“El Estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978”. Con esta frase comienza Vivienda, la evolución más urgente (Alternativas Económicas, 2021), un trabajo de Alejandro Inurrieta.
El economista, que actualmente ejerce como profesor en la UNED, conoce bien las entrañas de un problema al que se ha enfrentado desde el sector público. Asesor del gabinete del secretario de Estado de Economía en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a ser el presidente de la Sociedad Pública del Alquiler (2007-2008). Ahora, en su último libro, lanza Propuestas de acceso universal para un bien de uso esencial, como reza el subtítulo.
España tiene muchos problemas graves; somos el segundo país de la Unión Europea con la mayor tasa de desempleo juvenil. Sin embargo, asegura que “la revolución más urgente” es la de la vivienda. ¿Por qué?
La vivienda es la revolución más urgente, pero no es algo nuevo. El problema es que a la vivienda en España, desde que llegó la democracia, no se la ha tratado como el problema que es, no solo para los jóvenes, sino en general para la sociedad. Porque el mercado, en cuyas manos se ha dejado la vivienda, ha discriminado y sigue discriminando a un porcentaje cada vez más grande de población que no tiene acceso a una vivienda digna. Y han empezado, efectivamente, por los jóvenes que no se pueden emancipar.
Pero también están en esa tesitura familias monoparentales, inmigrantes, familias que caen en la pobreza a partir de una política salarial en España que cada vez es más regresiva… incluso gente mayor que eventualmente no ha podido pagar su hipoteca en un momento dado y que tampoco puede pagar un alquiler. A esto se suma el universo de toda esa gente que es desahuciada a raíz de la burbuja inmobiliaria. El sistema lo que hace es expulsarlo de su vivienda sin darles ninguna solución adicional.
Todo eso, trufado con una política por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas que lo que ha hecho ha sido minimizar el peso que tiene la vivienda pública, la vivienda social. Todo este cóctel nos da una situación explosiva cuyas consecuencias no han sido más drásticas gracias, exclusivamente, a que las familias han acogido a los jóvenes de 30 o 40 años que, o bien no se han emancipado, o incluso han vuelto a casa de sus padres después de una crisis tan profunda como la de 2008. Solamente el sostén familiar es lo que está evitando una revolución social. Si no, estaríamos en una situación de grave conflicto social.
Si tuviésemos que trazar una línea histórica de los últimos 50 años, ¿qué acontecimientos o decisiones cree que han ahondado en este problema?
El primero se produce cuando se restaura la democracia. El gran error que ha cometido España ha sido basar toda su política de vivienda en construir vivienda pública VPO [Vivienda de Protección Oficial] para la compra y hacer una especie de donación a una serie de familias que en un momento dado necesitaban ese acceso a la vivienda. Pero esa cantidad de dinero invertida no ha sido suficiente para hacer una política de verdad, como sí han hecho los países europeos más solventes, que han construido un parque público en alquiler.
La dicotomía entre el alquiler y la compra, el desprecio que se ha tenido en España hacia el alquiler desde los ámbitos financiero, institucional, político, social y mediático, es el hito más importante que nos ha alejado de las políticas. Después, la nula intervención en el mercado. El social-liberalismo que imperó con los gobiernos de Felipe González y que luego se mantuvo e incluso acrecentó, fue un problema en este sentido. Zapatero intentó meter alguna cuña de intervención, pero no fue suficiente.
Y uno de los últimos granitos ha sido la venta obscena de vivienda pública por parte de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella, y la Comunidad de Madrid.
El gran problema de fondo es que en España no hay política de vivienda, hay política inmobiliaria.
Jorge Dioni, en su libro La España de las piscinas, sostiene que el urbanismo crea ideología. En este caso, la falta de política de vivienda, crear un país de propietarios, también lo hace, ¿no?
