“Empresas como Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés se llevarían miles de millones de dinero público; solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el Estado español”.
Esta concentración de fondos en las grandes corporaciones es uno de los riesgos de los que advierte la Guía NextGenerationEU: más sombras que luces, publicada el 25 de marzo por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Ecologistas en Acción.
Promovido por la Unión Europea para, según la versión oficial, financiar la transformación y modernización de los países miembros, el instrumento NextGenerationEU habilita fondos para emprender infraestructuras y reformas en el contexto de la crisis por la COVID-19. En el estado español, se traduce en el Plan “España Puede” de grandes proyectos. La asignación del dinero europeo podría implicar el “lavado verde” de grandes empresas contaminantes, como Naturgy, Iberdrola, Endesa o Repsol, alerta el informe. La Guía fue presentada el 12 de abril a los grupos con representación en el Parlamento español. La entrevista con una de sus autoras, Erika González, investigadora de OMAL, se realiza por correo electrónico.
-El mecanismo NexGenerationEU (750.000 millones de euros para los próximos siete años en subvenciones a fondo perdido y préstamos) tiene como objetivo, según la Comisión Europea, la “reconstrucción verde y digital” de los países miembros. Los fondos se obtendrán a través del endeudamiento en los mercados financieros. ¿Existe un riesgo de que este supuesto maná concluya en políticas de austeridad y recortes?
Efectivamente los fondos europeos se van a obtener con la emisión de bonos de deuda de la UE, el objetivo es conseguir 900.000 millones de euros a través de esta vía hasta el año 2026. Una vez se tenga este presupuesto, en un plazo de entre 5 y 30 años hay que devolver el dinero a los mercados financieros.
Se estima que con las reformas e inversiones se logrará el crecimiento económico que genere las ganancias necesarias para devolver la deuda sin problemas. En cambio, el contexto de crisis del capitalismo antes de la llegada de la pandemia y la recesión que existe actualmente más bien indica que no se logrará activar este ciclo de crecimiento y expansión. No hay prueba alguna de que el capitalismo verde y digital genere aumentos de productividad significativos y generalizados. Así que, cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos de déficit, el pago de la deuda probablemente se materialice con una nueva ola de reformas estructurales, recortes en gastos públicos y profundización del deterioro ambiental. De hecho, ya se están exigiendo reformas asociadas a ajustes estructurales como es la de las pensiones, laboral y fiscal.
-A falta de la ratificación por parte de una decena de parlamentos nacionales (dato del 14 de abril) y superado el freno establecido por el Tribunal Constitucional alemán, ¿existe la posibilidad de que no lleguen finalmente estas “ayudas”?
Como dices, la decisión de endeudarse tiene que ser aprobada en el parlamento de cada país de la UE y quedan 10 países que todavía no lo han hecho. Uno de los que más preocupaba era Alemania, que tenía paralizado el proceso para la aprobación debido a los recursos interpuestos por la extrema derecha en contra de esta decisión en los tribunales alemanes. Finalmente, el 22 de abril, el Tribunal Constitucional de este país desestimó los recursos y se dio vía libre para la aprobación, o no, de la emisión de bonos en el parlamento. Existen posibilidades de retrasos porque los debates parlamentarios se encallen y se inicien otros procesos judiciales. Pero los fondos europeos llegarán porque el sistema económico y el sostenimiento de los beneficios de las grandes empresas europeas necesitan esa transferencia de dinero del Estado.
Está por ver si llega todo lo aprobado y si se completa con el presupuesto público de cada uno de los países y con más inyección de liquidez del Banco Central Europeo a las corporaciones. De hecho, tal y como se ha conocido recientemente, el Gobierno español ha adelantado el 8% de los fondos que le correspondían sin finalizar la aprobación del mecanismo de financiación de los fondos. Por cierto, un adelanto que se realiza con deuda. Una deuda para adelantar otra deuda.
-Al Estado español (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”) le corresponden 140.000 millones de euros (72.000 millones en subvenciones y 68.000 millones en préstamos). ¿Qué tipología de proyectos han presentado los gobiernos autonómicos, ministerios y empresas?
Por lo que hemos podido analizar, se trata de proyectos de gran envergadura dirigidos a la energía y a extender la digitalización. Infraestructuras, hidrógeno, la digitalización de redes eléctricas y empresas, el AVE, la extensión del 5G, las gigafactorías de baterías, parques solares y eólicos o el automóvil eléctrico para la movilidad. Hay dos cuestiones a tener en cuenta en relación a este tipo de proyectos; por un lado, son megaproyectos que difícilmente pueden realizar las pymes y, por otro, pueden servir de un lavado de cara verde a compañías que tienen parte de la responsabilidad en la crisis ecológica que vivimos.
-¿En qué consiste este “lavado de cara”?
