«Fallecieron dando lo mejor de sí mismos, sus vidas jóvenes, para dar la paz y la libertad a otros”, solemnizó Margarita Robles hace poco más de tres meses en referencia a los más de 100 militares españoles muertos en Afganistán. La toma de Kabul por los talibanes, con su ideología fundamentalista y opresiva a cuestas, oscurece hoy las palabras de la ministra de Defensa, pronunciadas el 13 de mayo con motivo del regreso a España de las últimas tropas destinadas al país centroasiático. Sí, la palabra «libertad» suena ahora casi a sarcasmo.
Tras cerca de 20 años de participación en el conflicto, con el servicio de más de 27.000 hombres y mujeres, más de 3.500 millones de euros gastados y 104 muertos, entre ellos los 62 del Yak 42, España deja su operación internacional más larga y que más bajas ha causado en democracia –según recalca en un informe el Instituto de Seguridad y Cultura–, sin haber cumplido el objetivo central de consolidar un Estado estable, democrático y con derechos garantizados en el que los fundamentalistas no fuesen un actor político clave.
Todas las sombras que se pretendía disipar –Afganistán como infierno para la mujer, refugio de terroristas y epicentro de una crisis de refugiados– se ciernen ahora sobre la tierra de los «señores de la guerra».
La participación española
El análisis del papel español obliga a mirar al 11S. Bush reaccionó de manera fulminante tras concluir que el régimen talibán daba amparo a Bin Laden. Era el inicio de la «guerra global contra el terrorismo», que encontraría continuidad en Irak bajo la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. A diferencia de la invasión de Irak, la invasión de Afganistán sí tuvo amparo de la ONU. España se sumó desde el minuto 1. El Consejo de Ministros, en sesión de 27 de diciembre de 2001, aprobó el despliegue con José María Aznar como presidente y Federico Trillo como ministro de Defensa.
Las primeras tropas, 350 militares, llegaron en enero de 2002. El primer objetivo era prestar apoyo médico y logístico, así como buques y helicópteros, a la misión «Libertad Duradera», nombre que casi 20 años después ha quedado dramáticamente desmentido con la toma de Kabul por los talibanes.
Hasta 2014, la participación española se enmarcó en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), una coalición de la OTAN liderada por Estados Unidos. España se hizo cargo de la reconstrucción de la provincia de Bādgīs, al noroeste, con capital en Qala-i-Naw. La participación española estuvo «principalmente dirigida a contribuir a la estabilización y la gobernanza de Afganistán», según el balance del Instituto de Seguridad y Defensa, centrado en asuntos de defensa y extremismo.
El grueso de las fuerzas españolas empezó a retirarse a partir de 2015, con la práctica finalización de las operaciones de combate y el comienzo de la operación Apoyo Decisivo, bajo mando de la OTAN. España mantuvo en torno a medio millar de efectivos, «centrados en el adiestramiento, asesoramiento y mentorización» de militares y policías afganos, según Defensa. A ello se sumaba el control del aeropuerto de Herat, al oeste del país. A finales de 2015, una vez Obama había anunciado ya la salida progresiva de sus tropas, España dejó Herat y redujo su despliegue a un contingente mínimo en Kabul. En 2018 adaptó su aportación a esta misión con el despliegue de una Fuerza de Operaciones Especiales, unidad que se replegó el en mayo de 2021, en lo que supuso el regreso a casa de las últimas tropas en el país centroasiático, en la estela de Estados Unidos.
104 muertos, 3.500 millones y el Yak 42
La guerra ha supuesto para España 104 muertos, según el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Los fallecidos son 97 militares, tres guardias civiles, dos policías nacionales y dos intérpretes.
Tres hechos trágicos marcan el capítulo luctuoso. El primero es el accidente en 2003 del avión Yak 42, cerca del aeropuerto de Trebisonda, en Turquía, con 62 militares muertos. La responsabilidad del accidente fue de Defensa, siendo ministro Federico Trillo, según dictaminó el Consejo de Estado. El caso se elevó a escándalo por las deficiencias del vehículo, la errónea identificación de los cuerpos y las mentiras denunciadas por los familiares. María Dolores de Cospedal, siendo ministra de Defensa, llegó a pedir perdón «en nombre del Estado«. Otro accidente, en este caso de un helicóptero Cougar, costó la vida a 17 soldados españoles en 2005 al sur de Herat. El tercer acontecimiento fue el ataque a la embajada en Kabul en 2015, que causó la muerte de dos policías. La embajada «no contaba con la seguridad necesaria», según el Instituto de Seguridad y Cultura, que considera que los dos accidentes y el asalto «plantearon dudas sobre la gestión del despliegue, tanto a nivel de recursos como operativo».
