En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería). El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo […]
En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería).
El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo cuando en la costa este de los EEUU eran las 04.22. La fatiga ocasionada por más de once horas de vuelo con fallos en el piloto automático y con el ritmo circadiano adaptado a las cuatro de la madrugada, los tripulantes del B-52 no percibieron que la velocidad de aproximación al avión cisterna era excesiva y colisionaron con él.
Tras el choque, el B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba. A dos de ellas no les funcionó el paracaídas e impactaron violentamente contra el suelo liberando los aproximadamente cuatro kilos y medio de plutonio que portaba cada una.
El viento esparció los nueve kilos de partículas radiactivas de oxido de plutonio por los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. Los norteamericanos, en vez de limpiar la zona se limitaron a cubrir con tierra 103,6 hectáreas contaminadas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad. Únicamente se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que contenían unos 270 gramos de plutonio. Los aproximadamente 8 kilos y 700 gramos restantes los dejaron en Palomares.
El Gobierno de Franco y el de EEUU se pusieron de acuerdo en guardar el secreto y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado perfectamente limpios de radiactividad. Recordemos las declaraciones del Ministro Manuel Fraga Iribarne al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: «Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación». Las autoridades del momento repartieron certificados a los propietarios garantizando que los terrenos contaminados estaban limpios de radiactividad.
Con este engaño a la opinión pública se puso en marcha el Proyecto Indalo que tenía como principal objetivo analizar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos. El proyecto no pretendía limpiar Palomares de radiactividad, lo que se buscaba en secreto era exclusivamente estudiar científicamente los efectos de la radiactividad en la población, el ganado, los alimentos, la fauna silvestre y el medio ambiente en general.
Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo.
Algunos científicos de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, estaban muy orgullosos de ser los únicos en el mundo que experimentaban con una población de seres vivos. Su vanidad no les permitió guardar el secreto delante de la comunidad científica y en alguna conferencia pronunciada en el extranjero dieron datos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Palomares.
as filtraciones provenientes del extranjero y la desclasificación de algunos documentos en EEUU hicieron que la opinión pública y los habitantes de Palomares empezaran a sospechar que había radiactividad en la zona. El 4 de octubre de 1985, los habitantes de Palomares hartos de tanto secreto se negaron a volver a Madrid para ser analizados si no les entregaban los resultados de las pruebas.
La Junta de Energía Nuclear y los norteamericanos se echaron a temblar ante el riesgo de perder un laboratorio tan valioso para sus experimentos y el 29 de octubre de 1985 mandaron una carta a los afectados, con los resultados de los análisis, pero los informes no iban completos, por ejemplo faltaba y falta la prueba de dosimetría biológica, que consiste en analizar el daño causado por el plutonio en las cadenas de ADN.
Los científicos del CIEMAT siguieron filtrando involuntariamente datos en el extranjero. Esto le sucedió por ejemplo a Emilio Iranzo, responsable de Palomares en el CIEMAT cuando publicó en 1987 un artículo en Health Physics con el título «Air Concentrations and Potencial Radiation Doses to People Living Near Contaminated Areas in Palomares (Spain)». También dio datos desconocidos hasta entonces en la conferencia pronunciada en Orlando (Florida) el 31 de octubre de 1988. A pesar del secreto, a finales de los años ochenta los investigadores privados no tenían ninguna duda de que en Palomares había mucha radiactividad, aunque todavía no sabían la cantidad, ni la ubicación exacta.
Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola se desenvolvió a pequeña escala. Fue a partir de 1986 cuando la agricultura adquirió un alto nivel de desarrollo y comenzaron a cultivarse masivamente productos hortícolas sobre las tierras contaminadas.
Entre el 12 de abril de 1986 y el 14 de junio del mismo año se construyó una gran balsa junto al cementerio, en una zona con muy altos niveles de radiactividad. Los trabajadores-cobaya lanzaron al aire las partículas de plutonio allí depositadas. El CIEMAT aprovechó para medir el aumento de la radiactividad en el aire, en las personas, el ganado y los alimentos pero no advirtió a los trabajadores-cobaya de que estaban metidos en una nube de polvo radiactivo, que el viento se encargaba de extender a varios kilómetros de distancia.
En el informe periódico que Emilio Iranzo envió el 16 de febrero de 1987 a Chester Richmon, su alter ego en EEUU, le explicó cómo se había propagado la radiactividad durante la construcción de la balsa e incluso narró el detalle de que las tierras radiactivas habían sido transportadas en camiones a cielo abierto que iban soltando polvo radiactivo por donde pasaban. Iranzo no dedicó ni una sola palabra a tomar medidas para evitar la extensión de la radiactividad. En el informe secreto, sólo se mostró preocupado por la creciente inquietud de los habitantes de Palomares respecto a la verdadera situación radiológica de la población, lo que podía provocar un plante similar al del 4 de octubre de 1985.
En enero de 1988 se volvió a repetir la historia, los trabajadores-cobaya volvieron a construir otra enorme balsa junto a la anterior con la consiguiente dispersión de las partículas radiactivas por efecto del viento. El CIEMAT tampoco adoptó ninguna medida para evitarlo se limitó a cumplir con la misión del Proyecto Indalo, investigar con seres vivos.
