Después de un muestreo realizado en 10 Comunidades Autónomas para comprobar el conocimiento que tienen las joyerías españolas sobre el proceso Kimberley y los «diamantes ensangrentados», Amnistía Internacional afirma que existe un tremendo grado de desconocimiento entre el sector sobre el alcance del sistema internacional de certificación acordado por los gobiernos, Proceso KImberley, y cuáles […]
Después de un muestreo realizado en 10 Comunidades Autónomas para comprobar el conocimiento que tienen las joyerías españolas sobre el proceso Kimberley y los «diamantes ensangrentados», Amnistía Internacional afirma que existe un tremendo grado de desconocimiento entre el sector sobre el alcance del sistema internacional de certificación acordado por los gobiernos, Proceso KImberley, y cuáles son las medidas previstas por la industria para garantizar que el consumidor no adquiere «diamantes ensangrentados», es decir, diamantes procedentes de zonas en conflicto. O no saben, o saben poco o no contestan. Esta es la principal conclusión del Informe ¿Conoce usted el Proceso KImberley de certificación de diamantes? hecho público hoy por la organización.
Sólo uno de cada cuatro joyeros entrevistados relaciona los «diamantes ensangrentados» con la financiación de conflictos, sólo uno de cada cinco conoce el Proceso Kimberley y las implicaciones que conlleva y sólo uno de cada seis entrega siempre al comprador un certificado sobre la procedencia de los diamantes. Este desconocimiento es similar al que existe entre las joyerías de otros países donde Amnistía Internacional ha hecho consultas parecidas los últimos años.
«Aunque las respuestas obtenidas responden a un muestreo y sólo representan una proporción pequeña del sector de la joyería en España, demuestran que no siempre se puede asegurar que los diamantes a la venta no han servido para financiar conflictos y que tanto los gobiernos como el sector del diamante deben reforzar los compromisos asumidos en virtud del Proceso Kimberley a lo largo de toda la cadena: desde la extracción de la piedra hasta su venta en las joyerías», asegura Mónica Costa, responsable del Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Sección española de Amnistía Internacional.
Resultados de las encuestas
Entre febrero y septiembre de 2007, activistas de Amnistía Internacional realizaron encuestas de forma aleatoria a minoristas de joyería. No todas las joyerías accedieron a contestar a las preguntas de la organización, pero se han logrado 100 cuestionarios completados en localidades de 10 Comunidades Autónomas.
· Aunque la mayoría de las joyerías entrevistadas (81%) dice conocer o haber oído el término «diamantes ensangrentados», un porcentaje muy bajo (25%) es capaz de relacionarlo con la financiación de conflictos.
· Algo más de la mitad (53%) dice conocer el Proceso Kimberley pero hay una gran confusión con lo que realmente es el proceso y las implicaciones que conlleva. Sólo un 21% del total tiene un conocimiento correcto.
· Aunque la mayoría de los proveedores (83%) ofrecen un certificado, en la gran mayoría se trata de certificados de calidad de los diamantes y no sobre su procedencia.
· Únicamente un 16% de las joyerías entregan una garantía por escrito automáticamente con la compra y un 21% la entregan sólo si se lo pide el consumidor. Según esta encuesta, el 61% de los consumidores no obtendrían ningún tipo de garantía.
· Un 61% de los joyeros encuestados afirma que los consumidores nunca piden ningún tipo de certificado sobre el origen de los diamantes.
· Un 57% de los joyeros encuestas no conoce los compromisos adquiridos por los gobiernos (control de las importaciones, realización de auditorías, etc.) para combatir el comercio de diamantes de zonas en conflicto.
Es necesaria la implicación de los joyeros, pero también de gobiernos y consumidores Para que el sistema de certificación de diamantes sea creíble y funcione es necesario que todo el sector del diamante, incluyendo los minoristas, implemente mecanismos de autorregulación como apoyo al Proceso KImberley. Esa autorregulación consiste en un código de conducta para impedir la compra y venta de diamantes de zonas de conflicto, aplicar un sistema de garantías en todas las operaciones con diamantes e informar a empleados de las empresas sobre las políticas de la industria y cómo combatir el comercio de «diamantes ensangrentados». A diferencia de los controles gubernamentales, esa autorregulación afecta a los diamantes en bruto y a la industria del tallado.
