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El poder político y la negación del derecho a la vivienda

Fuentes: Rebelión

El PSLF y Una Extremadura Digna ante la negación del derecho a la vivienda a jóvenes y personas trabajadoras en precariedad salarial o en desempleo, y en general a personas y familias vulnerables.

1.- Introducción.

Conviene comenzar recordando que la Constitución española, en su artículo 47 establece aunque sólo formalmente el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.

La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna. Aunque cuando caminamos por el siglo XXI pocos países capitalistas, entre ellos España, cumplen con este y otros derechos básicos.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Junta se responsabiliza en esta competencia. De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abríl, en la que se vuelve a mencionar la garantía del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En la correspondiente exposición de motivos de esta ley se profundiza y se define este concepto con más amplitud “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. La palabrería que no falte.

2.- La realidad política en la que nos movemos.

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios retóricos y grandilocuentes que no tienen más recorrido que la descripción literal de un supuesto, no dan más de sí. En este sentido, estamos acostumbrados a los discursos demagógicos de dirigentes como el presidente de la Junta o la consejera tanto en la Asamblea de Extremadura como en los diferentes medios regionales con discursos demagógicos que además de mentir pretenden ocultar las desastrosas políticas de viviendas seguidas hasta la fecha.

De este modo, las elaboradas oratorias en las que pregonan que se van a construir viviendas para más de 20.000 familias y destinar millones y millones de euros para facilitar el acceso de jóvenes o se van aumentar las ayudas de alquiler nos suenan a música celestial.

3.- Consecuencias de los problemas habitacionales.

Los problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar las desigualdades sociales, presentando una casuística variada y compleja que tienen su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez generan enfermedades y daños mentales irreversibles en quienes los sufren: personas y familias en una precariedad habitacional por las condiciones de deterioro físico e higiénicas de las viviendas; el agobio de quienes comparten viviendas en un verdadero estado de hacinamiento, o aquellos que se encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de pagar el piso que tienen alquilado y están amenazados de desahucio, jóvenes que viven con sus padres incapaces de independizarse y formar una familia, familias que viven en viviendas de ínfimas dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, personas que tienen que dormir en la calle buscando la protección de un portal y que más pronto que tarden suelen ocupar espacios en la prensa en donde se narra su fallecimiento por el frío o por algún golpe de calor, etc.

No hay que olvidar que la vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible para acceder a ciertas ayudas sociales. Por cierto, el PP, intenta apretar más la soga al cuello de la pobreza por lo que propone que no se empadronen a quienes están ocupando una vivienda. El PP no piensa en solucionar el problema sino castigar aún más a quienes sufren la pobreza.

El conjunto de las circunstancias indicadas se ven agravados por otros elementos que dependen de los comportamientos institucionales, tales como, la lentitud con la que se conceden las ayudas de alquiler, la escasez del parque de viviendas sociales y lo elevado de los precios de arrendamiento que dificultan el acceso a alojamientos decentes para los sectores sociales más humildes. Por tanto, si a todo lo anterior sumamos los bajos salarios, la precariedad laboral y el desempleo no es de extrañar que nos encontremos a la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000 personas extremeñas en el umbral de la pobreza y en riesgo serio de exclusión social.

4.- Las circunstancias que agravan la problemática social y el abandono del mundo rural.

Las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 y las acciones políticas y económicas que toman los gobiernos europeos en relación a la guerra de Ucrania, que se vuelven como un bumerang contra las clases trabajadoras y sectores populares, han empeorado significativamente las ya difíciles condiciones de vida de los grupos sociales más débiles económicamente de la población EXTREMEÑA. Los aspectos más agresivos se manifiestan en la inflación, con importantes subidas de precios de los productos básicos para la vida, y en el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda lo que viene a traducirse en la negación en sí del derecho a la vivienda.

Durante décadas se han dejado en manos de las empresas privadas la construcción de viviendas, abandonándose los programas públicos lo que ha determinado que en la actualidad haya una escasez de viviendas sociales, a lo que se suma un alto precio para la compra o alquiler que imposibilitan que cientos de personas por la precariedad salarial, las mínimas ayudas sociales y el desempleo puedan resolver sus problemas habitacionales.

