A finales de julio muchos especulaban sobre los decibelios que alcanzaría el abucheo de cientos de miles de catalanes al paso de un rey que, acompañado de Sánchez y otras autoridades, desfilaría por Barcelona el viernes 17 de agosto, con ocasión del primer aniversario de los atentados de Las Ramblas y Cambrills. Cuando usted lea […]
A finales de julio muchos especulaban sobre los decibelios que alcanzaría el abucheo de cientos de miles de catalanes al paso de un rey que, acompañado de Sánchez y otras autoridades, desfilaría por Barcelona el viernes 17 de agosto, con ocasión del primer aniversario de los atentados de Las Ramblas y Cambrills. Cuando usted lea esto es probable que lo imprevisible ya haya ocurrido.
Pero, de repente, y como en nuestros tiempos más oscuros, un silencio espeso se abatió desde el primer instante sobre las personas, todas relevantes, concernidas por una noticia inesperada, enmudeciéndolas sin compasión a pesar de que su actividad principal es hablar. El día 31 de julio el digital OK Diario, de Inda, abría portada dejando constancia del renacimiento de un miedo viejo, pero que en España no se ha conseguido superar: «181 altos mandos del ejército en la reserva firman un manifiesto en el que piden respeto a Franco».
Y como siempre que el peligro golpea primero y no encuentra la respuesta necesaria para ser conjurado, quince días después los menos de 200 militares de aquel día D se habían convertido en casi 700, o quizás sean aún más cuando usted esté leyendo esto.
Las primeras preguntas que golpean contra la lógica más elemental nos interpelan dudas como las siguientes:
¿Cómo es posible que, en un país tan organizado y con tantas cloacas del Estado como este, y donde tanto se presume de democracia consolidada, un grupo inicialmente pequeño, promotor de una acción como esta, haya podido ir realizando de manera clandestina, uno tras otro, los contactos necesarios para conseguir el apoyo de 181 militares en la reserva, sin que ni el Capitán General del ejército y también rey, ni el gobierno, ni el CNI, ni nadie con mando en plaza se enterara y, si se enteró, no actuara con la diligencia necesaria para impedir que se materializara lo que no es sino una amenaza real, me río yo de todos los independentismos, contra el poder legal y legítimo constituido?
¿Es posible que ninguno de los invitados a sumarse a un manifiesto franquista se haya negado a firmar?
¿Y es también posible que ninguno de los que se negaron, si los hubo, o incluso de los que firmaron, quizás alguno de ellos por compromiso, haya sentido la necesidad imperiosa de informar de lo que se estaba tramando a las autoridades pertinentes?
Se trata de preguntas cuyas respuestas quizás no nos concedan jamás ninguna de las personas que las conocen. Salvo que los juzguen.
Pero, una vez manifestada públicamente la amenaza de los militares franquistas, ya conocemos el resultado de la insoportable pasividad mantenida por todos los políticos, sean del gobierno o de la oposición, incluyendo al rey. Se ha multiplicado el peligro contra la democracia porque se ha multiplicado el número de militares que intentan torcer decisiones legítimas de los únicos representantes legales de la voluntad popular. Y ellos sí, sin el menor miedo a aparecer con sus nombres y apellidos, retando al tan manoseado Estado de Derecho con la evidente amenaza que siempre representa cualquier fuerza que esté o haya estado armada y decida manifestarse colectivamente.
Citaremos algunas cosas de las que SÍ han sucedido, y otras de las que NO han sucedido, desde que se conoció la amenaza militar.
NO ha ocurrido que, el mismo rey que salió por TV hace diez meses para ahondar en la división de los catalanes amenazando a una sola de sus dos mitades, desarmada y pacífica siempre, haya salido esta vez por TV para advertir a los militares franquistas que, no solo desautoriza su manifiesto, sino que estará en contacto diario con el Gobierno de Sánchez para que adopte y ejecute todas las decisiones que sean necesarias para impedir que hechos tan inaceptables como el manifiesto franquista vuelvan a producirse, con especial interés por la depuración de responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido cada uno de los firmantes del documento.
