Como un mantra repite la gente del PP y sus voceros, presupuesto tras presupuesto, que «la mejor política social es la que crea empleo» y otras variantes de lo mismo, y de nuevo, vamos a demostrar la falacia que contiene. Para empezar, por supuesto, es falso que se estén creando puestos de trabajo dignos y […]
Como un mantra repite la gente del PP y sus voceros, presupuesto tras presupuesto, que «la mejor política social es la que crea empleo» y otras variantes de lo mismo, y de nuevo, vamos a demostrar la falacia que contiene. Para empezar, por supuesto, es falso que se estén creando puestos de trabajo dignos y decentes (éstos son una ínfima minoría sobre el total del empleo creado), y para ilustrarlo con profundidad, remitimos a los lectores a este artículo, donde lo explicamos con detalle. Y así, muestran orgullosos sus estadísticas y datos macroeconómicos, y presentan cada PGE para cada próximo año (en este caso para el próximo 2016) como los presupuestos «más sociales» de la historia de la democracia, y otras lindezas por el estilo. Rebaten los argumentos de la oposición política sacando pecho sobre las personas que encuentran empleo (dicho sea de paso, maquillando y cocinando las estadísticas), como si este hecho marcara el cénit de la «política social» a la que aspiran.
Pero más allá de que sea más o menos cierto que se crea empleo (en realidad lo que se crea es un modelo de sociedad que ha de asumir la figura del trabajador precario), lo que queremos desmontar es la supuesta creencia de que si practicamos una política encaminada a dicho objetivo, ya estamos practicando una política «social». Nada más lejos de la realidad. Y para poder entenderlo, hemos de ir a la base de la pirámide, entendiendo la auténtica dimensión de «lo social». Porque si entendemos lo social únicamente como que la gente tenga un puesto de trabajo (lo cual ya de por sí es estupendo, no seremos nosotros quienes neguemos su importancia), estamos creando una visión muy pobre de lo social. Lo diremos directamente y sin rodeos: para hacer política social hay que creer en la sociedad, y el neoliberalismo imperante no cree en ella. La derecha neoliberal concede extrema importancia a la creación de empleo (volvemos a insistir, según su modelo precario), para a partir de ahí, y bajo su óptica individualista, competitiva y egoísta, proclamar que la «función social» del Estado finaliza ahí, y por tanto, alcanzado dicho objetivo de que las personas tengan «un empleo», poder hacer frente a las necesidades mínimas de una vida digna. El siguiente paso, como estamos pudiendo comprobar en todos estos años de legislatura del PP, es adelgazar y minimizar el Estado, desmontando progresivamente todos los pilares que canalizan la protección y el bienestar social de las personas.
Por tanto, tenemos claro cuál es su «modelo social», que consiste únicamente en precarizar la vida laboral de las personas, y además desprotegerlas de todos los mecanismos que garantizan el Estado del Bienestar, para que desde los recursos proporcionados por su precario e inestable empleo, tengan que hacer frente al resto de necesidades. Pero no sólo de empleo vive el hombre. Para empezar, como decíamos más arriba, la precarización del mundo laboral ya está derribando indirectamente muchos pilares de la protección social de las personas, pues los principales servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, etc.) surgen de la recaudación de impuestos que realiza el Estado, y para ello necesitamos un Estado fuerte, y no un Estado jibarizado, esto es, llevado a su mínima expresión. Pero tenemos el ejemplo más claro en el Sistema Público de Pensiones, hoy día bastante pauperizado, y sometido a continuos debates en torno a su futura sostenibilidad. En el caso del sistema de pensiones, dicha prestación para las personas mayores, pensionistas o jubilados, surge de la aportación solidaria e intergeneracional que los trabajadores en activo realizan al Sistema de Seguridad Social (también cada vez más endeble) para poder mantener las pensiones de los trabajadores jubilados. Y la conclusión está clara: si el mundo del trabajo se precariza, peligran en efecto las pensiones públicas de nuestros mayores, al dejar de recaudar el sistema los recursos necesarios para su financiación.
Luego, por tanto, no es sólo una política de empleo la que garantiza el sostenimiento de las políticas sociales. Es, si se quiere, uno de sus puntales básicos y fundamentales, pero no lo es todo. Porque lo social es mucho más que eso: lo social es poner en el epicentro de la vida pública a las personas, y poner en marcha aquél conjunto de políticas que satisfagan sus necesidades vitales. Lo social tiene que ver con las políticas de solidaridad, con las políticas humanitarias, con las políticas encaminadas a la protección y el blindaje de todos los derechos sociales de las personas. Y en este sentido, lo social engloba un conjunto de ámbitos políticos diversos, tales como las políticas de infancia, para los ancianos y ancianas, para la protección de la natalidad, para los dependientes, lo social son políticas de sanidad, de educación, de servicios sociales, y sobre todo, son políticas que permiten que la gente, independientemente de que se dedique a cualquier actividad, remunerada o no, pueda vivir dignamente. Las políticas sociales deben ser la guía de cualquier gobierno decente, que se deba a su pueblo, porque son las que incentivan la protección de las personas ante las agresiones capitalistas de los mercados. Y extrapolado al ámbito internacional, las políticas sociales tienen también que ver con las políticas de asilo y de refugio, con las políticas hacia los migrantes, y con las políticas de cooperación y de ayuda al desarrollo para terceros países.
Como estamos viendo, las políticas sociales son un compendio de políticas interrelacionadas entre sí, encaminadas como fin último a blindar y proteger la vida de las personas, durante todo su transcurso, en todo momento, y en todo lugar. Y quizá como prototipo de medida de política social, pudiéramos citar a la Renta Básica, entendida (como propone la Red Renta Básica) como una prestación monetaria indefinida, concedida a cada ciudadano/a o residente por el hecho de serlo, como derecho de ciudadanía. Una prestación económica básica, para garantizar los recursos mínimos para satisfacer una vida digna, situada por encima del umbral de la pobreza, pero inembargable, y acumulable sobre otras fuentes de renta (típicamente, procedentes del trabajo remunerado) que los/as ciudadanos/as pudieran tener. Una prestación que se financiaría a partir de una profunda reforma fiscal progresiva, así como desde la supresión de todas las prestaciones monetarias de cuantía inferior a dicha Renta Básica. Una prestación monetaria que sería individual (concedida a las personas, no a las unidades familiares), universal (concedida a todo el mundo, esto es, a ricos y a pobres, aunque sólo estos últimos saldrían ganando) e incondicional (porque pensamos que la pobreza no hay que demostrarla, sino que el Estado ha de garantizar que no ocurra). Ésta sería una estupenda medida de política social, pero sospechamos que el PP (en realidad, hoy día ninguna fuerza política del arco parlamentario) es proclive a la misma.
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