La Audiencia Nacional juzgará el lunes al supuesto «frente jurídico de ETA» mientras tramita otro sumario contra seis miembros de Sortu a los que acusa de organizar «ongi etorris». Desde 1998 ha habido 12 causas con un alto número de imputados, entre los que se encontraban políticos, responsables de periódicos o activistas por los derechos de los reclusos.
La pregunta sonó un poco a desafío y otro poco a confesión. «¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?», lanzó el entonces presidente José María Aznar un 22 de julio de 1998, exactamente siete días después de que la Policía Nacional irrumpiese en la sede del diario Egin y detuviese a varios de sus responsables por orden de la Audiencia Nacional y, según confirmó Aznar, con la bendición del Gobierno del PP. Aquello sería el inicio de una larga campaña policial y judicial contra periodistas, políticos o abogados. Varias redadas después, el «Todo es ETA» vuelve a los tribunales con nuevas amenazas de prisión
El próximo lunes, la Audiencia Nacional juzgará a ocho personas acusadas de formar parte del «frente jurídico» de la ya extinguida ETA. Las acusaciones se remontan a 2010, cuando la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del entonces juez y ahora ministro del Interior Frenando Grande-Marlaska, detuvo a diez personas, entre las que se encontraban tres abogados de presos de ETA.
Ocho de ellas se sentarán ahora en el banquillo bajo la acusación de haber actuado como supuestos «correos» de los reclusos. La Fiscalía pide penas que suman 77 años de cárcel.
Los acusados niegan esos supuestos y aseguran que sus gestiones estuvieron dirigidas a favorecer la adaptación de los presos al «nuevo escenario» que empezaba a abrirse entonces y que conduciría al cese definitivo de la violencia anunciado por ETA en octubre de 2011, antesala de la disolución registrada en mayo de 2018. En el marco de ese proceso, los presos del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK por sus siglas en euskera) decidieron asumir las vías legales, reconocieron «con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado» y rechazaron «el empleo del método utilizado en el pasado», en alusión a la violencia.
A las puertas del juicio que podría llevarles a prisión, los imputados del sumario 13/13 sostienen que aquella redada ordenada por Marlaska tenía como objetivo «entorpecer el deseo de paz». La abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en el marco de otro sumario de similares características en 2019, subraya que volverá a ser juzgada bajo las mismas acusaciones por las que ha estado en prisión: «Formar parte del colectivo de abogados y de los grupos de coordinación de los presos».
«La izquierda abertzale está haciendo grandes avances por la paz y la convivencia, pero todavía hay lobbies en el Estado español, en algunos casos también dentro de la judicatura, que se mantienen en contra de una solución”, afirma la jurista a Público.
Los acusados han mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evite el ingreso en prisión e implique únicamente condenas leves, tal como ha ocurrido en otros casos recientes. De momento se desconoce si el Ministerio Público lo aceptará.
«Las cloacas actúan»
De forma paralela, la Audiencia Nacional tramita otra causa que también recupera el concepto del «Todo es ETA»: seis miembros del partido político Sortu –integrado en la coalición EH Bildu– son acusados de organizar homenajes de bienvenida a presos, los denominados «ongi etorris». Este miércoles, el secretario general de la formación independentista, Arkaitz Rodríguez, denunció esta operación, que la semana pasada dejó otras dos detenciones.
«El ‘Estado profundo’, los poderes fácticos, las cloacas están actuando y harán todo lo posible para impedir cualquier paso no solo en lo referente a los presos, sino hacia la paz y las soluciones democráticas en este país», afirmó Rodríguez en la comparecencia.
Según datos recopilados por el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, desde 1998 se han registrado 12 sumarios contra 426 personas que formaban parte de distintas organizaciones políticas o de apoyo hacia los presos de ETA, así como abogados defensores de esos reclusos y periodistas de distintos medios de comunicación vascos. Entre estos últimos casos se encuentra el cierre del diario Egunkaria, cuyos responsables denunciaron haber sufrido torturas mientras se encontraban en manos de la Guardia Civil.»El ‘Todo es ETA’ ha supuesto que un número muy importante de personas hayan sido condenadas. Cualquier actividad política dentro de la izquierda abertzale o cualquier acto de solidaridad o de ayuda a los presos pueden ser criminalizados e implicar condenas y largos periodos de cárcel en duras condiciones«, afirma Zulueta, quien permaneció más de tres años en aislamiento en una cárcel andaluza.
«Piedra de bóveda»
Las actuaciones enmarcadas en esa campaña también llevaron a la cárcel a integrantes de Udalbiltza, la Asamblea de Concejales del País Vasco. En abril de 2003, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes (PP), anunció que esta institución de electos «era la piedra de bóveda que ETA había diseñado en su proyecto de destrucción de la legalidad vigente para sustituir las instituciones».
Aquella operación se saldó con ocho detenidos y marcó el inicio de un largo proceso que acabó, literalmente, en nada: «ETA no controla Udalbiltza y, por lo tanto, la hipótesis, según la cual es un proyecto de ETA, no es válida», dictaminó la Audiencia Nacional en enero de 2011.
Los jueces reconocieron entonces que no se habían encontrado «datos o hechos que relacionen económicamente a ETA con Udalbiltza, o viceversa, y que no pueden probar que las actividades desarrolladas por los procesados en Udalbiltza lo sean como consecuencia de las órdenes o instrucciones de ETA». En la sentencia no hubo ni una sola mención a la «piedra de bóveda» que Acebes había prometido ante las cámaras.