayor cabaña ganadera del mundo, produjo el 80% para exportación a nivel global, casi la mitad con destino a la industria automovilística. Tal como señalaba Nuria Blázquez, responsable de internacional de Ecologistas en Acción, a El Salto en abril de 2021, fecha en la que se publicó el informe, “las marcas de coches europeas que utilizan cuero brasileño son responsables de provocar la deforestación de la selva amazónica”.
Las organizaciones ecologistas han aplaudido además que el Parlamento europeo
abogue por obligar a las instituciones financieras que estén sujetas a
requisitos adicionales para garantizar que sus actividades no contribuyen a la
deforestación, así como el adelanto de la fecha de aplicación retroactiva del
nuevo Reglamento un año antes de lo planteado inicialmente, al 31 de diciembre
de 2019. El Consejo de la UE apostaba por retrasarla a finales de 2021, con lo
que, de nuevo, las posiciones defensoras del medio ambiente han salido
vencedoras.
Asimismo, las ocho organizaciones consideran un avance que el Reglamento refuerce la dimensión de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales al respecto y no solo las estatales sobre derechos de la tierra.
Materias pendientes
Aunque lo aprobado hoy va mucho más allá del nivel de ambición que planteó el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE el pasado 28 de junio, son varias las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) que han sido rechazadas. Es el caso de la protección de ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales. “También es preocupante que la propuesta de Reglamento no prevé un mecanismo de responsabilidad civil ni la posibilidad de reparación e indemnización”, remarcan las organizaciones ecologistas. Tampoco contempla un derecho adicional para demandar directamente a las empresas, lo cual hace que estas sean responsables administrativamente, pero no en virtud del derecho penal o civil.
Con la votación de hoy, el Reglamento debe pasar ahora por los trílogos —el proceso de negociación a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento europeos—, donde el hueso duro será el Consejo, que mantiene una posición menos defensora del medio ambiente. Según las actas confidenciales de julio a las que estas organizaciones ecologistas han tenido acceso, no parecen tener voluntad de mejorar su posición. Es en esas negociaciones donde la decena de colectivos ecologistas pide al Gobierno español que adopte una posición más ambiciosa que la que mantuvo en julio en la reunión del Consejo europeo, donde se alineó con las posturas más conservadoras.
Como adelanta Kuchatz, la alianza de organizaciones ambientalistas a favor de una mayor ambición del Reglamento de deforestación importada ya ha pedido una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el fin de que el Gobierno “mejore su posición en los trílogos y para que presente un borrador de real decreto que sería la implementación de este reglamento, para lo cual España tiene que crear una autoridad competente”.
Una encuesta elaborada por la consultora Globe Scan y publicada el 5 de septiembre reveló que tres de cada cuatro europeos —el 73%— dejarían de adquirir productos de empresas vinculadas a la deforestación, manifestándose abrumadoramente —el 82%— a favor de que las compañías dejen de vender productos que destruyen los bosques del mundo. Respecto al futuro reglamento, el 81% se mostraba a favor de crear una ley para frenar la deforestación global.
Pablo Rivas es coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @PabloRCebo