Sin duda. Ya lo dijo [el exministro de Vivienda José Luis] Arrese en la época de Franco: el urbanismo crea mucha ideología. Madrid es un ejemplo palmario. En Madrid no hay política de vivienda y no hay política de movilidad, como pasa en otras grandes ciudades. La idea de que el acceso a la vivienda en propiedad es un derecho y que el acceso a la movilidad en coche es otro derecho, va en contra de derechos básicos como la movilidad sostenible o el acceso a la vivienda para personas vulnerables. Todo eso ha calado en la sociedad española en general y en la madrileña en particular.
Y, efectivamente, la idea del PAU, del centro comercial o de la vivienda en propiedad se han convertido en elementos de solvencia y de reputación social. Se ha creado un caldo de cultivo para una generación que ha preferido embarcarse en una hipoteca, aunque es verdad que los tipos de interés tan bajos han ayudado a mitigar el esfuerzo que hacen los españoles. Pero, aun así, el hecho de que muchas familias sigan dedicando más del 50% de su salario al pago de la vivienda, sea en hipoteca o alquiler, es una anomalía que no la encontramos prácticamente en ningún país europeo,
Una de las características más interesantes de su libro es que es un trabajo puramente económico. Es un libro en el que se proponen medidas con cálculos. ¿Cuáles son las más importantes a la hora de llevar a cabo esta revolución urgente?
En el libro lo que hago es tratar de ver las políticas a corto, a medio y largo plazo. A corto plazo, lo primero es regular los precios de alquiler. En este momento, en las ciudades es donde hay más tensión y más problemas de acceso, y regular los precios del alquiler es una medida inevitable. Además, es una medida socialmente bien vista por gran parte de la población. Lo que pasa es que el ruido mediático no nos deja escuchar a esas voces que siguen diciendo que son necesarias estas medidas que no son ni mucho menos confiscatorias. Estamos hablando de cosas muy sencillas y muy razonables.
Lo segundo que hay que poner en marcha es una política muy agresiva por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas para hacer acopio de vivienda pública. Puede ser vivienda pública de nueva construcción o vivienda privada comprada por ayuntamientos. Hay muchos edificios en las grandes ciudades abandonados, sin ocupación, que deben ser comprados y rehabilitados, que es la otra gran pata que falta: una política de rehabilitación muy, muy agresiva, muy potente, con muchos fondos y pilotada por el sector público.
De esta forma se mezcla el corto y el medio plazo, con ayudas directas muy controladas para evitar el fraude en los contratos de alquiler.
Y luego, hay un elemento al que le dedico un capítulo, que es la creación de una base estadística homologable a los países más avanzados para poder hacer política de vivienda o gestión pública con datos reales. De esta forma evitamos estar pendientes de lo que diga Idealista, que no deja de ser juez y parte. Estas empresas tienen su propia ideología y ejercen de lobby para decantar las fuerzas hacia un lado de la balanza. Es el Estado el que tiene que tener una base estadística lo suficientemente solvente, rigurosa, actualizada y potente para poder hacer buena política de verdad. Si no, seguiremos igual.
Una de las cifras que defiende en el libro es la de un parque público con siete millones de viviendas, ya sea comprando edificios e inmuebles ya construidos o bien construyendo nueva vivienda que no debería dejar nunca de ser pública.
Efectivamente. En el libro creo que queda bastante claro que la apuesta es que el Estado solo tiene que hacer política de alquiler. Esa es la premisa básica. Al que quiera comprar se le puede ayudar, pero la política de vivienda tiene que ser en alquiler. Esas siete millones de unidades deberían siempre mantenerse en el sector público.
Algunas comunidades ya han empezado a regular para que las VPO no se puedan vender nunca, no se pueden desclasificar. Por ejemplo, Euskadi, Cataluña, Baleares y Navarra, que también está empezando a hacerlo. Esa es una buena dirección, pero las de alquiler, en concreto, debería estar prohibido enajenarlas, venderlas.
