Mañana, 30 de enero se celebrará en Canarias una consulta entre el profesorado no universitario para conocer su opinión sobre el preacuerdo firmado entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y CCOO, ANPE, INSUCAN y otros. Este preacuerdo es rechazado por EA-C, STEC, UGT y UCPL. Lo que ha llevado a este momento […]
Mañana, 30 de enero se celebrará en Canarias una consulta entre el profesorado no universitario para conocer su opinión sobre el preacuerdo firmado entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y CCOO, ANPE, INSUCAN y otros. Este preacuerdo es rechazado por EA-C, STEC, UGT y UCPL. Lo que ha llevado a este momento es la lucha por la homologación salarial con el funcionariado de la Comunidad Autónoma. En las negociaciones habidas, la Consejería ha insistido en cobrar peaje para aplicar la ley, exigiendo contrapartidas relacionadas con el proyecto de estatuto docente preparado por el MEC. En el preacuerdo, el tintineo de los euros pretende apagar su verdadera música: la del perverso estatuto docente.
La educación, considerada como un derecho universal y fundamental, recibe constantes ataques. Cada vez más es un derecho sometido a la ley del mercado, y -ya lo sabemos por larga experiencia- el mercado da garantías únicamente a quien puede pagar. La filosofía que desde hace más de 20 años viene inoculándose en dosis persistentes es que la educación es un servicio, al que desean acceder muchos usuarios, y hay que articular su prestación con criterios de eficacia competitiva. De ahí, el potente impulso a la financiación pública de los centros privados o las políticas de individualizar el desarrollo profesional del profesorado de la escuela pública (por ejemplo, los sexenios). La paulatina y discreta conversión del derecho a la educación en mero servicio educativo tiene devastadoras consecuencias -una de ellas, el fortalecimiento ideológico de la estratificación social.
Las políticas de convertir derechos conquistados (cuyo ejercicio y disfrute el Estado debe garantizar de forma universal e igual) en servicios -sistemas privados de pensiones, asistencia sanitaria concertada, mutuas …- la vienen desarrollando con idéntica orientación tanto los gobiernos del PSOE como del PP, con el apoyo de sus respectivos -y, en muchos casos, coincidentes- aliados. Es la política neoliberal del capitalismo actual, que no es exclusiva de tal o cual país, de tal o cual partido, sino que inspira toda la acción de la clase capitalista para ensanchar la apropiación de plusvalías. El proyecto de Constitución Europea es la expresión cabal de ese marchamo internacional del capital.
El Gobierno de Zapatero, actual gestor del capitalismo español, acaba de presentar un nuevo borrador de estatuto docente, proyecto de ley regulador de la profesión de enseñante. Para este artículo, de él nos interesa la filosofía neoliberal, que hace de hilo conductor de todo el texto.
Ya en el preámbulo podemos leer que es propósito del estatuto docente «asentar un modelo de carrera profesional que sirva de estímulo, incentivo y motivación profesional». Habla de carrera (individuo frente a individuo), y no de desarrollo profesional (individuo en colectivo). Toda una declaración de intenciones, que se confirma en el articulado con medidas de estímulo e incentivo del individualismo y la competitividad, conceptos ya actuantes en los centros educativos públicos (mucho más en los privados), por ejemplo con la jerarquización de la función directiva y su blindaje frente a una visión participativa, o con la puntuación de las coordinaciones pedagógicas.
La regulación de la promoción docente como una carrera, en la que, por definición, lo individual prevalece sobre lo colectivo, es, desde el punto de vista pedagógico, un torpedo de alto poder destructivo en la línea de flotación del trabajo en equipo y de los proyectos educativos compartidos en los centros (ambos ya medio hundidos, ahogándose en el formalismo y el papeleo estéril). Desde el punto de visto organizativo, abunda en el carácter formal de la actual estructura de funcionamiento de los centros, trasladando -aún más- la creación profesional hacia el trabajo estrictamente individual, que, a la búsqueda de mejorar el rango en competencia con sus iguales, tenderá a guardar con celo aquello que pueda ser tenido como mérito para subir la escalera de siete grados previstos en el borrador (donde están los «principios básicos de la carrera profesional, organizada en grados»).
La filosofía individualista y competitiva queda muy bien recogida en el artículo 30 del proyecto de ley. Teniendo como base la concepción de carrera, en él se traslada a la voluntad individual la realización de lo que tiene que ser el fundamento de la labor docente como función social, a garantizar (y a exigir) por los poderes públicos con un abanico de medidas y apoyos de propia iniciativa. Así, será un mérito puntuable para el logro de un grado la «implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento de los alumnos», en lugar de deber básico de la función docente, inherente a la profesión. Ese artículo, con los mecanismos de evaluación del trabajo profesional que alumbra, abre la puerta al subjetivismo, al amiguismo y al servilismo, llamando a arrinconar la verdadera actitud crítica e innovadora.
En cuanto a condiciones y derechos laborales, el borrador de estatuto docente introduce la vía para desarticular la capacidad organizativa y reivindicativa de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. La estructuración del colectivo docente en cuerpos y, cada uno de éstos, en grados, lleva aparejada la estratificación retributiva, provocando, en un plazo medio de tiempo, una diferenciación en franjas de intereses no coincidentes, con tendencia a la individualización. La capacidad de defensa de intereses colectivos es, por tanto, seriamente amenazada. El gobierno del capital trata de fortalecer ese derrotero con otras medidas, de las que destaco dos: «retribuir la mayor dedicación en el centro», rompiendo la jornada laboral igual para todo el colectivo y promoviendo las horas extras, y, precarizando, nombrar «funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos como carácter general con la consiguiente adecuación de sus retribuciones».
Es de esperar que el conjunto de organizaciones sindicales y asociaciones de profesorado -nunca es tarde si queda algo de vergüenza e independencia- borren de este proyecto de ley la filosofía neoliberal que lo anima. El debilitamiento de la capacidad organizativa de la clase obrera por la introducción de la competitividad en sus condiciones de trabajo y relaciones laborales es una experiencia muy negativa a tener en cuenta. Ella nos dice que hay que derrotar el estatuto docente del capital. Porque así lo exige el derecho a la educación universal, viva y de calidad; porque así lo exige la unidad del colectivo docente para recuperar su capacidad creativa y reivindicativa.
* Juan Rafael Lorenzo es miembro de Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-C)