En este tipo de cuestiones se observa el papel clasista de las administraciones públicas, siempre al servicio de las clases ricas. Lo que pone de manifiesto que sólo un estado en manos y al servicio de las clases trabajadoras que acabe con la propiedad privada de los medios de producción tendrá en cuenta los intereses sociales de la mayoría. Las clases trabajadoras extremeñas no pueden seguir a expensas de los caprichos de un régimen político que se mantiene ajeno a sus intereses, necesitamos gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza de manera justa e inapelable. Tal y como nos están mostrando varios grupos de trabajadores y movimientos sociales actualmente, no queda otra solución que la organización y la movilización en la calle. El Poder Político regional con su letargo clasista y su pasividad conservadora nos conduce inevitablemente a la despoblación, la desvertebración territorial y la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos extremeños.

5.- Algunos casos particulares.

En estos momentos, la escasez de viviendas impide que cientos de jóvenes y otras tantas personas y familias no encuentren una vivienda para alquilar y no puedan organizar su futuro. Las administraciones públicas basan sus políticas en las ayudas de alquiler, les resulta más barato ya que conocen a ciencia cierta las limitaciones derivadas de la escasez que determina que los presupuestos no se vayan desbordar ni mucho menos, antes que estropear el negocio de las constructoras.

Por otro lado, los decretos que regulan la concesión de viviendas públicas o las ayudas e alquiler contienen verdaderas barreras y obstáculos a superar, complejas trabas burocráticas que dificultan o impiden la obtención de las mismas. Tal es el caso de lo que le sucede a María, madre de 3 hijos, que cobra el IMV, que vive en un piso de alquiler y ha solicitado a la Junta de Extremadura una vivienda social. La respuesta que ha recibido es el rechazo a su solicitud. La Junta de Extremadura hace constar que no ha aportado ningún documento que demuestre que algunos de los integrantes de su núcleo de convivencia es víctima de violencia de género, persona desahuciada, sin hogar o persona especialmente vulnerable. Lo curioso del caso es que cuando María se acerca a los servicios sociales del Municipio para solicitar el informe de que es una familia vulnerable, las trabajadoras sociales le niegan ese informe que debe aportar a las exigencias de la Junta de Extremadura para continuar con el procedimiento de la solicitud de la vivienda.

7.- Propuestas políticas de Una Extremadura Digna (UED) y del PSLF.

En este orden de cosas desde Una Extremadura Digna y desde el PSLF venimos proponiendo la urgente necesidad de intervención de la Junta de Extremadura y de los municipios en una serie de aspectos para responder a las múltiples necesidades relacionadas con los déficits habitacionales de las personas y familias. Seguidamente exponemos algunas propuestas en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación y otras que deben servir para estructurar políticas públicas en beneficio de las clases trabajadoras.

7. 1.- Utilización inmediata de recursos en favor de los más necesitados.

Hay que aumentar y acelerar la concesión de las ayudas al alquiler y de las viviendas sociales disponibles con el objeto de atender situaciones de especial urgencia que se están produciendo en Mérida y en otras localidades de la región. Esta urgencia es primordial, entre otras circunstancias, para evitar las amenazas de desahucio y desalojo que se producen por situaciones económicas sobrevenidas que impiden a las familias pagar alquileres. En muchos casos la Renta Garantizada Extremeña y el IMV que debieran utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas de la unidad familiar se destinan a pagar alquileres.

7. 2.- Protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos, ya que ellos no son culpables de situaciones extraordinarias o comportamientos calificados de asociales que afecten a sus padres. Las administraciones públicas deben actuar vigilando e interviniendo en el cumplimiento de la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional de familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y carentes de recursos.

7. 3.- Ampliación del parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura y elaboración de un registro de necesidades.

En muchas ocasiones se presume desde la Consejería que el parque de viviendas sociales de EXTREMADURA es el más grande, el más numeroso si lo comparamos con el que tienen el resto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente ya que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las familias más necesitadas y en general, en las clases trabajadoras.

En el sentido indicado, consideramos importante disponer de un registro de quienes las necesitan; muchas familias no tienen realizada una petición expresa de viviendas sociales ante la falta de perspectivas de acceder a alguna de ellas puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen, y por tanto no vale la pena perder el tiempo rellenando papeles. En este orden de cosas, es necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa orientada a conocer la demanda realmente existente en la Comunidad Extremeña.

Desde hace años venimos reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias pasen a manos de la Junta de Extremadura con el objeto de destinarlas al alquiler social.

Otras promociones de viviendas sociales como las 31 previstas en Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción y quedaron en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Una vez que se ha reemprendido su construcción consideramos que la Junta debe acelerar la construcción dadas las necesidades que hay en esta localidad.