Durante los seis meses que duró la construcción de la segunda balsa, el CIEMAT únicamente midió el aumento de la radiactividad. Con los datos obtenidos, tres científicos del CIEMAT: J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón elaboraron un estudio cuyo objeto era «Determinar experimentalmente la variación de partículas de polvo en suspensión debido a la realización de diferentes labores agrícolas».
Los datos obtenidos en Palomares los compararon con los producidos por los mismos trabajos agrícolas efectuados en Chernóbil y llegaron a la conclusión de que la concentración de partículas de plutonio en el aire aumentaban en mayor medida en Palomares que en Chernóbil.
La comparación entre Palomares y Chernóbil se volvió a repetir en 2012. Científicos alemanes contratados por la cadena pública ZDF, compararon la radiactividad existente en ambas poblaciones y concluyeron que en Palomares hay puntos calientes de plutonio con dieciséis veces más radiactividad que en la zona de exclusión de Chernóbil.
La gran diferencia entre las pruebas agrícolas realizadas en 1988 por el CIEMAT en Palomares y Chernóbil para comparar ambos escenarios, es que en Palomares dispusieron de trabajadores vivos para sus experimentos y en Chernóbil tuvieron que recurrir a pruebas de laboratorio porque allí está prohibido experimentar los efectos de la radiactividad en seres humanos sin contar con su consentimiento.
El CIEMAT siguió permitiendo durante muchos años que se cultivaran y se comercializaran productos agrícolas procedentes de tierras altísimamente contaminadas sin tomar absolutamente ninguna medida de protección, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria y el Gobierno decidió limpiar la zona.
Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora pretendían urbanizar los terrenos contaminados para lo cual era preciso limpiarlos antes de construir los adosados porque nadie compra un chalet con plutonio y americio en el garaje. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la limpieza y metieron las máquinas en los terrenos radiactivos liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. Los desmontes llegaron a escasos metros de una de las fosas secretas, la de 3.000 m3. Este lanzamiento del plutonio a la atmósfera aumentó la contaminación del aire y de las personas que desconocedoras del peligro trabajaron en el movimiento de tierras. Fue entonces cuando el Gobierno empezó a tomar medidas de protección expropiando las zonas contaminadas y vallándolas en base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 62/2003 que aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica, PIEM-VR. Eligieron ese extraño nombre para seguir ocultando a la opinión pública que los terrenos a expropiar estaban en Palomares.
En el periódico El País de fecha 18 de noviembre de 2004, el alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, D. Juan José Pérez, manifestó la intención del Ayuntamiento de urbanizar los terrenos contaminados. En la actualidad, todos los terrenos contaminados están clasificados como urbanizables o de uso agrícola, así aparecieron clasificados en el BOJA de fecha 24 de marzo de 2009 que publicó el POTLA, Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.
El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares elaborado por el CIEMAT, que consiste en limpiar 50.000 m3 de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m3 y trasladarlos a Estados Unidos, pero los americanos consideraron que 6.000 m3 era mucha cantidad a almacenar y presionaron al Gobierno español para que en vez de limpiar 50.000 m3 limpiasen sólo 28.000 m3, dejando el resto esparcido por el terreno.
Para reducir el volumen de las tierras a almacenar, el US Department of Energy, DOE, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español el documento titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) donde el DOE propone modificar los criterios radiactivos aprobados por el CSN el 5 de mayo de 2010 para así poder dejar casi la mitad del plutonio en Palomares. De esta forma conseguirán dos objetivos: de un lado reducirán los costes de almacenamiento de los residuos, y de otro, continuarán disponiendo de un laboratorio en vivo, sobre todo entre los trabajadores de la construcción, que será la población con más riesgo, según anunció el CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017. Esperemos que cuando estos operarios finalicen las obras, el CIEMAT tenga la deferencia de informarles de la situación en que han quedado sus cadenas de ADN.
El Gobierno español se plegó a las presiones del DOE, y el CSN en la reunión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó limpiar sólo 28.000 m3. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo Kerry-Margallo el 19 de octubre de 2015.
Si limpian solo 28.000 m3 no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya ha reconocido el CSN. A pesar de rebajar los 50.000 m3 a sólo 28.000 m3, la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse el plutonio, ni mucho, ni poco.
En la actual situación lo lógico es que el CSN ordene al CIEMAT que ponga en práctica el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015, y que los 6.000 m3 de tierra contaminada sean almacenados provisionalmente en donde decida ENRESA, a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porqué estar en EEUU.
El anterior Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Margallo, declaró confidencial el documento del US DOE que presionaba para reducir el volumen de las tierras a tratar. El CSN hizo lo mismo con el acuerdo de 22 de julio de 2015. De este modo el Gobierno pudo presentar en vísperas electorales el acuerdo Kerry-Margallo como un triunfo, cuando en realidad fue una claudicación ante el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. que es quien dirige el asunto de Palomares.
Hace más de dos meses, el coordinador nacional de Ecologistas en Acción pidió al actual Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Borrell, que desclasifique el documento del DOE para que podamos saber en qué criterios «científicos» se basan para querer dejar casi la mitad del plutonio esparcido por Palomares. Esperamos que diga algo, aunque sólo sea por educación.
La tragedia de Palomares ha estado sometida desde casi sus comienzos a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril. Se está utilizando, una vez más, la Ley franquista de Secretos Oficiales para ocultar comportamientos inconfesables por parte de los sucesivos gobiernos de la «democracia».