Algunos de estos proyectos se presentan como imprescindibles para la transición energética y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero la realidad es que están asociados a empresas relacionadas con combustibles fósiles que poco tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. Un ejemplo claro es el hidrógeno que se plantea ahora por parte del lobby gasista europeo como la energía limpia que llegará donde las renovables, como la solar y eólica, no puedan utilizarse. Si bien tiene varios problemas, su transporte y utilización tiene requerimientos técnicos y económicos muy altos y no es una energía limpia. Hay muchas maneras de conseguir hidrógeno y una parte marginal se hace a través de energías renovables.
Por otro lado, en ningún caso se tiene en cuenta que estamos traspasando los límites biofísicos del planeta. No sólo se está acelerando la emergencia ecológica sino que también se están agotando los recursos materiales y energéticos que sostienen el sistema de producción y consumo. En vez de adecuar las propuestas a esta realidad, se apuesta por grandes proyectos que requieren ingentes cantidades de materiales y energía. El acceso a estos recursos va a tener como consecuencia la ampliación de la frontera extractiva. Es decir, más destrucción de ecosistemas, más emisiones de gases de efecto invernadero, más desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas y más violación sistemática de los derechos humanos.
-¿Qué empresas han presentado mayor número de iniciativas en el estado español y, en consecuencia, serían las más beneficiadas por los fondos europeos?
Las grandes compañías del Ibex 35 han sido quienes han presentado proyectos por un valor que excede el presupuesto que tiene el Estado español. Endesa ha presentado 110 proyectos por valor de 19.000 millones de euros; Iberdrola, 150 iniciativas por 21.000 millones; Naturgy, 13.000 millones y ACS, 4.500 millones, como algunos ejemplos. Son las grandes empresas quienes tienen capacidad de presentar esta cartera de proyectos y quienes tienen acceso privilegiado para conseguir la financiación. Están contratando a las grandes consultoras para que le asesoren en los proyectos a presentar. Las mismas consultoras que están siendo contratadas por la administración pública con este mismo fin, cómo mejorar el acceso a los fondos y qué tipo de proyectos presentar. De hecho, las consultoras ponen a disposición de las transnacionales “ventanillas informales” para hacer llegar los proyectos a la persona más indicada del Estado para su aprobación.
-¿Y en cuanto a la banca?
Los bancos no están tomando ese protagonismo en la propuesta de proyectos, garantizan sus beneficios y el negocio porque son los intermediarios entre el Estado y las empresas. Ya sea adelantando el presupuesto de subvenciones o gestionando los créditos que se dispondrán, van a conseguir importantes ganancias en comisiones.
-¿Qué son los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE)? ¿Pueden interpretarse estos y otros proyectos como una forma de subvención o “rescate” a grandes empresas?
Es un instrumento creado en el Real Decreto 36/2020 y se trata de una alianza público privada con la que se van a identificar grandes proyectos. Como toda alianza público privada, es el sector público quien asume los riesgos y responde con garantías. En cambio, el sector privado recibe los beneficios de la construcción o gestión de bienes y servicios. En ese sentido sí es una forma de subvención a grandes empresas o más bien de una privatización encubierta. Además, según la regulación que han creado, los PERTE pueden saltarse la normativa de control de la contratación pública para ponerlos en marcha con urgencia.
Los problemas asociados a las alianzas público-privadas han sido reconocidos por el Tribunal Europeo de Cuentas que en un informe de 2018 hablaba de “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes” en la gestión de infraestructuras y servicios por parte de este instrumento.
-¿Qué funciones han desempeñado las consultoras privadas en la formulación de propuestas?
Están desempeñando un papel de lobby de las grandes empresas. Han coescrito documentos institucionales para la gestión de los fondos europeos. Como es el caso de PwC con el gobierno vasco; y el Plan “España Puede”, que recoge en sus líneas maestras gran parte de las propuestas elaboradas por Pricewaterhouse Coopers y presentadas al Gobierno por la CEOE en el documento “21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española”.
Las administraciones públicas autonómicas y estatales han optado por externalizar, es decir, privatizar la gestión de los fondos a través de Deloitte, PwC, KPMG y Ernst & Young. Estas mismas consultoras son contratadas por las grandes empresas, como apuntaba anteriormente.
-Por último, la Guía denuncia “falta de transparencia y participación ciudadana” en la recopilación de proyectos por parte del Gobierno de España. ¿Por qué razones?
Porque no se han dado procesos y espacios para una participación real de la sociedad civil. En todo caso ha habido reuniones para consultar cuestiones con las patronales y los sindicatos mayoritarios. No se está teniendo un diálogo democrático con todos los actores, desde los municipios a la economía social y solidaria y la sociedad civil.
En cambio, vemos cómo la CEOE crea una oficina técnica con PwC que parece tener vía directa con el gobierno. Se presenta como un espacio donde recopilar proyectos y presentarlos directamente a la administración pública.