El coste de la participación española ha superado holgadamente los 3.500 millones. La cifra fue aportada por Defensa al cierre de la misión de la ISAF. Es decir, se deja fuera al menos el periodo 2015-2021. infoLibre preguntó al ministerio por el coste total, sin respuesta. Álvaro De Argüelles, especialista en estudios internacionales y derecho y colaborador de El Orden Mundial, recalca que el grueso del esfuerzo se realizó entre 2002 y 2014, con lo que esos 3.500 millones pueden ser una cifra «representativa» del coste de la guerra para las arcas públicas, aunque lógicamente por lo bajo. «Desde 2015, el papel español ha sido mucho menos relevante», añade. El Centro Delàs de Estudios por Paz suma a los 3.500 millones casi 198 millones más de la participación española en la operación paralela Libertad Duradera.
Un legado en peligro
El balance de Defensa destaca la tarea de adiestramiento, 1.400 misiones de desactivación de explosivos, los trabajos en el aeropuerto de Herat y la creación de infraestructuras de primera necesidad. «Las misiones españolas han tenido esa impronta humanitaria y de empatía con los más vulnerables, en orfanatos y colegios de Qala-i-Naw, siendo testigos de la integración de niños y niñas en sus aulas», señalaba Defensa en mayo.
De Argüelles, de El Orden Mundial, coincide en destacar que, al haber sido asignada a España una provincia «relativamente estable, sin máximo riesgo militar», las tareas se centraron en el «desarrollo de la zona». «Cuando llegó España [a Bādgīs], ni siquiera podía hacer aterrizajes, porque no había un kilómetro de carretera asfaltada. A veces se habla de áreas medievales, y es en cierto modo un cliché, pero lo cierto es que es una zona muy atrasada», señala De Argüelles, que destaca el papel de la Agencia de Cooperación.
El avance talibán, señala De Argüelles, tendrá un impacto especialmente negativo en todo lo relacionado con las fuerzas policiales y militares afganas, así como con el intento de construir un «nuevo Estado». ¿Qué quedará ahora de eso, elementos centrales del empeño español? Poco, es de temer. «Quizás lo que quede sean las infraestructuras», añade el investigador, pendiente aún de qué uso les darán los talibanes. Y está también, dice, «la semilla» dejada, sobre todo en derechos de las mujeres. Semilla que ahora puede ser pisoteada. Le preocupa además el destino de todas las armas facilitadas por Occidente a policías y militares locales.
En la estela de Estados Unidos
En un artículo de mayo en eldiario.es, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hacía un balance aún más sombrío, poniendo el énfasis en el «férreo secretismo», así como en el «empeño en hacer pasar por acción humanitaria» la reconstrucción de Qala-i-Naw, «cuando en realidad eran acciones que servían al cumplimiento de la misión militar». No obstante, la causa central de crítica es que el papel de España haya venido determinado, más que por la realidad de Afganistán, por el deseo de contentar a Washington, en especial como compensación de la retirada de Irak en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero.
«La manera de restañar la herida […] fue aumentar el volumen del contingente en Afganistán, aunque para ello hubiera que retirar el desplegado hasta aquel momento (marzo de 2006) en Haití. Se atendía, así, no a las necesidades afganas, sino a la urgencia por recuperar una buena relación con EEUU, aunque eso conllevara el subsiguiente enfado de Brasil (como líder de la operación de la ONU en Haití) y una pérdida de protagonismo en el ámbito latinoamericano», añade Núñez Villaverde, para quien ningún gobierno ha tenido «estrategia propia».
Es un diagnóstico de todos los analistas: España ha ido actuando conforme guiaba la Casa Blanca, tanto con Bush como con Obama, Trump –cuya Administración acordó con los talibanes en 2020 la salida de las tropas de EEUU– y finalmente con Biden, que aceleró la salida. «Eso, inevitablemente, nos hace compartir sus equivocados enfoques y, del mismo modo, una derrota sin paliativos», analiza Núñez Villaverde.
