Así como la Constitución es la Norma fundamental del Estado, los Estatutos de Autonomía constituyen la Norma fundamental de cada Comunidad Autónoma. Como Norma fundamental entendemos la principal fuente de derecho, de donde emanan los mismos, su base y fundamento. Los derechos laborales, las Leyes y Reglamentos que rigen las actuales relaciones laborales, tienen su […]
Así como la Constitución es la Norma fundamental del Estado, los Estatutos de Autonomía constituyen la Norma fundamental de cada Comunidad Autónoma. Como Norma fundamental entendemos la principal fuente de derecho, de donde emanan los mismos, su base y fundamento. Los derechos laborales, las Leyes y Reglamentos que rigen las actuales relaciones laborales, tienen su origen en el marco infranqueable de la Constitución española y los respectivos Estatutos en cada Comunidad Autónoma.
En la actualidad, bajo la consigna de «seguir avanzado» o «segunda modernización», se vende a un público apático una necesidad que no surge del deseo rebelde de una población sumida en el atraso y en el franquismo, como ocurrió al final de la década de los 70, sino de los intereses de los diferentes partidos políticos gobernantes tutelados por las altas Instituciones del Estado. Esta «necesidad postiza» es lo que ahora se nos presenta como Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Objetivos en la reforma de finales de los 70
Los objetivos buscados en las reformas de finales de los 70 se han cumplido con creces. El abandono de la política económica proteccionista y paternalista del anterior régimen y el abrazo a la economía de libre mercado ha supuesto para el Capitalismo español su mayor crecimiento de la Historia. No sólo sirvió para superar la llamada «crisis del petróleo», sino que además posibilitó que una España en vías de desarrollo pasara a convertirse en una de las principales economías del mundo.
Además, la nueva organización del Estado regulada en el Título VIII de la Constitución, fuente de los diversos Estatutos de Autonomía, ha permitido un cierto equilibrio territorial en el desarrollo de ciertas regiones de la península condenadas a la pobreza más humillante durante la Dictadura. Y también, mediante oportunas concesiones a las fuerzas nacionalistas, el apaciguamiento de las mismas y su implicación en la resolución en los conflictos de Estado.
No podemos omitir las relaciones con otros países, los que en todo momento «velaron» por nuestra transición política, en la que sus intereses económicos, comerciales, geoestratégicos y militares, debían quedar a resguardo.
La intervención Obrera
La fuerza y empuje de la clase obrera, junto a los movimientos estudiantil y vecinal, fueron el ingrediente necesario para que la reforma no se redujera tan solo en un leve cambio de imagen del Estado. La inclusión de la legalización de todos los partidos políticos y sindicatos, la constitución de los órganos unitarios de representación, el empleo fijo, la readmisión de despidos improcedentes y los artículos constitucionales donde se mantiene la capacidad y autonomía del Estado para la planificación de la actividad económica o el derecho al acceso de los medios de producción por parte de los trabajadores (aunque jamás se hayan regulado estas materias constitucionales mediante las oportunas leyes), constituyen el resultado de la implicación de estos movimientos a la reforma.
El presente
De entonces al presente los resultados son evidentes. Mientras que la economía española continúa en expansión, la economía casera de las familias trabajadoras ha ido en decrecimiento continuo. Paralelo a la reducción de nuestro poder adquisitivo, se han reducido también nuestros derechos laborales y sociales en tanto que como trabajadores y trabajadoras continuamos viviendo en dictadura en nuestras jornadas laborales, donde los derechos de los ciudadanos aún vigentes en nuestra legislación, nos son negados mientras trabajamos: presunción de inocencia, libertad de residencia, derecho a la integridad de la persona, derecho a la vida, a percibir una prestación en desempleo…
En esta nueva ocasión de reforma política, el ingrediente de las luchas obreras y populares no existe. La dirección del movimiento obrero -dividida, comprada, subvencionada, atomizada por el sistema-, ha conducido en estos años al conjunto de la clase obrera al gueto de los centros de trabajo. Los sindicatos ya no intervienen en política, sino que aplican la política que les dictan desde las Instituciones del Sistema.
Entonces, ¿para qué la reforma de los Estatutos de Autonomía? ¿para qué la próxima reforma constitucional?
El nuevo marco de relaciones internacionales
Los actuales marcos legislativos surgidos de la transición a la democracia, estaban determinados por la correlación de fuerzas a nivel internacional de las potencias económicas y políticas de aquel momento. Esa correlación de fuerzas ya no existe. El Muro de Berlín ya no existe, la indiscutible superpotencia económica y militar de los Estados Unidos hoy es discutible, la aparición del Euro en las transacciones internacionales está desplazando al Dólar, el proceso de constitución de la Unión Europea y los crecimientos económicos gigantescos de India y China, conforman entre otros, un escenario bien distinto al periodo de la crisis energética de los años 70.
A niveles internos y en aquella coyuntura, el equilibrio entre los diferentes sectores económicos y territoriales de la Oligarquía, era condición de supervivencia ante un régimen en descomposición y un movimiento obrero combativo y en ascenso. Hoy no es necesario ese equilibrio para la supervivencia de la Oligarquía. Hoy sus diferentes sectores se enfrentan entre ellos para asegurarse una nueva correlación de fuerzas favorable a los intereses de cada uno de estos sectores, generalmente coincidentes con diferentes intereses de otras economías extranjeras con «representación» en los diferentes aparatos del Estado español. Ello debilita, sin embargo, la antigua cohesión oligarquica y da lugar al pistoletazo de salida en la carrera para constituir una nueva correlación de fuerzas entre los distintos sectores económicos y territoriales de la Oligarquía, comenzando por la revisión de los estatutos de autonomía y que concluirá, inevitablemente, con la reforma constitucional.