En Badajoz, por señalar también un caso concreto, no conocemos el estado de los procedimientos de las viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra que según parece siguen en una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta de Extremadura, sin importar las enormes necesidades existentes en aquella ciudad.

7. 4.- Creación de Bancos Locales de Viviendas.

En ciertas localidades hay viviendas en ventas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta de Extremadura. Esta política de adquisición y rehabilitación es más rápida y eficaz que las promociones para construir. Como es lógico, para estas acciones es necesario que en los presupuestos regionales se establezca una partida presupuestaria para que en los Municipios se constituyan los mencionados bancos locales para alquiler social.

7. 5.- En relación a los sin techos e indigentes.

Los ALCALDES de los municipios de Extremadura deben acondicionar espacios dignos para acoger a todas las personas sin techo, al objeto de que quienes no tienen medios habitacionales de ningún tipo no se vean obligados a dormir a la intemperie y puedan encontrar un lugar apropiado donde estar protegido.

Las autoridades deben conocer que en pleno siglo XXI hay personas indigentes que viven en las calles, sin un lugar estable y adecuado en donde residir, siendo de prever que este grupo de hombres y mujeres sin recursos de ningún tipo se incrementen en base a la coyuntura económica y social tan negativa que se espera en los meses venideros.

Algunas de estas personas que tienen solicitadas viviendas sociales a la Junta de Extremadura, a veces tienen la suerte de ser atendidas en instituciones sociales y albergues locales. Los que no tienen la suerte de ser acogidos en estos centros, vagan por las ciudades buscando el lugar más apropiado para resguardarse en parques, bancos de las plazas, portales de entidades públicas, pero con la llegada del otoño y del invierno las circunstancias ambientales cambian y las cosas se complican. Hace pocos días hemos conocido personas que han muerto abandonadas en bancos en la localidad de Cáceres.

7. 6.- Plan de desarrollo y revitalización de áreas urbanas degradadas

Como ya hemos manifestado en repetidas ocasiones, especialmente cuando se elaboró la Ley Extremeña de Promoción y Acceso a la Vivienda es de vital importancia realizar planes urbanísticos en barrios con un notable estado de abandono en acerados, instalaciones eléctricas, limpieza de alcantarillas, calles quebradas, etc. En general se trata de dotarlas de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social. A veces, las instituciones ofrecen viviendas en zonas muy degradadas, con problemas sociales de todo tipo, que las familias suelen rechazar.

7.7.- Intervención Urgente de la Junta de Extremadura

Hay casos frecuentes de familias y personas que viven en viviendas insalubres e insanas, en espacios reducidísimos, o en hacinamientos a causa de la compartición de la vivienda con otras personas o familias, o personas que sin tener en lugar concreto al que recurrir viven las calles, y duermen en los bancos de las plazas o portales, etc..

Los gobiernos disponen de suficientes recursos materiales y técnicos para evitar estas situaciones de extrema escasez, no deben mirar de reojo estos episodios y procurar darles una solución. La actuación institucional se hace más urgente y necesaria puesto que son estos sectores sociales quienes más necesitan de las instituciones públicas.

En este sentido, la Junta de Extremadura tiene que expropiar u obligar a las entidades bancarias y otros organismos públicos a que acondicionen las viviendas de las que son propietarias, que tienen abandonadas y obsoletas, y ponerlas en alquiler social.

La Junta de Extremadura debe tomar todas las medidas oportunas en el ámbito administrativo y burocrático, ente ellas la contratación de personal, para incrementar y acelerar la concesión de las ayudas de alquiler a todas las personas que las tienen solicitadas

7.8.- Nos reafirmamos en la necesidad de una Empresa Pública y de un Banco Público con carácter regional que haga posible la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la construcción y rehabilitación de viviendas y otras actividades urbanísticas en las diferentes localidades de la Comunidad Extremeña.

7.9.- La crítica a las consecuencias del capitalismo no es suficiente ni mucho menos para superar la organización de la sociedad capitalista ni para provocar una reacción por parte de las autoridades que lleve a corregir los aspectos negativos. Es preciso la organización y la movilización que junto a la existencia de un proyecto político que ofrezca soluciones. permita avanzar en orden a lograr que cada vez más personas adquieran la conciencia de clase que les impulse a la lucha para la consecución de una sociedad más justa y más humana.

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