El Informe de Calidad de Aguas del Gobierno admite que “hay que hacer notar el gran número de incumplimientos detectados por toda la geografía española” al analizar la presencia de pesticidas en 2023
El uso intensivo de fitosanitarios en la agricultura provoca que casi un tercio de las aguas superficiales en España supere el límite legal de pesticidas, según el Informe de Calidad de las Aguas (2010-2023) del Ministerio de Transición Ecológica.
Los plaguicidas son, básicamente, productos químicos aplicados a los cultivos para eliminar hongos, especies vegetales indeseadas o insectos. En España, al menos desde 2015, se comercializa al año un promedio de 75.0000 toneladas, según el Ministerio de Agricultura –aunque en el último dato disponible la estadística de 2022 recogió un total de 56.000 toneladas, un bajón anual del 25% de golpe–. La evaluación del Ministerio de Transición Ecológica explica que “la presencia de sustancias plaguicidas [en el agua] está relacionado con la utilización de productos fitosanitarios en la agricultura”.
El informe del Gobierno admite en sus conclusiones que “hay que hacer notar el gran número de incumplimientos detectados por toda la geografía española” en los análisis de 2023 sobre estas sustancias. Casi el 30% de las estaciones de control del conjunto del país superan “el valor frontera” marcado en la normativa.
Por encima de la media nacional se encuentran demarcaciones donde destaca el sector del regadío intensivo: en la del Segura los incumplimientos superan el 52% de las estaciones de control, en la del Guadiana el 49%, en la Cuenca Fluvial de Catalunya llegan al 41%, el mismo porcentaje que en las del Júcar y el Guadalquivir, según este informe que también aborda la situación de otros contaminantes como los nitratos o la salinización de acuíferos –derivados de los desechos ganaderos, la aplicación de fertilizantes o la sobreexplotación de acuíferos–.
Si bien el Ministerio de Transición Ecológica admite que “son imprescindibles para la producción agrícola” y que “muchos cultivos no serían viables o bien no podrían mantenerse almacenados” sin ellos, los plaguicidas en el agua son un peligro para la biodiversidad al poder “eliminar la fauna y la flora en el medio ambiente”. Además “si la concentración de un plaguicida es superior a su norma de calidad ambiental puede tener efectos adversos sobre el medio acuático y la salud humana”.
También relacionado con el uso intensivo de pesticidas, las mediciones realizadas en suelos de la Unión Europea –incluidos los españoles– han mostrado concentraciones inesperadamente altas de estos productos tras utilizarlos. Niveles, de hecho, muy por encima de lo que se calculó que ocurriría cuando se dieron los permisos que autorizaron la aplicación de esos compuestos en los cultivos.
En este sentido la Agencia Española Alimentaria (Aesan) ha hallado hasta 106 tipos de plaguicidas diferentes en los alimentos que llegaron en 2022 a los consumidores. La mayoría de estos alimentos eran frutas.
Sin embargo, en este mismo 2024, la Comisión Europea ha terminado por retirar su propuesta de reglamento para que se redujera el uso de pesticidas un 50% en toda la Unión Europea para 2030. Las tractoradas impulsadas por el sector primario que llegaron a Bruselas y atravesaron España o Francia –pocos meses antes de las elecciones europeas–y el voto en contra del Europarlamento hicieron que la presidenta de la CE, Ursula von der Layen, retirara la propuesta. “Se necesita más diálogo y un enfoque diferente”, dijo.
En esa senda, el Ministerio de Agricultura ha tenido que echar para atrás esta semana su proyecto de nuevo Plan Nacional de Uso Sostenible de los productos Fitosanitarios ante la oposición de ocho comunidades autónomas como la Región de Murcia o Extremadura. Agricultura decía en ese plan que “España ha hecho, durante los últimos años, un gran trabajo para que el uso de productos fitosanitarios sea cada día más racional” y que los indicadores muestran reducciones en el uso de pesticidas por encima de los establecidos en la estrategia de la Unión Europea. Pero el objetivo del plan de “continuar en la senda de reducción” ha provocado el rechazo de esos gobiernos autonómicos. “Es prematuro”, ha calificado la Junta extremeña aduciendo que la propia Comisión Europea ha congelado su proyecto de nueva normativa.
A la luz del análisis de las aguas, los datos de uso de pesticidas –que el Ministerio de Agricultura llama “admirables”– no han sido suficientes para evitar ese “gran número de incumplimientos” en cuanto a presencia de concentraciones elevadas de plaguicidas en ríos, lagos y humedales de toda España.
Acuíferos con nitratos y sal
Hace solo nueve meses, una revisión de los datos de 2022 sobre análisis de aguas del Ministerio de Sanidad realizado por Ecologistas en Acción, reveló que más de 200.000 personas de 171 municipios de España tenían el agua del grifo contaminada por restos químicos agrícolas y ganaderos. Los niveles de nitratos superaban el tope marcado por la normativa para el consumo humano.
Ahora, el informe de calidad del Gobierno confirma que este tipo de contaminación afecta, sobre todo, a las aguas subterráneas. Más de un tercio tienen una concentración de nitratos por encima del máximo marcado en la normativa desde 2022 de 37,5 mg de NO3 por litro. Y otro 29% está en una zona intermedia de aviso (entre 10 mg y 37,5 mg por litro).
La contaminación de las aguas por nitratos “está causada principalmente por la producción agraria intensiva, siendo la fuente difusa más importante la aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados en la agricultura y las granjas intensivas”, recuerda el documento.
Este compuesto afecta a las aguas sobre todo mediante el proceso de eutrofización. Se trata de un exceso de nutrientes en el medio que multiplica el crecimiento de fitoplancton y otras especies “provocando trastornos en el equilibrio del ecosistema”, indica Transición Ecológica. A veces es tan brusco que se dan explosiones “invasivas o blooms”. Es lo que ocurrió en el Mar Menor cuando apareció la denominada sopa verdeque causó un colapso ecológico en la laguna.
Además, la evaluación de la aguas españolas advierte de que hay una “concentración de cloruros de las aguas subterráneas muy elevada en las cuencas de la vertiente mediterránea”. Es decir, la sal está invadiendo los acuíferos, lo que los vuelve inútiles para abastecer a una población, pero también para regar campos.
“La mezcla de un 2% o 3% de agua marina hace que el agua extraída resulte inapropiada para la mayoría de usos”, resalta un análisis de las consecuencias de la intrusión marina del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Y, precisamente, el bombeo excesivo de agua desde las masas subterráneas a los cultivos está detrás de esta invasión denominada intrusión marina. Al sobreexplotar un acuífero, baja el nivel del agua bajo tierra y se rompe el equilibrio que mantiene al agua salada del mar adyacente. Esta, al avanzar hacia el interior, contamina con sal el líquido dulce del acuífero.
Como destaca el informe, la peor situación –con niveles de cloruros más altos del umbral de los 250 mg/l marcados por la ley– se da en los acuíferos costeros de la zona mediterránea. En la Demarcación del Segura el 52% de las estaciones superaron ese tope (de las que un 13% se fueron a más de 1.000 mg/l). En Balears la concentración excesiva afecta a un 38% (más del 10% rebasan el nivel de los 1.000 mg). En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas es el 21%, en el Guadalquivir, el 19% y en el Distrito Fluvial de Catalunya, un 16%.