El pleno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo español condenó ayer a tres años de prisión a Iñaki de Juana tras el recurso interpuesto contra la pena inicial de 12 años dictada por la Audiencia Nacional.
El día en que Iñaki de Juana cumplía 98 días de su segunda huelga de hambre -protesta que inició en respuesta al intento de instaurar la cadena perpetua al Colectivo de Presos Políticos Vascos-, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español estimó parcialmente el recurso presentado por su abogado y decidió rebajar de doce años y medio a tres años la condena de cárcel que le impuso en noviembre pasado la Audiencia Nacional.
El Alto Tribunal, en una escueta nota, informó de que considera al donostiarra autor de un delito de «amenazas no terro-ristas» del artículo 170.1 del Código Penal, en concurso ideal con otro de «enaltecimiento del terrorismo», mientras que la Sección Primera del tribunal especial le impuso «amenazas terroristas» con la agravante de «reincidencia» por los dos artículos de opinión publicados en GARA en diciembre de 2004: «El escudo» el día 1 y «Gallizo» el 30.
El fallo del Supremo se dio a conocer a última hora de la tarde, después de que los 13 magistrados de la Sala de lo Penal permanecieran reunidos a puerta cerrada durante cinco horas -tres por la mañana y dos por la tarde- para deliberar sobre los recursos interpuestos por la defensa y la representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y sin que durante toda la jornada se produjera filtración alguna respecto a la resolución.
Sin libertad, sigue con su lucha
El abogado de De Juana solicitaba la libre absolución de su cliente, mientras que la AVT reclamaba 96 años de cárcel. La Fiscalía, por su parte, solicitó que se mantuviera la condena de la Audiencia Nacional pero, alternativamente, se mostraba dispuesta a aceptar una condena de cuatro años si se apreciaba que incurrió en un delito de «coacciones» en concurso con otro de «enaltecimiento del terrorismo».
Como consecuencia de esta sentencia firme, al preso donostiarra le restarían por cumplir poco menos de 18 meses de cárcel, ya que permanece en prisión preventiva desde el 3 de agosto de 2005. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska adoptó esa medida unos meses antes, concretamente el 10 de enero, cuando le acusó de haber cometido un delito de «amenazas terroristas» con el agravante de «reincidencia» en los citados artículos.
La de agosto era la fecha en la que estaba prevista su excarcelación después de que le anularan las redenciones por estudios concedidas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid y en función de las cuales debía haber sido puesto en libertad el 25 de octubre de 2004, día en que cumplió la totalidad de la condena que le impusieron en 1989.
Tras conocer el fallo, el letrado de De Juana, Álvaro Reizabal, manifestó a GARA que ahora se abre la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o, incluso, solicitar la concesión del tercer grado. Al ser la sentencia firme, esta última cuestión estaría en manos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno español.
También informó a este diario de que ayer por la mañana pudo hablar con el prisionero, quien le trasladó su firme voluntad de proseguir con la huelga de hambre hasta quedar en libertad. «No contemplaba otra posibilidad. Él mantiene que no ha hecho nada, que no ha cometido ningún delito y que, por tanto, tiene que estar en la calle. Mientras tanto, dice que seguirá luchando», explicó.
Reacciones
El portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, ha expresado su «respeto» hacía la decisión del TS.
La dirección del PP, ha asegurado que «acata» la decisión, pero que «no la comparte».
Desde el PNV, han señalado que se ha corregido una decisión anterior «desproporcionada».
Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, ha explicado que «es un día muy triste para quienes luchan por la memoria y dignidad de las víctimas».
Askatasuna, por su parte, ha denunciado el «malabarismo político» que está llevando a cabo el Gobierno español con el caso de Iñaki de Juana.