Esto implica, por supuesto, apoyar en el mantenimiento de ese parque de viviendas, que es un tema también de debate entre gestores. Esto ha generado muchos problemas, porque es caro de hacer, pero hay muchas fórmulas de colaboración público-privada, de gestión mixta. Ahora, por ejemplo, en Cataluña han creado una empresa mercantil participada por el Ayuntamiento de Barcelona para construir y gestionar 4.500 viviendas públicas en alquiler. Eso es una buena idea, una buena medida para que el sector privado y el sector público juntos, aportando cada uno el capital social y el capital privado que tienen, puedan gestionar vivienda pública de una forma permanente. Es un elemento que se debería ir incluyendo en la cartera de servicios del sector público.
¿Cómo presionan los lobbies para evitar la regulación del sector?
En España, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, no hay un registro de lobbies. Aquí no sabemos si un ministro se ha reunido hoy con un lobby o no. Yo, que he estado en dos ministerios, lo he vivido. Recuerdo, en concreto, dos casos. Cuando se intentó regular la subida de impuestos especiales al alcohol en España, el lobby del vino y la cerveza nos intentaban convencer de que eso no era alcohol: tú podías aumentar los impuestos especiales a los alcoholes de mayor graduación, pero como España es un país de vino y un país de cerveza, pues ahí no puedes entrar.
Y, por supuesto, las constructoras. Cuando teníamos la crisis encima, en 2008, se pasaban por el ministerio a empujar de manera suave para tratar de imponer el criterio de que había que seguir construyendo y apoyando desde el sector público la creación de vivienda en un momento en el que ya se estaba hundiendo todo. En España presionan de forma muy callada, pero presionan, y logran sus objetivos siempre.
El poder que tienen es tal que el exministro de Industria y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, ha acabado al frente de un par de lobbies inmobiliarios. ¿Para qué les sirve este fichaje, por ejemplo?
Es muy sencillo: sirve para penetrar de forma más amable en la órbita del regulador. Yo creo que cada uno, dependiendo del momento político, elige a quién poner al frente de su lobby. Si te fijas, las grandes empresas, como Telefónica o Iberdrola, intentan compaginar y tienen en sus consejos a gente de los dos partidos, del PP y del PSOE; o si no, a las parejas de los altos cargos, que es otra forma también de ganarse el favor. Joan Clos mañana levanta el teléfono y se va a poner el presidente del Gobierno. Es una forma muy inteligente que tienen los lobbies para lograr sus fines, imponer sus propios criterios y sus propios intereses, olvidándose del interés general. Este es otro de los elementos que más me sorprende: que a estas empresas, el interés general, les importa un bledo. Ellos van exclusivamente a su cuenta de resultados y a imponer sus criterios.
Como persona que tuvo carné del PSOE durante 26 años, cuando ve este tipo de comportamientos o cuando escucha a determinados ministros, como José Luis Ábalos, decir que la vivienda a la vez que un bien de uso es un bien de mercado, ¿qué siente?
En este tema, y en muchos otros, el PSOE ha perdido la esencia. El PSOE debería ser un partido reformista de verdad, según la acepción más literal de la palabra. Reformar significa modificar las estructuras obsoletas, es decir, remover los vicios que tiene la sociedad y la economía española. Uno no puede entrar a gobernar sin querer pisar ningún callo y eso es lo que le ha faltado al PSOE. Primero, por miedo, porque tiene mucho miedo a las fuerzas vivas y a las fuerzas fácticas de este país.
Yo eso lo he podido constatar. A mí me ofrecieron ser jefe del Gabinete del secretario de Estado de Defensa y, en la entrevista previa, lo primero que me dijeron es que en el Ministerio de Defensa no se hace política. Entonces, si uno no viene a hacer política a un ministerio, pues que lo gestione un robot.
Hay miedo a que una decisión política pueda levantar una gran polvareda, y en el sector inmobiliario pasa eso. No se ha querido remover la inercia que tiene la sociedad española con la política inmobiliaria obsesiva del ladrillo y, por tanto, cambiar las reminiscencias de una política que viene del franquismo más puro y más duro. Tampoco se ha hecho debido a la presión mediática y financiera, que junto a los propios lobbies del sector son los tres polos sobre los que se han asentado los errores del pasado. Lo peor es que no hay visos de que esto vaya a modificarse.
