La superficie de suelo construido en el litoral español ha crecido una media del 57% en aproximadamente 25 años (periodo 1987-2011), según consta en el informe «Protección a toda costa. Un tesoro que no debemos perder», realizado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad. El porcentaje se refiere al incremento de la construcción en […]
La superficie de suelo construido en el litoral español ha crecido una media del 57% en aproximadamente 25 años (periodo 1987-2011), según consta en el informe «Protección a toda costa. Un tesoro que no debemos perder», realizado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad. El porcentaje se refiere al incremento de la construcción en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa. Los autores del informe caracterizan al litoral español como «extremadamente demandado -especialmente en las zonas más cercanas al mar- tanto por la industria turística-inmobiliaria como en muchas ocasiones por el sector industrial y portuario». La costa sur fue el territorio en el que se produjo un mayor crecimiento (62%) entre 1987 y 2011. En el detalle por provincias, el incremento más significativo de la construcción en los últimos 25 años se registró en la costa de Castellón (148%), seguido de Granada (146%), Valencia (118%), Cádiz (111%), Almería (107%), Alicante (103%), Gipuzkoa (95%) y Málaga (80%).
Las cifras ponen de manifiesto la huella del monocultivo del ladrillo. En el punto álgido de la «burbuja» inmobiliaria, que reventó en 2008, Greenpeace advirtió que en el frente costero español se habían planificado o estaban en construcción tres millones de viviendas. Hoy la tendencia se halla en un punto muy lejano al de los años de oro del ladrillo. Sin embargo, apunta la organización ecologista, «el mercado de la vivienda creció en España en 2016 a un ritmo que no se veía desde hace una década». También durante 2016, la provincia de Málaga encabezó la venta de viviendas en proporción a su población (16,32 por cada mil habitantes), según el Colegio de Registradores de la Propiedad; le seguían otras provincias turísticas y costeras: Alicante (16), Almería (13,46) y Baleares (12,38).
El documento informa de la ocupación de suelo entre 1987 y 2011 en el Dominio Público Marítimo Terrestre (primeros metros de la costa de carácter público), cuyo crecimiento medio en el conjunto del estado se situó en el 40%. La zona más afectada por el incremento de la urbanización fue la costa sur (45%). Tres de las cinco provincias que encabezan la ratio, Castellón (112,9%), Huelva (81,3%) y Almería (75%) partían de una menor urbanización antes de los años 80. En el caso de Lugo (81,3%), el crecimiento también responde a tasas previas inferiores, las características geográficas (un litoral corto) y la concentración de la actividad urbanística en la zona oriental. Destaca asimismo Barcelona con un incremento del 98,2% en la urbanización de los primeros metros del frente litoral. En términos absolutos, el estado español tiene construido el 31,8% del Dominio Público Marítimo Terrestre; llaman la atención los porcentajes de Málaga (74,9%), Huelva (71,3%), Cádiz (69,1%), Barcelona (68,9%), Valencia (66,7%) y Alicante (64,3%). A la luz de los datos, Greenpeace apela a la «necesidad urgente de actuar y proteger la costa, degradada de manera definitiva en amplias zonas del país».
El informe señala casos de medidas de protección y también de malas prácticas a lo largo de la costa española. Así, en Almería se observan dos de los «peores ejemplos» de destrucción ambiental en el litoral: el hotel «El Algarrobico» y la urbanización «Mundo Aguilón». Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad apuntan la presión urbanística y la especulación en la provincia de Cádiz. En el Oeste gaditano, entre Trafalgar y la provincia de Huelva, se encuentra el sector más urbanizado, que ha sufrido «severas transformaciones» desde 1987. «Desde el Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda se ha consolidado un cordón urbano litoral del que no se ha salvado ni la Base Naval de Rota», constata el informe. Se hace mención, también en Cádiz, a una urbanización de lujo con más de 40.000 plazas, «Costa Ballena», erigida junto a una playa sometida a fuertes dinámicas de erosión.
