Este artículo tiene por objeto analizar el contenido del programa del nuevo Gobierno que ha salido de las elecciones del pasado 20N a fin de evaluar sus posibilidades de éxito en relación el cumplimiento de sus objetivos, así como los efectos de toda índole que la aplicación de dicho programa puede manifestar sobre los distintos […]
Este artículo tiene por objeto analizar el contenido del programa del nuevo Gobierno que ha salido de las elecciones del pasado 20N a fin de evaluar sus posibilidades de éxito en relación el cumplimiento de sus objetivos, así como los efectos de toda índole que la aplicación de dicho programa puede manifestar sobre los distintos grupo sociales afectados por él.
El discurso de Rajoy ha fijado con claridad los ejes de actuación de su programa de gobierno: la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero y las reformas estructurales. Es la aplicación obediente y puntual de los mandatos establecidos por el directorio de mando de la UE, duramente impuestos a Zapatero y al PSOE desde mayo del año 2010.
1. El primero, la estabilidad presupuestaria, a implementar con el amparo constitucional del reformado artículo 135º de la Constitución, a toda prisa pactada y aprobada en el ejercicio reciente que más ha puesto al descubierto los límites de la soberanía nacional que los políticos del sistema no se cansan de invocar.
Como repite Rajoy hasta la extenuación, «no se puede gastar uno lo que no tiene». Una verdad del barquero muy del gusto y para el consumo de la pequeña burguesía votante del PP que clama contra el agobio de los impuestos y el despilfarro del gasto público pero que no levanta la voz contra el gasto fiscal de las innumerables exenciones y rebajas fiscales, de los suntuosos gastos de promoción olímpica para la visita del Papa ó para los continuos incrementos del gasto en funciones represivas y militares. Un muy efectivo instinto de clase le hace comprender sin demasiadas explicaciones la perfecta adecuación de estos gastos estatales para el funcionamiento de los negocios, su carácter de «inversión pública»de la que ellos extraerán beneficios privados.
Sirva esta digresión para explicar la naturaleza de la política de estabilidad presupuestaria. Política de recorte de gasto público destinado a la prestación de servicios esenciales para garantizar el ejercicio de derechos que sin su respaldo se convierten en meras declaraciones retóricas, cuyo contraste con la realidad aumenta la desafección democrática de las capas populares. El tan ansiado equilibrio presupuestario descansa en el mantenimiento de una tasa de cobertura de los gastos públicos por los impuestos que gravan las rentas salariales IRPF y las del consumo IVA.
Así que descenso de las prestaciones de las que son beneficiarios fundamentalmente los de abajo y mantenimiento de las tasas de cobertura del conjunto del gasto por los tributos sostenidos mayoritariamente también por los de abajo. Doble explotación a cargo del Estado que, mientas tanto, seguirá regalando generosas deducciones fiscales a las rentas más altas y a las empresas con la justificación de crear empleo y de renovar activos, mientras sigue mirando para otro lado para no ver los efectos del fraude fiscal y la economía sumergida evaluada en más de un 7% del PIB oficial y una media de ingresos fiscales dejados de ingresar de casi 80.000 millones de euros, más de cuatro veces la cifra estimada por Rajoy que habrá que recortar para cumplir con el objetivo de déficit.
Una política de estabilidad y ajuste cuyos efectos han sido suficientemente analizados por lo que no es necesario insistir sobre ellos. Pero que señala con claridad la senda por la que va a discurrir las políticas del nuevo gobierno, claramente alejadas de cualquier género de intervención anticíclica destinada a compensar los efectos depresores de la actual fase del ciclo económico. Y cuyas consecuencias a corto, medio y largo plazo solo pueden ser el empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de las desigualdades.
La hipótesis en que descansan estas políticas impuestas desde el directorio europeo es que la recuperación de esa estabilidad presupuestaria-basada más en las recortes de gastos que en los incrementos de ingresos públicos – es la condición para la recuperación de la confianza de los mercados financieros y la disminución de las tensiones sobre la deuda de los Estados y las dificultades por las que pasa el sector financiero. Y que, con la consecución de ese clima de confianza, volverá afluir el crédito, condición indispensable para la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo.
Una hipótesis alimentada por la convicción de la necesidad de restaurar la dirección de la economía global para el capital financiero, perdida temporalmente desde la crisis del otoño del 2008. Esta convicción, que como tal opera en el reino de las ideologías y no en el presunto terreno de la objetividad científica.
