La apuesta por la privatización de lo público por parte del PP no tiene límites. No sólo están recortando la financiación de las Universidades públicas estrangulando su funcionamiento y abocando a muchos campus a su práctica desaparición. Sino que están suprimiendo titulaciones y carreras universitarias de las Universidades públicas, mientras que autoriza «de forma inmediata» […]
La apuesta por la privatización de lo público por parte del PP no tiene límites. No sólo están recortando la financiación de las Universidades públicas estrangulando su funcionamiento y abocando a muchos campus a su práctica desaparición. Sino que están suprimiendo titulaciones y carreras universitarias de las Universidades públicas, mientras que autoriza «de forma inmediata» la quinta universidad privada de Castilla y León, con una oferta de titulaciones que se solapa con las que se ofertan por las universidades públicas de esta Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha tomado una decisión eminentemente política, de acuerdo con su ideología ultraneoliberal y privatizadora de «más mercado, menos estado», autorizando la puesta en marcha de la autodenominada «Universidad Internacional Isabel I de Castilla» (el último nombre que le han puesto), universidad privada on line con sede en Burgos, en contra incluso del parecer del resto de instituciones académicas universitarias de la Comunidad.
Desde 2011 el Gobierno central del PP, guiado por la misma ideología neoliberal de privatizar todo lo común y público, ha pasado a los gobiernos autonómicos la exigencia de una reforma del «Mapa de Titulaciones universitarias». La Junta de Castilla y León decidió iniciar este mapa suprimiendo 12 titulaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León y fusionando otras muchas. Cerca de 50 carreras universitarias se ven afectadas en nuestra Comunidad por este nuevo recorte de la Junta de Castilla y León a lo público. Por supuesto, la Junta lo vende no como recorte, sino como «ordenación» o «racionalización» utilizando su neolenguaje tan de moda actualmente.
Sin embargo, la propia Comisión Académica del Consejo de todas las Universidades de Castilla y León, durante la reunión del día 1 de julio del 2013 se posicionó en contra de la creación de esta universidad privada, por contravenir los criterios para la creación de centros y enseñanzas universitarias establecidos en el artículo 10 de la Ley de Universidades de Castilla y León donde se exige «una adecuada distribución geográfica» que ya existe, así como de responder a la «aparición de nuevas necesidades educativas», hecho que no se da, puesto que están cubiertas con las instituciones existentes, dado que el centro privado ofrece titulaciones que ya se ofertan en todas las universidades de Castilla y León.
Incluso se han opuesto los propios rectores de las universidades privadas que ya existen en Castilla y León, recordando el informe desfavorable elaborado a finales de 2010 por la comisión académica. En este documento las universidades alegaban, además de que la oferta de estudios ya está cubierta, que la empresa promotora -Campus Educativo de Castilla y León-, adolece de experiencia académica sólida y que la modalidad on line tampoco representaba una novedad, dado que la mayoría de las universidades contaban con enseñanzas en la Red. El informe de la comisión académica también cuestionaba la primera denominación, Universidad Internacional de Castilla y León, por cuanto representaba una «competencia desleal» y podía generar confusión en perjuicio del sistema universitario de la Comunidad. La denominación original cambió a la de ‘Universidad Privada Internacional de Burgos’. Finalmente ha adoptado otra denominación igual de controvertida.
Pero el PP de Castilla y León, contra viento y marea, ha decidido potenciar este proceso de privatización de la universidad, convirtiendo en negocio las instituciones académicas y de investigación al servicio de empresas comerciales con demasiados vínculos con algunas administraciones. Es absurdo que la Junta apruebe la creación de una universidad privada que va a impartir grados y titulaciones que coinciden en su práctica totalidad con titulaciones que actualmente se están impartiendo en universidades públicas de Castilla y León, la mayoría en Salamanca. Además titulaciones que cuentan con saturación de oferta en Castilla y León como Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática, Arquitectura, CAFYD, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, Educación Primaria, Educación Infantil, Historia o Geografía.
Estas decisiones unilaterales y autoritarias de la Junta de Castilla y León, recortando lo público y promocionando el negocio privado, no están basadas en ningún estudio ni investigación contrastada. Son las ocurrencias y exigencias de recortes que se imponen a la comunidad universitaria. Y lo imponen a sangre y fuego: «Si hay acuerdo maravilloso», pero que «si no lo hay» la Consejería de Educación de la JCyL decidirá qué titulaciones se eliminan de las universidades públicas y qué nuevas universidades privadas se crean, porque están «convencidos» de que es lo que tienen que hacer estos nuevos líderes de la empresa universitaria, olvidando el logro democrático y de acceso que supuso la extensión regional de la universidad.
Mientras, los estudiantes de nuestra comunidad se están marchando a Oviedo, a Galicia o a Francia que tienen universidades con tasas mucho más baratas. A la vez que otros muchos alumnos y alumnas se dan de baja en la matrícula de este curso por la brutal subida de tasas que ha establecido la Junta de Castilla y León. En esto sí que somos campeones. Hemos conseguido la medalla de bronce, porque somos la tercera Comunidad que más ha subido las tasas en las universidades públicas, encareciéndolas un 42%. No es de extrañar que el volumen de estudiantes matriculados se haya reducido un 14,6% en el comienzo de este curso. Pero con el recorte añadido de 50 millones de euros a las becas, que ha decretado el PP para este año, cientos de alumnos y alumnas están anulando sus matrículas estos días, cuando les viene denegada la beca que solicitaron. Es la tormenta perfecta. Nos quedamos sin alumnado por la subida de tasas, por el recorte de becas y obligando a estudiantes a que emigren; esto provoca que las Universidades Públicas se encuentren con titulaciones que se están quedando sin matrículas de alumnado; lo cual se aprovecha para recortar titulaciones porque se dice que no hay alumnado, mientras que se autorizan universidades privadas que ofrecen las mismas titulaciones que las públicas en competencia directas con ellas. Un admirable círculo vicioso que se convierte en la coartada perfecta para su recorte y eliminación.
Porque lo más sorprendente es que mientras se recortan las universidades públicas, crecen simultáneamente las universidades privadas (ya superan actualmente al número de públicas), y siguen presionando para «implantar nuevas titulaciones». Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública y quienes se van a ver beneficiadas de este nuevo recorte en lo público. Una nueva privatización del sector público diseñada desde los organismos públicos de nuestra Comunidad, a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía y no que se conviertan en los promotores y gestores del negocio privado de algunas empresas que quieren diversificar sus fuentes de beneficios adentrándose en el nuevo negocio del capitalismo académico.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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