También observa enfoques equivocados Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, que ya hacía un diagnóstico crítico en un análisis de 2014, donde recalcaba que «la misión más costosa de la historia del intervencionismo militar español, tanto en términos humanos como económicos», se había servido de un barniz humanitario que disimulaba la realidad. «Al menos 92 de cada 100 euros destinados por España a Afganistán han sido estrictamente militares, para financiar las operaciones ISAF y Libertad Duradera. Los 8 euros restantes tendrían una lógica […] de mejora de la aceptación de la población local y de facilitación de la presencia militar y su seguridad. En España, esos proyectos han contribuido a justificar políticamente la presencia militar en Afganistán», escribía Pozo, que alertaba de que ni el desarrollo en infraestructuras se prolongaría más allá de la intervención militar, ni el terrorismo había sido neutralizado, ni el avance en derechos se había consolidado. Ahora, en conversación con infoLibre tras la toma de Kabul por los talibanes, se expresa desde la «tristeza», pero también desde la «rabia» por una intervención militar que considera errónea y de la que ve a España como comparsa de los intereses de Estados Unidos.
«Entre no hacer nada, que era lo que Estados Unidos hacía en Afganistán por su población antes del 11S, y desplegar cientos de miles de soldados hay muchas opciones que no se han explorado. Se optó por la intervención militar y ahí entró España, sin chistar», señala Pozo, que rechaza el argumento a favor de la guerra, usado durante las últimas dos décadas, según el cual Afganistán había mejorado significativamente gracias a la intervención. «EEUU ha gastado 1 billón de dólares, que era 400 veces el PIB de Afganistán en 2001, a pesar de lo cual sigue ocupando la antepenúltima posición en el Índice de Desarrollo de Género de 2019 del PNUD y la última en el Índice de Paz Global del Instituto por la Economía y la Paz. Lo que está pasando es tristísimo, pero no es que se haya pasado del cielo al infierno. Las mejoras alcanzadas no se corresponden ni de lejos con un gasto de esas dimensiones».
¿Qué se podía haber hecho? Pozo señala que Afganistán arrastra un problema histórico de intervencionismo, siendo escenario de «miniguerras frías» entre India y Pakistán o Arabia Saudí e Irán, entre otras. «La estrategia de EEUU, en vez de trabajar para reducir esas injerencias y crear relaciones diplomáticas y de cooperación, ha sido tirar bombas. Se han dedicado a intentar ganar influencia y reducir la de rivales directos, observando a Afganistán como un espacio vacío que se podía ocupar», explica.
¿Y España? El Gobierno, dice Pozo, «tiene que dar una explicación». Como recuerda el investigador, el comandante del mando de Operaciones, general Francisco Braco, le dijo al rey «misión cumplida» en mayo, una afirmación que el tiempo pone más que en cuestión. «Si la misión era echar un cable a Estados Unidos, en efecto, sí, ha sido una misión cumplida. Pero esto jamás se ha explicado. Estados Unidos no necesitaba nuestra fuerza militar. Hemos sido más útiles con la cesión de espacio aéreo y bases militares y dando cobertura política internacional a la intervención. El coste ha sido de más de cien vidas y 3.500 millones. ¿Para qué ha servido, exactamente? Ahora deben explicarlo».
La teoría y la realidad
La situación actual, con los talibanes dominando Kabul, conmociona al mundo. Pero había voces que advertían de un escenario así. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, un think tank encuadrado en Defensa, publicaba esta alerta en marzo, en un informe de Óscar Ruiz, militar destinado en el Cuartel General de la OTAN en Bélgica, y Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga: «La multitud de factores (terrorismo, drogas, Pakistán, corrupción, refugiados, pobreza extrema…) hacen temer lo peor si se produce una salida del país poco planeada y precipitada por parte de las tropas aliadas, pudiendo dejar esta situación a Afganistán a merced de los talibanes, que ni ocultan su deseo de instaurar un Estado Islámico con estricta aplicación de la sharía, ni por el momento han cortado sus vínculos con Al Qaeda».
Esta advertencia contrasta con las palabras optimistas de la ministra de Defensa, Margarita Robes, en abril: «Las líneas generales del plan de repliegue propuesto por los EEUU ofrecen margen suficiente para asegurar que se consoliden los progresos democráticos alcanzados en el país en materia de derechos humanos, educación y el bienestar de las mujeres y los niños».
Álvaro De Argüelles advierte de otro flanco todavía abierto: la salida de los residentes españoles, el personal de la embajada y los afganos que han colaborado. En descargo del Gobierno, señala, puede alegarse que «nadie esperaba que el avance talibán fuera de tal velocidad, si bien deja una pregunta en el aire: «¿Por qué no se hizo al revés? ¿Por qué no se sacó primero a toda la gente y después se hizo la retirada militar?».