Todo esto desemboca en una Ley de Vivienda que prepara el actual gobierno del PSOE y Unidas Podemos. ¿Cómo la valora?
Es una ley que se queda en la capa más superficial de la burbuja. No se penetra dentro para tratar de remover las estructuras. Es una ley que únicamente sirve para pedir perdón, para decir que sí, que hay que hacer algo, pero que trata de evitar que nadie se enfade.
Hay que tener en cuenta que lo poco que se ha logrado es gracias a Unidas Podemos. Si fuera por el PSOE, no habría ni Ley de Vivienda. Eso lo tengo claro. El PSOE está muy cómodo haciendo VPOs en las comunidades autónomas, entregando unas pocas llaves cada cierto tiempo, y punto. Si tú dices que se han invertido no sé cuántos millones, la gente se queda con la cifra y ya está. Pero no saben que no sirve para nada, que es pura propaganda política
En resumen, es una ley muy básica, muy poco ambiciosa. Y es una ley que, por supuesto, no va a modificar y no va a solucionar ninguno de los problemas de los que hemos hablado en esta entrevista.
Usted no rompió el carné del PSOE, sino que le echaron. Lo que dice ahora, ¿lo dice por convicción ideológica o porque está rebotado con el partido por una cuestión personal?
No, no, no. Para nada, hace muchos años de eso. Y yo siempre he estado en la misma posición. Es más, el expediente de expulsión que se me hace, se me incoa por un blog en el que yo lo que digo es que, en Madrid en concreto, el PSOE es un partido completamente desnortado, un partido irrelevante. Me acuerdo de que en aquella época yo decía que se iba a situar por debajo del 20% en intención de voto, y hoy no lleva ni al 10%. El PSM es un partido roto, un partido irrelevante, un partido marginal y no hay voluntad ni intención de salvarlo.
Mi crítica parte de un análisis estrictamente económico, un análisis riguroso y un análisis, por supuesto, ideológico. No lo voy a negar, pero mis opiniones están completamente avalada por las cifras. Yo no hablo a través de apriorismos ideológicos, sino que intento demostrar mi aproximación con los datos que hay disponibles, que son muy malos, por cierto.
Antes hacía referencia a la presión financiera y a la presión de los propios lobbies inmobiliarios, pero también a la presión mediática. Si una persona ve un informativo, sobre todo en verano, puede darle la impresión de que corre el riesgo de que le usurpen la vivienda en cualquier momento. Que va a bajar a comprar el pan y, cuando vuelva, su vivienda va a estar ocupada. Desde una perspectiva legislativa, ¿el propietario en España está desprotegido?
Es un tema que también abordo en el libro. Hago un análisis comparado entre las leyes de arrendamientos urbanos de los principales países europeos. Curiosamente, aunque en España se suele decir que la ley protege al inquilino, no es verdad. La ley española es de las más equilibradas respecto a otros países. En otros países como Francia, Italia, Alemania o incluso el Reino Unido, sí que hay una defensa a ultranza del inquilino.
En estos casos de presión mediática de los que hablas, no hay que desdeñar la presión de empresas como Securitas Direct, que son las que se están haciendo de oro a costa de meter miedo a la gente.
Hay una legislación bastante razonable para obligar a las personas que no pagan a que abandonen la vivienda. El resto, es un problema ficticio que se ha podido dar en casos puntuales. Pero eso no quita que la mayor parte de las personas que viven de alquiler sean personas muy razonables, que pagan cuando pueden. Aquí está el punto importante, en el “cuando pueden”. El problema es que, cuando no pueden, no hay una solución habitacional por parte del sector público para ese periodo que transcurre desde el momento en el que una persona es desahuciada hasta que puede rehacer su vida.