NO ha ocurrido que el Gobierno haya dicho esta boca es mía, ni se ha filtrado a través de los medios ninguna iniciativa de Sánchez y los suyos en relación con este peligro.
NO ha ocurrido que algún político del PP, y menos aún su líder, un partido siempre en el centro de todas las miradas cuando surge cualquier iniciativa que apoye directa o indirectamente a los protagonistas de una dictadura que nunca han condenado, se haya manifestado contrario a la iniciativa de los miembros de las fuerzas armadas admiradores de Franco.
O nos hemos perdido algo, o NO ha ocurrido tampoco que políticos relevantes y en activo del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos o de los partidos nacionalistas hayan denunciado el manifiesto franquista, requerido al Gobierno en público o en privado para que actúe inmediatamente y se hayan puesto a su disposición en lo que sea necesario para derrotar esta amenaza.
SI ha ocurrido en cambio, y salvo prueba en contrario no deberíamos creernos que ambas cosas no estén directamente relacionadas, que ha sido después del manifiesto de los 181 cuando el gobierno legítimo de Catalunya y los partidos y entidades independentistas han decidido rebajar la tensión ante la visita de Felipe VI para el día 17 de agosto, hasta el punto de que el día 11 anterior Pedro Sánchez no pudo evitar hacer pública manifestación de su satisfacción por el tono que estaban adoptando los republicanos catalanes ante la presencia del rey en su tierra.
SI ha ocurrido también que, mediante excusas legales que para muchos expertos no son de recibo, el Gobierno de Sánchez ha informado precisamente en agosto que se demoraba la exhumación del cadáver de Franco, la otra reclamación concreta que, junto con la referencia al conflicto territorial, figura expresamente en la proclama de los militares.
Así que hemos pasado de contar los decibelios de una protesta necesaria, perfectamente legal y tan inofensiva como las voces que se llevará el viento, a sentir detrás de nuestros cogotes la amenaza, cargada de violencia en la recámara, de los de siempre. Y siempre contra las libertades y la democracia, porque ni soportaron, ni soportan, ni soportarán jamás que exista lo que no les gusta.
Pero NO es el momento de lamentarnos por la mentira de democracia que hemos vivido, y comprender por fin que no podía ser de otra manera si a la desaparición de Franco no se aprobó ni aplicó ninguna ley que sacara de la cosa pública, a cualquier nivel y para siempre, a los que colaboraron de manera más efectiva, voluntaria y consciente con un régimen que negaba la libertad y obligaba a vivir a las personas bajo un sistema que estaba en las antípodas de la democracia.
De lo qué SI es el momento, y sin pérdida de tiempo, es de que el gobierno investigue todo lo que ha ocurrido y, con especial interés, averigüe si Felipe VI estaba informado, y desde qué momento, de la iniciativa de los militares franquistas antes del 31 de julio, y si informó al Gobierno de Sánchez desde el minuto uno en que tuvo conocimiento.
De quedar probado, y no hace falta ningún juicio para que se demuestre, ni tampoco que un imponderable así esté previsto por escrito en la Constitución de 1978, que el rey no ha actuado en este gravísimo asunto con la lealtad obligada a la democracia, el Gobierno, más todos los partidos políticos y fuerzas sociales, deben certificar inmediatamente la incompatibilidad de una monarquía, restaurada por Franco, con la continuidad pacífica de un sistema democrático en el que toda amenaza sobre las personas debe proceder, única y exclusivamente, de las leyes aprobadas por sus representantes, democráticamente renovados en urnas libres cada cierto número de años y de los cuales ninguno de ellos es rey. Sería de vergüenza que, primero en los años 80 del siglo XX y después en pleno siglo XXI, dos borbones seguidos conspiraran contra las instituciones resultantes del ejercicio de la democracia. Entonces Juan Carlos I contra el presidente Adolfo Suárez, y ahora Felipe VI para afectar la acción política en libertad y democracia que desarrollen los representantes de la sociedad, únicos autorizados para construir nuestro futuro, sea cual sea el que decidamos.
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