La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros afirma que en España no hay importación de diamantes en bruto ni industria del tallado, sino que los diamantes que se venden en nuestro país vienen ya tallados y proceden de proveedores internacionales, principalmente de Amberes, por lo que ya cuentan con todas las garantías. Sin embargo, para Amnistía Internacional el sector de la joyería representa el último eslabón en el comercio de diamantes y por tanto también debe proporcionar la información y garantías suficientes al consumidor sobre la procedencia de este recurso natural.
Esta Asociación -que agrupa 12 mil asociados- informa en su página web sobre los «diamantes ensangrentados», explicando qué es el Proceso Kimberley y quién forma parte de éste. Sin embargo, no proporciona información sobre el sistema de autorregulación voluntario que el sector del diamante se comprometió a poner en marcha.
Representantes de esta Asociación dijeron a Amnistía Internacional en febrero de 2007 que habían informado a sus asociados sobre qué son y qué problemas plantean los «diamantes ensangrentados» y sobre los acuerdos del Proceso Kimberley. La Asociación también se comprometió a considerar la posibilidad de recordar a sus asociados que, según el sistema de autorregulación de la industria del diamante, deben pedir garantías por escrito por parte de los fabricantes acerca de la procedencia de los diamantes. Amnistía Internacional desconoce si esta medida se ha puesto en marcha.
Amnistía Internacional insta al sector joyero español a disponer de información pública sobre su política contra los «diamantes ensangrentados» para distribuir entre los consumidores, pedir garantías por escrito a los proveedores sobre la procedencia de los diamantes y ofrecer sistemáticamente garantías por escrito al consumidor que aseguren que el diamante o los diamantes montados en joyas no proceden de zonas en conflicto.
La organización también recuerda que los países de la Unión Europea -grandes importadores de diamantes- deben desempeñar un papel central para fortalecer el Proceso Kimberley y asegurar que hay una implementación efectiva del sistema por parte de la industria del diamante y recomienda al Gobierno español, entre otras cosas, que impulse un sistema de vigilancia en la industria del diamante que permita garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de autorregulación del sector, y que incluya auditorías e inspecciones.
Por último, los consumidores también pueden ayudar a garantizar que la industria del diamante mantiene su promesa de poner fin al comercio ilegal de diamantes de zonas en conflicto preguntando a los minoristas. Amnistía Internacional reconoce que el diamante es un recurso natural que puede proporcionar valiosos ingresos a un país. No obstante se opone a su comercio cuando sirve para financiar conflictos armados.
«Diamantes ensangrentados»
Los «diamantes ensangrentados» son diamantes de zonas en conflicto cuyo comercio ilegal exacerba los abusos contra los derechos humanos. Con ellos, en los últimos tiempos se han financiado en África conflictos que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas. Durante estos conflictos, los beneficios del comercio ilegal de diamantes, que ascendían a miles de millones de dólares, sirvieron a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto 3,7 millones de personas en conflictos mantenidos, en parte, gracias a los diamantes.
El Proceso Kimberley
Para hacer frente a este problema, Naciones Unidas puso en marcha en 2003 el Proceso Kimberley, un sistema de certificación oficial de carácter internacional dirigido a impedir el comercio de «diamantes ensangrentados». Este sistema obliga a los gobiernos a certificar que las partidas de diamantes en bruto proceden de zonas libres de conflicto, y ya están suscritos a él más de 70 países, entre ellos España.
Los participantes se comprometen a emitir un certificado que garantice la procedencia de zonas libres de conflicto, que deberá acompañar toda partida de diamantes en bruto destinada a exportación. Todos los países importadores se comprometen a no admitir diamantes en bruto que carezcan del certificado correspondiente del Proceso Kimberley. Por su parte, la industria se comprometió a poner en marcha un sistema de autorregulación.