La reunión que cada año celebra en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos, enfrentada desde hace un buen rato a una seria crisis de credibilidad, logra que por esta fecha el tema resurja en medios de comunicación y cancillerías. La manipulación que usualmente practican los países desarrollados sobre los llamados derechos civiles y políticos, prescindiendo […]
La reunión que cada año celebra en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos, enfrentada desde hace un buen rato a una seria crisis de credibilidad, logra que por esta fecha el tema resurja en medios de comunicación y cancillerías.
La manipulación que usualmente practican los países desarrollados sobre los llamados derechos civiles y políticos, prescindiendo de los derechos sociales, este año es opacada por la realidad que nos proporcionan las violaciones de Abu Gharib y Guantánamo.
Un tema que seguramente no será analizado es el llamado Plan para «Asistir a una Cuba Libre» que en sí mismo constituye una flagrante y masiva violación de los derechos humanos de los cubanos al intentar privarlos de su soberanía e independencia y de preciadas conquistas alcanzadas a lo largo de muchos años.
El Plan aprobado por el presidente Bush el 6 de mayo de 2004, explica con claridad los objetivos que se proponen y como pretenden aplicarlo, abarcando hasta en sus mínimos detalles todos los aspectos de la vida nacional.
Se trata de un amplio catálogo para acabar con los derechos humanos de los cubanos: la educación, la seguridad social, la salud, la cultura, el derecho al trabajo, la vivienda o las tierras, la democracia y otros muchos más derechos serían eliminados al tiempo que proceden a la restauración capitalista de corte neoliberal y organizan la represión que aseguraría el control colonial.
Cuando el Plan fue aprobado, muchos le atribuían un componente esencialmente electoral de cara a la Florida y los comicios de noviembre del 2004, para satisfacer los reclamos de los sectores más extremos del enclave cubano-americano en ese Estado, sin embargo acontecimientos posteriores se han encargado de demostrar la inexactitud de esas opiniones.
Roger Noriega, el subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Estados Unidos, recordó recientemente que la Administración está aplicando el Plan, y que «el régimen cubano está siendo presionado como nunca antes». Las declaraciones de Noriega no se produjeron en eventos académicos, ni tertulias de expertos, sino en sendas intervenciones ante Comités Congresionales, en Cámara y Senado durante el mes marzo. Allí anunció que están proporcionando «una ayuda activa, robusta y sin precedentes» para fabricar la oposición y que de los 29 millones destinados a tales fines ya han entregado 14.4, y transferido una suma importante a la USAID para «expandir dramáticamente su trabajo».
Informó además que al trabajo de propaganda internacional ya habían destinado 8.4 millones para la organización de eventos contra Cuba alrededor del mundo y que otro elemento clave del Plan, las transmisiones de la señal de TV desde un avión militar C-130, se llevaban a cabo regularmente.
El Subsecretario explicó como para lograr su estrategia de destruir la Revolución combinan todo eso con otra violación masiva de los derechos humanos de los cubanos, la intensificación del bloqueo mediante un «esfuerzo agresivo». Las acciones contra empresas de terceros países se amplían: a la línea aérea Iberia por el simple hecho de hacer una escala en Miami con un cargamento de tabaco cubano, a una compañía alemana porque su filial mexicana exporta bienes a la Isla y al Banco de Santander español por realizar una transferencia de fondos a través de su filial en Bahamas, por citar sólo unos pocos ejemplos. En el 2004 el Departamento del Tesoro impuso multas por un valor total de 2 millones de dólares a 77 compañías, bancos y ONG en terceros países y 316 individuos.
La última de sus medidas en la guerra económica incluyó a los propios productores norteamericanos con la reinterpretación por el Departamento del Tesoro del concepto de pago en efectivo y por adelantado de las compras de productos agrícolas y alimenticios que Cuba realiza en los Estados Unidos, con el claro propósito de paralizarlas.
Hace unos días el conocido jurista y sociólogo suizo Jean Ziegler, relator de las Naciones Unidas para la Alimentación, señaló que la política norteamericana en esta esfera es una «violación flagrante de los derechos humanos» y calificó como genocida el bloqueo de décadas que Estados Unidos mantiene contra Cuba.
Los impedimentos a los viajes y la reducción de las remesas también fueron insertados en la misma estrategia para castigar a quienes viven en Cuba y a sus familiares residentes en Estados Unidos. El informe mensual que publica la agencia encargada de aplicar las prohibiciones, muestra que en febrero solamente se sancionaron por este hecho a 113 personas y calculan la disminución total de los viajes en aproximadamente un 50 %.
En realidad la peor violación de derechos humanos que el plan imperial concibe es precisamente la aniquilación de la Nación cubana y para ello definen como modelo a seguir «las lecciones aprendidas en Afganistán e Iraq».
En enero de este año la Secretaria de Estado norteamericana había incluido a Cuba en los seis reductos mundiales de la tiranía, sólo unos días después que el presidente George W. Bush anunciaba su intención de imponer la «democracia» en todas las regiones del mundo. La señorita Rice en comparecencia posterior ante un Comité Congresional señaló que Estados Unidos llevó la libertad a países inimaginables por lo que «sería un fracaso no poder hacerlo en nuestro propio hemisferio y aceptar un futuro no democrático para Cuba». Lo cual de hecho equivale al anuncio, nada disimulado, de sus intensiones agresivas.
Con toda seguridad la violación de los derechos humanos de todo un pueblo no formará parte de la reunión ginebrina, a pesar de su violación sistemática por más de cuatro décadas y el nuevo Plan de dominación imperial. La agenda de Ginebra tiene que cambiar.
01 / 04 / 2005