En todo caso, cuando Rajoy ha debido pasar de los discursos para su electorado a las medidas precisas para cumplir con su promesa de cumplir los objetivos del déficit para este año y el que viene, la ortodoxia liberal ha tenido que ceder a la realidad y no ha dudado en acudir, también, a la subida de los ingresos. En este caso optando por la seguridad recaudatoria del IRPF y haciendo un guiño a su electorado de rentas modestas subiendo también el IBI, medida esta que beneficiará sobre todo las arcas municipales, exhaustas por la caída de los ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria y de la construcción. La distribución de la carga descansa sobre todo en las rentas salariales, dejando sin tocar las rentas del capital y- al menos por ahora- el consumo, a fin de no afectar aún más el consumo de los hogares, muy debitado desde hace varios trimestres.
Que esta política por sí sola no permite salir de la crisis es algo tan evidente que hasta Rajoy lo ha tenido que admitir en su discurso de investidura. Para complementarla se ponen en marcha otras políticas que brevemente se analizan a continuación.
2. El saneamiento del sector financiero es el segundo eje de intervención política del Gobierno. Se ha dicho más arriba que el propósito de los impulsores de estas políticas es restituir al capital financiero la dirección de las economías global y estatales.
Descansa a su vez este designio en las incertidumbres que asaltan a los mejores think tanks del sistema acerca de la posibilidad de encontrar alguna tecnología que impulse un fuerte aumento de la productividad o algún sector que tire del conjunto de la economías; y, en fin, alguna economía que sustituya a la economía USA en su papel de consumidor de última instancia para el conjunto del sistema.
Estas incertidumbres globales se reproducen en cada economía estatal con sus peculiaridades específicas. En la española, alimentan la querencia genética de los políticos del sistema por el recurso al sector de la construcción que, si denostado como responsable de la crisis, se le reconoce una capacidad para tirar de la economía y para crear empleos (solo comparable con la que dispone para hundirla y destruir tantos ó más empleos que los creados durante la fase alcista). La expansión de los sectores inmobiliario y de la construcción (consiguiente, por lo demás, con una economía que maximiza los rendimientos del activo más cotizable, el SUELO) ha sido acompañada en el pasado por el auge de capital financiero, ahora aquejado por la asfixia de unos activos inmobiliarios desvalorizados que no consigue vender y que mantiene muy bajo su nivel de confianza en el mercado interbancario.
El horizonte más probable apunta a un proceso de concentración de entidades de créditos, eliminando las inviables, con excepción claro está de aquellas que, aún siéndolo, deben ser salvadas por sus funciones sistémicas, como es el caso de Bankia. La solución para el problema de los activos tóxicos no parece difícil de aventurar que va a recaer, de una u otra manera, en el recurso a los recursos públicos, lo que de ninguna forma podrá suponer posibilidad alguna de contar con una banca pública. La presencia de De Guindos al frente del Mº de Economía y en general del grupo de técnicos comerciales educados en el respeto a la hegemonía del capital financiero avala eta presunción inherente a la lógica que ha venido operando en el conjunto de las economías capitalistas desde hace más de tres décadas.
Con las reformas estructurales se entra en el corazón de las políticas del PP para salir de la crisis. Reformas laborales, fiscales, educativas, de las administraciones públicas y la de la justicia en particular, de la sanidad, de las pensiones, etc. El análisis de cada una de estas reformas desbordaría las pretensiones de estos comentarios así que me contento con algunas pinceladas que ayuden a comprender la naturaleza, objetivos y efectos buscados con las políticas que vienen.