Hay territorios donde saltan las alarmas, como la Costa del Sol. «Es una de las costas más transformadas de todo el litoral español, con docenas y docenas de kilómetros de edificaciones ininterrumpidas». En perspectiva, se observa una gran barrera de cemento que convierte a la zona, tal vez, en la más urbanizada del Mediterráneo. Además, el informe subraya la presencia de centenares de edificios ilegales, cámpings y chiringuitos en la playa; en municipios como Estepona, Manilva, Marbella, Benalmádena… La descripción concluye con malos augurios, en caso de prolongarse la tendencia actual: «En tan sólo 32 años el litoral quedaría totalmente colmatado; la costa malagueña ya no tiene cabida para más». El documento resume todos los males en el municipio de Marbella, cuyo urbanismo desaforado durante décadas se traduce en cerca de 20.000 viviendas ilegales.
En el otro extremo del territorio se emplaza el municipio asturiano de Llanes, con un litoral «sometido a la especulación y la corrupción desde hace décadas», denuncia Greenpeace. La razón reside en una planificación urbanística plagada de irregularidades. En el municipio de Navia, los vertidos industriales como los de la papelera CEASA han afectado durante muchos años a la ría. En todas las provincias, el informe dedica un apartado a los «elefantes blancos» (infraestructuras fallidas o de gran impacto ambiental). En el caso de Asturias, se citan dos ejemplos, el de la ampliación del puerto de El Musel (Gijón) y la planta regasificadora de ENAGAS en el mismo puerto. En Cantabria, el documento enumera otros ejemplos «absurdos» de destrucción del litoral: el campo de golf de Oyambre (construido en primera línea de costa y en un sistema dunar), la urbanización del Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos; el puerto de Laredo, la depuradora de Vuelta Ostrera y el urbanismo de Castrourdiales o Argoños. En este municipio, de cerca de 1.700 habitantes, el informe de Greenpeace contabiliza 255 sentencias de derribo: «Todo un ejemplo de corrupción y falta de cumplimiento de las leyes».
La costa de Girona presenta algunas singularidades. Debido a la presión del negocio turístico, los sectores no protegidos en primera línea de costa se hallan urbanizados desde hace más de 25 años. Pero «desde 1987 la construcción de nuevas áreas ‘artificiales’ ha sido bastante escasa», matiza el informe «Protección a toda costa», que señala una zona especialmente ambicionada por la industria del ladrillo, Cap de Creus. Incluye entre los «núcleos indultados» de la provincia de Girona una urbanización -Empuriabrava- con un puerto artificial y amarradero de yates en la zona trasera de los chalés. «Contraviene claramente la ley de costas», señalan los autores, por razones como el impacto de las viviendas que ocupan el Dominio Público Marítimo Terrestre. El informe destaca un segundo «núcleo indultado», en Platja d’Aro, con una ristra de viviendas de 600 metros de longitud que se extiende por la playa. Son los «elefantes blancos» del litoral español, que en provincias como la de Tarragona se asocian a la presión de un turismo de escaso poder adquisitivo e impacto negativo en la población autóctona.
En Alicante se han desarrollado proyectos como «Terra Mítica», que el documento califica como «uno de los mayores expolios de dinero público de los últimos años», vinculado a irregularidades y escándalos de corrupción. Concebida como ciudad «vertical» (lo que se dijo favorecía un consumo más racional de agua, suelo y energía), Benidorm no impidió -según Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad- que se urbanizaran calas y edificaran más rascacielos; por ejemplo, en Alicante y Calpe. En Castellón se promovieron otras dos macroiniciativas que devinieron ruinosas desde una perspectiva económica y ambiental: Marina d’Or y el aeropuerto de Castellón. En cuanto a los territorios insulares, el informe recuerda un término, «Balearización», que designa la proliferación de planes urbanísticos en las islas. El documento delimita cinco áreas actualmente sin protección, en las que la industria hotelera y el ladrillo han situado el punto de mira: sudoeste de Ibiza, interior de Formentera, costa sudoriental de Mallorca, Can Picafort-Son Serra de Marina (Mallorca) y Punta Prima (Menorca). También en las Islas Canarias se detallan iniciativas de gran impacto ambiental, como el Plan Parcial Costa Papagayo (Lanzarote), la urbanización Majanicho (Fuerteventura), las esculturas de Chillida en la montaña de Tindaya; y la construcción del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.