Así lo recoge el propio preámbulo del Estatuto desarrollando la necesidad de la reforma: «… afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España en el contexto internacional.»…
La propuesta de reforma estatutaria en Andalucía
En resumen podemos afirmar que la actual correlación de fuerza a nivel internacional, europeo y español, exigen un nuevo marco jurídico, donde no existe cabida para los intereses de la clase obrera. Este escenario enmarca la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En el texto propuesto por PSOE, IU y PP, no se contemplan bases legislativas para la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, ni la estabilidad en el puesto de trabajo, ni la fijeza de los mismos, no se otorgan nuevos mecanismos de defensa de las condiciones de trabajo, ni de protección de derechos conseguidos, ni de aumento en democracia en los centros de trabajo. Por el contrario, se consagra, en tanto que Norma Fundamental, la economía de mercado, se protege la autoridad de los patrones y se debilita y ataca a los trabajadores sencillamente ignorándonos.
Además perpetúa al pueblo andaluz en la condición de mendigo al relacionar el mantenimiento de nuestro nivel de vida con las aportaciones económicas de otras regiones y países más desarrollados. Y reduciendo a la nada los derechos históricos de nuestra comunidad, a pesar de ser la única que «conquistó» la autonomía plena, se la relega a un papel secundario en el ranking competencial autonómico español.
Para las organizaciones sindicales que componemos la Coordinadora Sindical de Andalucía y para el conjunto de los y las trabajadoras andaluzas, la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía constituye el mayor obstáculo legal para la consecución de nuestra propuesta de Nuevo Estatuto Obrero, y una nueva vuelta de tuerca más contra los derechos de la ciudadanía trabajadora. Debemos parar esta (contra) reforma. No podemos consentir el someternos nuevamente al marco legislativo de los intereses de la Oligarquía, de las potencias económicas mundiales, de los terratenientes, de la Iglesia y de los sindicatos del sistema.
La consecución de un Nuevo Estatuto Obrero donde se protejan nuestros derechos y se refleje la conquista de otros nuevos es incompatible con la actual propuesta de reforma estatutaria del PP, del PSOE y de IU.
¡¡Por un Nuevo Estatuto Obrero!! ¡¡Por un Estatuto Socialista para Andalucía!!
¿Otras cuestiones de interés político para los trabajadores?
• En cuanto al medio ambiente: Andalucía tiene varias zonas utilizadas como cementerios nucleares, o de residuos altamente tóxicos, como el Cabril, ni una sola referencia a ello en este Estatuto. O zonas marítimas como la bahía de Algeciras donde los barcos de otros países limpian sus bodegas y vierten residuos nocivos.
• Andalucía tiene dos bases militares estadounidenses en nuestro territorio, lo que nos convierte en un objetivo militar de primer orden por parte de los países agredidos por los Estados Unidos, nada que decir, por parte del Estatuto.
• Andalucía tiene el mayor sector inmobiliario especulativo de todo el Estado Español, tanto en sus costas como en zonas de especial protección ecológica o rural. Nada que decir, por parte de este Estatuto.
• Andalucía tiene una radio pública, que va a ser gestionada privadamente, evidentemente por parte de los grandes poderes privados y que lo único que le va a quedar de publico es la censura del Sr. Zarrias de turno, para que la Coordinadora Sindical de Andalucía no pueda realizar convocatorias sociales a través de ese medio.
• La gestión de la sanidad hospitalaria va seguir profundizándose en las Unidades Clínicas de Gestión lo que va a profundizar aún más la desigualdad territorial entre los ciudadanos andaluces y una inhibición cada vez mayor de la intervención del Estado, a través de la Junta de Andalucía, sobre un factor fundamental del Estado del Bienestar que es la Sanidad Pública.
• Los Ayuntamientos son una vez más tratados como los hermanos menores del Estado y su relevancia en este Estatuto queda totalmente reducida y no es que nos parezca mal el que exista una regulación del empleo del territorio a nivel andaluz y control de los mismos en algunas cuestiones como es la regulación del terreno y la protección de espacios naturales, pero no existe el compromiso de financiarlos con un 25% de los impuestos del Estado, por lo tanto, la administración más cercana al ciudadano, la administración cuya operatividad se ve más es la que menos financiación del Estado tiene.
• Las Universidades siguen confundiéndose su autonomía con respecto a su autonomía financiera y son símbolo de despreocupación de la Junta de Andalucía.
• La ordenación del sector público para nada se trata en profundidad, más bien se deja al libre albedrío, propiciándose la privatización del sector público y la explotación privada de los servicios públicos en un gesto totalmente capitalista.
• Además el nuevo estatuto promueve la defensa a ultranza con el apoyo público que se realiza del sector financiero (banca) y la especial protección de este. Frente a la protección de las familias, del derecho a la vivienda y de un puesto de trabajo digno, del que los empresarios no abusen como están abusando de los trabajadores.
En definitiva, ni Chaves es líder para Andalucía, ni este Estatuto nos resuelve nada a los trabajadores y trabajadoras, más bien al contrario, nos sigue complicando la vida.