Las laborales marcan la pauta de actuación de este gobierno. Para decirlo con claridad, se trata no solo de reducir los costes salariales para encontrar una vía de recuperación de los beneficios empresariales sino de refundar un tipo antropológico de trabajador adaptado a las necesidades de acumulación para esta nueva etapa. Desde algún medio ultraliberal se ha dicho que el mercado laboral español era la mezcla de los residuos de una normativa laboral paternalista con las pretensiones de un sindicalismo construido en las décadas finales el franquismo, de legislación protectora y de movimiento obrero fordista. Es más que evidente que el capitalismo español y la derecha gobernante apuestan decididamente por un debilitamiento sustancial de la capacidad contractual del mundo del trabajo como pilar esencial de su modelo de «salida de la crisis». Con ello muestran las limitaciones de su proyecto que, en el momento actual, son compartidas por la mayoría de los «capitalismos nacionales». Ni una de las fases ascendentes del ciclo económico, para serlo de verdad con un fuerte aumento de la productividad derivado de alguna innovación tecnológica o un nuevo modelo de organización del trabajo como el taylorismo o el fordismo, han podido prescindir de un proceso de innovación en las formas de organización al interior del mundo del trabajo. Pero no se pueden pedir peras al olmo, el capitalismo
español (al parecer, ningún capitalismo) no está para joyerías, bastante tiene con intentar reconstruir algo parecido a una economía moderna, un proceso de extracción de plusvalía del trabajo social que anime la inversión y estimule el crédito por la única manera que está a su alcance, por el aumento de la explotación de esta fuerza de trabajo, por el incremento de la duración de la jornada de trabajo y la disminución de los salarios directos e indirectos, por el aumento del expolio de las rentas salariales mediante la supresión de las prestaciones que han servido para mejorara la renta disponible de las familias trabajadoras y la conversión de las mismas en líneas de negocio,
Un programa de redistribución de rentas de los de abajo a los de arriba destinado a animar la inversión por la vía de la reducción de los costes salariales incluyendo los del despido cuando tal evento sea del interés de las empresas.
A pesar de la dureza de las medidas que se anuncian y jalean desde los medio de derechas, las direcciones sindicales ya dan muestras de estarse preparando para aceptar una parte de las mismas, como los contratos a tiempo parcial, dejando algún tipo de oposición simbólica para a1quellas otras que amenazan su propio papel constitucional como la reforma de la estructura de la negociación colectiva para mantener el mínimo de legitimidad entre los trabajadores. Las frustrantes experiencias de las últimas movilizaciones han sembrado entra sus cúpulas y cuadros sindicales un sentimiento de temor a una derrota histórica en la que se perdieran conquistas de las tres últimas décadas (como la sufrida por los sindicatos británicos al comienzo del mandato de Thatcher). Es esta una dinámica suicida a juzgar por las experiencias observados en países como USA en dónde, preocupados por mantener las «conquistas alanzadas»,los sindicatos han terminado por convertirse en fenómenos marginales ajenos la realidad actual de las relaciones laborales.
3. Otra de las reformas que se pregonan es la de las administraciones públicas. Aprovechando la corriente demagógica y populista en contra de las CCAA, los políticos y los funcionarios, los medios de la derecha han desatado una virulenta campaña contra los servicios públicos y el Estado del Bienestar. Tras el ataque a las «ineficiencias y duplicidades del Estado autonómico», la derecha y el capitalismo financiero esconden su propósito de apoderase del botín de los servicios públicos para convertirlos en suculentas líneas de negocio que sustituyan el papel de la construcción.
Es verdad que la opinión pública ha percibido con acierto en algunas instituciones autonómicas su condición de entramado de negocios sobre los que se encaraman verdaderas mafias de políticos, banqueros y empresarios locales, rápidamente enriquecidos a costa de los recursos públicos [1] . No son, por tanto, las instituciones autonómicas -con las tan bien han prosperado-las verdaderas destinatarias de la ofensiva emprendida por las derechas política y mediática por el «adelgazamiento del Estado». Son más bien el conjunto de servicios y prestaciones sociales, actualmente provistas a título de derechos, los que se pretenden convertir en otras tantas líneas de negocio mediante su privatización ó cualquiera de las modalidades de «partenariado público-privado».
La derecha y el capital financiero no quieren reducir el Estado, saben que sus funciones son imprescindibles para impulsar y sostener una economía capitalista secularmente dependiente. Tanto la «economía financiera» como la «productiva»precisan de la intervención del Estado, no solo para la regulación de los mercados, sino para la creación misma de demandas de los correspondientes productos y la realización de plusvalías. La creación y el desarrollo de los «mercados turísticos y los de los planes de pensiones, por coger ejemplos de la economía «productiva» y «financiera» ,respectivamente, son un buen ejemplo del imprescindible papel del Estado, con gobierno franquista en el primero, y del PSOE, en el segundo.
Lo que está en juego no es «más mercado y menos Estado», sino menos derechos sociales, salarios y prestaciones sociales más reducidas, disminución en suma de la capacidad contractual de los trabajadores y las capas subalternas para facilitar el aumento de su explotación, único camino contemplado por la derecha y el capital financiero para salir de la crisis provocada por el segundo.
[1] La forma en la que esta percepción ciudadana no haya disminuido un ápice el apoyo electoral a los gobiernos regionales del PP prueba hasta que punto estos gobiernos y sus políticas descansan en auténticos bloques sociales con participación de grupos subalternos que apuestan «a sacar tajada» de este apoyo
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